*Después de siete años de prisión preventiva y 10 meses de su primera condena, el miércoles 7 de septiembre el exmandatario, Otto Pérez Molina, se declaró culpable del segundo caso de corrupción y lo condenan a ocho años de prisión.
**Esta es la segunda vez que un presidente de Guatemala acepta cometer delitos de corrupción. La primera fue de Alfonso Portillo (2000 – 2004) en Estados Unidos.
Luisa Laguardia | Expediente Público
«Yo soy el responsable”. Así Otto Pérez Molina, expresidente de Guatemala (2012 – 2015), se declaró culpable ante el juzgado de Mayor Riesgo B porque recibió regalos de cumpleaños, durante su mandato por parte de otros políticos, funcionarios y personas individuales por más de Q900 millones de quetzales, equivalentes a $116,883,117.
Con esto, aceptó ser condenado por cohecho pasivo, lavado de dinero y fraude.
La condena se desglosa de la siguiente manera: Cohecho pasivo: tres años y seis meses. Por lavado de dinero, dos años y por fraude otros dos años.
La fiscalía solicitaba 22 años de prisión, sin embargo, la sentencia fue de ocho años de conmutables y una multa de Q10.7 millones equivalentes a $1.3 millones en el caso abierto por el Ministerio Público (MP) en 2018 llamado “Cooptación del Estado”.
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Otto Pérez Molina llamó cobarde al juez
“Quiero manifestar que efectivamente yo soy el responsable (…) Sí, yo cometí una omisión, error o delito, estoy aceptándolo porque giré las instrucciones a respectivas personas, pero en el camino pudo haberse cometido una serie de omisiones, acciones que llevaron a cometer el delito de fraude”, declaró el expresidente Otto Pérez Molina, ante el Juzgado de Mayor Riesgo.
Al terminar la audiencia el también General manifestó que: “los delitos tienen el derecho a medida sustitutiva y Gálvez” (haciendo referencia al juez Miguel Ángel Gálvez) no me la dio por cobarde” (…) “salió huyendo del país por cobarde (…), y uno que está dando la cara aquí todo se entrampa y no camina nada”, enfatizó Molina.
Lo primero que se debe de analizar en este caso es que su sentencia es por medio de la Ley de Aceptación de Cargos.
Para Zoel Franco, investigador y analista del Instituto Comparado en Ciencias Penales de Guatemala (ICCPG), “este caso sí cumple las características para poder acogerse de esta ley”.
Sin embargo, refiere a Expediente Público, que la crítica en este momento es “si la resarcición que hará el expresidente es directamente proporcional a los daños realizados y a lo robado” a la administración pública.
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Segunda condenada contra Otto Pérez Molina
Este es el segundo caso por el que Pérez Molina es condenado. El primero fue dictado el 8 de diciembre del 2022 y fue condenado a 16 años de prisión conmutables y una multa por más de un millón de dólares, por el caso aduanero denominado “La línea”.
“En ambos casos nos damos cuenta de que las multas económicas no son directamente proporcionales a los que adquirieron de manera ilícita y eso le da una visión a la población de que se pueden robar por ejemplo 300 mil y solo devolver 10 mil y eso no debe de ser así y hay que componerlo en nuestro sistema judicial”, expresó Franco.
Por otra parte, el expresidente del país centroamericano afirmó que no renunció a la Presidencia por lo movimientos civiles del año 2015 en contra de la corrupción que se atribuía a su Gobierno.
“Yo no renuncié por las manifestaciones que fueron a hacer, si la manifestación no llegó a más de 40 mil gentes, yo hubiera podido poner tres veces más de las 40 mil gentes” en las calles”, dijo en los juzgados.
Argumentó be usted que un medio hizo una encuesta donde preguntaban si yo debía renunciar y el 54% de los guatemaltecos dijo que “yo no debería renunciar que debería de terminar mi periodo, sin embargo, lo hice y vine a dar la cara”, manifestó Molina.
