Aunque el Congreso Nacional aprobó un presupuesto millonario al tribunal electoral, los retrasos provocaron cambios en el sistema de transmisión de resultados del conteo de los votos.

Pactos y trabas de partidos mayoritarios para controlar transmisión de resultados en las elecciones de Honduras

*Aunque el Congreso Nacional aprobó un presupuesto millonario al tribunal electoral, los retrasos provocaron cambios en el sistema de transmisión de resultados del conteo de los votos.

** Este jueves los diputados intentarán destrabar el presupuesto para el proyecto de tramitación de las nuevas cédulas de identidad, que los hondureños deben tener para las elecciones de noviembre.


Expediente Público

“Un paso para adelante, dos hacia atrás”, así resumió el presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés (CCIC), en la zona norte de Honduras, Eduardo Facussé, “los nuevos acuerdos” en el Congreso Nacional que permitieron la ampliación presupuestaria solicitada por el Consejo Nacional Electoral (CNE).

La crítica que el dirigente empresarial publicó en sus redes sociales sintetiza las reacciones generadas por el parlamento hondureño con la aprobación, el 3 de agosto, de un presupuesto de hasta mil millones de lempiras (unos 42.1 millones de dólares) para el organismo electoral y las reformas a diez artículos de la Ley Electoral que apenas tenía 69 días de creada.

Debido a que el Congreso Nacional tardó 45 días en aprobar los fondos, el CNE no pudo cumplir con el mandato de la ley de adjudicar cuatro meses antes de las elecciones generales (un plazo que se cumplió el 27 de julio), la contratación del sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP).

El atraso se debió a la falta de consenso entre los tres partidos mayoritarios, el gobernante Partido Nacional (con 61 de los 128 diputados) y los opositores Liberal y Libre, en torno a las reformas a siete artículos de la Ley Electoral, entre ellas una que pretendía silenciar a los consejeros del CNE el día de las elecciones previstas el 28 de noviembre del 2021.

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Finalmente, el Congreso hondureño extendió hasta el 25 de agosto el término para la adjudicación del TREP, que incluiría lectores de huellas digitales y el acta electrónica como parte de la tecnologización que el organismo electoral pretende implementar de cara a los comicios.

Menos tabletas para transmitir actas

Un día antes que la cámara legislativa autorizara el presupuesto al CNE, la presidenta del órgano electoral publicó en su cuenta de Twitter que estaban analizando un plan alternativo “para implementar lector de huella, TREP, escrutinio y divulgación de resultados” en las elecciones generales.

Incluso, después de la aprobación de los mil millones de lempiras, ambas consejeras reiteraron que habría cambios en el proyecto inicial de transmisión de resultados.

Desde el 13 de junio el CNE aprobó las actas electrónicas que transmitirían los resultados de las más de 18 mil Juntas Receptoras de Votos (JRV) hasta ese ente electoral, a los partidos políticos, observadores y medios de comunicación.

Para ello tenían planeado adquirir unas 20 mil tabletas para transcribir las actas desde cada JRV, pero con el plan alternativo esa cantidad se reducirá a seis mil, debido a la tardanza del poder legislativo para aprobar los recursos económicos.

El TREP desde cada Junta Receptora de Votos “lo mató el Congreso”, criticó la consejera Rixi Moncada.

Las seis mil tabletas que se planea adquirir servirán como lectores de huellas y, una vez terminada la votación, también para transcribir y escanear el acta física en un espacio adaptado para enviar esa información a los servidores.

Después de que fuera aprobado el presupuesto al CNE, el diputado del opositor Partido Innovación y Unidad Social Demócrata (Pinu-SD), Luis Redondo, denunció en un video publicado en sus redes sociales que “el fraude que pretende hacer el Partido Nacional requiere que no se transmitan los resultados desde las Juntas Receptoras de Votos”.

Posteriormente en un comunicado, la bancada del Pinu consideró que “no hay excusa” para que la digitación y transmisión de resultados de los votos escrutados no se realice desde cada una de las JRV. Así mismo, abogó porque en las zonas donde no hay disponibilidad de energía eléctrica o de Internet, que “según datos del propio CNE constituyen alrededor del 10% del total” de las JRV, haya un “mecanismo transparente”, para hacer llegar de forma íntegra las actas al centro de cómputo en un lapso no mayor a las 24 horas.

“Quedó evidenciado que la aprobación del presupuesto fue una maliciosa acción para reducir el tiempo y la capacidad de maniobra del CNE, ya que de la forma en que se aprobó se pudo haber hecho hace varios meses”, consideró también el partido opositor.

El Pinu también alertó que la aprobación del presupuesto electoral “no está firme” ya que la sesión del Congreso “fue suspendida”, y pueden cambiar lo que ya fue votado.

Salvador Nasralla, candidato presidencial de la alianza Unión Nacional Opositora de Honduras (UNOH), que integran el Pinu y el Partido Salvador de Honduras (PSH), opinó en su cuenta de Twitter que el dinero aprobado al CNE “no lo ocupan para hacer un proceso transparente sino para repartírselo entre las cúpulas corruptas de los 3 partidos”.

