*Se destinaron $476.77 millones, cuya ejecución estuvo plagada de corrupción y falta de transparencia.
**Informe del centro de investigación Expediente Abierto revela la opacidad, tráfico de influencia y falta de rendición de cuentas durante el manejo de la pandemia.
***Se prometieron 90 centros de salud, pero se compraron 7 hospitales móviles, de los cuales solo 2 atienden casos de COVID-19.
Expediente Público
La pandemia del COVID-19 que hasta ahora ha dejado casi 11 mil muertos en Honduras, dejó en evidencia la falta de transparencia, la corrupción y el mal manejo de los fondos públicos, reveló un análisis del centro de investigación Expediente Abierto.
En 2020, Honduras fue el tercer país de Centroamérica que menos medidas implementó para combatir el impacto socioeconómico de la pandemia del COVID-19 y el segundo con la mayor contracción económica a causa de la crisis sanitaria que, además, visibilizó como nunca antes la corrupción estructural durante la administración del ex presidente Juan Orlando Hernández.
En total, las autoridades hondureñas introdujeron 96 diferentes medidas para enfrentar la emergencia, de acuerdo al informe de Expediente Abierto.
La primera se implementó el 10 de febrero de 2020, cuando se declaró estado de emergencia sanitaria en todo el país, un mes antes de que se detectara el primer caso de COVID-19, y la última el 21 de abril de 2021, según el mismo informe titulado “Medidas fiscales del Gobierno hondureño para combatir la pandemia del COVID-19”.
El Gobierno aprobó también cuatro paquetes fiscales introducidos entre marzo y abril de 2020 que consistieron en la exoneraciones del Impuesto Sobre Ventas en los insumos para atender el estado de emergencia, aprobación de medidas fiscales a través del poder Ejecutivo y dos leyes “que marcaron la pauta de lo que sería la política fiscal para 2020 y 2021”, señaló el informe de Expediente Abierto.
Un sistema voraz
La primera fue la Ley especial de aceleración económica y protección social frente a los efectos del coronavirus COVID-19, que entre otras medidas autorizaba el teletrabajo en el sector público y privado.
Fue a raíz de esa ley que el entonces secretario de la Presidencia Ebal Díaz aseguró que se potenciaría el sistema sanitario con la construcción de 90 centros de servicios de salud, aunque al final lo que se hizo fue una compra millonaria de siete hospitales móviles, de los cuales solo dos atienden pacientes con COVID-19 y otros dos ni siquiera funcionan.
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La segunda fue la Ley de auxilio al sector productivo y a los trabajadores ante los efectos de la pandemia, que creó un fondo de emergencia para atender las consecuencias de la crisis sanitaria.
Pero “sin importar la cantidad de medidas, el asunto es que fueron ineficientes”, analizó para Expediente Público el economista del Foro Social de la Deuda Externa y Desarrollo de Honduras (Fosdeh), Ismael Zepeda.
La Ley de auxilio incluyó medidas como la extensión de plazos y alivio sobre obligaciones tributarias, así como el refinanciamiento y la readecuación financiera para todos los sectores.
Sin embargo, “por la estructura voraz que tiene nuestro sistema financiero” difícilmente esas medidas se vieron reflejadas, como ocurrió con la moratoria de tres o cuatro meses en el pago de los préstamos, ya que la banca lo recalculó en diez o doce cuotas con mayor interés, “entonces más bien terminamos siendo más afectados”, dijo el economista del Fosdeh.
No obstante, fueron elementos como la corrupción y la designación de personas no aptas en cargos públicos los que impidieron “que hubiese una dirección correcta para el manejo de la pandemia”, valoró el economista, lo que resultó al final en indicadores como la contracción económica de -9% que registró Honduras en 2020, la segunda mayor del istmo después de Panamá (-17.9%).
Esa caída tiene también otra explicación, como mencionó Zepeda: el impacto de los huracanes Eta y Iota que afectaron al país en noviembre de ese año.
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Falta de transparencia
La implementación de las cuatro referidas medidas fiscales significó el desembolso de alrededor de 476.77 millones de dólares, que la Secretaría de Finanzas gestionó en cuatro categorías: seguridad sanitaria (76.09 %), asistencia social (28.23 %), reactivación económica (6.85 %), control externo y veeduría (0.04 %).
El 63.16% de los fondos fueron recibidos a través de deuda pública interna (emisión de títulos y valores) y externa (préstamos externos); el 36.33% provino de fuentes internas y un 0.5% de donaciones externas, señaló el informe de Expediente Abierto.
En la primera categoría, los recursos fueron destinados para la adquisición de insumos médicos, la creación de infraestructura para atender a las personas enfermas y la contratación del personal médico.
“Es aquí donde se registraron los gastos para la adquisición de reactivos para los exámenes que detectan el COVID-19, las vacunas y la habilitación de infraestructura para atender la emergencia sanitaria”, explicó también el informe.
