* Sandinistas y sus aliados liberales cancelan acuerdo y Ley de concesión del Canal Interoceánico a empresa vinculada al chino Wang Jing, quien resultó ser un estafador a gran escala.
** Proyecto secesionista todavía está incluido en tratado de libre comercio con China, violentando la soberanía e inviolabilidad territorial.
Expediente Público
El parlamento sandinista de Nicaragua aprobó de forma expedita y sin resistencia una reforma a la ley marco del canal interoceánico, derogando el acuerdo de la ley de concesión otorgada a la empresa HK Nicaragua Canal Development Investment Co. Limited (HKND).
Daniel Ortega, quien gobierna Nicaragua desde 2007, solicitó el 7 de mayo la cancelación de la concesión, una Asamblea Nacional sometida aprobó el anteproyecto de ley vinculado, al día siguiente.
Los sandinistas dejaron vigente la Autoridad del Gran Canal, ahora presidida por el ministro de Transporte, Óscar Mojica, eliminando del cargo a Manuel Coronel Kautz.
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Canal Interoceánico: la vergonzosa estafa
En 2013, Wang Jing, a través de su empresa HKND, firmó un acuerdo con el gobierno de Nicaragua para construir un canal interoceánico que rivalizaría con el Canal de Panamá. La entrega de la ruta del canal y decenas de proyectos adyacentes duraría un siglo.
El proyecto estimaba una inversión de 50 mil millones de dólares y se esperaba que su construcción duraría 5 años.
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Llamó la atención del megaproyecto del canal los subproyectos como hoteles, casinos, carreteras, construcción, plantas de energía, entre otros.
El 13 de junio de 2019 venció el plazo del contrato con HKND para mostrar el avance de la obra. Sin embargo, la cancelación de la concesión se dió hasta este 8 de mayo, a pesar que el mismo gobierno chino reconoció desde 2023 que Wang Jing es un estafador de alto perfil.
Recientemente, el medio digital nicaragüense La Prensa, resumió los múltiples fraudes internacionales y nacionales del empresario, quien está oculto desde hace algunos años.
En 2021 la bolsa de Shanghai expulsó al Grupo Xinwei de Wang por «movimientos financieros irregulares», en diciembre de 2023 la Oficina Reguladora de Valores de Pekín anunció que había cometido fraude financiero por muchos años y hace un mes el consorcio fue declarado oficialmente en bancarrota, informó La Prensa.
Concesión «vendepatria»
Miles de campesinos se manifestaron durante años por las expropiaciones que se planificaban en la ruta del canal, la mayoría de los líderes del movimiento anticanal están en el exilio ahora.
«El hecho de que la dictadura se vea forzada a admitir que la concesión a Wang Jing fue siempre una estafa, no nos debe detener», dijo a Expediente Público Félix Maradiaga, opositor exiliado.
«Esa onerosa concesión que sólo podía ser definida como vendepatria, siempre fue una estafa y una cortina de humo del régimen para apropiarse de tierras y propiedad privada de la franja del hipotético canal», argumentó.
«Lo que siempre estuvo detrás de todo eso es el desmedido apetito de la dictadura por adueñarse de lo ajeno, particularmente de tierras de enorme valor económico», continuó.
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«Ese desprecio por la propiedad privada y por el patrimonio ambiental de toda la nación nicaragüense, ha llevado a la dictadura a convertirse en la fuerza destructiva más depredadora para las áreas protegidas en la historia de Nicaragua», dijo Maradiaga.
Maradiaga teme que los Ortega busquen otro socio. «Por esa razón, esa derogación de la ley 840, lejos de ser una celebración debe ser una alerta para los planes devastadores de la dictadura que sigue poniendo en riesgo el patrimonio territorial de todos los nicaragüenses».
Sigue en el TLC con China
En un anexo del Tratado de Libre Comercio de Nicaragua con China, el régimen Ortega-Murillo indica que el dueño de la “concesión exclusiva” del inexistente canal interoceánico es la Empresa Desarrolladora de Grandes Infraestructuras S.A.
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Por un término de 50 años, la sociedad anónima podrá realizar obras contempladas en el proyecto y tendrá “zona económica especial”, detectó Expediente Público en el tratado aprobado por el parlamento sandinista.
Por pertenecer al Estado, la Autoridad del Gran Canal desde el 2013 recibe fondos del Presupuesto General de la República.
Expediente Público comprobó que en entre 2019 y 2022 se le aprobó una partida de 30.2 millones de córdobas (unos US$841,055). Hasta septiembre de 2023 ejecutó 5.9 millones de córdobas (US$164,403).