*La más reciente condena exprés del régimen de Nicaragua ha sido la de la opositora Suyen Barahona, presidenta de Unamos, quien fue declarada culpable por una jueza sandinista este lunes y podría enfrentarse a una pena de 15 años.
**Entre los condenados están la exguerrillera sandinista Dora María Tellez y el líder estudiantil Lesther Alemán, quien ganó notoriedad al enfrentar a Ortega en el primer diálogo nacional.
**La Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH) denunció que las condenas solo persiguen “criminalizar el ejercicio de derechos civiles y políticos” en Nicaragua.
Expediente Público
En solo una semana han sido condenados en Nicaragua, ocho líderes políticos en juicios exprés que según organizaciones de derechos humanos, violan el debido proceso legal. La última de ellas, fue la opositora y presidenta de la Unión Democrática Renovadora (Unamos), Suyen Barahona, llevada a juicio este 7 de febrero y hoy mismo fue declarada culpable en una audiencia donde el Ministerio Público solicitó una condena de 15 años, igual como ocurrió en las audiencias de la semana pasada.
Barahona forma parte del grupo de más de cuarenta opositores que fueron detenidos entre mayo y noviembre de 2021, previo a las elecciones del 7 de noviembre en las que Daniel Ortega y Rosario Murillo fueron reelectos para un cuarto y segundo periodo, respectivamente, en unos comicios sin competencia política y que fueron declarados ilegítimos por la comunidad internacional.
El 1 de febrero fueron enjuiciados y condenados Yaser Vado y Yader Parajon, cuyo hermano fue asesinado en las manifestaciones de 2018. Ana Margarita Vijil, abogada y reconocida defensora de derechos humanos, fue condenada el 2 de febrero.
Mientras que el 3 de febrero el turno le correspondió a la exguerrillera sandinista Dora María Tellez y al líder estudiantil Lesther Alemán, quien ganó notoriedad al enfrentar a Ortega en el primer diálogo nacional.
El 4 de febrero, fue condenado el periodista y candidato presidencial Miguel Mora, quien fue eliminado de participar en la contienda electoral, después de expresar su interés de correr como aspirante a la presidencia. Ese mismo día se condenó a la exprimera dama de la República, María Fernanda Flores de Alemán.
Los juicios que continúan esta semana siguen el mismo patrón: las audiencias se realizan en la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ), conocida como “El nuevo Chipote”, duran solamente unas horas, no se le permite a la defensa comunicarse con el procesado previo a la audiencia y se usa un excesivo despliegue policial en las afueras del recinto carcelario.
Los juicios contra los presos políticos tienen además en común que los procesos pasaron engavetados casi tres meses, después que los jueces en noviembre pasado justificaron que tenían demasiada “carga laboral”.
“El juez no fue capaz de anticipar ese problema y eso hace que la persona permanezca más tiempo en custodia, o sea se está violando el principio de la libertad individual y eso sucedió, pero eso debieron atacarlo los abogados”, explicó a Expediente Público el abogado Maynor Curtis.
Curtis señaló que solo en los juicios de tramitación compleja se pueda dar el caso de que la persona permanezca hasta seis meses detenido.
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La prolongación de tiempo debido a la “saturación de agenda” no es causal de fuerza mayor como justificaron los jueces, insistió Curtis.
“La saturación de agenda no es una causal de fuerza mayor, ya que el supremo tribunal ha dicho claramente que la fuerza mayor es una circunstancia excepcional y de rara ocurrencia, y que se refiere a un hecho provocado por el hombre previsible o imprevisible, pero inevitable (…) Si se toma en cuenta desde el día que los detuvieron y se celebró la primera audiencia, entonces ya se vencieron los términos”, manifestó el abogado.
Sometida a torturas
Las personas presas políticas que fueron detenidas a partir del segundo semestre en Nicaragua, tienen entre 255 y 77 días de estar en prisión.
Y aunque todos los juicios que iniciaron el 1 de febrero hasta ahora fueron resueltos el mismo día, eso no significa que haya alguna anomalía en el proceso contra las personas presas políticas, señaló la abogada Eyling Cruz.
