*Presión internacional resulta insuficiente para revitalizar un proceso electoral a cuatro meses de los comicios generales en Nicaragua, afirmó la expresidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla.
**CIDH y OACNUDH urgen poner fin a las detenciones arbitrarias y a liberar a todas las personas detenidas desde el inicio de la crisis social, política y de derechos humanos.
Expediente Público
Hasta abril de este año más de 108 mil nicaragüenses han abandonado el país desde el inicio de la crisis en 2018, pero este fenómeno representa solo una de las principales consecuencias de la deteriorada situación de gobernabilidad que enfrenta Nicaragua, según el director del Centro de Migración y Estabilización Económica, Manuel Orozco, durante el panel “Ola de represión en Nicaragua: ¿qué sigue?” organizado este 9 de julio por Diálogo Interamericano, grupo de expertos dedicado a temas del hemisferio occidental.
“La migración es quizás una de las cuatro principales consecuencias de esta crisis política originada por el régimen nicaragüense […] en 2017, más o menos había 650 mil nicaragüenses viviendo en el exterior, hoy estamos hablando de 800 mil”, expresó Orozco durante el diálogo en el que también participó la expresidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla y el periodista nicaragüense en el exilio, Carlos Fernando Chamorro.
Diálogo Interamericano reunió a los panelistas para discutir la ola de represión “implacable y sin precedentes” ejecutada por Daniel Ortega y su vicepresidenta Rosario Murillo, contra la oposición desde finales de mayo que ha implicado la detención de 25 líderes opositores entre ellos seis precandidatos a la presidencia.
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Además, debatieron cómo el país centroamericano en medio de un contexto electoral en deterioro y con tres años de crisis sociopolítica acumulados, contribuye a una crisis migratoria en repunte a países como Estados Unidos, Costa Rica y Panamá.
Las condenas no son suficientes
La expresidenta Chinchilla expuso durante el evento que las condenas de la comunidad internacional son importantes, así como la reciente resolución aprobada por el Parlamento Europeo en la que se pidió nuevas sanciones al régimen sandinista, que ha hecho eco en los países centroamericanos para que reaccionen, sin embargo, deben adoptar medidas más fuertes, afirmó.
“Las declaraciones internacionales condenando al régimen están bien, pero debemos entender que no son suficientes […]”, reafirmó Chinchilla.
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El director del medio de comunicación Confidencial, confiscado en 2018 por el gobierno, Carlos Fernando Chamorro, hermano de la precandidata a la presidencia y presa política Cristiana Chamorro, consideró que “en el corazón de la sociedad nicaragüense hay una exigencia de que esta vez no haya amnistía, que no haya impunidad, que hay una necesidad de reconstruir el país en base a la justicia, basada en la verdad.”
Alertan sobre posible fraude electoral
Una de las medidas sugeridas para presionar a Ortega a que cese la represión y respete los derechos humanos, fue la aplicación de la Nica Act por parte de Estado Unidos, para supervisar los recursos que organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional (FMI) le han dado a Nicaragua, según el politólogo Orozco.
Sin embargo, resaltó que la sensación de pérdida de confianza electoral en la población nicaragüense es otra de las mayores consecuencias de toda la crisis que permanece en el país centroamericano. “Los nicaragüenses tienden a votar en gran número y ahora, aunque creen que si hubiera elecciones libres y justas la oposición derrotaría al régimen, la mayoría está convencida de que habrá fraude electoral”, afirmó Orozco.
La Nicaragua Investment Conditionality Act (Ley de Condicionamientos a las Inversiones en Nicaragua, Nica Act), fue aprobada a finales del 2018 por el gobierno de Estados Unidos, y ha permitido duras sanciones contra más de 25 funcionarios del régimen sandinista acusados de violación de derechos humanos y corrupción, entre ellos el Jefe del Ejército, general Julio César Avilés, el Jefe de la Policía Francisco Javier Díaz y la vicepresidenta Murillo.
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Para el periodista Chamorro, entre los factores que caracterizan esta ola represiva contra la oposición, los medios de comunicación independientes y las organizaciones sociales está la eliminación de la competición electoral para noviembre del 2021. “Estamos ante una radicalización del proceso político […] y creo que las cosas se podrían poner mucho peor en los próximos meses como respuesta del régimen ante cualquier decisión que tomé la Comunidad internacional”, afirmó.
Condena de nuevas detenciones
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) junto a la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh) también emitieron este viernes 9 de julio, un comunicado de urgencia llamando al gobierno de Nicaragua a cesar las detenciones arbitrarias y liberar a los más de 130 presas y presos políticos actuales.
La CIDH señaló que a ninguno de los líderes opositores detenidos, las autoridades de la Policía y los jueces les han permitido tener contacto con su familia ni con la representación legal de su elección. Varios de los opositores arrestados son beneficiarios de medidas cautelares por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, entre ellos el líder estudiantil Lesther Alemán y Freddy Navas, dirigente del Movimiento Campesino. Las medidas cautelares son un mecanismo de protección de la CIDH, que solicita a un Estado que proteja a una o más personas que estén en una situación grave y urgente de sufrir un daño irreparable. El régimen de Ortega se ha negado a cumplir este compromiso internacional y prohibió, desde finales del 2018, el ingreso a Nicaragua de misiones de Naciones Unidas y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
“La Comisión y la Oficina de la Alta Comisionada hacen un llamado urgente a la comunidad internacional a redoblar sus esfuerzos para promover el término de las violaciones a los derechos humanos en Nicaragua”, finalizó el comunicado.
De acuerdo a los comunicados de la Policía y la Fiscalía nicaragüense, las detenciones de dirigentes opositores, estudiantes, campesinos, periodistas y empresarios se habrían producido por delitos presuntamente cometidos en 2018, así como con el fin de investigar violaciones de la Ley 1055 de “Defensa de los Derechos del pueblo a la Independencia, la Soberanía y Autodeterminación para la Paz”, por pedir sanciones a la comunidad internacional contra la administración de Ortega y a altos funcionarios. Para la Oacnudh y la CIDH las acusaciones son de «tipos penales ambiguos».
