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Ortega-Murillo: un régimen que abolió derechos históricos de las mujeres y niñas

El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo intentó sacarle réditos políticos dentro y fuera del país, a los resultados del informe anual Gender Gap 2020, elaborado por el Foro Económico Mundial (FEM), en el que colocaron a Nicaragua entre los cinco primeros países a nivel global con mayor paridad entre hombres y mujeres. Sin embargo, el verdadero rostro quedó patentizado años atrás, primero con la abolición y la penalización del aborto terapéutico y luego con la mediatización de la Ley 779, aplastando derechos de mujeres y niñas.

Expediente Público.


Rosario Murillo, vicepresidenta de Nicaragua y esposa de Ortega, anunció el 17 de diciembre de 2019 que Nicaragua se ubicaba en el tema de paridad de género en el liderazgo global, detrás de Islandia (1.85 puntos), Noruega (2.83), Finlandia (4.82) y Suecia (3.82). Nicaragua (5.80) en quinta posición, porque oficialmente ha logrado disminuir las brechas de género en los ámbitos de la política pública.

Este informe del FEM mide cuatro aspectos: salud, educación, participación económica y empoderamiento político. Sin embargo, el Foro Económico Mundial deja fuera el contexto social, político y económico, expresa la socióloga y politóloga Delphine Lacombe, del Centro Nacional de Investigación Científica de Francia, quien ha estudiado temas de género en Nicaragua. 

Lacombe explica que dicho índice no contempla la represión y violencia contra la población nicaragüense y, sobre todo contra los movimientos de mujeres, que el régimen de Ortega y Murillo intensificaron de forma evidente desde su retorno al poder en 2007.  

Ese año, Nicaragua ocupaba el puesto 90 en esta lista y pasó en 2012 al puesto 10 cuando se aprobó en la Asamblea Nacional (parlamento), una reforma a la Ley 40, Ley de Municipios en sus artículos 19 y 34, para que las listas de candidatos a alcaldes y concejales se cumpliera con una cuota del 50% de mujeres. En 2014, se hizo una reforma constitucional para anclar esta cuota en todos los puestos de elección popular. 

Para la luchadora por los derechos de las mujeres y feminista, María Teresa Blandón, el hecho de que existan más mujeres en los cargos de gobierno, no garantiza que ellas representen los intereses de sus congéneres.  

Se refiere a la derogación del aborto terapéutico, que permanecía vigente desde 1893, por una mayoría de diputados de la Asamblea Nacional -incluyendo la bancada del Frente Sandinista- el 26 de octubre de 2006, diez días antes de los comicios generales de ese año, que le permitieron a Daniel Ortega regresar al poder, después de haber sido derrotado de forma abrumadora en 1990 por Violeta Barrios de Chamorro.

Por otra parte, la independencia de estas mujeres está en entredicha con la censura y hasta el despido de funcionarias -desde ministras hasta alcaldesas- por orientaciones de Murillo, al no subordinarse a su discurso oficialista. Entre las funcionarias defenestradas desde 2007 a la fecha, están Xochitl Ocampo, María José Corea, Glenda Ramírez, María Chiong y Carolina Dávila, entre otras.

Blandón considera que la desigualdad no está siendo debidamente analizada, las mujeres son más pobres de todos los pobres, la explotación las afecta a ellas, se vuelve un círculo vicioso de la pobreza. Al respecto, cabe señalar que CEPAL confirma esta aseveración al indicar que en 2018, a nivel de América Latina y el Caribe, la tasa de desocupación de las mujeres correspondía al 9,6% y la de los hombres, 7,1%. Por otra parte, la pobreza en general en las mujeres correspondía a una tasa del 30,3% y de pobreza extrema, 11%.

Socióloga y directora del Movimiento Contra Corriente, participó en los primeros movimientos feministas de los 80 y considera que la violencia estatal ha sido pareja para la población opositora, pero que son las mujeres y los movimientos de mujeres con las cuales el régimen ha arremetido con mayor fuerza y desproporción por ser voces que no han callado a lo largo de décadas y siempre salieron a las calles en protestas sociales.  

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Un retroceso histórico y vergonzoso

Para Blandón, la derogación del aborto terapéutico y su posterior penalización, fue una ficha que el Frente Sandinista sacó a su favor, a fin de ganar la aprobación de las iglesias católica y evangélica y, con ello, retornar al poder.

De acuerdo al documento La prohibición total del aborto en Nicaragua, de Amnistía Internacional, el 6 de octubre de 2006, la jerarquía de la Iglesia Católica encabezó una marcha multitudinaria hasta la Asamblea Nacional, pidiendo la derogación del artículo 165 del Código Penal vigente desde 1893, permitiendo el aborto terapéutico bajo las siguientes condiciones: que fuese determinado científicamente, con la intervención de tres facultativos y el consentimiento del cónyugue o pariente más cercano a la mujer para los fines legales.

