**Un expolicía seguirá preso por el crimen de la enfermera Keyla Martínez, pero la familia afirma que hay otros culpables. Tras una audiencia que se extendió por 36 horas, un juez encontró indicios racionales para continuar el proceso en contra de Jarol Perdomo, acusado por femicidio agravado.
Expediente Público
Pese a la declaratoria de auto de formal procesamiento en contra del expolicía Jarol Rolando Perdomo Sarmiento por el crimen de la enfermera Keyla Patricia Martínez Rodríguez, aun se está muy lejos de conseguir una justicia plena, ya que los familiares de la joven consideran que el imputado no es el único responsable y que el Ministerio Público debe generar nuevas acusaciones, al menos como encubridores o cómplices, contra otras personas que estaban presentes aquella fatídica madrugada.
Keyla, de 26 años, enfermera auxiliar y estudiante de la licenciatura en Enfermería, fue detenida junto al médico Edgar José Velásquez Orellana por incumplir el toque de queda durante la noche del 6 de febrero de 2021 en la ciudad de La Esperanza, Intibucá, 193 kilómetros al occidente de Tegucigalpa, Honduras. Horas más tarde la Policía reportó que se había suicidado en la celda.
Sin embargo, dos días después de la muerte, Medicina Forense determinó que fue homicidio. Más de dos meses después, el martes 13 de abril, autoridades policiales informaron que habían dado de baja a dos agentes, sin dar nombres, en relación con el caso de la enfermera auxiliar Martínez.
El viernes 16, la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) detuvo a Perdomo en Tegucigalpa y lo trasladó a La Esperanza para someterlo al proceso judicial.
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36 horas de audiencia
Después de una audiencia inicial que duró unas 36 horas, desde la mañana del miércoles 21 hasta las 9 de la noche del jueves 22 de abril, un juez de La Esperanza encontró suficientes indicios para continuar el proceso contra el expolicía, acusado por el delito de femicidio agravado, y lo mandó en detención preventiva a la Dirección Nacional de Fuerzas Especiales, con sede en Tegucigalpa, la capital hondureña.
Durante la audiencia comparecieron como testigos el comisionado Melvin Alvarenga, jefe de la posta policial en la que murió Keyla Martínez, tres agentes policiales y la doctora Patricia Zúñiga, quien la atendió la madrugada del 7 de febrero de 2021.
También presentaron el informe de Medicina Forense donde se confirma que fue homicidio por asfixia mecánica, los reportes de la Policía sobre el incidente y fragmentos de un video y su análisis por parte de un perito, donde se observa a Perdomo ingresar a la celda de la joven. Esa cámara está instalada en una glorieta al interior del recinto policial.
Mientras en el interior de los juzgados de La Esperanza se realizaba la audiencia, los alrededores eran protegidos por unos 60 agentes armados y con equipo antimotines. Durante los dos días, familiares, amigos y activistas de algunas organizaciones acamparon en las cercanías, con carteles y gritando consignas donde reclamaban “justicia para Keyla”.
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El reporte
De acuerdo con un reporte escrito por el subinspector Brayan Isaac Banegas López, quien estaba de turno la noche del arresto, el médico Velásquez Orellana fue trasladado a una celda por los policías Gerson Figueroa y Jarol Perdomo, ahora acusado por el femicidio agravado. Mientras que las agentes femeninas Judith Suazo y Raquel Núñez acompañaron a Keyla al baño a petición de ella, luego la ingresaron a la celda de mujeres, donde era la única detenida.
El subinspector Banegas, quien era el oficial de servicio, dice que indicó al policía de guardia, Jarol Perdomo, que entre los dos se turnarían para supervisar a los detenidos.
“Ya que es una consigna no dejar sin supervisión las celdas, ni los detenidos, por lo que así estuvimos. En el momento en que el policía Jarol Perdomo fue a supervisar las celdas todo estaba bien, luego llegué yo y Keyla Patricia estaba acostada, tranquila, riéndose y cantando. Estuve con el policía Jarol en las celdas”, escribió el oficial Banegas.
Dice que después él regresó a la guardia a supervisar “mientras Jarol Perdomo se quedó en las celdas. Después, Jarol llegó a la guardia ya que yo iría a relevar. Le dije que fuera nuevamente a supervisar, (y) llegó corriendo a la guardia, reportándome que la señorita Keyla Patricia estaba colgada en la celda. En ese momento salí junto a Jarol Perdomo a ver lo que pasó, pero él (Jarol), la había soltado, porque aún tenía signos vitales. De igual manera yo revisé y tenía signos vitales”, detalla el informe.
De inmediato la subieron a la patrulla RPM 724 y la trasladaron al Hospital Enrique Aguilar Cerrato, donde la recibió la médico de turno, Patricia Zúñiga.
“Yo no fui porque tenía que reportar al subcomisionado Melvin Alvarenga Deras. Luego los policías que acompañaron el traslado me reportaron desde el hospital que la señorita Keyla Patricia ya había fallecido, por lo que hice las coordinaciones con la DPI (Dirección Policial de Investigación), para realizar el levantamiento correspondiente, trasladándome en la RPM 625 acompañándome con el inspector Del Cid”, indica el reporte del oficial Banegas.
Eran aproximadamente las 2:55 de la mañana del 7 de febrero.
¿Actuó solo?
Días después de la muerte de Keyla Martínez, Perdomo dio su versión de los hechos a la Dirección de Asuntos Disciplinarios Policiales (Didadpol), donde indicó que al introducirla a la celda se le había quitado el suéter, pero como andaba vestida con una “blusa escotada”, sus compañeras agentes decidieron dejárselo a causa de las bajas temperaturas.
