** La situación parece inevitable, con un descenso de entre el 7 y 8 por ciento del PIB se anticipa que al final del año haya unos 700,000 nuevos pobres, sin que se perciba una reacción efectiva del gobierno.
El 15 de marzo de 2020, cuando la psicóloga Dinia Raquel Hernández y sus tres colegas y socios cerraron con llave el consultorio donde atendían a sus pacientes en San Pedro Sula, estaban seguros que la cuarentena decretada por el gobierno sería un asunto de pocos días, así que no se preocuparon y se marcharon a sus casas bajo la convicción de que pronto estarían de regreso.
Los días pasaron y al final de mes llegaron las cuentas por pagar, recuerda Dinia, que apenas un mes y medio antes había inaugurado un “daycare” (guardería infantil) en su mismo consultorio, para dar servicio de asistencia a niños.
Los días pasaron, y las facturas de alquiler, electricidad, agua y alimentos no estaban en cuarentena, había que cancelarlas, así que los pocos ahorros de su familia quedaron en cero. Pronto su esposo, Axel Martínez, fue suspendido y después despedido de su trabajo, una empresa dedicada a la venta de arroz y en la que apenas tenía dos meses; mientras que su hija mayor y su esposo también fueron suspendidos. Una hermana, Carolina Hernández, decidió renunciar porque no le permitieron trabajar de manera remota y ante las alarmantes noticias diarias sobre la pandemia tenía miedo de traer el contagio a sus niñas y a su madre, una señora de la tercera edad.
En la tercera semana de la pandemia “me dije ‘esto va para largo, tengo que darle un cambio a mi vida y tenemos que ver qué hacemos. Voy a vender comida’”.
Como no tenía mucho dinero comenzó vendiendo baleadas (tortillas de harina de trigo con frijoles, queso y mantequilla), y con el dinero compró carne y pan para empezar a vender hamburguesas. A medida que las acciones del confinamiento se fueron relajando, amplió su venta a alitas y deditos de pollo hasta llegar a ofrecer “almuerzos ejecutivos”, que son platillos como mariscadas, lasaña, fetuccini, a precios accesibles.
En el interín, Dinia fue involucrando a todos los miembros de su familia: su esposo, su yerno y su cuñado se dedican a hacer entregas a domicilio; ella y su hermana cocinan; y sus tres hijos han creado una página en Facebook: “Sabores Tía Fina”, donde promueven los platillos que elaboran y toman pedidos.
Así, lo que nació al borde de la desesperación, les ha permitido mantenerse y subsistir durante los cinco meses que lleva la emergencia sanitaria por la pandemia del COVID-19 declarada en Honduras.
Dinia y su familia se niegan a ser parte de la estadística que estima entre 700,000 y 800,000 nuevos pobres que serán paridos por la pandemia.
CERRADAS SI, ACABADAS NO
El panorama no es nada halagüeño. Según datos del Banco Central de Honduras (BCH), a causa de los problemas derivados del COVID-19, el Producto Interno Bruto (PIB) se reducirá entre 7 y 8 por ciento. Henry Rodríguez, jefe de la carrera de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH, pública) explicó que, por cada punto porcentual negativo en el crecimiento económico, la cantidad de pobres en Honduras incrementará en unos 100 mil. Actualmente el gobierno cifra en 61.9% la pobreza, por lo que al final del año podría rondar el 70 por ciento.
Para abril del 2020, el Banco Mundial estimaba que en Honduras un 48.3% de las personas vivían en pobreza, según datos del 2018, y el porcentaje de personas viviendo en pobreza en zonas rurales (60.1 por ciento) es mayor que en zonas urbanas (38.4 por ciento). Pero estos datos serán trastocados por los efectos de la pandemia, estiman los economistas, al considerar que la contracción de la economía será la mayor registrada en la reciente historia de Honduras.
Desde el inicio de la pandemia, a los usuales habitantes de los semáforos que piden unas monedas a cambio de limpiar vidrios en los carros, se han sumado hombres y mujeres, muchos de ellos con niños en sus brazos, y cartones con leyendas donde piden “para comer”. Las escenas se repiten también en las salidas de las carreteras en las dos principales ciudades del país como Tegucigalpa, la capital, y San Pedro Sula, al norte, última que constituye el principal motor industrial del país. La mendicidad, producto de la pobreza y la necesidad, se expande silenciosamente mientras las autoridades debaten entre la economía y la salud.
La pandemia está mostrando de todo: decisiones equivocadas, ausencia de políticas públicas sanitarias y de un plan anticrisis oportuno, además de desnudar la corrupción pública, es lo feo de la peste, pero de otro lado, evidencia también la capacidad de reinventarse en medio de la crisis como el caso de Dinia Hernández, una emprendedora que refleja lo que está pasando con miles de personas en Honduras que buscan alternativas para sobrevivir.
