*El Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) aprobó una tercera resolución en la que insisten en que cese la represión en Nicaragua.
**Se alertó de que las reformas electorales son «esenciales» para asegurar elecciones transparentes en noviembre del 2021.
Expediente Público
En la nueva y tercera resolución que aprobó el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU), se insistió al gobierno de Daniel Ortega a cesar «las tácticas de represión», pero además el organismo afirmó que las “reformas electorales en Nicaragua son esenciales” para una solución pacífica y democrática de la crisis sociopolítica que vive el país desde abril de 2018.
Con 20 votos a favor de igual número de países miembros del Consejo, se aprobó y adoptó la nueva resolución contra Nicaragua en la que exhorta al gobierno de Ortega y Rosario Murillo, el cierre de sus nuevas tácticas de represión, cese inmediato de amenazas, violación a los derechos humanos de la comunidad nicaragüense y liberación de personas presas políticas.
La resolución “condena” los actos de intimidación, represalias contra grupos opositores, organizaciones sociales, periodistas. Nuevamente se expresó preocupación” por los violentos ataques de la Policía de Nicaragua y grupos de choque a la población civil, que desde abril de 2018 han dejado al menos 326 muertos, según monitoreo de organismos internacionales.
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El Consejo de la ONU, expresó su decepción “por la falta de progresos del Gobierno” nicaragüense en asegurar las reformas electorales e institucionales que “garantizarían elecciones libres, justas y transparentes”, previstas a realizarse el 7 de noviembre próximo.
«Derogue o modifique la legislación que pueda restringir indebidamente los derechos de las libertades de expresión y de asociación, a la vida privada y a participar en la dirección de los asuntos públicos», precisa la resolución del Naciones Unidas. Esto en referencia a cuatro leyes: Regulación de Agentes Extranjeros, la Defensa de los Derechos y la Paz, la de Ciberdelitos, así como la reforma constitucional y penal, estas últimas establecen la prisión perpetua por «crímenes de odio», como criminalizó el Gobierno las protestas sociales.
Tres años de abusos e impunidad
La votación a la resolución “Promoción y Protección de los derechos humanos en Nicaragua”, propuesta por 8 países latinoamericanos que integran el grupo COREM (Costa Rica, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Brasil, y Paraguay), se llevó a cabo este martes 23 de marzo en Ginebra, Suiza, en el marco del 46 período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
La nueva resolución acoge las recomendaciones de la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh), Michelle Bachelet, reforzando su mandato hasta marzo de 2022 para que mantenga el monitoreo y seguimiento ante los abusos de derechos humanos por el gobierno de Ortega, sumando actualizaciones entre junio y septiembre de cara al proceso electoral en noviembre de 2021.
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“Han pasado casi tres años desde que inició una de las más graves crisis sociopolítica y de derechos humanos en América Latina, desde entonces este Consejo mediante ha comprobado de primera mano el deterioro progresivo de la situación de derechos humanos en Nicaragua, situación que se ha visto exacerbada por la pandemia del Covid-19 y la ocurrencia de desastres naturales”, dijo la representante colombiana Alicia Victoria Arango, al proponer la resolución.
En la votación 18 países se abstuvieron y 8 votaron en contra. Venezuela, Cuba, China, Bolivia y Rusia son de los que se opusieron a apoyar la resolución del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en la que insisten al al gobierno de Ortega garantizar justicia para las víctimas de los crímenes de lesa humanidad en el contexto de protestas de 2018, que han sido documentados por la ONU.
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El momento de rendición de cuentas es ahora
Desde 2019 han sido aprobados 3 proyectos de resolución sobre la Protección y Promoción de los Derechos Humanos para Nicaragua por parte de Naciones Unidas. El 21 de Marzo de 2019 se aprobó la primera con 8 resoluciones, la segunda fue aprobada el 19 junio de 2020 con 13 resoluciones.
En un comunicado emitido este martes 23 de marzo por el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) y la Federación Internacional de Derechos Humanos, (FIDH), reiteraron la necesidad de que se deje entrar a Nicaragua a las misiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y de la Oacnudh, que fueron expulsados en diciembre del 2018 por el presidente Ortega en reacción a los informes en que ambos organismos internacionales documentaron los crímenes de la Policía y paramilitares contra la población que participó en las protestas sociales.
Vilma Núñez, presidenta del Cenidh, expresó que “esta nueva resolución del Consejo de Derechos Humanos recoge el trabajo permanente de las organizaciones de derechos humanos nicaragüenses que han denunciado las graves violaciones de derechos humanos y han acompañado a las víctimas de la represión. La represión en el país continúa, pero ante ella, la lucha de la sociedad civil se mantiene hasta lograr justicia y una Nicaragua libre y en paz”.
“Con esta resolución se reafirma el precedente por parte de la comunidad internacional, de acompañar y expresar su solidaridad con las organizaciones de derechos humanos y la población nicaragüense”, afirma el comunicado del Cenidh.
La Misión de los Estados Unidos (EE.UU.) ante las Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales en Ginebra, expresó respaldo en que el foro siga colocando las violaciones de derechos humanos, los claros obstáculos a la democracia, la represión de los medios de comunicación y centra la atención en los cambios necesarios para las elecciones legítimas de noviembre, porque “el momento de la rendición de cuentas en Nicaragua es ahora”.
Otras instancias internacional que se pronunciaron en apoyo de la posición de la ONU, fue la Red Internacional de Derechos Humanos (RIDH), sobre todo en la necesidad de que en Nicaragua, Ortega acceda a poner en marcha reformas electorales que garanticen elecciones libres, justas, transparentes, y representativas de acuerdo con los estándares mundiales para que el resultado de los comicios de noviembre tengan legitimidad.
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ONG en constante denuncia
Un día antes de haber sido aprobada la tercera resolución para Nicaragua, 15 organizaciones de la Sociedad Civil enviaron una carta en la que exigían al CDH la renovación y refuerzo al mandato de la Oacnudh, con la aprobación del proyecto de resolución 46/L8.
En la solicitud, señalan que desde 2018, “el país se encuentra sumido en la peor crisis socio política y de derechos humanos registrada en las últimas tres décadas , la cual ha dejado más de 300 muertos, 2,000 heridos y cientos de personas detenidas arbitrariamente y procesadas penalmente” hasta la fecha, además de la contínua represión contra personas defensoras de derechos humanos, periodistas, medios independientes, mujeres, personas LGBTI, indígenas y afrodescendientes.
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Luego de la aprobación, la Red Internacional de Derechos Humanos, ante la falta de reformas para garantizar elecciones libres justas y transparentes, anunció que la Alta Comisionada Michelle Bachelet, continuará su monitoreo de cerca la situación de Derechos Humanos, durante el proceso electoral y antes de la clausura de 2021, presentará ante la ONU un nuevo informe de recomendaciones.
“En el último informe de la Alta Comisionada de la Naciones Unidas para los Derechos Humanos presentado a instancias de esta cuadragésima sexta sesión da cuenta de las violaciones de derechos humanos que se siguen cometiendo en Nicaragua. Este informe también refleja el silencio y la nula cooperación con los mecanismos de derechos humanos y el inexistente diálogo político por parte de quienes controlan desde hace más de 14 años el Estado Nicaragüense”, señaló la diplomática Arango durante la introducción a la sesión.
En septiembre de 2020, Bachelet aseguró que “no se ha observado progreso de la situación de derechos humanos ni muestras del Gobierno para abordar constructivamente las tensiones y problemas estructurales que desencadenaron en la crisis sociopolítica en abril de 2018 lo que ha dado lugar a la perpetuación de la impunidad y nuevas violaciones”.
