*Partido FSLN en el gobierno de Nicaragua presentó una iniciativa de reforma a la Ley Electoral que contempla mecanismos que solo favorecerían a Daniel Ortega.
**Las propuestas serán aprobadas por un Parlamento controlado por el Gobierno, y los adversarios de Daniel Ortega lo acusan de legalizar los mecanismos para cometer fraudes en las elecciones de noviembre del 2021.
Expediente Público
Una propuesta de reformas profundas a la Ley Electoral (Ley 331) en Nicaragua, planteada por la bancada del partido gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) en el Parlamento Nacional deja a la oposición en peores condiciones para competir en el sufragio de noviembre de 2021, coincidieron opositores.
El 12 de abril, 70 diputados del Frente Sandinista presentaron reformas a 125 de 197 artículos, 31 adiciones y la derogación de 22 artículos de la Ley 331 o Ley Electoral, los cuales pasarán a revisión por una Comisión Especial de carácter constitucional de la Asamblea Nacional (parlamento). Esa misma Comisión es que encargada del proceso de selección de los candidatos a magistrados del Consejo Supremo Electoral (CSE), que serán nombrados a más tardar a principios de mayo próximo, según anunció la junta directiva parlamentaria el martes 13 de abril.
Aunque se trata de un nuevo marco legal para las votaciones previstas para el 7 de noviembre del 2021, se dejó por fuera la observación nacional e internacional, se incrementaron las atribuciones de la Policía y se plantean inhibiciones a posibles candidatos opositores, así como la reducción del rol de los fiscales, manifestaron algunos líderes en base al anteproyecto de ley.
Los sandinistas pretenden incluso prohibir el uso de los teléfonos celulares en las juntas receptoras de votos, usados por los fiscales para realizar un conteo rápido para sus partidos políticos. Los fiscales solo tendrán como prueba del conteo la última copia de la hoja de escrutinio que por lo general es ilegible, dijo a Expediente Público José Pallais, jurista y miembro de la Coalición Nacional.
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Sin padrón nuevo y solo «acompañantes»
La depuración del padrón electoral no se regula ni está normada, “se establece nuevamente que personan que no están en una junta de votos específica, puedan votar presentando su cédula o documento supletorio, con esto se propicia el doble o triple voto para los sandinistas”, advirtió Pallais.
“No se garantiza la fiscalización de todas las etapas del proceso, necesarias para garantizar el respeto al voto. Y se ofrecen restricciones, exclusiones e inhibiciones a los candidatos de la oposición, haciendo imposible competir en condiciones de justicia y equidad, reservándose el régimen todas las ventajas”, enfatizó el jurista.
El documento de 79 páginas con las reformas propuestas establece la figura de “acompañantes”, eliminando a los observadores electorales. Y para garantizar esta elección sin garantías verdaderas, el régimen de Daniel Ortega premiará a todos los partidos participantes, aunque no obtengan un solo voto, vía reembolso económico de campaña.
Ese reembolso a los partidos políticos sale del Presupuesto General de la República, y por ley actual esto solo los obtenían lo que conseguían más del 4% de los votos válidos en las elecciones. Además, mantiene el castigo de pérdida de personería jurídica a los partidos que no participen en los comicios.
En un comunicado de prensa, la Coalición Nacional, uno de los principales grupos opositores, indicó que el anteproyecto de reformas no recoge “las recomendaciones contempladas en la resolución aprobada en la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos en octubre del 2020 ni las recomendaciones de las misiones de observación electoral de la misma OEA, Unión Europea y de otros organismos especializados».
Tampoco están en concordancia con las contempladas en el documento de Grupo Promotor de Reformas Electorales (GPRE), «apoyadas por la inmensa mayoría de las fuerzas sociales y políticas” de Nicaragua. Entre esas propuestas están que se restableciera como votos para ganar una elección, que el candidato obtenga el porcentaje del 50 más 1 de los votos válidos, así como la segunda vuelta si ningún candidato obtuviese ese porcentaje.
Otros de los temas «claves» para garantizar la transparencia de las elecciones en Nicaragua, según el Grupo Pro Reformas, es que se restableciera la prohibición de la reelección presidencial, así como la candidatura del cónyuge de quien está en la Presidencia como candidato al cargo o al de vicepresidente; nuevos criterios para la elección de magistrados del CSE, eliminación de la figura del «transfuguismo» político que es el mecanismo que el sandinismo estableció para sancionar a los diputados, alcaldes u otros funcionarios electos por voto popular cuando se separa del partido político con el que fue electo.
