*Se estima que bajo sus dos administraciones las pérdidas por corrupción en Honduras superan los 20 mil millones de dólares
**En Honduras la corrupción se extendió de lo público a lo privado y al narcotráfico, lavado de dinero y crimen organizado
Expediente Público
En 2008, el fiscal hondureño Luis Javier Santos recibió seis impactos de bala al salir de las oficinas del Ministerio Público. El atentado era un mensaje para quiénes investigaran casos de corrupción en Honduras. Por fortuna, Santos sobrevivió y lejos de retroceder, años después se convirtió en el fiscal más incómodo para los corruptos en este país centroamericano.
Al frente de la Unidad Fiscal Especial Contra la Impunidad de la Corrupción (UFECIC), principal socio de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), Santos impulsó 14 casos y el procesamiento judicial de 113 personas, incluida una exprimera dama. Un proceso sin precedentes en Honduras.
Tras sus 23 años de experiencia en la investigación criminal, este abogado es probablemente la persona que mejor conoce la evolución de la corrupción en este país centroamericano. Para explicarla, Santos pone como ejemplo el caso Pandora, presentado en 2018 en conjunto con la MACCIH.
La investigación llamada como Pandora señaló a 38 personas por desviar 12 millones de dólares del Estado. La lista incluyó a diputados, altos funcionarios y hasta a familiares del presidente Juan Orlando Hernández. Sin embargo, tres años después, todos los imputados fueron sobreseídos y apenas tres llegaron a juicio.
Pandora, la punta del iceberg
Para Santos, el caso Pandora evidenció un «nuevo» modelo de corrupción instalado en Honduras, donde diferentes partidos políticos se coordinan en un mismo caso para extraer fondos de diferentes instituciones públicas. «Antes era más puntual, un caso no involucraba a tantos partidos ni a tantas entidades», comenta a Expediente Público el fiscal.
Con casos como el Pandora, por primera vez en Honduras se investigó por corrupción a las más altas esferas políticas y empresariales del país. Para el caso, personajes como Schucry Kafie, considerado como una de las cinco personas más ricas del país, fueron señalados por la Misión.
«El gran problema para enfrentar la corrupción y la impunidad, es que quienes delinquen tienen la suficiente capacidad de influencia para no ser tocados», explicó recientemente Juan Jiménez Mayor, exvocero de la MACCIH, en una comparecencia en Estados Unidos. Como era de preverse, el convenio de la Misión fue cancelado en 2019.
Lea además: Honduras: el país centroamericano más insatisfecho con la democracia
Adriana Beltrán, directora ejecutiva de la Seattle International Foundation (SIF), no duda en definir que en Honduras lo que existe es una cleptocracia, «es un sistema construido por una élite política y económica que tiene el control de la institucionalidad del país, enriqueciéndose a costa del pueblo y procurándose impunidad», señala.
Una cleptocracia
La corrupción en este país centroamericano es un problema estructural que repercute directamente en la calidad de la democracia, en la efectividad del Estado y en los altos niveles de inequidad que enfrenta la ciudadanía, donde siete de cada diez personas son pobres.
«La corrupción en Honduras no se limita a ser un fenómeno económico y social, sino que es, fundamentalmente, de carácter político, evidenciando la ausencia real de democracia y de Estado de Derecho en nuestros países», explica el analista hondureño Manuel Torres Calderón a Expediente Público.
Para Gabriela Castellanos, directora del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), la corrupción en Honduras se caracteriza por su relación con el comercio de las drogas, «cuyas organizaciones intimidan y sobornan a los funcionarios públicos, desatando una ola de violencia», dijo en un evento realizado en Washington. Bajo esa línea, la Fiscalía de Nueva York habla de un narcoestado en Honduras.
No es para menos. Las dos últimas administraciones se resumen en una larga cadena de escándalos de corrupción y de narcotráfico.
En declaraciones a Expediente Público, Hugo Noé Pino, exministro de finanzas y uno de los principales investigadores sociales del país, señala que la corrupción en Honduras ha tenido dos características en la última década, su naturaleza sistemática y la construcción de una estructura de impunidad que la blinda.
Lea también: Honduras: incremento de violencia al acercarse las elecciones
Últimos ocho años
«Vamos a cambiar radicalmente la situación social de Honduras, lo haremos sin desperdiciar un tan solo lempira». Esa fue la promesa del presidente Hernández al tomar posesión en 2014. Ocho años después, se estima que durante sus dos mandatos se perdieron unos 481.5 mil millones de lempiras (20 mil millones de dólares) como consecuencia de la corrupción.
El CNA señala al presidente como el principal actor de la corrupción en Honduras. Según su directora, el mandatario aprovechó sus diferentes cargos para «extender sus tentáculos en la sustracción de los fondos públicos y el narcotráfico».
El monto que el Foro Social de la Deuda Externa y Desarrollo de Honduras (FOSDEH) calcula que se desperdició a causa de la corrupción entre 2014 y 2021, coincide con la posición histórica más baja de Honduras en el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC), realizado por la organización Transparencia Internacional (TI).
De acuerdo al calendario político, Hernández cederá la banda presidencial en enero de 2022. En plena crisis democrática, entregará la administración de un país que es considerado como el segundo más desigual en toda América Latina y uno de los más corruptos del mundo.
Corrupción en ascenso
En octubre de 2021, el CNA organizó un foro en Washington para dialogar sobre la lucha anticorrupción en el Triángulo Norte. En el encuentro participó Michael Camilleri, el principal asesor de USAID en la región centroamericana, quien compartió su preocupación por la situación en Honduras.
