*Grupo de Expertos de Derechos Humanos para Nicaragua de Naciones Unidas presentó este 2 de marzo su informe concluyendo que hay base jurídica para «iniciar acciones legales» por crímenes de lesa humanidad en el ámbito internacional.
Expediente Público
La Policía Nacional y grupos armados progubernamentales de Nicaragua de forma coordinada con el régimen de Daniel Ortega y su esposa, Rosario Murillo «cometieron delitos de lesa humanidad» con ejecuciones extrajudiciales, tortura y detenciones ilegales en 2018, denunció un informe presentado hoy en Ginebra, Suiza, de un grupo de expertos independientes de la Organización de Naciones Unidas.
El informe pide que «se impongan sanciones a las instituciones o personas involucradas» en las ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, tortura, privación arbitraria de la nacionalidad y del derecho a permanecer en el propio país.
A inicios de febrero el régimen de Ortega expulsó de su propio país a 222 presos políticos que estuvieron hasta tres años ilegalmente detenidas y a quienes se les quitó la nacionalidad junto a otras 94 personas, cuyos bienes incluso fueron confiscados.
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El informe señala que Ortega «está cometiendo violaciones generalizadas de derechos humanos que constituyen crímenes de lesa humanidad contra civiles motivados por razones políticas».
Hay base para juicio internacional
El experto Jan Simon dijo que «estas violaciones y abusos se perpetran de manera generalizada y sistemática por motivos políticos y constituyen crímenes de lesa humanidad de asesinatos, encarcelamiento, tortura incluida la violencia sexual, deportación y persecución por motivos políticos».
Después de abril de 2018 cuando iniciaron masivas protestas sociales en contra del régimen de Ortega, grupos paramilitares apoyados por policías y miembros del Ejército, reprimieron con dureza las marchas dejando al menos 355 muertos, la mayoría civiles, según organismos de derechos humanos.
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El grupo recomendó «iniciar acciones legales» contra los abusos y crímenes documentados conforme la legislación interna de Nicaragua así como ampliar sanciones contra individuos e instituciones que hayan cometido crímenes en el derecho internacional».
Uso de armas letales
El Grupo de Expertos constató el “uso consistente de armas de fuego por la Policía”, que se constituyó como brazo represor del régimen desde el 19 de abril de 2018.
Se comprobó el uso de armas cortas, escopetas, fusiles de asalto, fusiles de francotirador y ametralladoras para reprimir las protestas y se usaron “tácticas de combate” que conllevaron a la muerte de manifestantes, señalaron en el informe.
El GHREN investigó 40 muertes que ocurrieron el contexto de las protestas y concluyó que en todos los casos se cometieron “ejecuciones extrajudiciales”.
Ejecuciones extrajudiciales
En Nicaragua se siguen cometiendo detenciones arbitrarias, tortura, despojo de la nacionalidad de forma arbitraria y violaciones del derecho de los ciudadanos a quedarse en el país, denunció Jan-Michael Simon, presidente del GHREN.
“No son casos aislados sino el producto de un desmantelamiento deliberado de instituciones democráticas y la destrucción de un espacio cívico (.) Agentes de policía y del Sistema Penitenciario Nacional y miembros de grupos armados pro gobierno cometieron actos de torturas física y psicológica, incluyendo violencia de género y sexual en el contexto de interrogación y detención a opositores”, denunció Simon.
El 31 de marzo de 2022, el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas otorgó al Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua el mandato de emprender investigaciones exhaustivas e independientes de todos los presuntos abusos y violaciones de los derechos humanos cometidos en Nicaragua desde abril de 2018.
Investigan participación del Ejército
Aunque el informe presentado este 2 de marzo en Ginebra no establece de manera directa la participación del Ejército de Nicaragua en los crímenes de lesa humanidad, la abogada colombiana, Ángela María Buitrago, miembro del GHREN, destacó en la conferencia de prensa, que existe una “investigación lateral” para determinar su participación en los crímenes de lesa humanidad.
“Creemos que este es un sistema que se ha hecho definitivamente de manera planeada para que las instituciones presten un servicio en torno al poder, a la manutención del poder y obviamente a ese control que se quiere ejercer en Nicaragua por parte del presidente y por parte de las estructuras que se construyeron para ello”, añadió Buitrago.
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La experta agregó que existe, por ahora, “evidencia y prueba” sobre la participación de la policía con grupos progobierno en las ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias e incluso de las acciones violentas contra la población Nicaragua.
El 10 de enero de 2022, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, señaló que el Ejército nicaragüense no solo se negó a ordenar el desarme y el desmantelamiento de las fuerzas paramilitares o parapoliciales durante y con posterioridad a las revueltas políticas ocurridas en 2018, sino que, además, las evidencias indican que también “entregó armas a los grupos parapoliciales que perpetraron actos de violencia contra los nicaragüenses”.
Régimen obstruye investigación
Simon confirmó que a lo largo de la investigación el GHREN no obtuvo ninguna comunicación por parte del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo y más bien “el gobierno obstruyó esta investigación”.
“No obtuvimos respuesta de ninguna de estas solicitudes, no se nos dio acceso para visitar el territorio de Nicaragua (.) El informe se compartió con las autoridades antes de su publicación el 22 de febrero y tampoco tuvimos comentarios o respuesta”, refirió el presidente del Grupo.
Se constató, según el GHREN, que las autoridades “obstruyeron el esclarecimiento de las circunstancias de las muertes en casos de ejecuciones extrajudiciales”.
“La población de Nicaragua vive aterrorizada y tiene miedo (.) El aparato del Estado se ha utilizado como arma para perseguir a la población”, señaló Simon.
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Acciones legales contra crímenes de lesa humanidad
Ángela María Buitrago, miembro del GHREN, explicó que existen dos vías para castigar a los responsables de los crímenes cometidos en Nicaragua, la primera a través del ejercicio de la jurisdicción universal, que significa que “cualquier país puede realizar la investigación con respecto a estos hechos”.
La segunda vía, para iniciar la persecución penal, puede hacerse a través de las acciones legales que impulsen víctimas que tienen doble nacionalidad.
“Tiene que ver en el tema de investigación por pasiva (.) Tenemos casos en donde hay personas que tienen la doble nacionalidad y que fueron objeto de estas graves violaciones que puede ser activada por sus propios países, hemos visto que hay personas que pertenecen a Francia, a Estados Unidos y a otras nacionalidades que podrían ejercer esa acción”, dijo Buitrago.
Buitrago destacó que el proceso de investigación penal que inició Argentina en contra de Daniel Ortega y Rosario Murillo sobre crímenes de lesa humanidad es un ejemplo de lo que puede hacerse para llevar al ejercicio de la acción penal estos hechos.
“Ya tenemos un primer intento en la jurisdicción Argentina para la investigación y juzgamiento de estos crímenes, así que, las vías como lo pueden ver son múltiples y sobre esos supuestos hacemos un llamado a la comunidad internacional frente a esa obligación que hay de evitar esta clase de crímenes de ejercer sus correspondiente jurisdicciones”, afirmó Buitrago.