Esperanza Escobar, presidenta de la Asociación Nacional de la Micro y Pequeña Industria de Honduras (Anmpih), dice que cuando le preguntan “¿cuántas micros y pequeñas empresas están cerradas?, yo les digo que cerrados estamos casi todos. Cerramos los locales debido a que no podíamos pagar alquiler, pero algo tenemos que hacer y la mayoría lo que hemos hecho es mudar las herramientas, los equipos, a nuestras casas y a las casas de los empleados”.
La Anmpih es una de las varias entidades que representa al sector micro y pequeña empresa, y cubre 27 rubros comerciales e industriales. En el Servicio de Administración de Rentas (SAR, oficina recaudadora de impuestos) se encuentran registradas 250 mil Pequeñas y Medianas Empresas (Pymes) a nivel nacional, pero según economistas independientes cuando se suman las microempresas (miles de ellas no registradas) el número llega a 750,000. Estos negocios son el mayor generador de empleo en Honduras, con 1.8 millones, que gran parte es autoempleo.
Según Escobar, hasta un 80 por ciento de las micros y pequeñas empresas afiliadas a la Anmpih habrían cerrado sus locales, pero no sus operaciones, porque estas fueron trasladadas a sus hogares. La Anmpih tiene unos 15,000 afiliados, pero si el dato se trasladara al universo de Mipymes, la cifra podría alcanzar las 600,000 empresas que debieron mudar operaciones o en el peor de los casos cerraron definitivamente.
“La gente ha tenido que innovar, hacer reingeniería, trabajando desde sus casas, montaron sus cocinas, montaron sus talleres, allí en los patios de sus casas o adaptaron algún cuarto para desarrollar la labor, porque a cinco meses que llevamos de esto no podemos pagar renta”, indicó la dirigente.
Dijo conocer experiencias, como la de un microempresario que vendía software para contabilidad y otras utilidades, y ahora vende productos de higiene, como gel de manos y desinfectantes; algunos confeccionaban trajes de baño o ropa deportiva y ahora diseñan mascarillas y trajes de bioseguridad; y otros que elaboraban estructuras metálicas se están dedicando a hacer túneles “sanitizadores” y dispensadores de gel.
En esta situación de “sobrevivencia” las mujeres están cobrando un papel esencial. Escobar señala que las estadísticas históricas apuntan a que un 55 por ciento de las microempresas vienen siendo dirigidas por hombres y 45 por ciento por mujeres, pero durante esta pandemia ese porcentaje podría haber aumentado en un 2 por ciento la participación de las mujeres.
“Eso le dice a usted que en momento de crisis la mujer es innovadora. La mujer es la que saca la casta en el hogar, porque muchas veces su esposo, que es un empleado, ha sido afectado posiblemente por una suspensión de contrato o simplemente porque ya no hay empresa, lo despidieron. Normalmente ellos trabajan para la gran empresa, para la mediana empresa. Entonces ¿qué hizo la esposa, la hermana o la mamá? Empezaron a emprender y buscar solucionar el tema de su formalización”, subraya Escobar.
El Instituto Nacional de Estadísticas cifraba en 2019 en casi 3.9 millones de personas la población femenina en edad de trabajar y en 1.6 millones la población económicamente activa, graficando así su enorme aporte a la economía.
Pero la situación se complica cuando el mercado se ha reducido y ni siquiera el gobierno echa una mano de salvamento. El 25 de abril pasado, el presidente Juan Orlando Hernández anunció la creación de un fondo de garantía por 2,500 millones de lempiras (102 millones de dólares) para respaldar nuevos créditos en los bancos, destinados a apoyar al menos 300,000 microempresas, aseguró en ese momento.
“Pero en los bancos le dicen a uno: no, nosotros no tenemos eso, aquí eso no está disponible, aquí no sabemos nada de eso. Entonces nos están dejando prácticamente de brazos cruzados y no sabemos qué hacer porque tenemos que pagar rentas atrasadas, las cuales nadie nos va a perdonar. El mismo gobierno no hizo un compás (de espera) con algunos impuestos que nos están cobrando, como el de los carros”, señaló Escobar.
Su experiencia también la vivieron otros emprendedores. Román González es el presidente de una pequeña cooperativa de zapateros. Este es uno de los sectores más afectados durante la pandemia, porque al no ser un rubro prioritario, no tienen permisos para operar y el mercado tampoco está exigiendo una gran cantidad de zapatos.
Él también señala que la promesa de acceder a recursos respaldados por el gobierno quedó en papel. “Cuando uno va a los bancos, ellos dicen no tener información”, agregó.
A nivel nacional, dijo, son unos 10,000 pequeños talleres afectados, mientras la cadena de proveedores de materias primas, zapateros y pequeños comerciantes distribuidores abarca a unas 200,000 personas. “Muchos han tenido que vender su maquinaria para sobrevivir, otros se han tenido que dedicar a vender productos de bioseguridad, verduras y otros artículos , pero también hay compañeros que no han encontrado alternativa y han tenido que salir a las calles a solicitar ayuda. Aunque a estos se les apoyó con comida y materiales para que se pudieran recuperar” dijo González.
