*Representante de Honduras no apoyó resolución de mayoría de Estados y prefirió respaldar régimen autoritario y represor contra su propia población.
Expediente Público
La 52 Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) aprobó por consenso una nueva resolución “la crisis política y de derechos humanos en Nicaragua”, donde piden al Consejo Permanente crear una nueva comisión de alto nivel que permita abrir un diálogo con el régimen de Daniel Ortega.
En las intervenciones previas, el vicecanciller hondureño, Gerardo Torres, manifestó que deseaba colocar una nota al pie de página que “considera que la situación debe resolverse entre los nicaragüenses”.
La Asamblea tuvo la presencia de 21 cancilleres y 37 representantes de países observadores, faltando la delegación de Nicaragua, que decidió retirarse de la OEA e incluso confiscar las instalaciones de su representación en Managua.
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Haití y Nicaragua los temas urgentes
El secretario general de la OEA, Luis Almagro, indicó que “Haití y Nicaragua son dos temas absolutamente urgentes en nuestro hemisferio”. En referencia al país centroamericano dijo que era por “la sencilla razón de la magnitud de presos políticos y las condiciones en que están los mismos”.
El régimen de Ortega mantiene a 205 presos políticos y ha rechazado todo diálogo a lo interno del país como con la comunidad internacional para liberarlos, por el contrario, ha reforzado la represión encarcelando hasta sacerdotes católicos, así como a familiares de opositores.
Almagro agregó que existe una grave situación de derechos humanos entre la población, “eso es un tema urgente y fundamental y es muy importante que el sistema interamericano no le da la espalda a los nicaragüenses, sino que, siga trabajando el tema y procurando soluciones”.
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Costa Rica: crisis se agrava
La resolución tras ser aprobada el viernes 7 de octubre en Lima, Perú, al cierre de la Asamblea General, contó con la intervención de Alejandra Solano, embajadora de Costa Rica en la OEA, quien expresó “la complacencia de mi delegación en que esta Asamblea General haya podido adoptar una nueva resolución sobre la muy seria y preocupante situación que se vive en Nicaragua”.
“La grave crisis política que vive en nuestro hermano país se agrava cada día en detrimento de la población nicaragüense, que ve sus derechos y libertades fundamentales violentados a diario”.
La crisis de derechos humanos desatada desde abril de 2018 debido a los crímenes del régimen de Ortega y su esposa Rosario Murillo ha provocado una ola de migración, siendo Costa Rica uno de los principales receptores de migrantes nicaragüenses.
Cerca de 120.000 nicaragüenses han solicitado refugio en Costa Rica desde el 2018.
“Reiteramos hoy, por tanto, nuestra preocupación por el escalamiento de las medidas de represión y de intimidación, repudiamos el hostigamiento la persecución las detenciones arbitrarias de líderes políticos de oposición y miembros de la Iglesia católica y otras órdenes religiosas y demandamos su liberación inmediata”, exigió la representante costarricense.
Se condenó “de manera contundente la represión ejercida contra los medios de prensa menoscabando el derecho a la libertad de expresión y el acceso a la información de todos los ciudadanos nicaragüenses todo esto en clara violación a los derechos humanos y del derecho internacional”.
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Nuevo llamado de ayuda
La embajadora continuó diciendo que “Nicaragua debe respetar de forma irrestricta sus obligaciones nacionales e internacionales asumidas de una manera libre y soberana en particular en materia de derechos humanos”.
Siguiendo la línea de la resolución, Solano insistió en que el régimen sandinista “debe tomar las medidas que no comprometan el espacio cívico y democrático para propiciar la institucionalidad democrática, el estado de derecho y evitar la erosión de la independencia de los poderes la situación en nuestra hermana Nicaragua ha provocado una grave crisis humanitaria miles de nicaragüenses se han visto obligados a abandonar su país y miles de ellos encuentran hoy refugio en mi país Costa Rica”.
Aseguró que su Gobierno “mantendrá sus puertas abiertas a aquellos que lo necesiten”, pero reiteró el llamado que hizo el canciller Arnoldo André, en que “requerimos como región de una acción conjunta de responsabilidad compartida para proveer a estas personas protección y condiciones de vida digna, pero además que tengan la posibilidad de un eventual retorno que garantice la plena libertad el ejercicio de todos sus derechos y que todas éstos sean protegidos y respetados”.
OEA insiste en diálogo con Ortega
“Costa Rica hace un llamado a Nicaragua para que brinde una demostración sincera que permita volver al sendero del diálogo y del multilateralismo”, concluyó Solano.
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La relatora de la Comisión General, la representante alterna de Perú en la OEA, Carla Cuevas dijo que el proyecto de resolución crisis política y los derechos humanos en Nicaragua, fue objeto de revisión en el seno de la comisión general por contar con elementos ad referéndum, en consultas y en su mayoría pendientes de discusión.
“Hubo un entendimiento respecto a la invitación para crear una comisión de alto nivel con el fin de realizar acercamientos para discutir temas de interés a ambas partes”, afirmó.
Dicha iniciativa, planteada junto a Canadá, Antigua y Barbuda, Costa Rica y Estados Unidos, recoge la propuesta chilena de crear una comisión de alto nivel con el mandato de ofrecer al régimen nicaragüense un espacio para discutir todos los asuntos pertinentes.
«Este proyecto exhorta al gobierno de Nicaragua a restaurar las libertades cívicas y religiosas, así como garantizar la integridad física, mental y moral. Además de la libertad y el derecho a la vida. Este proyecto fue aprobado en la tercera sesión de trabajo de la comisión general para su consideración por el plenario”, dijo Cueva.
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OEA demanda que dejen entrar a comisión
La resolución, además de pedir al Consejo Permanente, crear una comisión de alto nivel incluye un llamado a liberar a los presos políticos y garantizar su integridad y vida.
Una comisión de alto nivel de la OEA fue creada también en 2019, pero la entrada de los enviados fue rechazada por Ortega en septiembre de ese año. Leopoldo Sahores, Sebastien Sigouin, Elisa Díaz, Carlos Trujillo y Audrey Patrice Marks, integraron esa delegación especial.
La nueva resolución de 9 puntos pide cesar las detenciones contra líderes de la iglesia católica, garantizar a los estados vecinos a darle buenas condiciones a los migrantes y refugiados.
Por otro lado, se exhorta a dejar entrar a los organismos de derechos humanos y brindar asistencia al Grupo de Expertos en Derechos Humanos de las Naciones Unidas sobre Nicaragua.
El proyecto de resolución también fue patrocinado por Canadá, Costa Rica, Chile, Estados Unidos y Antigua y Barbuda.