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Expresidente ahora se queja que no hay justicia
Pero después de más de siete años en prisión preventiva y sin una sentencia hasta diciembre del 2022, el mandatario afirmó que en Guatemala no existe una verdadera justicia.
“En estos ocho años me estoy dando cuenta de que la justicia aquí no solo es tardía, es maliciosa, es selectiva y está politizada y entonces una justicia que está politizada resulta que no es justicia. La justicia para que de verdad sea justicia debe de ser pronta y servida”, manifestó el exmandatario.
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Con respecto a la prisión preventiva, el caso del expresidente y la exvicepresidenta Roxana Baldetti no ha sido el único que ha tenido un exceso de esta medida.
Sin embargo, para Franco “es un tema que se debe de discutir si es la medida correcta a utilizar en los casos”. Reconoce que este fenómeno no es específico de Guatemala sino de la región latinoamericana.
¿La prisión preventiva debería revisarse?
“Hay dos cosas que se deben discutir y corregir en el país y son la prisión preventiva y las medidas coerción, porque la gente debe de entender que otorgar medidas de coerción no es sinónimo de impunidad.
Hay casos que han tenido durante la investigación una medida como prisión domiciliaria y al tener su condena es trasladado a una cárcel a cumplir su condena”, explicó Franco.
Estas declaraciones las hizo al salir del juzgado cuando los medios de comunicación esperaban su punto de vista acerca de los procesos en su contra.
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Sin sentencia firme
A pesar de la declaratoria de condena, el expresidente Otto Pérez Molina aún tiene pendiente que sea firme la sentencia.
“Imagínense que no tengo una sentencia firme después de ocho años donde yo voluntariamente me presenté y ahora me presentan esta oportunidad y mi abogado me dice: Mire, ¿quiere pasar otros ocho años en la misma situación? ¿En dónde, además, me condenaron sin tener pruebas?», declaró.
El expresidente se refirió a su condena del caso La Línea como una condena sin pruebas.
“Me condenan por defraudación especial aduanera, se inventan en complicidad, pero dicen que no me enriquecí que no recibí dinero… ¿cómo así? Es una sentencia que es realmente ridícula”, enfatizó el general.
Para el experto Franco en estos casos contra el exmandatario guatemalteco se ha utilizado la extinción de dominio de los bienes, “y la figura de los testaferros es la que se tiene que seguir persiguiendo”.
“Recuérdese que esto se da cuándo las personas no pueden demostrar de dónde vinieron los fondos para adquirir los bienes con los que contaban”, aclaró el experto.
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En estos casos millonarios de corrupción está involucrado el binomio del extinto Partido Patriota, conformado por Pérez Molina y Roxana Baldetti.
El 7 de septiembre, se tenía prevista la audiencia de la exvicepresidenta a la que Baldetti no acudió por tercera vez consecutiva, por lo que se suspendió la audiencia y ya no podrá ser beneficiada con una condena por aceptación de cargos del caso “Cooptación del Estado”, y el proceso continuará su curso con normalidad.
Los sobornos
En este caso, Baldetti, es acusada por los delitos de lavado de dinero y cohecho pasivo. Se trata de una estructura organizada en el Estado para que Pérez Molina y Baldetti se beneficiaran con millonarios sobornos a cambio de otorgar más de 70 contratos a diversas empresas para trabajos del Estado, de acuerdo a las acusaciones de la Fiscalía.
En la actualidad, Roxana Baldetti, se encuentra cumpliendo dos sentencias por los casos de la “La Línea” y “Agua mágica” donde la justicia la encontró culpable por los delitos de asociación ilícita, fraude, defraudación aduanera y tráfico de influencias.
La exvicepresidenta de Guatemala tiene más acusaciones pendientes de resolución entre ellos una extradición a Estados Unidos por posibles nexos con el narcotráfico, específicamente con el cartel mexicano de Los Zetas.