Además, el reporte establece que el mayor gasto, de 297.91 millones de dólares, se registró en 2020 con una ejecución del 96 %, mientras que el año siguiente fue de 178.86 millones de dólares con una ejecución del 73 %; sin embargo, consigna que no está claro hasta qué mes de 2021 se refiere la información publicada por la web de la Secretaría de Finanzas.
Al respecto, Zepeda remarcó el papel de organizaciones como el Fosdeh que enfatizaron desde el inicio de la pandemia que eran “momentos de mayor necesidad de transparencia” y llamaron al funcionamiento de instituciones como la Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado de Honduras (Oncae) para evitar casos como la compra de diez percoladoras, cuyo precio unitario en el mercado era de unos 61 dólares, pero fueron adquiridas por unos 163 dólares cada una.
La adquisición fue hecha por la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco), una de las 16 instituciones a cargo de la ejecución de los 476.77 millones de dólares aprobados para la implementación de las medidas fiscales para mitigar el impacto de la pandemia.
Sin embargo, como señaló el informe de Expediente Abierto, fueron diez las que acapararon el 97.9% de los recursos, entre ellas la Secretaría de Salud, Inversión Estratégica de Honduras (Invest-H), y la Secretaría de Gobernación, Justicia y descentralización con el 25.6%, 24% y 9.4%, respectivamente.
La referida Ley de auxilio autorizó a esas dependencias a realizar contrataciones directas en el marco de la emergencia nacional.
Un monstruo para drenar fondos
Los hospitales móviles fueron parte de la anunciada infraestructura para hacer frente a la pandemia y luego uno de los mayores escándalos de corrupción en el Gobierno de Juan Orlando Hernández, quien actualmente espera la decisión sobre si será extraditado a Estados Unidos por señalamientos de estar involucrado en el narcotráfico.
Invest-h fue la encargada de la irregular compra millonaria, por la que hasta ahora solo hay tres acusados, entre ellos su exdirector, y dos detenidos.
El caso volvió a la agenda mediática después que el fiscal general de Honduras Oscar Chinchilla reveló que los 47 millones de dólares de la compra fueron a dar a cuentas en paraísos fiscales de seis exfuncionarios del anterior gobierno.
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“Invest-H es un monstruo creado por la narco dictadura para drenar fondos”, denunció a Expediente Público el ministro de la Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social (Sedis), José Carlos Cardona.
“En el papel es una entidad gestora de fondos (provenientes de la cooperación internacional, préstamos y otros espacios institucionales) para proyectos, pero en el camino se fue corrompiendo y lo que fueron es haciendo contratos leoninos con miles de oenegés y empresas, y compras directas”, detalló el funcionario.
Reconoció que “no hay de parte del Gobierno actual una política específica de medición del impacto para lo que se gastó en la pandemia” y que la secretaría de Finanzas -encargada de ejecutar y evaluar las políticas relacionadas con las finanzas públicas y el Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República- “está asfixiada” por la falta de recursos.
El dinero está en los 70 fideicomiso, algunos de los cuales vencen dentro de 60 años, con los que la administración anterior esquilmó los fondos públicos para “dárselos a los bancos”, sostuvo.
Cardona informó que “hay unos fondos disponibles” de préstamos internacionales que no fueron ejecutados en su totalidad en la administración anterior “y lo que se ha ordenado es reorientarlos en tanto no se pueda medir lo que se hizo” con los recursos para la pandemia.
Adelantó que para el 24 de marzo el poder Ejecutivo aprobará un PCM (Presidenta en Consejo de Ministros) presentado por la ministra de Finanzas, Rixi Moncada, con más de 60 artículos para reducir el presupuesto en casi un 10 % en cada secretaría “y monitorear lo que se va a invertir a nivel público para recuperar el empleo y la golpeada economía”.
Corrupción es histórica
De su lado, la coordinadora residente de las Naciones Unidas en Honduras, Alice Shackelford, dijo a Expediente Público que “la corrupción en Honduras es histórica, no es solo reciente con la pandemia”.
Sin embargo, la crisis sanitaria ha visibilizado las desigualdades y el impacto de la corrupción, como ocurrió con los hospitales móviles, marcando una diferencia entre la vida y la muerte de hombres, mujeres y niños.
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“Naturalmente es inaceptable”, afirmó la funcionaria, quien planteó la urgencia de seguir fortaleciendo las capacidades del Estado para responder a las necesidades de atención, particularmente en el sector salud y de justicia de la población.
En esa misma línea, Ismael Zepeda opinó que el impacto de los desaciertos del anterior Gobierno en el contexto de la pandemia todavía “no se ha medido”, ya que el COVID-19 solo desnudó o profundizó viejos problemas.
La verdadera dimensión de “lo que realmente el COVID hizo en el país, en la población, eso lo vamos a ver un poco más adelante”, puntualizó.