El 19 de octubre -diez días después- la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional dictaminó de manera favorable el proyecto de derogación del artículo 165 del Código Penal vigente y solicitó su aprobación. El 26 del mismo mes -diez días antes de las elecciones generales que ganó Ortega con 38% de los votos- se aprobó por 52 votos la derogación de un derecho de las mujeres con 113 años de vigencia a esa fecha. El presidente de entonces, Enrique Bolaños Geyer -prácticamente de salida- la refrendó, entrando en vigencia.

Con esa votación pasaron por encima además del clamor generalizado de los movimientos de mujeres del país y a nivel internacional, de organismos de derechos humanos, y de organismos de Naciones Unidas como OMS, UNICEF, OPS y la CIDH entre otros.

En el mundo, de acuerdo al documento Derogación del aborto terapéutico en Nicaragua: Impacto en salud, de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), de los 193 países que conforman las Naciones Unidas, 188 naciones (97%) permiten el aborto terapéutico. Mientras del otro lado, están apenas: Nicaragua, El Salvador, Chile, Ciudad del Vaticano y Honduras.

“El acceso al aborto terapéutico es un principio universalmente aceptado que trasciende diferencias culturales, credos religiosos e ideologías políticas. En la mayoría de estos países los y las legisladores han tomado en cuenta el marco de los derechos humanos, pero en el trasfondo el aborto terapéutico es un asunto de sentido común y de humanismo”, planteó OPS en una declaración pública formulada antes de la vergonzosa votación.

Agregaron que los abortos espontáneos, los embarazos ectópico, embarazo molar y un embarazo asoiado con cáncer, son complicaciones obstétricas que requieren la realización de una interrupción del embarazo de forma inmediata de lo contrario, conllevan a una hemorragia o a una infección que compromete la vida de la mujer.

“Prohibir el manejo quirúrgico de estos casos de emergencia, incrementaría el riesgo de morir de mujeres embarazadas con enfermedades previas y/o agravadas por el embarazo, y de aquellas en la que el embrazo en sí mismo representa la condición de riesgo”, señaló OPS.

Posteriormente, el régimen Ortega-Murillo apoyándose de nuevo en el poder Legislativo, reformó el Código Penal y en los artículos 143 y 145 del mismo, se establecieron penas de uno a tres años y de seis meses a un año de cárcel, respectivamente, a quienes provoquen un aborto con consentimiento de la mujer y/o por “imprudencia temeraria”, respectivamente.

El hecho de que las mujeres y las niñas que quedan embarazadas a consecuencia de una violación o un incesto se vean ahora obligadas a llevar sus embarazos a término, constituye una violación de sus derechos humanos. La continuación involuntaria del embarazo causa un incalculable sufrimiento físico y mental a la mujer o a la niña”, señaló Amnistía Internacional.

Al respecto, el informe de OPS, citado antes, refiere que en 2004 -dos años antes de aprobarse la derogación y penalización del aborto terapéutico- se registró la muerte de 81 mujeres por causas obstétricas directas. Además, 19 muertes por causas no obstétricas, entre ellas, 14 suicidios por embarazos no deseados, de las cuales el 70% fueron adolescentes.

Según María Teresa Blandón, el régimen se alió con los sectores más conservadores para lograr legitimidad, entre ellos, la empresa privada y las Iglesias evangélicas. Al respecto, recordó que las 1,200 personerías jurídicas otorgadas a las iglesias católicas y evangélicas, contrasta con la persecución a las organizaciones de la sociedad civil.



Defenestración política

En 2006, Dora Zeledón, presidenta nacional de la organización de mujeres AMNLAE, afín al FSLN, criticó la desaparición de la excepción legal del aborto terapéutico y en 2007 que se excluyera el femicidio como delito en las reformas del Código Penal que sí penalizó el aborto terapéutico.

Murillo, entonces con el cargo de Coordinadora del Consejo de Comunicación y Ciudadanía, obliga a Dora Zeledón, la presidenta de la organización histórica de mujeres sandinistas a dimitir en 2008, según documentaron medios de comunicación.

“El chantaje, las amenazas, la manipulación y la campaña pública de cuestionar e invalidar el perfil del trabajo de AMNLAE, son hechos que violentan la autonomía, lineamientos de estrategia y estatutos de nuestra organización”, afirmó Zeledón en una carta pública recogida entonces por los medios.

“El chantaje y las amenazas a las que se refiere Zeledón, son la toma del Centro de Capacitación Sacuanjoche, en Bolonia, y la Casa de la Mujer del Distrito V, por el Movimiento de Mujeres Sandinistas liderado por Isabel Aráuz, quien a su vez es la coordinadora de AMNLAE n Managua”, publicó El Nuevo Diario.

En esos momentos, la organización contaba con 60 delegaciones en todo el país.

Murillo creó el Movimiento de Mujeres Sandinistas, órgano que en un momento calificaría a la histórica AMNLAE como organización al servicio del imperialismo. Otra organización paralela afín al gobierno que se creó fue el Movimiento Autónomo Blanca Aráuz.