Nada de esas exigencias fueron tomadas en cuenta por los diputados del FSLN en su propuesta, y por el contrario la reforma a la Ley 331 fortalece y hasta legaliza mecanismos para cometer fraude, que en el pasado han sido denunciados por opositores y organismos de observación electoral como Ética y Transparencia.
Policía con nuevas atribuciones de control
La Coalición Nacional considera que la iniciativa pretende imponer candidaturas por medio de inhibiciones y limitaciones de financiación, organización y movilización, “fortaleciendo el estado policial que han construido sobre la base de la suspensión de facto de los derechos constitucionales de los nicaragüenses”. La iniciativa señala que para las manifestaciones públicas los partidos o alianzas políticas deberán presentar la solicitud a la Policía con copia al Consejo Electoral indicando la hora y lugar con una semana de anticipación, quienes responderán dentro de las 48 horas siguientes a la solicitud.
“Básicamente ignoran todas las recomendaciones de la comunidad internacional, los organismos de observación nacional e internacional, la Organización de Estados Americanos (OEA) y las demandas de la población por una transición pacífica y ordenada”, señaló José Antonio Peraza, miembro del Consejo Político de la Unidad Azul y Blanco (UNAB) y uno de los trabajó la propuesta del GPRE.
Peraza coloca a esta nueva Ley Electoral en el marco jurídico represivo y excluyente del régimen de Ortega y su vicepresidenta y esposa, Rosario Murillo.
Uno de los artículos criticados es el número 81 que lleva a inhibir a candidatos bajo la Ley de Agentes Extranjeros y la Ley de Defensa de los derechos del pueblo a la independencia y la soberanía, tildadas de anticonstitucionales por las organizaciones opositoras y contrarias a los estándares internacionales por la OEA y la Unión Europea.
Kitty Monterrey, presidenta del partido Ciudadanos por la Libertad, miembro de la opositora Alianza Ciudadana, expresó en una rueda de prensa: “pensé que serían reformas cosméticas, pero aquí no hay nada cosmético, sino, más supresión a los derechos individuales, sinceramente, esto es un método de represión para todos, pero los nicaragüenses en las mayores adversidades no nos hemos rendido”.
Juan Sebastián Chamorro, precandidato presidencial, señaló en un podcast que las reformas tienen una doble intensión, eliminar la transparencia y poner las cosas más difíciles a los candidatos al retomar leyes inhibitorias para candidatos.
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“La ley manda a la policía orteguista y sancionada a autorizar las marchas, la misma policía que dijo a un opositor que no podía ejercer la política, que nos persigue y acosa por más de siete meses, que golpeó y maltrató a nuestra representante en Boaco. Vamos a tener una campaña militarizada”, señaló Chamorro.
Para el precandidato presidencial la prohibición a miles de exiliados y migrantes de financiar la campaña de su preferencia desde el exterior es un desprecio para ellos, además, permite la discrecionalidad del Consejo Supremo Electoral (CSE) del voto en el extranjero, pese a que está establecido en la Constitución y la misma ley.
PLC y Conservador preparan a sus candidatos
Este miércoles 14 de abril está previsto que el FSLN y Ortega presenten sus propuestas de candidatos a magistrados del CSE.
Mientras tanto el diputado por el Partido Liberal Constitucionalista (PLC), Jimmy Blandón, dijo a Expediente Público que esperan que la Alianza Ciudadana y la Coalición Nacional «entiendan que debemos concretar la unidad de la oposición», con el fin, aseguró, de presentar una sola propuesta de reformas electorales así como de candidatos a magistrados del CSE en el plazo de los 15 días, que establece la ley, para «poder presionar juntos a que Ortega acepte las exigencias para que hayan condiciones que garanticen verdaderamente unas votaciones creíbles».
Sin embargo, el PLC parece no estar dispuesto a ceder su cuota de poder en el CSE, ya que Blandón dijo que «por ley» les corresponden a los partidos tener magistrados. «Estamos llamando a los opositores, sin distinción, a que como opositores, no como PLC, que presentemos juntos esos candidatos para tener gente en el Consejo Supremo Electoral que vele por el respeto del voto, por un proceso transparente. Es el momento de dejar de lado los pronunciamientos en salones de hoteles y actuar ya. Tenemos 15 días, no hay más tiempo», afirmó Blandón.
Según Blandón, el bloque opositor debería tener 5 de los 10 magistrados, entre propietarios y suplentes, en el CSE. Mientras el Partido Conservado (PC) fue el primero en oficializar a su candidato a magistrado: Martín Ernesto Solórzano Alvarenga.
