*Una resolución del órgano judicial autónomo de la Organización de los Estados Americanos confirma que régimen de Daniel Ortega mantiene a presos políticos en desprotección absoluta.
**Carla Sequeira, abogada de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), dijo a Expediente Público que el incumplimiento del régimen a las medidas dictadas por la Corte IDH deja al país más expuesto a sanciones económicas.
Expediente Público
A partir de la declaración de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), en la que declara al Estado de Nicaragua en “desacato permanente” ante el Sistema Interamericano por la reiterada desobediencia de Daniel Ortega y Rosario Murilo de no cumplir con las resoluciones adoptadas a favor de los presos políticos, se confirma que es un régimen “violador de derechos humanos”, dijo a Expediente Público una especialista en el campo del derecho.
La posición asumida por Nicaragua ante las resoluciones de la Corte IDH, referida a su rechazo y no aceptación de las medidas provisionales dictadas a favor de personas presas políticas del país centroamericano, constituye un acto de “desacato”, coincidieron los siete jueces que integran el órgano judicial en una resolución firmada el 22 de noviembre de 2022.
“Su propósito es dejar en evidencia de que ese Estado es un violador de derechos humanos y eso significa que, efectivamente, van a existir mayores sanciones económicas y menores relaciones internacionales con otros países, porque este va a ser mal visto. Decir que el Estado está en desacato o que es violador de derechos humanos conlleva a más miseria para el pueblo de Nicaragua”, dijo a Expediente Público Carla Sequeira, integrante del equipo jurídico de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH).
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Al menos seis resoluciones dictadas por la Corte IDH, entre el 24 de junio de 2021 y el 4 de octubre de 2022, fueron desatendidas por el régimen de Ortega y Murillo, lo que pone a las personas presas políticas en una situación de “desprotección absoluta e incrementa la situación de riesgo”, señala el órgano judicial con sede en San José, Costa Rica.
Historial de ausencia del Estado ante la Corte
“Constituye un acto de desacato permanente a la obligatoriedad de las decisiones dictadas por este Tribunal”, advierten los jueces.
Aunque Nicaragua, como país signatario de la Convención Americana, reconoce la competencia de la Corte desde el 12 de febrero de 1991, estuvo ausente todo el tiempo y no acudió a ninguna de las audiencias programadas en este tribunal.
El régimen, que mantuvo un “desacato prolongado”, envió una serie de comunicaciones en la que se expone la misma narrativa de que se trata de un “acto de irrespeto a la soberanía y a la seguridad de la nación”.
En el caso del excandidato presidencial Juan Sebastián Chamorro y otros respecto de Nicaragua, el régimen remitió 19 comunicaciones a la Corte Interamericana rechazando las medidas provisionales adoptadas porque según ellos “siguen un guion impuesto por los Estados Unidos de Norteamérica”.
La misma cantaleta
El régimen mantuvo todo el tiempo su discurso antiimperialista contra los jueces de la Corte IDH, y los acusa de emitir resoluciones basadas en la “manipulación de hechos y señalamientos falsos, como parte de la estrategia infame que responde a los lineamientos de los Estados Unidos de Norteamérica”.
La última de las comunicaciones del Estado nicaragüense fue remitida el 11 de abril de 2022 y acusa a la Corte IDH de “manipulación y tergiversación de hechos” y de establecer medidas como “mecanismos de presión mediática”.
“Sus resoluciones son totalmente de ineludible cumplimiento para el Estado de Nicaragua, eso significa que el Estado de Nicaragua tiene la obligación con la Corte de cumplir a su cabalidad cada uno de los puntos que ellos (los jueces) han emitido dentro de su resolución”, enfatizó Sequeira.
Presos políticos más vulnerables
Los jueces informarán a la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) sobre el “incumplimiento” por parte del régimen a las resoluciones dictadas por este tribunal.
La Asamblea General deberá proteger el “efecto útil” de la Convención Americana sobre Derechos Humanos para evitar que la justicia interamericana se “torne ilusoria” al quedar al arbitrio de las decisiones internas de un Estado, expusieron los jueces.
