*Es el turno de la comunidad internacional para buscar justicia universal para Nicaragua, afirmó el Grupo de expertos en derechos humanos de Naciones Unidas que presentó su informe en Costa Rica.
**»Al haber concluido que el Estado de Nicaragua pueda estar violando la Convención de Naciones Unidas contra la tortura, cualquier país puede demandar al Estado de Nicaragua frente a la Corte Internacional de Justicia», aseguró Jan-Michael Simon, presidente del Grupo de expertos en derechos humanos de la ONU.
**Informe de Naciones Unidas reitera la responsabilidad directa de Daniel Ortega y Rosario Murillo como la cadena de mando principal de los crímenes de lesa humanidad en Nicaragua, similares a lo cometidos por los nazis.
Expediente Público
La acusación y orden de detención internacional de la Corte Penal Internacional (CPI) contra el presidente ruso, Vladimir Putin, abrió un nuevo precedente jurídico para que Daniel Ortega y Rosario Murillo puedan enfrentar acusaciones por los delitos de lesa humanidad que cometen desde abril de 2018 contra la población nicaragüense.
Las pruebas que se sustentan en el informe del Grupo de expertos de derechos humanos sobre Nicaragua, (GHREN) de Naciones Unidas servirían para activar esos procesos.
Jan-Michael Simon, presidente del GHREN, explicó que aún cuando el Estado nicaragüense no es firmante del Estatuto de Roma y no reconoce la jurisdicción de la Corte Penal Internacional, los crímenes que se han documentado desde la brutal represión del 2018 a la actualidad, permitirían que las víctimas u organizaciones defensoras de los derechos humanos inicien procesos contra las autoridades que integran la cadena de mando de los abusos fundamentales.
¿En qué se parecen los casos Putin y Ortega?
El Grupo de expertos de Naciones Unidas presentó su informe en San José, capital de Costa Rica, este 18 de marzo de 2023, donde se reunió con un grupo de exiliados entre ellos expresos políticos, defensores de derechos humanos, desnacionalizados y estudiantes.
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La Corte Penal Internacional emitió órdenes de arresto contra el presidente de Rusia, Vladimir Putin, y la funcionaria Maria Alekseyevna Lvova-Belova, anunció el 17 de marzo. Se les señala como «presuntamente responsable del crimen de guerra de deportación ilegal de población (niños) y del traslado ilegal de población (niños) de las áreas ocupadas de Ucrania a la Federación Rusa».
Ese caso sería vinculante con lo que sucede en Nicaragua donde el régimen desterró y despojó de la nacionalidad a 222 opositores, activistas, defensores de derechos humanos, estudiantes, religiosos y periodistas.
A otras 94 personas exiliadas también les arrebató su nacionalidad nicaragüense. También les ha borrado su identidad en los registros, a muchos les niegan la pensión y hasta les han bloqueado el acceso a sus actas de nacimiento.
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Acusar directamente a Ortega y Murillo
Simon dijo que existe la vía de «la responsabilidad individual penal» tanto de Ortega y Murillo como del resto de funcionarios que se han determinado su participación en los crímenes de lesa humanidad.
«Sabemos que Nicaragua no es parte del Convenio del Estatuto de Roma, sin embargo hay varias posibilidades de poner la jurisdicción de la Corte» Penal Internacional. Una es la manera retroactiva una vez que habría cambio de gobierno en Nicaragua se puede remitir el caso a la Corte», afirmó.
A inicios de marzo, el GRUN oficializó en Ginebra su informe donde identificó un patrón de ejecuciones extrajudiciales realizadas por agentes de la Policía y miembros de grupos armados progubernamentales que actuaron de manera conjunta y coordinada durante las protestas que tuvieron lugar entre el 18 de abril y el 23 de septiembre de 2018. El régimen obstruyó cualquier investigación sobre estas y otras muertes.
Myanmar, antecedente clave
También señaló que agentes de la Policía, del Sistema Penitenciario Nacional y miembros de grupos armados progubernamentales cometieron actos de tortura física y psicológica, incluida violencia sexual y de género en el contexto de la aprehensión, interrogatorio y detención de opositores.
Simon explicó que en la justicia universal existen antecedentes para que la Corte Penal Internacional establezca su jurisdicción para investigar, como el de Myanmar a cuyas autoridades se les acusa del asesinato, torturas y violaciones contra miles de personas de la minoría musulmana rohingya, en medio de una brutal represión de las fuerzas armadas que inició en 2017.
«Todos los violadores de los derechos humanos que están en funciones como jefes de Estado deben tomar en cuenta los antecedentes como en el caso de los rohingya, en Myanmar. En la Corte Penal Internacional cuando hayan actos que tengan efectos transfronterizos que tenga impactado en otro país, y este sea parte del tratado de Roma, genera la posibilidad de que, por este hecho, la Corte Penal Internacional de por establecida su jurisdicción», aseguró.
Corte Internacional de Justicia
La determinación de que el régimen Ortega Murillo ha cometido torturas a opositores permitiría acusarlos también en la Corte Internacional de Justicia.
«Al haber concluido que el Estado de Nicaragua pueda estar violando la Convención de Naciones Unidas contra la tortura, cualquier país puede demandar al Estado de Nicaragua frente a la Corte Internacional de Justicia», afirmó el presidente del Grupo de expertos en derechos humanos de la ONU.
Ángela María Buitrago, miembro del GREN, reiteró que en la investigación «se han identificado acciones tanto de Daniel Ortega y Rosario Murillo que llegaron a determinar esa cadena de crímenes de lesa humanidad».
Los delitos transfronterizos es una de las mejores vías.
«Hay mecanismos en los países de la región que permiten hacer investigación frente a derechos vulnerados en otros países, y (hay también) un mecanismo para las personas que tienen doble nacionalidad, en el caso en particular pueden ir a sus países a denunciar estos hechos», explicó Buitrago.
El informe es muy claro en que la desnacionalización «es una forma de persecución que lleva sin lugar a dudas a la discriminación y a la exclusión de las personas que se consideran o sospechan que son opositoras» y que podría caber como delito de lesa humanidad.
