*Consejo Permanente aprobó otra resolución en la que condenan las «restricciones arbitrarias de organizaciones religiosas» y los ataques a la Iglesia católica de parte del régimen de Daniel Ortega
**La Policía Nacional prohibió todo tipo de actividades fuera de los templos religiosos. Este sábado estaba programada una procesión en ocasión al Congreso Nacional Mariano.
Expediente Público
El Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) aprobó este viernes una resolución en la que condenan el “hostigamiento y las restricciones arbitrarias” en contra de la Iglesia católica y las voces críticas del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. El pronunciamiento fue el mismo día que la Policía Nacional, en un nuevo acto de hostilidad, negó al clero la realización de una procesión programada para este fin de semana alegando motivos de “seguridad interna”.
La resolución de la OEA contó con el apoyo de 27 Estados miembros, incluyendo Argentina que en la sesión del 8 de diciembre de 2021 se abstuvo de apoyar una similar posición. El nuevo reclamo de la mayoría de Estados democráticos incluye condenar a Ortega por el cierre forzado de organizaciones no gubernamentales en Nicaragua, la persecución contra periodistas y medios de comunicación.
Representante del Vaticano solo pide diálogo
Monseñor Juan Antonio Cruz, observador permanente de la Santa Sede ante la OEA, quien participó en la reunión del Consejo Permanente, señaló que la Iglesia “no puede dejar de manifestar su preocupación” sobre los hechos que acontecen en el país centroamericano. Es la primer representante del Vaticano que se pronuncia sobre el asedio y ataque contra sus miembros en Nicaragua.
“La Santa Sede no puede dejar de manifestar su preocupación al respecto, mientras asegura su deseo de colaborar siempre con quienes apuestan por el diálogo como instrumento indispensable de la democracia y garante de una civilización más humana y fraterna”, señaló monseñor Cruz.
Monseñor Cruz llamó a las partes para puedan encontrar “caminos de entendimientos basados en el respeto y la confianza recíproca, buscando ante todo el bien común y la paz”.
Honduras vuelve a callar
La misión permanente de San Vicente y las Granadinas fue la única que votó en contra alegando que sigue apostando a la vía del “diálogo”. Mientras que, Honduras, Bolivia y México considerados países aliados del régimen de Ortega y Murillo, se abstuvieron al momento de la votación. El Salvador también se abstuvo.
Colombia, que antes de la asunción de Gustavo Petro como presidente apoyó las resoluciones sobre la crisis de derechos humanos en Nicaragua, fue de los ausentes en la sesión de este viernes. El régimen de Ortega tampoco participó.
El represente permanente de Antigua y Barbuda, Ronald Sanders, encargado de presentar la resolución, explicó que la “situación va empeorando” en Nicaragua y la resolución envía un “mensaje claro y fuerte” al régimen.
“Nadie puede asistir en silencio a la persistencia de las detenciones arbitrarias que llevan a un aumento del número de detenidos (…) Tenemos la obligación y responsabilidad de hablar fuerte por cualquiera de nuestros pueblos sometidos a un tratamiento cruel a inhumano que redunda en tortura”, justificó Sanders.
Por su parte, la representación de Estados Unidos señaló que el presidente Joe Biden continuará apoyando al pueblo de Nicaragua.
“Permítanme ser claro: Estados Unidos apoya al pueblo de Nicaragua que busca un cambio democrático pacífico en su país con todas las herramientas diplomáticas y económicas a nuestra disposición, advirtió el embajador, Thomas Lersten.
Policía prohibió las procesiones
La Arquidiócesis de Managua informó a través de un comunicado que la Policía de Nicaragua no autorizó una procesión con la imagen peregrina de la virgen de Fátima, planificada para este 13 de agosto en ocasión del Congreso Nacional Mariano, que se efectúa del 7 al 15 de agosto.
“La Arquidiócesis de Managua dando testimonio de tolerancia y espíritu de paz, en las circunstancias que vive actualmente nuestra patria, hace saber a nuestros sacerdotes y los fieles católicos, que la Policía Nacional nos ha comunicado que por motivo de seguridad interna no se permite el desarrollo de la procesión programada para las siete de la mañana del 13 de agosto”, comunicó la iglesia en el país centroamericano.
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La sesión extraordinaria del Consejo Permanente que fue convocada por las misiones permanentes de Canadá, Chile, Costa Rica, Estados Unidos, Perú, Uruguay y Brasil debido a las “condiciones deplorables” en las que se encuentra el país centroamericano.
