*Entre las 25 organizaciones canceladas están Operación Sonrisa que beneficiaba a niños con labio leporino, y otras de educación, defensa de derechos indígenas, civiles y políticos.
**Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) señaló que el régimen es una “amenaza para el pueblo de Nicaragua”.
***El régimen de Nicaragua utiliza la figura de lavado de dinero para perseguir a las oenegés, pero el Grupo de Acción Finaciera Internacional (GAFI) mantiene a ese país en una «lista gris»”.
Expediente Público
A lo largo de 25 años, Operación Sonrisa Nicaragua brindó atención integral y cirugías reconstructivas a miles de niños, jóvenes y adultos con fisura labial, paladar hendido y malformaciones craneofaciales. Este 18 de marzo, la organización tenía planeado realizar una colecta nacional a fin de recaudar fondos para apoyar el tratamiento integral “gratuito” que reciben más de 2 mil pacientes, pero el régimen les arrebató su personería jurídica al igual que otras 24 organizaciones sin fines de lucro.
La aplanadora oficialista en la Asamblea Nacional aprobó con 74 votos un decreto de cancelación de personería jurídica de 25 asociaciones y fundaciones que dirigían sus esfuerzos en el campo de la salud, educación, defensa de los pueblos indígenas y los derechos civiles en ese país centroamericano.
Con estas nuevas 25 oenegés suman 132 organizaciones canceladas por el régimen desde 2018 entre ellas universidades, movimientos sociales y asociaciones civiles que promovían los derechos humanos.
“Estamos encaminados a la destrucción del país en cuanto a derechos humanos. Si esto sigue así no va a quedar absolutamente nada. La represión es escalada te quitan la personería jurídica, te confiscan y después van detrás de los liderazgos de esas organizaciones o lo hacen al revés, todos estamos en riesgo”, alertó la representante de una organización de mujeres que prefirió el anonimato ante las acciones represivas del régimen.
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A la Asociación Operación Sonrisa Nicaragua se le había otorgado su personería jurídica el 4 de agosto de 1997, pero su contribución en temas de salud en el país centroamericano data desde 1993 cuando un equipo exploró las condiciones de los hospitales y del país con relación a las deformaciones faciales y sus tratamientos.
En 1994, un grupo de 23 voluntarios de Operación Sonrisa realizó cirugías a 85 pacientes. Ese mismo año se conformó la junta directiva local, liderada por Grace McGregor de González (q.e.p.d), quien logró captar a un gran número de amigos y familiares, incluyendo a cirujanos plásticos prominentes, para formar la Asociación Operación Sonrisa Nicaragua.
En 2021, el Centro de Atención Integral Grace McGregor de Operación Sonrisa Nicaragua, brindó 31,577 consultas a más de 2,000 pacientes que reciben las 18 especialidades del programa de atención integral de esta organización.
Organizaciones canceladas de gran trayectoria
Entre las organizaciones cerradas por el régimen figura la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (Funides), a la que se le había otorgado personería jurídica el 23 de marzo de 2006. El centro de pensamiento se especializaba en la investigación y análisis de políticas en las áreas de desarrollo socioeconómico y reforma institucional.
En junio de 2021, la jueza Karen Vanessa Chavarría Morales, actualmente sancionada por Estados Unidos, en línea de la cacería del régimen, ordenó la retención migratoria, el levantamiento del sigilo bancario y el congelamiento de las cuentas bancarias de 13 exdirectivos de Funides.
También fue incluida la Fundación Violeta Barrios de Chamorro (FVBCH) que cerró operaciones el 5 de febrero de 2021 para no someterse a la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros.
Su exdirectora, la periodista y exaspirante presidencial Cristiana Chamorro Barrios, quien desde hace varios meses se encuentra en arresto, el 11 de marzo de 2022 fue declarada culpable por el supuesto delito de lavado de dinero. El Ministerio Público solicitó una condena de 8 años de prisión para la opositora.
Ética y Transparencia (EyT), cuya personería jurídica fue otorgada el 24 de julio de 1996, fue incluida en la lista de oenegés canceladas. EyT era un organismo de observación electoral nacional que velaba por elecciones “justas y limpias” en el país centroamericano, pero desde 2008 no recibía acreditación oficial del Consejo Supremo Electoral.
Fue anulada junto al Centro Alexander Von Humboldt, una organización que en 1999 inició operaciones en Nicaragua y que estaba enfocada en promover el desarrollo territorial mediante la gestión sostenible del medio ambiente y los recursos naturales.
