*Las opositoras Alianza Ciudadana y Coalición Nacional no logran unirse y ponen en riesgo la salida electoral del régimen de Daniel Ortega en 2021 al actuar al margen del sentir popular, advierten analistas.
**Este 12 de mayo vence el plazo para que se inscriban las alianzas electorales en el Consejo Supremo Electoral. El FSLN confirmó que Ortega y Rosario Murillo son nuevamente los candidatos a presidente y vicepresidenta.
Expediente Público
A pocas horas de cerrarse el periodo de inscripción de alianzas electorales, los dos bloques opositores más importantes de Nicaragua, la Alianza Ciudadana y la Coalición Nacional, se debaten en notas de prensa y comunicados sin resultados claros en las negociaciones por una posible unidad para enfrentar al presidente sandinista Daniel Ortega en los comicios generales de noviembre de 2021.
El 10 de mayo, el gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) firmó su propia alianza política con alrededor de diez partidos y movimientos, ratificando así la Alianza Unida Nicaragua Triunfa que se inscribirá este 12 de mayo en el Consejo Supremo Electoral (CSE). Ortega y su esposa Rosario Murillo volverán a ser la fórmula presidencial del FSLN, mencionó a periodistas el diputado progobierno Wilfredo Navarro.
Día decisivo
Este 12 de mayo, la Organización de Estados Americanos (OEA) se reúne para evaluar la situación de crisis política y de derechos humanos de Nicaragua, después de emitir en octubre de 2020 una serie de recomendaciones para mejorar el proceso electoral, mismas que no fueron incluidas en las últimas reformas electorales aprobadas recientemente por la Asamblea Nacional dominada por diputados del FSLN. Se espera una nueva resolución contra el gobierno de Ortega.
Por el sistema electoral nicaragüense solo los partidos políticos inscritos un año antes o que hayan participado en las últimas elecciones pueden optar a participar en los sufragios.
La opción de los grupos opositores en las elecciones del 2021, son Ciudadanos por la Libertad (CxL) por la Alianza Cívica, y el Partido Restauración Nacional (PRD) por la Coalición Nacional, por ser los dos partidos que tienen personería jurídica. Sin embargo, a pocas horas de cumplirse el plazo impuesto por los recién nombrados magistrados del CSE, las reuniones encabezadas por ambas organizaciones han sido infructuosas por la unidad.
“Aquí solo hay oscuridad al final del túnel, no he visto luz en empresarios, sindicatos, partidos, sociedad civil ni el Gobierno. Lo que puede hacer la opinión pública es presionar a estos grupos como en otros países donde se responde a la voluntad de los electores, pero todavía estamos como en el siglo XIX tomando entre pequeñas cúpulas decisiones en nombre del país, abusando de retóricas con invocaciones pseudorreligiosas, son planteamientos insoportables”, expresó a Expediente Público Bosco Matamoros, exdiplomático y analista político.
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“Como país, no hemos superado el cortoplacismo y la miopía política, las decisiones de botepronto, pragmáticas dicen algunos ilusos. La oposición de los de a pie, en particular, resiente la política carente de horizonte y criterios de evaluación aceptables. Vamos de la ocurrencia a la dejadez con saldos negativos y letales para núcleos masivos de población”, escribió en sus redes sociales el sociólogo Óscar René Vargas.
El CSE afín al gobierno sandinista tras convocar a las elecciones nacionales dejó un plazo de seis días que concluyen este 12 de mayo para inscribir alianzas electorales, conociendo las diferencias entre los principales bloques opositores, uno de tendencia conservadora y afín al empresariado y el otro que agrupa particularmente a movimientos sociales.
Los temas de conflicto
Al iniciar las conversaciones, la Coalición Nacional por medio del PRD aceptó inscribir la alianza en la casilla electoral de CxL, pero exigieron la mitad de los candidatos a diputados, la inclusión de sus precandidatos presidenciales y un nuevo representante legal, lo cual resultó inaceptable para la contraparte.
Óscar Sobalvarro, vicepresidente de CxL, indicó a los medios la tarde del 11 de mayo que los puntos en desacuerdo que se dan con el PRD se deben a que por falta de tiempo no pueden convocar a una asamblea para ceder la representación legal como marcan sus estatutos, se debió hacer una convocatoria con 15 días de anticipación. Sin embargo, propusieron crear una comisión de trabajo con el representante legal para que vele por los temas comunes a ambos bloques.
En cuanto a la distribución de diputaciones, Sobalvarro dijo que la “Coalición se preparó para asaltar a este partido, porque ni siquiera han discutido a lo interno (las candidaturas)” y la población ve muy mal hablar de este tema en estos momentos, a pesar de eso, propusieron un mecanismo acorde a la representatividad de cada fuerza en cada parte del país, mientras que, para la reapertura del proceso de selección del candidato presidencial, estaban dispuestos, pero solo si los actuales inscritos en CxL estaban dispuestos a aceptar a los nominados de la Coalición.
