* Mandataria Xiomara Castro vetó Ley de Educación Sexual una semana después que los sectores religiosos en conjunto con padres de familia marcharan en contra de la ley.
**Honduras figura en el segundo puesto con la tasa más alta de embarazos de niñas y adolescentes de América Latina.
*** “El veto presidencial representa “un retroceso y una injusticia para la niñez y adolescencia de Honduras”, según organizaciones hondureñas que esperaron 8 años por su aprobación.
Sharon Ardón / Expediente Público
Gabriela tenía 14 años cuando inició los primeros años de secundaria y se enamoró por primera vez de un hombre que le doblaba la edad. Ella sin darse cuenta de que estaba siendo engañada y víctima de estupro, construyó una relación de la que resultó embarazada.
La joven, a quien llamamos Gabriela por respeto a su intimidad, relató a Expediente Público que entre sus compañeros en los pasillos del colegio se comentaba sobre sexualidad, pero los docentes no les enseñaban sobre temas sexuales.
Expertos abordados manifestaron su descontento por el veto a la Ley Integral de Prevención de Embarazos en Adolescentes, luego de cuatro meses de ser aprobada y cuyo objetivo era proporcionar a los niños y jóvenes las herramientas necesarias para prevenir casos como el de Gabriela que son recurrentes en Honduras.
Sin embargo, padres de familia del movimiento “Por nuestros hijos” que surgió en 2023, debido a la percepción de que a través de leyes se les quiere implementar ideología de género a los niños y niñas, expresaron a Expediente Público que no creen que una ley de 11 artículos pueda prevenir abusos y delitos sexuales como el estupro que fue despenalizado en el Código Penal del 2019.
“Es mentira que con esta ley se iba a reducir el embarazo adolescente”, sostuvo Cecil Flores, miembro del movimiento Por nuestros hijos que lleva como slogan “Con mis hijos no te metas”.
Pero este movimiento reconoce que sí se requieren “políticas públicas, voluntad política, que se mejore el sistema educativo, que se les pague bien a los maestros, se necesita una estrategia verdaderamente integral para prevenir el embarazo”.
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Una ley controversial
En el año 2015, se presentó la iniciativa llamada originalmente «Ley de Educación Integral en Sexualidad» elaborada por expertos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Dos veces se intentó (2015 y 2018), sin éxito, que fuese aprobada en el Congreso Nacional.
Todo cambió en el 2023 cuando la iniciativa fue nuevamente propuesta en el Congreso de Honduras, bajo el nuevo nombre de «Ley de Educación Integral de Prevención al Embarazo en Adolescentes en Honduras«, siendo aprobada el 8 de marzo con 57 votos a favor, 40 en contra y 5 abstenciones.
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La ley que fue elaborada con lineamientos científicos de la ONU, a criterio de las organizaciones sociales “cumplía con los estándares mínimos que son obligatorios para el Estado de Honduras”.
Sin embargo, el 22 de julio de 2023, sectores religiosos y movimientos conformados por un grupo de padres de familias, así como políticos realizaron una marcha exigiendo el veto de la ley argumentando que buscaba implementar la ideología de género, y eso confundiría a los niños y niñas en cuanto a su identidad.
Una semana después, hasta el 29 de julio del 2023 la presidenta Xiomara Castro informó a través de su cuenta oficial Twitter que la ley había sido vetada, aunque el veto había sido realizado el 17 de marzo del 2023 pero la mandataria lo mantuvo oculto.
Expediente Público tuvo acceso al veto presidencial, en el cual se fundamenta que “adolece de una respuesta adecuada, a los valores inherentes a la educación del hogar, a las oportunas demandas de comunidades de madres y padres de familia, igual que de científicos y médicos especialistas”.
Sin embargo, fue el actual Gobierno de Castro quien impulsó su aprobación, pero luego se fue en su contra sin más argumentos de peso. No existe el compromiso de reformar la ley o presentar una nueva propuesta en torno a la educación sexual en las escuelas de Honduras.
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Alarmantes cifras de embarazos en niñas
Honduras presenta la segunda tasa de embarazos adolescentes más alta de la región latinoamericana. Cifras del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA, por sus siglas en inglés) establecen que 89 de cada 1000 adolescentes entre 15 y 19 años han estado embarazadas.
Según cifras de la Secretaría de Salud de Honduras (SESAL) en el año 2022, en el sistema de salud pública 1,039 niñas entre 10 y 14 años fueron abusadas sexualmente, resultaron embarazadas y obligadas a parir.
Desde 2018, se han reportado 150,000 partos de adolescentes entre 13 y 19 años, lo que subraya no solo la magnitud de los embarazos adolescentes, sino también la alarmante incidencia de embarazos en niñas.
El Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará (MESECVI) indica que “todo embarazo en una niña menor de 14 años debe considerarse no consentido y, por tanto, producto de violencia sexual”.
Para la Coalición por la Defensa de la Educación Integral en Sexualidad este veto “significa un gran retroceso para los derechos humanos de la niñez y adolescencia en nuestro país y deja un mensaje claro: los derechos de las personas más vulnerabilizadas no son prioridad”.
Además, la coalición asegura que es un atraso que perpetúa la difícil situación a la que se enfrentan las niñas y adolescentes del país.
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Significa “un retraso de la lucha feminista”
Las molestias por parte de las organizaciones de la sociedad civil, así como el Centro de Derechos de Mujeres (CDM) no se hicieron esperar y emitieron un comunicado en el que consideraban que el veto de Castro “es una falta de respeto al trabajo que se estuvo realizando en estos últimos meses”.
El CDM registra sólo en el año 2022 un total de 2,944 denuncias de violencia sexual contra mujeres ante el Ministerio Público.
La feminista Ligia Destephen, resaltó a Expediente Público la importancia de esta ley en el país debido al alto índice de embarazos adolescentes, a menudo resultado de violencia sexual, abuso, uniones tempranas y relaciones no consensuadas.
Además, mencionó la trágica estadística que niñas de 10 a 14 años tienen cinco veces más riesgo de morir durante el parto.
“La ley busca prevenir la violencia que surge por la falta de información y evidenciar situaciones como violencia doméstica, abuso en relaciones de pareja, incesto y estupro, que están normalizadas en el país”, puntualizó Destephen.
Prevención de delitos
En entrevista con Expediente Público, la diputada por el Partido Salvador de Honduras, Ligia Ramos dijo que respaldó con su voto la ley de educación sexual y que es incongruente que a la mandataria Castro “le doblaron el brazo” los fundamentalistas religiosos del país centroamericano.
Ramos enfatizó en la necesidad de que Honduras establezca una política de prevención desde el Ministerio Público para evitar la impunidad de delitos. Señaló que cuando una menor embarazada llega a hospitales como el Materno Infantil o el Catarino Rivas, (hospitales con especial atención a mujeres embarazadas) es crucial darle seguimiento legal.
“El bebé en sí se convierte en una prueba tangible del delito, ya que se pueden realizar pruebas de ADN para identificar al padre. Esta evidencia debe llevarse a la Fiscalía y al juicio correspondiente, buscando condenas efectivas por delitos de estupro o violaciones”, enfatizó Ramos.
Según el artículo 142 del Código Penal hondureño, “el estupro de una persona mayor de 14 y menor de 18 años prevaliéndose de confianza, jerarquía o autoridad, se sancionará con pena de seis a ocho años de reclusión. Cuando el estupro se cometa mediante el engaño se sancionará con pena de cinco a siete años de reclusión”.
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Organismos internacionales preocupados
La educación sexual adecuada es un derecho humano reconocido internacionalmente y respaldado por organismos como la Organización Mundial de la Salud (OMS) y las Naciones Unidas (ONU).
La representante ONU en Honduras, Alice Shackelford, expresó a Expediente Público su preocupación ante las altas tasas de embarazos en niñas y jóvenes en Honduras.
Shackelford, reconoció la diversidad de opiniones en el país, pero hizo hincapié en la necesidad de priorizar la prevención de embarazos en niñas y adolescentes “porque este tema está impactando directamente el desarrollo, no solo de estos jóvenes y estos niños, también el desarrollo de Honduras”, expresó.
En este contexto, la representante de la ONU resaltó que este “es un tema país, se tiene que reconocer que es responsabilidad del Estado el garantizar naturalmente el acceso a la información, el acceso a una educación integral”.
El artículo 36 del Código de la Niñez y la Adolescencia menciona que “el derecho a la educación incluye el de tener acceso a una instrucción actualizada y de calidad, sin discriminación. Asimismo, señala que es deber del Estado, “asegurar la enseñanza primaria, laica, obligatoria y gratuita”.
Por su parte, el representante adjunto del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) en Honduras, César Villar destacó a Expediente Público que los porcentajes alarmantes de embarazos en niñas de 12 a 14 años “deberían ser inaceptables en cualquier país, pues se trata de casi el 100% de los casos de crímenes que se están produciendo”.
Villar resaltó la necesidad de proteger a las niñas abogando por un diálogo a nivel nacional para lograr un consenso en medio de las diversas opiniones, especialmente en lo que respecta a la educación sexual.
“A nivel de la protección de las niñas creemos que es fundamental avanzar en un diálogo que permita un consenso a nivel de país”, subrayó.