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El 7 de octubre de 2022, durante la cuarta sesión plenaria de la 52 Asamblea General, el juez Ricardo Pérez Manrique, presidente de la Corte IDH, señaló que han demostrado ser un “tribunal abierto”, pero el régimen de Nicaragua mantiene su postura de no acatar ninguna de las resoluciones adoptadas.
“Todo el desacato permanente de Nicaragua la Corte IDH lo pondrá en conocimiento en la Asamblea General de la OEA, para que se adopte e invoque el deber del cumplimiento colectivo de las resoluciones de los órganos de protección de derechos humanos”, manifestó la directora del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, Vilma Núñez.
Régimen sin interés de cumplir resoluciones
La indiferencia del régimen de no acatar las resoluciones de la Corte IDH pone en una situación cada
vez más “vulnerable” a los beneficiarios de las medidas provisionales e implica un incremento en la “situación de riesgo” de estas personas identificada por la Corte en sus resoluciones.
“Eso evidencia que el Estado de Nicaragua no tiene ningún tipo de interés de acatar los tratados internacionales que ha suscrito”, dijo Sequeira.
Para el abogado Braulio Abarca, de equipo jurídico del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, la resolución del 26 de noviembre de 2022, es reflejo del “desprecio” que tiene el régimen hacia los derechos humanos y su deber de proteger a los ciudadanos nicaragüenses.
Al informar a la Asamblea General de la OEA sobre esto, cada Estado puede en un futuro adoptar “medidas unilaterales o multilaterales” para hacer cumplir las resoluciones, dijo Abarca.
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“Evidencia el desprecio a todo el sistema de protección de los derechos humanos que se encuentra vigente (…) El Estado de Nicaragua continúa demostrando la extrema gravedad y urgencia con que fueron adoptadas estas medidas por cuanto las personas presas políticas han estado siendo sometidas a verdaderos actos de torturas que comprometen su salud física y sicológica, así como la seguridad de sus familiares”, mencionó Abarca.
Corte IDH ordena libertad de presos políticos
La primera resolución de la Corte IDH fue dictada el 24 de junio de 2021 y ordenaba la “liberación inmediata” de los presos políticos Juan Sebastián Chamorro García, José Adán Aguerri Chamorro, Félix Maradiaga y Violeta Mercedes Granera Padilla.
El 9 de septiembre de 2021, los jueces de la Corte IDH también se pronunciaron a favor de Tamara Dávila Rivas, Lesther Alemán Alfaro y Freddy Navas López.
A finales de ese mismo año, el 4 de noviembre de 2021, ampliaron medidas a favor de Cristiana y su hermano Pedro Joaquín Chamorro Barrios, Walter Antonio Gómez Silva, Marcos Antonio Fletes Casco y la periodista Lourdes Arróliga.
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En esa misma resolución la Corte IDH ordenaba medidas a favor de Pedro Salvador Vásquez Cortedano, Arturo Cruz Sequeira, Luis Alberto Rivas Anduray, el periodista Miguel Mora Barberena, Dora María Téllez, Ana Margarita Vijil, Suyén Barahona, Víctor Hugo Tinoco Fonseca, y José Pallais.
Y el 22 de noviembre de 2021, declaraba al Estado en desacato por no adoptar las medidas provisionales adoptadas.
El 25 de mayo de 2022, la Corte IDH amplió medidas en “Asunto Juan Sebastián Chamorro”, y benefició a los presos políticos Michael Healy, Álvaro Vargas, Medardo Mairena, Pedro Mena, Jaime Arellano Arana, Miguel Mendoza Urbina, Mauricio Díaz, Max Jerez y Edgar Parrales.
La última resolución que el Estado decidió no atender, fue dictada el 4 de octubre de 2022, mediante la cual se otorgaban medidas provisionales en favor de 45 personas privadas de su libertad en 8 centros de detención del país centroamericano.
“No ha cumplido ninguna de las sentencias y sinceramente tengo mis dudas razonables de que las vaya a cumplir, es un régimen insensible y no tiene ninguna intención de acatar ningún tipo de resolución”, puntualizó Sequeira.
