*En un anexo del Tratado de Libre Comercio de Nicaragua con China, el régimen Ortega-Murillo indica que el dueño de la “concesión exclusiva” del inexistente canal interoceánico es la Empresa Desarrolladora de Grandes Infraestructuras S.A.
**Por un término de 50 años, la sociedad anónima podrá realizar obras contempladas en el proyecto y tendrá “zona económica especial”, detectó Expediente Público en el tratado aprobado por el parlamento sandinista.
Expediente Público
En total sigilo y sin consultas previas, el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo aprovechó el Tratado de Libre Comercio (TLC) con China para incluir su faraónico proyecto del Gran Canal Interoceánico de Nicaragua.
El documento del TLC publicado en La Gaceta el 17 de noviembre, tras ser aprobado por el parlamento sandinista, indica que la “concesión exclusiva” del proyecto del canal interoceánico lo tiene la Empresa Desarrolladora de Grandes Infraestructuras S.A.
La sociedad anónima mencionada estuvo vinculada al empresario Wang Jing, quien tenía la concesión canalera desde 2013 a través de HK Nicaragua Canal Development (HKND), pero se desconoce quiénes están detrás de ella actualmente.
En el marco del tema de inversión y comercio transfronterizo de servicios, el régimen incluyó en el anexo I, ficha 24, del TLC firmado con China el proyecto del Gran Canal Interoceánico de Nicaragua, asegurando la concesión a la sociedad anónima mencionada por un periodo de 50 años, prorrogables por otros 50 años, después del vencimiento del plazo inicial.
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La prórroga, según lo dispuesto en el TLC, está sujeto a las ampliaciones contempladas en el Acuerdo Marco de Concesión.
Los 50 años adicionales “comenzarán inmediatamente después del vencimiento del plazo inicial”, señala el documento de ratificación publicado en el diario oficial La Gaceta el 17 de noviembre de 2023.
Ortega: ¿más estafa con el canal interoceánico?
Nicaragua restableció relaciones diplomáticas con China el 10 de diciembre de 2021.
Pero el régimen ofreció desde el 2012 el canal interoceánico a los intereses chinos. Ese año, Laureano Ortega Murillo volvió de Pekín con el anunció de que venían grandes inversiones para el país centroamericano.
Ortega y su régimen nunca renunciaron al polémico proyecto para construir un canal interoceánico en Nicaragua, a pesar de que desde 2015, Wang Jing perdió gran parte de su fortuna y no encontró inversionistas, como tampoco realizó ninguna obra relevante.
El Tratado de Libre Comercio con China fue aprobado el 16 de noviembre de 2023 por la Asamblea Nacional, que es dominada por el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN).
El 13 de agosto de 2019, en el acto del 39 Aniversario de la Fuerza Naval del Ejército de Nicaragua, Ortega recordó que tenía un compromiso con Nicaragua para ejecutar el fallido proyecto.
“Y nosotros no hemos renunciado, al contrario, tenemos con el pueblo nicaragüense, históricamente tenemos el compromiso de que se haga una realidad el canal por Nicaragua”, dijo Ortega en su discurso hace cuatro años.
En esa ocasión, Ortega mencionó que estaban en una fase de hacer ajustes a los estudios medioambientales.
Zona Económica Especial
El TLC al estar firmado por los gobiernos se otorga el poder a China de crear en conjunto con la Autoridad de El Gran Canal Interoceánico de Nicaragua —una instancia fantasma que preside Manuel Coronel Kautz— una zona económica especial.
Según lo pactado con China, la Autoridad de El Gran Canal de Nicaragua es la instancia que “determinará las actividades económicas que se podrán realizar en la zona económica especial”.
Además, en coordinación con otras autoridades del Estado definirán las “regulaciones aplicables” para cada una de las actividades que ejecutarán en esta zona.
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Una zona económica especial es definida como un área dentro de una nación, donde las empresas que se asientan producen bienes a un menor precio y una mayor libertad para su comercio, con el objetivo de aumentar su competitividad a nivel mundial.
La Ley 840, “Ley especial para el desarrollo de infraestructura y transporte nicaragüense atingente a el canal, zonas de libre comercio e infraestructuras asociadas”, establece la creación de este tipo de zonas.
Contradictoriamente, el régimen aprobó en 2020 la llamada Ley Soberanía, 1055 y declara “traidores” a quienes menoscaben la independencia, la soberanía, y la autodeterminación. Con esta ley se han encarcelado a cientos de opositores.
La misma ley condena a los que inciten a la injerencia extranjera en los asuntos internos, y que propongan operaciones financieras en contra del país y sus instituciones, y todos los que lesionen los intereses supremos de la nación.
Autoridad recibe millones
Con la Ley 800, aprobada en 2012, se constituyó la Autoridad del Gran Canal Interoceánico de Nicaragua que sería la encargada de las actividades de “promoción y negociación” para obtener la inversión de capital necesario para la ejecución del megaproyecto del régimen.
