* La Organización de Estados Americanos aprueba una resolución aplicando la Carta Democrática, para solicitar la visita urgente a Guatemala de una delegación del Consejo Permanente. Reiteran amenaza de un golpe de Estado contra el presidente electo Bernardo Arévalo.
** Se contempla convocar a reunión de consulta a los ministros de Relaciones Exteriores de los Estados de la OEA.
Luisa Laguardia / Expediente Público
El Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) aprobó este 12 de diciembre una resolución en la que invocan artículos de la Carta Democrática Interamericana ante la grave crisis democrática en Guatemala, que ponen en riesgo la transición presidencial y legislativa.
Uno de los puntos centrales de la resolución es solicitar “con urgencia el consentimiento del Gobierno de Guatemala para recibir una visita de buenos oficios del Consejo Permanente cuanto antes, invocando el artículo 18 de la Carta Democrática Interamericana”.
Según la Constitución guatemalteca, el 14 de enero de 2024 el presidente Alejandro Giammattei deberá entregar el poder al mandatario electo Bernardo Arévalo.
Sin embargo, existen procesos judiciales contra diversos electos, incluyendo Arévalo y su vicepresidenta Karin Herrera. Además, hay acciones contra diputados electos y reelectos del Movimiento Semilla, que ganó las elecciones.
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Del mismo modo, la Fiscalía y jueces activaron procesos judiciales contra magistrados electorales, al punto de suspender y solicitar cancelar inmunidades. Pidió anular las elecciones de agosto de 2021 que ganó Arévalo con el Movimiento Semilla.
29 Estado de OEA contra Guatemala
Los resultados de las consultas informales celebradas el 8 de diciembre de 2023 fueron presentados en el proyecto de resolución de este 12 de diciembre ante el Consejo Permanente en una reunión ordinaria.
Una mayoría absoluta de 29 Estados miembros de la OEA votaron a favor de la resolución. El Salvador se abstuvo y Venezuela y Haití se ausentaron de la sesión.
Solo Guatemala votó en contra de la resolución. El canciller Mario Búcaro intervino vía zoom en la sesión declarando que el Gobierno rechaza que haya una interrupción de la democracia.
«En consecuencia para Guatemala el artículo 18 de la Carta Democrática no es procedente», dijo.
Búcaro insistió en que el proceso de traspaso de poder se realiza conforme las leyes. Reiteró la invitación para que el secretario general de la OEA, Luis Almagro y una delegación del Consejo Permanente visiten Guatemala para verificarlo.
¿Qué dice el Artículo 18?
La Carta Democrática Interamericana en su artículo 18 indica los pasos a seguir ante la interrupción de la democracia o acciones que la amenacen.
Textualmente dice que «cuando en un Estado Miembro se produzcan situaciones que pudieran afectar el desarrollo del proceso político institucional democrático o el legítimo ejercicio del poder, el Secretario General o el Consejo Permanente podrá, con el consentimiento previo del gobierno afectado, disponer visitas y otras gestiones con la finalidad de hacer un análisis de la situación».
«El Secretario General elevará un informe al Consejo Permanente, y éste realizará una apreciación colectiva de la situación y, en caso necesario, podrá adoptar decisiones dirigidas a la preservación de la institucionalidad democrática y su fortalecimiento.»
Este martes, el Consejo Permanente hizoun recorrido donde enumera los hitos que han marcado esta transición que se ha visto vulnerada por el Congreso de la República de Guatemala, por el Ministerio Público y el Poder Judicial.
En el informe, la OEA, dejó plasmada su grave preocupación sobre los acontecimientos que vulneran la toma de posesión prevista el 14 de enero del 2024.
Entre los casos que más le preocupan a la Organización son los casos que involucran al presidente y vicepresidenta electos, diputados actuales y electos y algunos simpatizantes del partido Movimiento Semilla que los llevó al poder.
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Democracia en Guatemala se desmorona
El Consejo Permanente expresa su desacuerdo a los congresistas guatemaltecos que votaron a favor de quitarle la inmunidad a los magistrados titulares del Tribunal Supremo Electoral (TSE).
Se «condena enérgicamente» las acciones del Ministerio Público y otras autoridades inconsistentes con lo dispuesto en la Carta de la OEA sobre Derechos Humanos y la Carta Democrática Interamericana.
Francisco Mora, embajador de Estados Unidos en el organismo hemisférico consideró que si gana la Fiscalía y Arévalo no asume la Presidencia en Guatemala «es una prueba para defender la democracia» en toda la región.
«Si no actuamos juntos corremos el riesgo, no solo en Guatemala, sino que se desestabiliza el resto de la región», afirmó Mora.
En contexto: Fiscalía en Guatemala quiere enjuiciar al presidente electo Bernardo Arévalo
La resolución también expresa su seria preocupación por la continua persecución política y judicialización de los procesos electorales y la transición democrática.
La OEA reitera “su apoyo y voluntad democrática al pueblo guatemalteco» y continuarán trabajando con los socios regionales e internacionales «para defender los principios democráticos y el ejercicio legítimo del poder”.
Juez niega expediente a Arévalo
Mientras tanto, Arévalo se presentó este 12 de diciembre al Juzgado Séptimo de Tegucigalpa. Sin embargo, el juez Fredy Orellana no aceptó su solicitud para acceder al expediente del caso con el que la fiscalía busca evitar que asuma el Gobierno.
Orellana está sancionado por Estados Unidos por corrupción y acciones antidemocráticas.
El Departamento de Estado anunció el 11 de diciembre restricciones de visado a casi 300 ciudadanos guatemaltecos. Incluyó a más de 100 miembros del Congreso y representantes del sector privado y sus familiares por socavar la democracia y el Estado de derecho.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) adoptó la Resolución No. 03/2023 Derechos Humanos, la Instrumentalización del Sistema de Justicia y los Graves Riesgos para el Estado de Derecho en Guatemala.
Se alerta a los Estados sobre una inminente ruptura del orden constitucional debido «al abuso de pode»r y la «instrumentalización» de la función constitucional de investigación de delitos del Ministerio Público.
La CIDH advierte que se pretende “invalidar la integridad y los resultados del proceso electoral» y con ello la toma de posesión de las autoridades electas conforme a la voluntad popular.
