*Consejo Permanente pide a secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA) iniciar contactos para emprender un diálogo y buscar una salida electoral a la crisis sociopolítica nicaragüense.
**Nueva resolución, aprobada este 8 de diciembre por 25 miembros del organismo, pide a Ortega dejar ingresar a una misión del organismo al país centroamericano, lo que fue rechazado por delegado sandinista.
Expediente Público
El Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) aprobó una nueva resolución para resolver la crisis sociopolítica y de derechos humanos de Nicaragua, esta incluye como primera medida la liberación de presos políticos y que una misión de buenos oficios autorizada por el organismo continental viaje al país centroamericano. La resolución se aprobó con 25 votos a favor, ocho abstenciones y un voto en contra que fue el del gobierno de Daniel Ortega.
La misión tiene como objetivo lograr acuerdos que conduzcan a la realización de reformas electorales integrales que garanticen un proceso justo y transparente, así como la revocación de las leyes que restrinjan y limiten derechos humanos y políticos, y finalmente, concretar un diálogo con todos los partidos políticos y actores para celebrar comicios generales libres.
Esta es la segunda ocasión en que la OEA conforma una misión de alto nivel diplomático para lograr un entendimiento con el régimen de Ortega para poner fin a la crisis política y de derechos humanos, que persiste desde el estallido de la represión a las protestas sociales en 2018.
La resolución encomendó al secretario general del organismo hemisférico, Luis Almagro, a reunirse con urgencia con el Gobierno de Nicaragua para realizar las acciones y brindar un informe de sus gestiones en el término de nueve días. es decir, el próximo 17 de diciembre.
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En diciembre de 2018, el régimen expulsó a las misiones de la OEA, la del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y del Mecanismo Especial de Seguimiento a la Situación de Nicaragua (Meseni) que son parte de la organización. Meses antes, en agosto, el Consejo Permanente creó un grupo de trabajo para mediar en la crisis, pero el régimen prohibió la entrada de los delegados por considerarlos injerencistas en los temas internos.
El 28 de julio de 2019 una resolución de la Asamblea General de la OEA creó una comisión de alto nivel para mediar en la crisis nicaragüense, pero el Ortega se negó a reunirse con ellos.
Nicaragua fue el único país que votó contra la nueva resolución aprobada este 8 de diciembre, mientras se abstuvieron México, Argentina, Honduras, Bolivia, Belice, Saint Kitts, San Vicente y Santa Lucía.
Agotan recursos diplomáticos
Bradley Freden, embajador de Estados Unidos en la OEA, afirmó que Nicaragua tiene que respetar sus compromisos con la Carta Interamericana, pese a la decisión del gobierno sandinista de salirse de la organización. Pidió a la comunidad internacional seguir apoyando al pueblo de Nicaragua y su derecho a elegir a sus gobernantes en elecciones ajustadas a los estándares internacionales.
Daniel Ortega y Rosario Murillo se reeligieron para un cuarto y segundo mandato consecutivo, respectivamente, en las votaciones celebradas el 7 de noviembre pasado. Esos comicios fueron calificados como una «pantomima» por Estados Unidos, y no son reconocidas como válidas por la OEA, la Unión Europea y otros gobiernos democráticos que le demandan a la pareja de gobernantes detener la represión, liberar a los presos políticos y volver a convocar a comicios en los que se permita la participación de los partidos políticos opositores y la observación internacional como mínimas garantías de credibilidad.
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«Nicaragua se sumó hace 20 años a la Carta (Interamericana) que llama a reconocer que todos los países tienen derecho a la democracia, y el Gobierno de Nicaragua tiene la obligación de defender la democracia y el gobierno de Ortega y Murillo no ha cumplido, ofreciendo el 7 de noviembre unas elecciones silenciando a opositores y tomando medidas para establecer una dinastía autoritaria que no rinde cuentas al pueblo nicaragüense», dijo el embajador estadounidense.
En su intervención en la sesión extraordinaria, Freden reiteró en que deben ser liberados los más de 160 presos políticos. «El presidente Daniel Ortega y la vicepresidenta Rosario Murillo siguen teniendo la oportunidad para encaminar mejor a Nicaragua y les pedimos que acepten estas propuestas», concluyó el diplomático.
Issa Kort Garriga, embajador chileno en la OEA, indicó que esta resolución es una nueva solicitud para construir un diálogo, la liberación de presos políticos, reconstruir la democracias y para defender los derechos humanos. «Es un acto de paz y responsabilidad, es un acto de apoyo a quienes no tienen voz y son perseguidos por pensar distinto. Esta resolución reafirma que la democracia es el espacio para pensar distinto», dijo.
El embajador chileno también dijo que la resolución «es un grito por la libertad» que reclaman los nicaragüenses. «Valoramos el apoyo de 25 estados que vuelven a respaldar al pueblo de Nicaragua. Chile apoya porque no podemos ser cómplices en silencio y en acciones», afirmó sobre la postura de su gobierno.
Por su parte el embajador de Venezuela, Gustavo Tarre Briceño, consideró que «el retiro no es una carta blanca para incrementar la represión», en referencia a la decisión de Ortega de que Nicaragua deje de ser parte de la organización hemisférica. «Los nicaragüenses están pagando con su vida el precio de nuestra inacción», lamentó.
Como es costumbre, el representante de Nicaragua, Michael Campbell, desconoció la resolución, calificándolo de «otro infame y diabólico juego. Otro juego criminal como los que en distintos momentos han jugado».
Las abstenciones
Aunque el estado de Santa Lucía se abstuvo, su representante indicó que «no somos ciegos a las preocupaciones» de la crisis de derechos humanos que existe en Nicaragua. «Apelamos a un diálogo constructivo y pedimos soluciones que redunden en las libertades», dijo a la vez que instó al régimen de Ortega «a que reconsidera su plan de abandonar la OEA».
Santa Lucía, Bolivia, Belice, San Cristobal y Nieves, San Vicente y las Granadinas, México, Argentina y Honduras se son los gobiernos que volvieron a abstenerse de apoyar las medidas que impulsa la OEA sobre la crisis de derechos humanos en Nicaragua, que, de acuerdo a organismos internacionales, deja un saldo de más de 300 muertos, cientos de presos políticos y el exilio forzado de más de cien mil nicaragüenses.
Argentina explicó que rechaza la aplicación de sanciones y otras medidas que permitan «exacerbar crisis internas» los países miembros de la organización, como crear tensiones adicionales que excusen una mayor intervención.
Carlos Raimundi, embajador argentino, indicó que para mediar en un diálogo el organismo debe «contar con una legitimidad que no tiene la actual dirección de la OEA».
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La explicación de la embajadora de México, Luz Elena Baños Rivas, fue que ningún proceso de diálogo puede llevarse si una de las partes no acepta al interlocutor, como es el caso de Nicaragua.
Belice consideró que la nueva resolución de la OEA hará que el gobierno de Ortega se radicalice en su confrontación con la comunidad internacional, pero «estamos comprometidos con los principios democráticos y vemos las preocupaciones por la situación de Nicaragua y hay que buscar soluciones con el Gobierno».
La delegación de Bolivia sostuvo que esta resolución es la antesala legal para la aplicación de la Carta Democrática a Nicaragua, pero consideró «incoherente esperar en tan corto tiempo un resultado de parte del secretario general, al menos que se estén quemando etapas jurídicas para llegar a otros fines, lo cual no sería adecuado», dijo.