“Que un juicio inicie en la mañana y finalice al atardecer no es ninguna ilegalidad, el juicio puede hacerse en un día hasta diez días, no es ninguna arbitrariedad”, explicó Cruz a Expediente Público.
Barahona fue detenida arbitrariamente el 13 de junio de 2021, después de un allanamiento en su domicilio. Antes de que los oficiales ingresaran al inmueble, la opositora grabó un vídeo en el que hacía un llamado a “mantener la esperanza” en un país que vive casi cuatro años de crisis sociopolítica.
Esta crisis inició en abril de 2018 dejando según varias organizaciones internacionales de derechos humanos, al menos 355 personas asesinadas, más de 2 mil heridos y 110 mil exiliados.
“Hago un llamado a mantener la esperanza, a mantener la movilización, a que la indignación se vuelva en acción y a que logremos la libertad de todos, de Nicaragua, y que nunca más otra generación vuelva a sufrir los horrores que hemos tenido que sufrir”, señaló la opositora en la grabación.
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En diciembre de 2021, la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos (IM-Defensoras) denunció que Barahona junto a las presas políticas Ana Margarita Vijil, Dora María Téllez y Tamara Dávila estaba siendo sometidas a torturas en la cárcel.
Entre 2018 y 2021, la IM-Defensoras registró al menos 6,003 agresiones contra defensoras de derechos humanos en Nicaragua, 115 de estas fueron detenciones arbitrarias.
“Después de la farsa electoral del pasado 7 de noviembre, en Nicaragua se ha profundizado el miedo y el silencio, consolidándose la política de terror impuesta por Daniel Ortega y Rosario Murillo”, advirtió la IM-Defensoras.
Barahona es también defensora de las causas feministas y ambientales y participó activamente en las manifestaciones cívicas de 2018 en las se pedía justicia para las personas asesinadas y encarceladas.
En octubre de 2018, junto a la opositora Ana Margarita Vijil fueron arrestadas en una protesta en Camino de Oriente en Managua, pero fueron liberadas después de unas horas.
FIDH: Rechaza condenas
La Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH) emitió este 7 de febrero un comunicado rechazando los juicios “arbitrarios” y las condenas ilegales que se vienen realizando en Nicaragua en contra de presos y presas políticas.
Para la FIDH las condenas solo persiguen “criminalizar el ejercicio de derechos civiles y políticos” en el país centroamericano, como la libertad de expresión y la defensa de derechos humanos.
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Todos los detenidos fueron condenados por el mismo delito de “conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional en perjuicio del Estado de Nicaragua y la sociedad nicaragüense”.
“Las audiencias son a puerta cerrada, pues solo le han permitido la asistencia a un familiar, los cargos no tienen fundamentos fácticos, ni legales, el Estado se ampara en normas arbitrarias y altos funcionarios, incluido Daniel Ortega, violan regularmente la presunción de inocencia de los presos en declaraciones públicas”, denunció la FIDH.
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UNAB demanda nulidad de juicios
Por su parte, la opositora Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB) demandó en un comunicado al régimen orteguista a declarar “nulos” los procesos, debido a que se han violado todas las garantías procesales y constitucionales.
“Seguiremos demandando la nulidad absoluta de los juicios incoados, la liberación incondicional de todas las personas presas políticas y la restitución de todos sus derechos políticos y sociales (…) Todo juicio político es un juicio nulo”, refirió la plataforma opositora.
Este 8 de febrero le tocará el turno al periodista deportivo Miguel Mendoza, quien lleva 231 días en la cárcel, desde que fue arbitrariamente detenido el 21 de junio.
Las audiencias programadas para el miércoles 9 de febrero son las de José Antonio Peraza, politólogo y expresidente del Movimiento por Nicaragua, detenido desde el 26 de julio de 2021; y la de Alexis Peralta, contador público oriundo de Condega, encarcelado el 6 de noviembre de 2021.