SUSPENDIDOS
A la batalla que libran las microempresas para salir adelante, se suma otra, la de miles de empleados que han sido suspendidos porque las empresas cerraron o simplemente no pueden pagar sus salarios. El Ministerio de Trabajo fija esa cifra en unos 126,000, mientras que el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) habla de 200,000. El presidente de la Federación Nacional de Trabajadores Nacionales de Honduras (Fesitranh), José Dolores Valenzuela, dijo a Expediente Público que la cifra entre despedidos y suspendidos podría alcanzar al millón de personas.
Con la aparición de la pandemia del coronavirus (COVID-19) el Observatorio del Mercado Laboral (OML), estima que la tasa de desempleo aumentará a 9.5% en 2020, lo que significaría que el sector productivo hondureño perdería alrededor de 140,000 puestos de trabajo adicionales a los que tradicionalmente pierde cada año, sumado a 240,000 empleos que se perdieron en 2019, se estima una pérdida total de alrededor de 350,000 empleos. Así lo señala un informe de la Secretaría de Trabajo denominado “Análisis del Mercado Laboral de Honduras”, presentado en junio de 2020.
El 27 de junio, el Congreso Nacional aprobó el Decreto 33-2020 denominado Ley de Auxilio al Sector Productivo y a los Trabajadores ante los efectos de la pandemia provocada por el Covid19, que contempla diversas disposiciones, entre ellas la creación de una “aportación solidaria” consistente en 6,000 lempiras mensuales (243 dólares), provenientes en un 50 por ciento (3,000 lempiras, 121.50 dólares) de un fondo de pensiones financiado por el mismo trabajador (Régimen de Aportaciones Privadas, RAP), un 33 por ciento por el patrono (2,000 lempiras, 81 dólares) y un 17 por ciento (1,000 lempiras, 40.50 dólares) por el gobierno. Para los empleados de la maquila, que no cotizan al RAP, es financiado en un 58 por ciento (3,500 lempiras, 142 dólares) por el patrono; y en un 42 por ciento (2,500 lempiras, 101 dólares) por el gobierno.
“Hay miles de casos que solo han recibido el bono por dos meses y la gran mayoría no lo ha recibido en absoluto porque este decreto es voluntario, solo el patrono que así lo decida se puede acoger a él y miles no lo han hecho, solo notificaron la suspensión del trabajador”, dijo el dirigente.
Denunció que muchos dueños de grandes empresas están aprovechándose de la pandemia para despedir a los trabajadores, sin indemnizaciones laborales, y sin que haya una respuesta de la Secretaría del Trabajo, pues esta se mantuvo cerrada desde el brote del COVID-19 en Honduras, en marzo pasado, hasta el 24 de agosto, cuando comenzaron a laborar parcialmente. Expediente Público intentó obtener reacciones del secretario del Trabajo, Carlos Madero, pero no respondió a los mensajes.
Martha tiene 38 años, es separada, con dos niños de 6 y 10 años, y salvo una corta temporada en la que intentó emprender con un kiosko de venta de teléfonos, ha dedicado los últimos 20 años de su vida a trabajar en fábricas maquiladoras de ropa, donde se desempeña como supervisora de calidad.
Ella debería recibir los 6,000 lempiras del bono solidario, pero por alguna razón en la empresa para la que trabaja, los mandos medios sólo reciben el 50 por ciento, lo que ha modificado completamente su modo de vida y el de sus niños, al grado que ello le ha acarreado problemas de salud.
“Si antes podíamos comprar en supermercados ahora compramos en sitios donde venden más barato, también tratamos de ahorrar en la comida porque ya no podemos comprar como antes”, relató.
Las preocupaciones le están pasando factura. En algunas ocasiones “de tanto pensar y pensar” ha llegado a sentir que se le paraliza una parte de su rostro y de su cuerpo. Además, ella es una de las múltiples mujeres hondureñas que han sufrido violencia doméstica durante el encierro.
El Observatorio de la Violencia de la estatal Universidad Nacional Autónoma de Honduras, en su informe de mayo de 2020, indica que en los primeros cuatro meses de la pandemia se registraron 15,195 denuncias de violencia doméstica e intrafamiliar. Estas denuncias se produjeron en 290 de los 298 municipios que conforman el territorio nacional.
Martha es uno de esos casos, al asegurar que tomó la decisión de separarse de su pareja, a raíz de las agresiones recibidas. Un día, tomó a sus hijos y un par de cosas personales y optó por irse a vivir en casa de unos familiares, “donde ya eran cinco, y ahora somos ocho”.
A ella la suspendieron en marzo por tres meses, luego ratificaron su suspensión por dos meses más en junio. Tenía la esperanza que en agosto la llamaran a trabajar, pero le notificaron que su suspensión se prolongará hasta octubre. Mientras tanto, ella, sus niños y miles de familias deberán seguir alimentándose de esperanzas.