Horas antes, Saturnino Cerrato, presidente del PRD, informó que su partido “está en la mejor disposición, cedemos a que se discuta con posterioridad el tema de las listas de diputados. Señora (Kitty) Monterrey (presidenta de CxL) todavía estamos a tiempo”, fue el llamado del representante de la Coalición para alcanzar la unidad de la oposición nicaragüense.
Cerrato afirmó que “no hay voluntad política” en los miembros de Ciudadanos por la Libertad, a los que acusó de tener “una actitud de arrogancia, como que nosotros somos inferiores, (dicen) vengan únase a nosotros, vamos con la representación nuestra, vamos con nuestra casilla, todo eso es nuestro y entonces esa actitud no ayuda para poder hacer una verdadera unidad”.
A lo interno, una fuente de la Coalición afirmó a Expediente Público que la Alianza Cívica “no quiere comprometerse a procesos democráticos para elegir diputaciones. No quiere un acuerdo entre iguales sino la liquidación de la Coalición Nacional. Por eso han insistido en ofrecer a todos algo intangible y que luego les retiran y está obsesionado de dejar totalmente fuera a la UNAB”.
La Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB) es integrante de la Coalición y consta de decenas de organizaciones sociales agrupadas tras las protestas antigubernamentales en abril del 2018. En la Coalición Nacional también está el Movimiento Campesino y Fuerza Democrática Nicaragüense (FDN).
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Dennis Martínez, expelotero nicaragüense de grandes ligas, es parte de la Comisión de Buena Voluntad que junto a los políticos Carlos Tünnermann y Fabio Gadea, han mediado para conseguir el entendimiento entre los diferentes grupos adversarios al gobierno, aunque sin resultados positivos.
Martínez ha estado inmerso en las tensas negociaciones durante dos días, y al final de este martes la Comisión de Buena Voluntad hizo un llamado urgente a los opositores en deponer las diferencias “para lograr un cambio histórico, o para extender el sufrimiento de Nicaragua”.
“Llamamos al partido CxL en representación de la Alianza Ciudadana, y al PRD en representación de la Coalición Nacional atiendan la exigencia ciudadana de unirse y suscribir una alianza electoral sin exclusión, donde no queden por fuera aspirantes a la presidencia, organizaciones opositoras, pero especialmente no quede afuera la voluntad de la ciudadanía que se movilizó en 2018 enarbolando únicamente la bandera de nuestro país”, pidió la Comisión de Buena Voluntad la noche del martes en un comunicado.
Dan ventaja a Ortega
El fantasma de la división de estos dos bloques opositores ocurre porque en 2006, Ortega retornó al poder sin mayoría absoluta, con su techo de votantes de 38%, mientras los adversarios de entonces, el Partido Liberal Constitucionalista (PLC) y la Alianza Liberal Nicaragüense (ALN) se dividieron el 26 y 29% de los votos, respectivamente.
CxL es el heredero político de ALN, ya que fue creado por los mismos dirigentes y las bases luego que en 2008 la representación legal de la Alianza Liberal Nicaragüense se la quitaran a Eduardo Montealegre, hasta entonces considerado uno de los principales líderes de la oposición. A Montealegre también lo despojaron del Partido Liberal Independiente (PLI), en 2016 por parte de la Corte Suprema de Justicia y el CSE, instituciones controladas por magistrados sandinistas mayoritariamente. Ciudadanos por la Libertad (CxL) logró la personería jurídica en 2017.
“Todo indica que las elecciones (de 2021) se van a asemejar a la elección del 2006 y no a la de 1990 o 1996, ya que el gran capital está a favor de una salida de orteguismo con Ortega u orteguismo sin Ortega, que representa garantías para obtener ganancias extraordinarias, beneficios como exoneraciones de impuestos que son mil millones de dólares anuales, es la zanahoria que quieren conservar”, dice el sociólogo Óscar René Vargas.
El también analista Vargas considera que en el escenario de una oposición dividida Ortega puede ganar, pero un orteguismo sin Ortega tiene como alternativa a “Arturo Cruz que representa esa salida y lo mismo CxL”, es decir, que no habrá cambios en el sistema político ni en el modelo económico de Nicaragua.
Arturo Cruz, exembajador del gobierno sandinista en Estados Unidos (2007-2009) es uno de los once precandidatos opositores, que compite por ser el que represente a la Alianza Ciudadana en las elecciones de noviembre próximo.
“La deserción de la oposición formal de articular un espacio político en las plazas, rotondas, calles y su repliegue a las zonas de confort de los hoteles, ha conducido a una preocupante desmovilización del movimiento popular, además asociada a su incapacidad marcar mínimamente la agenda política nacional”, describió Vargas.
El sociólogo también explica que el régimen de Ortega ha implementado la “estrategia de los cuatro cuartos”, es decir, “un cuarto basado en el discurso de la dictadura autoritaria que quiere permanecer en el poder a cualquier costo; un cuarto apoyado por la clase dominante que desean seguir beneficiándose del capitalismo de “amiguetes”.