En agosto de 2012, atendiendo la propuesta de Ortega, la Asamblea Nacional ratificó a Coronel Kautz como presidente de la Autoridad del Gran Canal Interoceánico de Nicaragua.
Coronel Kautz, uno de los viejos aliados de Daniel Ortega, anteriormente se desempeñó en distintos cargos en el sector público, entre los cuales se destaca su labor como miembro de la Junta Directiva del Banco Nacional de Nicaragua. Además, ejerció como viceministro de Relaciones Exteriores.
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Por pertenecer al Estado, la Autoridad del Gran Canal desde el 2013 recibe fondos del Presupuesto General de la República.
Expediente Público comprobó que en entre 2019 y 2022 se le aprobó una partida de 30.2 millones de córdobas (unos US$841,055). Hasta septiembre de 2023 ejecutó 5.9 millones de córdobas (US$164,403).
Nueva dueña del proyecto Gran Canal
La Empresa Desarrolladora de Grandes Infraestructuras S.A., la compañía a la que Ortega y Murillo entregó la “concesión exclusiva” para continuar el proyecto, opera principalmente en el sector de infraestructura, según la plataforma de inteligencia de negocios BN Américas.
El chino Wang Jing está vinculado a esa compañía, a quien el 13 de junio de 2013 a través de la empresa HK Nicaragua Canal Development Investment Co. Limited, más conocida por sus siglas HKND Group, le adjudicaron la obra del Gran Canal inicialmente.
La Empresa Desarrolladora de Grandes Infraestructuras aparece como una corporación nicaragüense que se constituyó el 12 de abril de 2013 y fue adquirida por la empresa de Wang Jing con el “propósito de promover la implementación del proyecto”, según el Acuerdo Marco de concesión del megaproyecto fallido.
La compañía tiene su sede en Managua y es la que ahora tiene por los próximos 50 años la facultad para el “desarrollo y operación” de cada subproyecto contemplado en el proyecto del Gran Canal.
El proyecto del Gran Canal contempla la ejecución de múltiples proyectos tales como puertos de aguas profundas, ferrocarriles, hoteles, aeropuertos, zonas económicas especiales, entre otros.
China podrá hacer lo que quiera
Todo lo anterior está dispuesto conforme al artículo 8.4 del Tratado de Libre Comercio que establece las obligaciones de acceso al mercado.
El TLC establece que “ninguna de las partes”, es decir China o Nicaragua, podrá imponer limitaciones en el número de proveedores de servicios en forma de “cuotas numéricas, monopolios, proveedores exclusivos de servicios o la exigencia de una prueba de necesidades económicas.
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Ninguna de las partes podrá adoptar medidas sobre el número de personas físicas que pueden ser empleadas en un sector de servicios específicos.
El proyecto del Gran Canal desde sus inicios se volvió una amenaza sobre los bosques y el Lago Cocibolca, el más grande de Nicaragua, así como sobre propiedades campesinas, indígenas y comunitarias.
El proyecto canalero afecta a entre 30,000 y 120,000 campesinos en la ruta supuesta, aparte de la catástrofe ambiental que generaría y la lesión a la soberanía, criticó en su momento el confiscado Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH).
No hay viabilidad política
Para el ambientalista Amaru Ruiz, director de Fundación del Río, no existe “viabilidad política y económica” para la ejecución del proyecto.
“A pesar de que está creando todo el espacio o todo el marco de Comercio con China, hoy por hoy, China no representa un mercado para Nicaragua en términos de peso y centavos”, dijo el ambientalista a Expediente Público.
La amenaza como lo define “Ruta Mafiosa”, un libro que expone la corrupción detrás de la concesión canalera en Nicaragua continúa latente en tanto la concesión y todos los instrumentos legales que la constituyen no sean derogados.
El Movimiento Campesino Anticanal, liderado por Francisca Ramírez y Medardo Mairena desarrollaron más de cien marchas y movilizaciones de resistencia y lucha contra el proyecto, agrega el documento. Ramírez y Mairena están exiliados y desnacionalizados por el régimen.
Puerto de aguas profundas
En noviembre de 2022, el régimen firmó un Memorándum de Entendimiento con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) para la construcción de un puerto de aguas profundas dentro de la Bahía de Bluefields en el Caribe Sur nicaragüense.
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Al incluir el proyecto dentro del TLC con China es una posibilidad de conseguir que le “financien el proyecto” o algún subproyecto, considera Ruiz.
«El contexto de resistencia popular de diversos sectores ha cambiado. El régimen ha violentado una serie de derechos de los actores sociales que se oponían (…) Lo que está haciendo es abrir ese marco de posibilidades que tiene con China”, afirma Ruiz.
Según Ruiz frente a este nuevo escenario no conoce de “algo concreto” que esté preparándose en el marco del proyecto, pero sería importante conocer en manos de quién está la empresa que recibe la concesión exclusiva.
“Ahí eran accionistas varios, incluso en su momento se pensó que los empresarios privados estaban ahí (en la empresa)”, afirma.