Golpe es a toda Nicaragua
El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) señaló que las organizaciones canceladas velaban por los derechos de las personas en temas de salud, educación, derechos civiles y políticos y de protección a los pueblos indígenas del caribe nicaragüense.
“Es un ataque directo al derecho a defender derechos humanos (…) El régimen ha demostrado una vez más que es una amenaza para el pueblo de Nicaragua, sumido en pobreza, enfermedad e injusticias sociales”, valoró el Cenidh en una nota pública.
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El régimen también apuntó hacia la Asociación Centro por la Justicia y Derechos Humanos de la Costa Atlántica de Nicaragua (Cejudhcan), una organización dedicada a denunciar la masiva presencia de colonos que ingresan a los territorios indígenas en esa zona del país.
En al ámbito de la educación el régimen cerró la Fundación Fondo de Becas de Exalumnos del Colegio Centroamérica (Fobeca), organización que a lo largo de 17 años logró formar a 80 jóvenes con excelencia académica integral.
En enero pasado, Fobeca anunció que debido a los tiempos de “incertidumbre” que se viven en el país resultaba complicado continuar, por lo que debieron replantearse su forma de operar para lograr que “jóvenes de escasos recursos económicos” tuvieran el futuro que se merecen.
A la fecha, Fobeca tiene 32 estudiantes beneficiados con el fondo de becas que promovían en Nicaragua.
La activista feminista consultada por Expediente Público externó que estas acciones del régimen solo generan “miedo y mucha incertidumbre”.
“Es preocupante la situación por todas las personas beneficiadas de esas organizaciones cómo quedan, más atraso, más desempleo, más violaciones de derechos humanos, más delincuencia, o sea es un retroceso, pero gigante y definitivamente duele mucho, porque son trabajos de años, la lucha ha sido toda la vida. Las organizaciones de la sociedad civil a eso se han dedicado a reconstruir el país”, señaló la defensora de derechos de las mujeres.
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El régimen también ordenó cancelar un programa de mentoría de mujeres emprendedoras que ejecutaba la Asociación Voces Vitales Nicaragua desde el año 2012. Los esfuerzos de esta organización estaban dirigidos a impulsar el desarrollo económico de las mujeres líderes que están creando oportunidades económicas en el país centroamericano.
El daño que causa el régimen es a “todo el país”, pues el Estado no está en la capacidad de asumir cada uno de los programas que ejecutaban estas organizaciones en el país.
“Lo poco que se había avanzado definitivamente se quiere borrar, lo bueno del trabajo organizacional es que empodera a las comunidades y hay semillas de liderazgo en las comunidades (…) Ellos no tienen capacidad, para nada, es un Estado sin ninguna fuerza, nunca en Nicaragua se ha tenido un Gobierno que tenga la capacidad de asumir todo”, estimó la activista feminista a Expediente Público.
Nicaragua sigue en lista gris del GAFI
En el decreto legislativo presentado por el diputado sandinista Filiberto Rodríguez alegan que las 25 organizaciones no presentaron ante el Ministerio de Gobernación (Migob) sus correspondientes estados financieros conforme a los periodos fiscales, “violentando” la Ley General Sobre Personas sin Fines de Lucro y Ley Contra el Lavado de Activos.
Pese a que este argumento ha sido bien recurrente por el régimen, el país centroamericano sigue en la lista de países de “jurisdicciones de alto riesgo” del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
El GAFI, dentro de las acciones internacionales en la lucha contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo, actualizó el 4 de marzo de este año la lista de países que presentan deficiencias estratégicas y mantiene en la “lista gris” a Nicaragua junto a países como Zimbabue, Yemen, Uganda, entre otros.
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“Nicaragua debe continuar trabajando en la implementación de su plan de acción para abordar sus deficiencias estratégicas, incluso tomando las medidas apropiadas para evitar que las personas y estructuras jurídicas se utilicen indebidamente con fines delictivos”, refirió el GAFI en sus recomendaciones al país centroamericano.
En su afán por seguir eliminado organizaciones, Gobernación alegó que no reportaron sus juntas directivas, las donaciones previas provenientes del exterior y los documentos de identidad de sus proveedores de fondos.
Igual como ocurrió en los casos anteriores los bienes y acciones que pertenecen a las organizaciones tendrán “previa liquidación”, caso contrario pasarán a manos del Estado.