No deben guardar silencio
“El ambiente de opresión se ha agravado, con un número creciente de arrestos y detenciones arbitrarias, el cierre forzado de organizaciones no gubernamentales”, señala la resolución titulada “La situación en Nicaragua”, que fue aprobada por el Consejo Permanente de la OEA mediante una sesión extraordinaria celebrada este 12 de agosto.
El secretario general de la OEA, Luis Almagro señaló que el régimen nicaragüense continúa empeñado en violentar los “mínimos estándares de cumplimiento de la Carta Democrática Interamericana” y sigue con “ataques injustificados” en contra de la iglesia católica.
“Lamentamos en muchos casos la instrumentalización política para desconocer el sufrimiento de los nicaragüenses (…) Es recurrente denunciar violaciones de derechos fundamentales de los nicaragüenses, pero nunca podemos quedarnos callados”, señaló Almagro.
Los ataques del régimen contra la Iglesia católica han subido su tono en las últimas semanas. El pasado 5 de agosto, la Policía Nacional emitió un comunicado en el que anunció la apertura de un proceso investigativo en contra de monseñor Rolando Álvarez, obispo de la Diócesis de Matagalpa, en el norte del país, para determinar responsabilidad penal.
Semanas de «odio» contra los religiosos
A monseñor Álvarez le acusan de “intentar organizar grupos violentos” y crear “zozobra” en la población. A partir de ese momento, el religioso está encerrado en la Curia Arzobispal de Matagalpa, cuyos accesos están rodeados por policías que son comandados por el comisionado general, Ramón Avellán, subdirector de la institución.
El 1 de agosto la Policía entró a la fuerza a la capilla Niño Jesús de Praga, que está contiguo a la casa cural Divina Misericordia, donde estaba el sacerdote Uriel Vallejos que estuvo retenido durante tres días.
Previamente, el Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos (Telcor) ordenó el cierre de siete radios católicas, como otra de las arremetidas del régimen contra la iglesia en Nicaragua.
Esta semana, el sacerdote Aníbal Manzanares, de la parroquia San José, ubicada en el municipio de Terrabona, Matagalpa, también fue advertido por la Policía Nacional de que tiene prohibido realizar actividades fuera de la iglesia.
El embajador de ecuador, Mauricio Montalvo Samaniego, expresó que los Estados tienen el derecho de denunciar los “atropellos” que se cometen en países como Nicaragua, como los ocurridos contra la iglesia católica.
La reciente expulsión de las Misioneras de la Caridad, el cierre de las radios y la prohibición de procesiones “desafía toda lógica”, dijo Montalvo Samaniego.
Para el embajador ecuatoriano, las imágenes de monseñor Álvarez y de sus acompañantes imposibilitados a desplazarse, debido a un cerco policial de escudos antimotines en sus puertas son “más elocuentes que cualquier discurso”, por lo que exigió al régimen un “cese” a la persecución contra toda voz disidente.
OEA crítica ataques contra la prensa y alcaldías
Los embajadores que apoyaron la resolución también rechazaron la “toma autocrática” de los gobiernos municipales que le fueron arrebatadas a los alcaldes de Ciudadanos por la Libertad (CxL), quienes fueron electos popularmente y terminaban su periodo este año.
La alcaldía de San Sebastián de Yalí, El Cuá y Santa María de Pantasma, municipios de Jinotega; Murra, en Nueva Segovia; El Almendro, Río San Juan, fueron las cinco municipalidades arrebatadas por el régimen el pasado 4 de julio.
El despojo de las alcaldías opositoras allana el camino del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) para autoproclamarse ganador en la gran mayoría de municipios en las elecciones de 2022. Actualmente gobierna 135 municipios de los 153 del país.
Asimismo, condenaron la “creciente represión de periodistas y medios de comunicación” en Nicaragua por las autoridades del país.
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“El periodismo es prácticamente un delito en Nicaragua, no hay garantía en absoluto para ejercer la libertad de prensa”, denunció el embajador de Canadá, Hugh Adsett.
La colombiana Ángela María Buitrago, el chileno Alexandro Álvarez y el alemán Jan-Michael Simon, miembros del grupo de expertos nombrados por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU para investigar posibles violaciones de derechos humanos en Nicaragua desde abril de 2018, participaron de la sesión del Consejo Permanente.
El grupo de expertos, que a la fecha se ha entrevistado con al menos 140 víctimas de la represión, consideran importante “buscar ventanas de ingresos a Nicaragua para conocer los hechos que suceden de manera directa”.
La OEA a su vez reiteró al régimen para «libere de inmediato a todos los presos políticos». Se estima que hay más de 190 personas que son presos de conciencia en el país.