Un tercer, dice el analista, es el sustentado en la paranoia conspiranoica del golpe de Estado para justificar la represión permanente de parte de la Policía, Ejército y paramilitares, y un cuarto en la división de la oposición promovida y apoyada por el partido CxL, aderezado con la complicidad de los partidos comparsas (PLC, PLI, APRE, ALN, PC) que sobreviven como sostenedores del decadente régimen” de Ortega en Nicaragua.
La teoría del voto útil
Para el analista Matamoros, no hay una respuesta positiva de la oposición a las demandas de la población ni de la comunidad internacional de articularse para darle confianza al electorado, esto revela “una crisis integral no solo de Ortega, sino, de la oposición”.
La última encuesta electoral de febrero 2021 indica que 62% de los nicaragüenses no tienen simpatía por ningún partido político. La Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB), miembro de la Coalición Nacional obtuvo un 4% de preferencia; Ciudadanos por la Libertad, 3% y el Partido Liberal Constitucionalista (PLC) aliado del FSLN, 2%. Pese a esto, el FSLN solo tiene el 25% de simpatías partidarias, por lo cual, los opositores confían en un voto antisandinista.
Arturo Cruz, exembajador de Ortega en Washington y precandidato presidencial por la Alianza Ciudadana, fue el único de los once aspirantes en brindar declaraciones a periodistas, este 11 de mayo, adelantando que no habría unidad con la Coalición y explicó su tesis del “voto útil”, es decir, el voto en cascada del electorado antisandinista por una sola opción política como ocurrió en 1990 y 1996, en este caso a favor de CxL.
Matamoros considera que “no estamos en 1990 ni en el 2006, pero sí más cerca de una situación desastrosa para el país, en el 2006 teníamos el requisito de 35% con un margen de cinco por ciento sobre la segunda fuerza, pero ahora no tenemos eso, cualquier puede ganar con 20% de votos”.
“En 1990 no teníamos la carta democrática ni la Ley Renacer a ser promulgada por el congreso de continuar este proceso hecho a la medida del FSLN, esto llevaría a una serie de exclusiones y sanciones no solo a individuos, sino, a entidades del gobierno, excluiría al país del acceso al sistema financiero, con un enorme riesgo en el aspecto comercial como son el DR-Cafta y el acuerdo con la Unión Europea”.
La Ley Renacer (Reinforcing Nicaragua’s Adherence to Conditions for Electoral Reform, en inglés) es una iniciativa de senadores demócratas y republicanos en el Congreso de Estados Unidos, que busca ampliar las sanciones a personas que “directa o indirectamente obstruyan el establecimiento de las condiciones necesarias para la realización de elecciones libres, justas y transparentes en Nicaragua”.
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Perspectivas negativas
El analista Bosco Matamoros criticó la “ingenuidad o negligencia” de hacer de las negociaciones de los grupos opositores un fenómeno de las redes sociales, cuando estos procesos se dan a puerta cerrada y luego se informa a la opinión pública, así se hizo en Sapoá en los años 80 para convocar a elecciones y terminar la guerra civil en Nicaragua, lo mismo ocurre entre Palestina e Israel, o pasó entre Turquía y Grecia.
Se comete el mismo error de hacer pública una negociación como ocurrió en con el diálogo nacional que intentó poner fin a la crisis sociopolítica en el 2018, expresa Matamoros y agrega una crítica directa a los dirigentes de la Coalición: “Se comenzó a hablar de distribución de cargos, cuando se debió acordar una metodología, un procedimiento para la siguiente etapa para la elección de candidatos a diputados o la Presidencia, un método uniforme para ambas partes, pero decidir arbitrariamente una cantidad es como repartirse el Estado. Matemática y políticamente cualquiera de las dos entidades puede obtener una respuesta positiva o de apoyo de la opinión pública más allá de esa distribución”.
“Lo primero que salió a discusión fue asegurarse el salario por cinco años” y además, “indiscutiblemente, la percepción es que continuamos ejerciendo política como en el pasado cuando se habla retóricamente de una nueva forma de hacer política. No hay una sintonía entre la clase política y lo que se espera de parte de la comunidad internacional y la nación”, manifestó Matamoros.
Además, la posición de la Coalición Nacional se vio debilitada el 4 de mayo cuando el diputado Brooklyn Rivera, líder del partido regional aliado Yapti Tasba Masraka Nanih Aslatakanka (Yatama, del miskito hijos de la madre tierras), votó a favor de la reelección del magistrado sandinista sancionado por la comunidad internacional, Lumberto Campbell.
Este martes, oficialmente Rivera fue expulsado de la Coalición donde se mantiene suspendido al partido Yatama.
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Por otra parte, Matamoros señaló que la reacción de Washington y la Unión Europea a las reformas electorales del sandinismo podría inducir a la oposición a no continuar hacer política de manera tradicional, mientras tanto el gobierno debe darse cuenta que el camino a la sobrevivencia como opción política no es el que está tomando.
“Las elecciones ya están inhibidas por la comunidad internacional, todo el proceso está viciado”. Sin embargo, “no creo en milagros que por equivocación haya una respuesta positiva a lo que ahora hemos visto que han planteado los actores políticos de la oposición”, sostuvo el analista.