Aseguró que con las mangas del suéter hizo un enlazado por donde metió la cabeza y se colgó de los barrotes de la puerta. Cuando la encontró “estaba como semihincada, viendo el piso de la celda y las rodillas no tocaban completamente el piso, por lo que de inmediato le toqué la yugular y aún tenía signos vitales”.
Afirmó Perdomo que abrió la puerta y procedió a soltar el nudo de las mangas, mientras cargaba el cuerpo para no dejarlo caer, y le sacó el suéter que tenía alrededor de la garganta. “Salí corriendo hacia la guardia, donde estaba mi subinspector Brayan Banegas y mi compañero Danilo Vásquez”.
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Para ese reporte de Didadpol fueron entrevistados otros tres agentes y el médico Velásquez. Todos coincidieron en que fue un suicidio. Sin embargo, no informaron, por ejemplo, que minutos después del suceso, obligaron a varios de los detenidos a lavar la celda donde estuvo la muchacha, en un aparente intento por borrar evidencias.
La Fiscalía indicó en un comunicado que “las investigaciones y pericias técnicas científicas determinan que (Perdomo) estuvo en el interior de la celda donde permaneció privada de libertad la joven, de cinco a seis minutos y luego se mantuvo afuera del recinto de forma sospechosa y sin retornar a su posición de asistente del comandante de la estación policial y encargado de las llaves de las celdas y custodia de los detenidos”.
La Didadpol concluyó su investigación dando de baja a Perdomo y a otro agente.
Padre exige justicia
Luis Andrés Sosa, padre de Keyla, dijo a Expediente Público que han sostenido “un par de reuniones” con funcionarios del Ministerio Público y de la ATIC, y la teoría de los investigadores es que el exoficial Perdomo “es el responsable directo del asesinato, que lo hizo como algo premeditado. Teóricamente es una persona con algún desequilibrio mental o emocional y actuó de forma personal e independiente”, afirmó el padre de la joven enfermera.
Sin embargo, la familia cree que no es el único responsable y que “están buscando al más débil, al más flaco como se dice, para inculparlo del asesinato y ver cómo protegen a otras personas ya con un rango superior”.
Pero también Sosa manifestó su confianza en que el Ministerio Público, y la presión de la sociedad, de la familia y de instituciones nacionales e internacionales, actúen como un mecanismo que permita conocer la verdad y se sancione a todos los involucrados, “con todo el peso de la ley que corresponde”.
En esas reuniones con las autoridades “sí pudimos ver claramente la participación de los miembros de la policía” y también las mentiras de los testigos, especialmente “del comisionado Alvarenga y también del doctor Velásquez, que son el testigo principal y el encargado de la posta”.
A criterio de Sosa, el haber mentido al declarar que se trató de un suicidio convierte a estas personas en “cómplices” o al menos en encubridores del crimen, por lo que el Ministerio Público debe actuar contra ellos.
Lamentó que, bajo la teoría de un único homicida, los demás agentes y oficiales estén libres, y que en caso de sentirse presionados por las investigaciones puedan huir sin que nadie se los impida. Incluso “a este Jarol Perdomo, creo que le dieron bastante tiempo, pudo haberse escapado también, pero tal vez no esperaba que lo iban a sindicar y por eso se confió y lo detuvieron, pero también tuve la oportunidad de escaparse”, dijo.
Refirió que la Didadpol informó de la separación de dos agentes, y que “los había puesto a disposición de las autoridades. Sin embargo, de la otra persona no se sabe nada, no se sabe quién es, ni dónde está, ni nada”.
¿Y el doctor Velásquez?
Sobre el “amigo” de Keyla, el doctor Velásquez, quien en su momento confirmó la tesis policial del suicidio, Sosa dijo que ha tratado de contactarlo mediante mensajes telefónicos y a través de sus jefes en los dos hospitales donde trabaja. “Queríamos platicar directamente con él para que nos dijera cara a cara cuál era toda la verdad y pasó más de un mes y nunca aceptó la invitación”.
Cansados de esperar, Sosa y la madre de Keyla, Norma Rodríguez, decidieron buscarlo en una de las clínicas donde trabaja.
Dice que los recibió “de una forma histérica, grosera, prácticamente nos ofendió y nos corrió de su oficina. Nosotros lo único que le dijimos es que nos dijera de frente, cara a cara. En lo particular le dije: ‘Míreme a los ojos y dígame la verdad, eso es lo único que le pedimos, que me miré a los ojos con toda la sinceridad del mundo y que diga la verdad’. Él sólo dijo que ya la había dicho, y que ya no tenía nada más que decir. Empezó a comportarse de una forma histérica, grosera, sacándonos y corriéndonos de la oficina. Este señor no sólo ha sido irresponsable en sus declaraciones, sino que tiene un comportamiento bastante raro”, se quejó Sosa.
Por el momento, Perdomo continuará detenido en una instalación policial, privilegio que otorga la justicia hondureña a funcionarios, exfuncionarios o personajes cuyas vidas corren peligro en las cárceles a causa de sus actuaciones o vínculos.
El Código Penal concede un plazo máximo de 2 años de prisión preventiva, tiempo en el cual debe celebrarse una audiencia, la “preliminar” y finalmente celebrarse un debate o juicio oral y público, donde se decide la responsabilidad o no del imputado. Por el momento, la sociedad que demanda “justicia para Keyla” debe esperar.