Según Nasralla, “en el fondo ese era todo el problema del retraso en el Congreso Nacional” para aprobar el presupuesto al organismo electoral, ya que lo que se buscaba era “darle fondos frescos” a los partidos Nacional, Liberal y Libre para su campaña política. “Gran parte de ese dinero va para los bolsillos de los políticos”, sostuvo.

Nasralla aseguró que en las elecciones de noviembre “durante 24 horas rodearemos todas las 18,396 mesas hasta tener fotografiadas las actas con votos” que reflejen “la voluntad de la mayoría”.

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Proceso de identificación “viciado”

En la misma sesión del martes, el Congreso Nacional de Honduras aprobó en primer debate un préstamo de 9.4 millones de dólares para que el Registro Nacional de las Personas (RNP) continúe con la última fase del proyecto Identifícate, para reemplazar la cédula de identidad que data de 1996.

La vigencia de esta tarjeta, que vence el próximo 15 de agosto, fue ampliada hasta el 15 de octubre debido a que la falta de presupuesto obligó al RNP a suspender en varias ocasiones la entrega del nuevo documento de identificación.

Los diputados de las ocho bancadas están convocados para este jueves 5 de agosto a las 3:00 PM a una sesión, en la que podrían continuar con la discusión del presupuesto para el RNP.

El parlamento hondureño extendió además hasta el 15 de septiembre el plazo para la inscripción y actualización domiciliaria de la ciudadanía, que deberá ser incluida por el CNE en el Censo Nacional Electoral.

Al respecto, el Partido Innovación y Unidad Social Demócrata (Pinu-SD) sostuvo que el cual “el proceso de enrolamiento (tramite de la cédula de identidad) está viciado por más de 1.8 millones de registros”, de los que se pretende devolver 1.6 millones a como estaban “en el Censo del fraude del 2017” y corregir nada más 200 mil. También cuestionó que los jóvenes que recién se han enrolado aparecen en centros de votación donde no les corresponde ejercer el sufragio.

En ese sentido, el partido opositor pidió “una auditoría forense de inmediato por parte de un ente externo” y consideró que tanto el RNP como el PNUD, que apoya el proyecto para modernizar la cédula de identidad, “están en deuda con la democracia en Honduras ante un millonario proceso con múltiples vicios”.

En la página del PNUD se refleja que el presupuesto del proyecto Identifícate es de 70.7 millones de dólares, financiados con fondos nacionales y préstamo del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).

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Avanzan polémicas reformas

Si bien eran siete los artículos de la Ley Electoral que los partidos mayoritarios en el Congreso Nacional habían planteado modificar en un dictamen anterior, que fue votado en contra por Libre y el Pinu, en la sesión del 3 de agosto terminaron aprobando diez reformas.

De esas diez reformas, cinco estaban en el dictamen anterior y cinco más fueron adicionadas.

Uno de los artículos reformados es el 46, que ahora dice que “las alianzas parciales y los partidos políticos que las integran no podrán tener más de un delegado observador en la Junta Receptora de Votos”.

Al respecto, la diputada Doris Gutiérrez, quien también es candidata a la vicepresidencia de Honduras por la alianza UNOH, dijo a Expediente Público que con la ley anterior “según nosotros íbamos a tener derecho a tres observadores: uno del Pinu, uno del PSH y otro de la alianza”, pero con la reforma aprobada solo tendrán un observador.

También el excandidato presidencial del Partido Liberal, Luis Zelaya, se sumó a las críticas que con esta reforma “quieren obligar” a Salvador Nasralla, el candidato presidencial de UNOH, “a aliarse con delincuentes y criminales confesos a cambio de credenciales” en las mesas electorales.

Otro de los artículos reformados es el 160, relacionado con el financiamiento del Estado a los partidos políticos. Antes, ese financiamiento se calculaba según los votos obtenidos en el nivel presidencial en la última elección general. Con la reforma, el cálculo se hará “en el nivel electivo donde tuvieron mayor cantidad de votos entre corporación municipal y nivel presidencial”.

Para Gutiérrez, esto tiene que ver con el hecho de que el Partido Nacional tiene la mayoría de las 298 alcaldías (174 municipios) y “saben que a nivel presidencial no les va a ir muy bien” en los próximos comicios. La reforma beneficia también al Partido Liberal, que es el segundo con más alcaldías (88).

“Si sacan pocos votos en la planilla presidencial, entonces pueden utilizar los votos de la planilla municipal, estos nunca pierden”, advirtió la parlamentaria sobre los dos partidos con mayor antigüedad en Honduras.

También ha causado rechazo la reforma al artículo 254 de la Ley Electoral relacionado con las papeletas, según la cual el CNE debe reconocer “el derecho preferente en cuanto a su ubicación, a los partidos políticos que hayan participado en el proceso electoral primario”.

Al respecto, el empresario Facussé dijo que “nadie debe tener preferencia en la posición en la papeleta”, que antes de la reforma debía definirse únicamente en base a un sorteo.