“La estrategia de Ortega y Murillo ha sido callar las voces de quienes hablan, esa ha sido la estrategia de represión que han utilizado con las mujeres excarceladas y desde antes de abril, la usó contra Elea Valle (su esposo y dos hijos menores fueron asesinados por el ejército) y la usó contra muchas mujeres que hacían ver los crímenes, los abusos, las arbitrariedades que cometía el régimen a nivel comunitario, a nivel familiar”, dijo Támara Dávila, luchadora feminista y opositora al régimen.

Ella fue arrestada en noviembre de 2018 por participar en un piquete exprés en la capital Managua. La imagen de una mujer vestida de blanco, siendo arrastrada por antimotines, circuló en todos los medios a nivel nacional y muchos otros a nivel internacional.

La Ley 779: del ejemplo a la mediatización

Azahálea Solís, abogada y activista feminista, relató a la revista Envío que la Ley 779 o Ley Integral contra la violencia hacia las mujeres, fue promovida por las organizaciones de mujeres, encabezada por un sinnúmero de organizaciones y movimientos feministras. El proyecto de Ley fue enviado al parlamento en 2010, pero en 2011, el Poder Judicial introdujo otro anteproyecto de ley similar. Por gestiones de las mismas feministas, al final esos dos proyectos se mezclaron y crearon la primera versión de la ley, que resultó icónico a nivel de la región.

En 2012, iniciando el segundo y consecutivo periodo presidencial de Ortega, la Ley 779 fue aprobada por la Asamblea Nacional. Solís considera que fue aprobada porque el gobierno pretendía enarbolarla como un instrumento de propaganda de buena gestión gubernamental ante organismos internacionales.

No obstante, en septiembre de 2013, la Asamblea Nacional reformó la Ley 779, producto de la presión de funcionarios del Poder Judicial y la Iglesia, introduciendo el recurso de mediación, que según las feministas este elemento le quitó fuerza a la ley para castigar a los que ejercían violencia contra las mujeres.

De acuerdo a la reforma del artículo 46, de la Ley 779, se procederá a la mediación con los “delitos menos graves”, entre los que están violencia física si se provocan lesiones leves, violencia psicológica si se provoca daño a su integridad písiquica que requiera tratamiento psicoterapéutico, violencia patrimonial y económica, intimidación o amenaza contra la mujer, violencia laboral, etcétera.

Dicha mediación la solicita el Ministerio Público, y será “procedente y válida, previa verificación de la libre voluntad de la víctima para mediar”. Luego se realizará ante el juez o la jueza.

Solís considera que esta ley se reformó a fin de “promover la unidad familiar”, que defendía la Iglesia, y a eso se avocaron la mayoría de los diputados que aprobaron la reforma.

15 años ignoradas, demandando tierras

Desde hace 15 años las organizaciones de mujeres rurales han demandado a los gobiernos la aprobación y puesta en práctica de la Ley 717, Ley creadora del Fondo del Fondo para la Compra de Tierras con equidad de género para mujeres rurales.

El que la ley esté aprobada pero que el Estado de Nicaragua no le asigne fondos del Presupuesto General de la República, constituye una forma de violencia patrimonial y económica por parte del Estado Nicaragüense, actualmente dirigida por Daniel Ortega de manera consecutiva desde 2007, asegura María Teresa Fernández, representante de la Coordinadora de Mujeres Rurales.

“Para el Estado de Nicaragua, no son prioridad, no le interesa las mujeres en el campo, no son importantes… Las políticas públicas están, pero solo benefician a los grandes”, expresa Fernández.

La Ley 717 fue aprobada finalmente el 5 de mayo de 2010, de allí empezó la demanda de las mujeres para asignación de fondos a esa ley.

“En 2015, desde el 15 de julio al 15 de octubre cada día se le entregó una carta a la Presidencia, una mujer de las diferentes organizaciones, una mujer sin tierra, 100 cartas. Ninguna fue respondida”, dijo Fernández 

Según Fernández, a las mujeres rurales de su organización les pareció favorable que en 2017 asumiera Rosario Murillo la Vicepresidencia, por lo que decidieron dirigirle las cartas a ella, pero igualmente no respondió. Tampoco se les dejó entrar a las oficinas de la Presidencia.

Las organizaciones de mujeres rurales han decidido promover una campaña para recaudar fondos para la compra de tierras a favor de las mujeres, pero se han tenido que enfrentar al acoso policial en las comunidades rurales.

“El Estado no cumplió con una ley de carácter Constitucional, para qué la aprobaron si no le iban a adjudicar ningún fondo, esta ley no se puede aplicar, sin fondos. El Banco Produzcamos no hizo nada. Es un total desinterés porque no les interesa lo que le pase a la gente campesina pobre. No hay sensibilidad por las mujeres en el campo”, recalcó Fernández.


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