* El aumento de reportes de abusos en las cárceles de El Salvador apunta al jefe del sistema penitenciario Osiris Luna Meza.
** Luna está incluido en la Lista Engel que elabora el Departamento de Estado de EE. UU. para sancionar a actores corruptos de Centroamérica.
Eric Lemus / Expediente Público
Osiris Luna Meza, director ad honorem de la Dirección General de Centros Penales (DGCP) y viceministro de Justicia y Seguridad Pública, pasó de ser una figura de bajo perfil al eje en la estrategia punitiva del actual Gobierno del El Salvador.
Luna Meza fue diputado del otrora partido aliado del mandatario Nayib Bukele, la Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA), hasta que abandonó sus filas.
Aunque es catalogado a nivel interno como una persona de confianza de Guillermo Gallegos, exdiputado de GANA y operador político del expresidente Antonio Saca (que guarda prisión por corrupción), Bukele no lo separa del manejo penitenciario.
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Osiris Luna y el poder en El Salvador
El presidente tampoco lo quitó con la designación en la Lista Engel desde julio de 2021, luego que el Departamento de Estado de los Estados Unidos incluyó a Luna entre las personas corruptas que socavan el Estado de Derecho en Centroamérica.
Recientemente, nuevas acusaciones cayeron sobre el director de cárceles de El Salvador, con revelaciones sucesivas publicadas por observadores internacionales de derechos humanos sobre los abusos sistemáticos cometidos contra niños en el sistema penitenciario.
Expediente Público solicitó oficialmente una entrevista con Luna, pero la petición no tuvo respuesta hasta la fecha.
Del parlamento al Cecot
Luna egresó de la Licenciatura en Ciencias Jurídicas en una universidad privada capitalina y, aunque no se graduó, fue lo que utilizó para hacer carrera política como diputado de GANA en la Asamblea Legislativa entre 2018 y 2019 en las comisiones de seguridad pública, justicia y derechos humanos.
Al tomar el poder Bukele en junio de 2019, Luna Meza pasó a encabezar el sistema carcelario salvadoreño. El modelo atrae admiradores y detractores por igual, debido a las condiciones del encierro de actores y sospechosos relacionados con las pandillas Mara Salvatrucha (MS-13) o Barrio 18.
El Salvador ahora tiene la tasa de encarcelamiento más alta del mundo con 109,519 personas presas en un país de 6.3 millones de habitantes, lo que equivale al 2.5% de su población adulta.
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Bajo la vigencia del Estado de Excepción desde marzo de 2022, miles de salvadoreños han sido capturados, pese a no tener antecedentes criminales o vinculación pandilleril.
Además, muchos que son sobreseídos siguen tras las rejas, denuncian organizaciones como el Movimiento de Víctimas del Régimen (MOVIR).
Robo de alimentos
La Fiscalía General de la República (FGR) investigó a Osiris Luna por la venta de 38,500 botellas de aceite y 42,909 sacos de arroz, azúcar y frijol a un contrabandista local.
La unidad especial anticorrupción de la FGR conducida por el abogado Raúl Melara (2019-2021) filtró a la prensa local que el funcionario involucró a su madre, Alma Yanira Meza Olivares, y un empleado de la Dirección General de Centros Penales (DGCP), entre el 21 de octubre y 24 de noviembre de 2020 para comercializar los productos valorados en 1.6 millones de dólares.
Los alimentos eran del Programa de Emergencia Sanitaria (PES) para las víctimas de la pandemia del Covid-19.
Pero esa no fue la única situación en la mira de los fiscales.
Viajes, malversación y abuso de reos
La Fiscalía de Melara denominó caso Catedral a la investigación, que luego incluyó otro hallazgo sobre el uso de plazas fantasmas.
La Asamblea Legislativa, que es controlada por el partido oficialista Nuevas Ideas (NI), destituyó al abogado por instrucción presidencial y nombró en su lugar a Rodolfo Delgado.
