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Pandemia agrava las violaciones del régimen Ortega-Murillo a los derechos de los trabajadores en Nicaragua

**Los sindicatos afines al sandinismo funcionan como agentes de control a cualquier disidencia, crítica o reclamo en el sector público.

**El ambiente laboral en los sectores sociales como Salud y Educación restringe el derecho a reclamar, además, se cuentan despidos ilegales que se suman a los riesgos sanitarios por la política negacionista hacia la Covid-19.

EXPEDIENTE PÚBLICO

La última huelga del sector Salud data de 2006, cuando el entonces presidente de la Federación de Trabajadores de la Salud (Fetsalud), Gustavo Porras, hoy empresario y presidente de la Asamblea Nacional, dirigió un paro de seis meses. Medio año sin consultas médicas y protestas callejeras en la campaña electoral que llevaría al sandinismo de regreso al poder.

El motivo de la huelga durante el gobierno de Enrique Bolaños era equiparar los salarios de médicos con el resto de la región, el más alto para los especialistas sería de 1,500 dólares mensuales. El gobierno negoció y realizó un plan de reestructuración salarial con un plazo de cinco años para alcanzar el ajuste exigido.

Con Daniel Ortega en el poder Fetsalud se olvidó del tema y no se generaron mayores reajustes, sin embargo, José Antonio Delgado, médico consultado por Expediente Público, señala que un especialista en un hospital acreditado internacionalmente podría ganar 60 mil córdobas al mes con incentivos por antigüedad, turnos y horas extras, pero con una base salarial de 40 mil córdobas, unos 1,140 dólares.

Por otro lado, un médico interno, es decir, el que llega a su sexto año de estudio en Medicina, inicia ganando 9,700 córdobas, equivalente a 277 dólares, 60 por ciento más que en 2006 cuando se realizaron los acuerdos, pero muy lejos de la meta de US$450 mensual.

Delgado también indica que el promedio de salarios para un médico general está entre 900 y mil dólares. La proyección acordada años era llegar a un pago de US$1,200 al 2011.

“Nada que celebrar”

José Vásquez, presidente de la Unidad Médica de Nicaragua (UMN), considera que los profesionales médicos y personal sanitario no tienen nada que celebrar este 1 de Mayo.

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“Con este gobierno desde 2018 hemos recibido ha sido despedidos sin pago de salarios, asedio, persecución y amenaza, por hacer lo que hemos aprendido en nuestro carácter humanitario, ético”, señaló

“Antes del 2006 se hicieron huelgas y se llegaron a algunos acuerdos que fue la equiparación salarial, pero los sueldos se mantienen congelados, algunas enfermeras tienen salarios de C$6,000 (aproximadamente 170 dólares) que no llegan al rango de la canasta básica, tienen que equiparar con horas extras para llegar a los 9,000 córdobas al mes.

“El brazo represor del gobierno en el Minsa se llama Fetsalud, estos son los que mantienen el control en las diferentes instituciones, tienen algunos profesionales de la salud que desdichadamente se han prestado a las órdenes, cambiando diagnósticos, ocultando información sobre la realidad del Covid-19”, dice Vásquez.

La guillotina laboral de abril de 2018

Después de las protestas de abril 2018 fueron despedidos 468 médicos y especialistas y 28 trabajadores más en el contexto de la Covid-19, “por exigir lo que la ley demanda para el personal sanitarios, como es la protección en el trabajo, que brinden los equipos y medios necesarios para proteger las vidas del personal, sus familias y pacientes, desde el 10 de junio 2020, reporta la UMN.

“Actualmente deberíamos ser los primeros con los mayores de 60 años en recibir la vacuna contra la Covid”, aunque el gobierno anunció un plan para hacerlo, dice el galeno.

Por otra parte, el secretismo con los datos reales de la pandemia, ha creado una nueva amenaza en el personal sanitario.

“Seguidores de la dirección del Frente Sandinistas en todos los recintos y sindicatos mantienen un control férreo sobre los trabajadores y si alguno se atreve a reclamar sus derechos es despedido, con esa actitud de terror dentro del personal sanitario, ¿quedará algo para decir me siento orgulloso de trabajar en un sistema de salud que nos reprime cada día?”, concluye el presidente de la UMN.

Maestros, usados para todo y mal pagados

Lesbia Rodríguez, miembro de la Unidad Sindical Magisterial de Nicaragua, expresó a Expediente Público que “si van a vacunar llaman a los maestros, si van a hacer censo, si falta la afanadora, si un alumno se enferma salen al hospital con los alumnos, usan a los docentes en las mesas electorales, para todo, y les pagan mal”.

En los colegios públicos de primaria un maestro gana 8,500 córdobas, unos 242 dólares y en secundaria hasta 9,000 córdobas, unos 257 dólares, pero hay colegios privados pequeños que no reciben ni la mitad de ese sueldo, ni siquiera el salario mínimo, “si los colegios no tienen para pagar a los maestros no deberían estar funcionando”, recalca Rodríguez.

“Quieren que los maestros respondan a sus políticas partidarias, para ir a los barrios a convencer a los padres de familia que regresen los niños, pero no los quieren enviar por la pandemia”, asegura.

Para la docente han empeorado las condiciones laborales de los maestros, pero lo que más reciente es el respeto que ha perdido el profesor, “lo más grave es que los alumnos amenazan a los docentes, sobre todo, los jóvenes que participan en marchas y actividades del gobierno”, quienes les exigen que los aprueben, a pesar de no tener las calificaciones necesarias.

“El maestro es un trabajador sometido y deja que lo avasallen, que está en esa situación por la familia”, dice Rodríguez.

Los maestros no tienen ni el material listo para dar clases, el cuaderno de calificaciones lo entregan a mediado de años, mientras tanto lo llevan en sus propios cuadernos, agrega.

Con la pandemia los maestros tienen que poner de su bolsa para jabón y alcohol, a veces, ni agua hay en muchos centros.

Por otra parte, está la politización del sector magisterial, para recibir una plaza en los colegios públicos es necesaria una recomendación política.

La última huelga magisterial en Nicaragua se dio a inicios del gobierno de Ortega, el paro parcial duró cinco semanas y concluyó en mayo de 2007, por un incremento salarial de 30 dólares, después que el Ministerio de Educación solo había anunciado un aumento de 16 dólares a inicios de ese año.