*El Grupo de Expertos en Derechos Humanos de la ONU sobre Nicaragua en un informe anterior concluyó que el régimen de Daniel Ortega cometió crímenes de lesa humanidad y ahora deberá identificar las responsabilidades de los mandos en estos hechos.
**Régimen de China defendió a su aliado Daniel Ortega al descalificar los reportes de los organismos internacionales porque «no reflejan la realidad» de Nicaragua. Bolivia y Honduras se abstuvieron en la votación.
Expediente Público
Las violaciones a los derechos humanos de los nicaragüenses continuarán siendo investigadas y documentadas por el Grupo de Expertos en DD.HH. sobre Nicaragua (GHREN por sus siglas en inglés), después que el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) renovara este lunes 3 de abril su mandato por dos años más.
La renovación del mandato también se extiende a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH).
Recientemente, en su informe conclusivo el GHREN concluyó que el régimen de Daniel Ortega cometió crímenes de lesa humanidad en contra de la población nicaragüense en el contexto de las protestas antigubernamentales iniciadas en abril del 2018.
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Honduras calla otra vez
Los países que votaron a favor fueron Costa Rica, Chile, Argentina, Bélgica, República Checa, Finlandia, Francia, Gambia, Georgia, Alemania, Ucrania, Rumania, Montenegro, Lituania, México, Marruecos, Malawi, Estados Unidos, Paraguay, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y Luxemburgo.
Los regímenes de China y Cuba, junto a Algeria, Eritrea y Vietnam, fueron los países que votaron en contra de la aprobación del mandato.
En tanto, Honduras y Bolivia fueron parte del grupo de 21 de países que se abstuvieron. En las votaciones anteriores, ambos países habían votado en contra de la aprobación del mandato.
La representación de China ante el Consejo de Derechos Humanos en la ONU, salió en defensa de su aliado Ortega, pidiendo “respeto a la integridad política y territorial de Nicaragua”; e instó a que sea «el mismo país quien juzgue su destino».
China defiende a Ortega
El delegado de China, Wang Nian, aseguró que el reporte presentado en la sesión «no refleja la realidad y logros en la promoción de los derechos humano ha hecho el gobierno de Nicaragua».
Wang Nian intentó descalificar los reportes del Grupo de Expertos de Naciones Unidas diciendo que “no habla de las medidas coercitivas unilaterales impuestas por algunos países que priva del goce de los derechos humanos de los nicaragüenses”. Esto en referencia a las sanciones impuestas por Estados Unidos, la Unión Europea, Canadá, Reino Unido y Suiza de manera individual a funcionarios y miembros de la familia del régimen de Ortega y Murillo por el deterioro de la democracia como por los abusos a los derechos humanos.
Las sanciones también han alcanzado a la Policía como brazo ejecutor de la represión, a empresas de la familia de Ortega y a una entidad estatal, Eniminas que se le vinculó con actos de corrupción en la exportación de oro.
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En Nicaragua todo está peor
“Desde la aprobación de la anterior resolución sobre el tema, la situación de los derechos humanos en Nicaragua no ha mejorado, por el contrario, continúa deteriorándose”, alertó el embajador de Ecuador, Cristian Espinosa Cañizares.
El informe “Promoción y protección de los derechos humanos en Nicaragua», que fue aprobado en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, fue presentado por los gobiernos de Costa Rica, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay y Perú aunque tuvo el copatrocinio de 58 Estados.
El embajador Espinosa Cañizares expuso que “preocupa la retirada de la nacionalidad y las deportaciones” de más de 300 nicaragüenses opositores desde febrero del 2023, porque son muestras del “deterioro de la democracia” en el país centroamericano. Además, llamó la atención sobre «la situación de los derechos humanos de los pueblos indígenas y afrodescendientes” en esa nación.
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Comunidad internacional debe actuar
La resolución instó al régimen de Ortega y Murillo a “cesar las detenciones arbitrarias” así como a derogar o modificar las leyes que restricciones a los derechos humanos”, “combata la impunidad e inste la rendición de cuentas y el acceso a la justifica y reparación para las víctimas”.
Más de 300 nicaragüenses murieron en el contexto de las protestas en 2018 siendo la Policía, bajo órdenes de Ortega y Murillo, la principal responsable de los crímenes junto a grupos paramilitares, de acuerdo a informes de los organismos internacionales.
“La comunidad internacional y este Consejo (de la ONU) no pueden permanecer impasibles ante la situación de los derechos humanos en Nicaragua, por lo que resulta crucial continuar la atención a la misma a través de todas las medidas a nuestro alcance”, afirmó.
Régimen se siente agredido
Por su parte, la representante de Nicaragua ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, Verónica Sánchez, calificó de «ofensivos» los reportes de la Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos, ya que para el régimen «se presentan de forma injusta, irreal e inconsecuente».
«Este tipo de resoluciones se constituyen en agresiones unilaterales con la única finalidad de lesionar nuestra soberanía e independencia por lo que exigimos que este organismo aplique en todas sus actuaciones, el principio de no intervención, de un trato igual para todos los estados», señaló.
El régimen Ortega Murillo a través de su representante aseguró que los reportes están hechos con «información distorsionada, carentes de objetividad, sesgo político y que proviene de adversarios al gobierno por lo que muestran su rechazo e inadmisibilidad».
Michèle Taylor, delegada de Estados Unidos, reiteró la urgencia de la restauración de las libertades civiles y democráticas en Nicaragua, y reanudó su compromiso de apoyo a los ciudadanos de ese país.
Además, se refirió al destierro de 222 excarcelados políticos y aseguró que, aunque celebran la liberación de los mismos, el despojo de su nacionalidad es deplorable. «Esto, los aleja de la democracia que se merecen», afirmó Taylor.