Sin embargo, el nombre de Luna siguió destacando en otras revelaciones como viajes a México a bordo de un avión privado costeado por la empresa especializada en videovigilancia SeguriTech, el uso de dinero recaudado en tiendas penitenciarias y la gestión de la DGCP trasladando a pandilleros a clínicas hospitalarias.
Un investigador policial, cuya identidad mantiene en reserva, asegura a Expediente Público que “fue cuando las jefaturas de la MS y la 18 conversaron con miembros del Gobierno de Bukele, incluso adentro de las prisiones, pero de la que no quedan pruebas”.
Juicio al “Crook” en marcha
El nombre de Luna resaltó nuevamente por la evasión de prisión de Elmer Canales Rivera, conocido como “Crook de Hollywood” en las filas de la pandilla MS-13.
Canales Rivera inexplicablemente fue detectado en México en 2023, pese a que debía guardar prisión en El Salvador. Y desde noviembre de 2023 está en manos de las autoridades de EE. UU. donde enfrenta un juicio en la Corte del Distrito Este de Nueva York.
EE.UU. había solicitado a Bukele la extradición de Rivera y otros delincuentes, que sucesivamente fueron localizados en suelo mexicano.
Una denuncia del Departamento de Justicia (DOJ) estadounidense sostiene que Luna Meza y el director de Tejido Social, Carlos Amílcar Marroquín, negociaron con las pandillas beneficios carcelarios a cambio de una disminución de asesinatos en El Salvador.
La fiscalía neoyorquina acusa ahora a 13 mandos de la llamada Mara Salvatrucha de delitos cometidos en perjuicio de EE. UU.
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Investigaciones por tortura a menores
En las últimas semanas, dos investigaciones exhiben la violencia sistemática perpetrada en las cárceles contra niñas y niños, y que incluso dan cuenta de violaciones sexuales a reclusas.
El documento de Human Rights Watch (HRW), titulado “Su hijo no existe aquí: Violaciones de derechos humanos de niños, niñas y adolescentes durante el régimen de excepción en El Salvador”, registra 66 casos de menores de edad estigmatizados por su lugar de origen. Reporta que sufrieron abusos como detención arbitraria, tortura, malos tratos y acoso policial.
Los hallazgos los presentaron en San Salvador por la directora de la División de las Américas, Juanita Goebertus, y el subdirector, Juan Pappier. Con ambos conversó Expediente Público.
“Los salvadoreños no tienen que escoger entre seguridad frente a las pandillas y derechos humanos, (porque) merecen ambos. Una política de seguridad que desmantele a las pandillas y les proteja de los homicidios y extorsiones sin asumir un costo de violación de los derechos de niños y niñas inocentes”, exhortó Goebertus.
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En tanto, el subdirector de HRW opina que las jefaturas carcelarias de El Salvador se caracterizan por aglutinar “funcionarios públicos muy opacos, muy poco transparentes». «Siguen las órdenes del presidente (Bukele) sin matices y que no están dispuestos a un debate o una conversación pública que son propias de una democracia”.
Rechazan existencia de torturas en cárceles
Los hallazgos documentados por la organización no gubernamental Cristosal también confrontan la negativa del Estado salvadoreño ante los ejemplos de violencia ejecutada en las prisiones salvadoreñas.
De hecho, en el marco del 190 Periodo de Sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el comisionado presidencial para derechos humanos, Andrés Guzmán, fustigó la existencia de torturas en las prisiones de El Salvador.
“En El Salvador, acá en los centros penales, no hay torturas. Aquí no se asesinan a las personas, esto no es una lucha política, no son centros de concentración”, esgrimió Guzmán ante la CIDH.
Cristosal, que investigó más de mil casos, resaltó la muerte de 261 personas adultas y cuatro niñas y niños entre 2022 y 2024.
David Morales, director de Justicia Transicional de la organización, respondió a Expediente Público que, a más de dos años de permanencia del Estado de Excepción, “encontramos un aparato de poder que desde la presidencia controla todas las instituciones y está moviendo esta política represiva”.