Puede interesarle: Honduras: Un voto de esperanza entre la corrupción y la impunidad
«Vemos patrones que no son favorables, como el desmantelamiento de la MACCIH, que el espacio cívico se va cerrando, que la libertad de prensa es más difícil, que la separación de los poderes se erosiona, tenemos una tarea difícil, pero la ayuda exterior puede jugar un papel importante», comentó Camilleri, evidenciando que la administración de Biden no confía en la gestión del presidente Hernández.
La opinión de Camilleri coincide que por noveno año consecutivo, Honduras no accederá a los fondos estadounidenses de la Cuenta Desafío del Milenio (MCC, por sus siglas en inglés), al no aprobar 10 de los 20 indicadores necesarios para calificar a los fondos del año fiscal 2021.
De acuerdo con el MCC, Honduras ha tenido un retroceso del 18% en cuanto al control de la corrupción. Su decisión tiene argumentos. Cuando Hernández asumió su primer mandato, TI calificó a Honduras como uno de los países más corruptos del mundo, ubicándolo en el puesto 126 de 175 naciones, con 2.9 puntos sobre 10 (cero es la peor calificación). Ocho años después, la puntuación bajó a 2.4 puntos, pasando a formar parte de los 23 países con menos transparencia a nivel mundial.
Como lo reflejan los informes de TI, los frecuentes escándalos de corrupción, protagonizados por políticos, funcionarios públicos y empresarios, repercuten directamente en la confianza que tiene la ciudadanía en las autoridades públicas y en la democracia.
¿Cuánto se roban?
El costo económico de la corrupción es a muy elevado en Honduras. De acuerdo al FOSDEH, durante el primer gobierno de Hernández (2014-2017) se perdieron unos 189 mil millones de lempiras (7.7 mil millones de dólares) por corrupción, equivalente al 23% de todo el presupuesto nacional.
Durante la segunda administración del actual presidente, se estima que las pérdidas ascienden a 292 mil millones de lempiras (12 mil millones de dólares), aumentando 55% con relación a su primera administración. Entre el 2018 y el 2021 el monto desperdiciado significó el 27% del presupuesto nacional.
Para entender la dimensión de los 481.5 mil millones de lempiras (unos 20 mil millones de dólares) perdidos durante los dos últimos mandatos en Honduras, cabe mencionar que este monto supera en un 30% el total del gasto público destinado para reducir la pobreza entre 2010 a 2018, de acuerdo a las cifras que maneja la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).
Otras comparaciones resultan probablemente más alarmantes. Tomando en cuenta el presupuesto nacional de 2021, el dinero perdido en los dos gobiernos de Hernández equivale a 17 años del presupuesto del sector salud. A 12 años del presupuesto de educación. A 21 años de seguridad y defensa. A 521 años de lo destinado a proteger el medioambiente. A 215 años de los fondos anuales del Ministerio Público. 0 a 290 años del presupuesto del Hospital Escuela Universitario.
Lea además: Los Papeles de Pandora exponen un paraíso para la corrupción en Honduras
Tras dimensionar el tamaño del dinero perdido, resulta más sencillo comprender por qué el Banco Mundial considera a la corrupción como el «enemigo público número uno» de los países en desarrollo.
Solamente el saqueo que sufrió el IHSS entre 2010 y 2014 por más de 300 millones de dólares, derivó en la muerte de 2,800 pacientes, a causa de la ausencia de presupuesto para su atención médica.
Desconfianza
En 2017, la organización chilena Latinobarómetro publicó que 75% de la ciudadanía hondureña considera que en el país se gobierna para unos cuantos grupos de poder. Además, ocho de cada diez hondureños desconfían de la transparencia del gobierno en el manejo de los fondos públicos.
«En Honduras todo está politizado, la Corte está politizada, la Fiscalía y el Tribunal Superior de Cuentas también, estas son instancias donde el bipartidismo tiene el control. Ese el pecado original de la corrupción en el país», señala Jiménez Mayor, exvocero de la MACCIH.
La corrupción también afecta la percepción sobre el tipo de gobernanza que se emplea en Honduras, donde solamente una quinta parte de su población considera que el país es democrático. Aun así, apenas un tercio prefiere la democracia sobre otro tipo de gobierno.
Tomando en cuenta lo anterior, no es casualidad que Honduras sea uno de los cuatro países con el más alto nivel de abstencionismo electoral en América Latina. Cabe recordar que, en las elecciones de 2013 y 2017, Hernández ganó la presidencia con apenas 23% de los votos del padrón electoral.
La opinión y percepción pública en Honduras coincide con Iván Velásquez, exdirector de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), quien considera que la corrupción «es un síntoma de una enfermedad que es la pérdida, inexistencia o deterioro de la democracia».
¿Cómo se blindan los corruptos en Honduras?
«La corrupción no es un problema moral, sino económico que arrastra a todo el sistema judicial y político. La cadena del triángulo norte funciona como un club de amigos, pendencieros, socavando las bases del derecho humano», comenta Gabriela Castellanos.
Para los analistas consultados por Expediente Público, en los últimos ocho años la lucha anticorrupción entró a una nueva fase. Las denuncias se hicieron más públicas y por primera vez en la historia, movilizaron a cientos de miles de ciudadanos a las calles, desembocando en la instalación en 2016 de la MACCIH
Sin embargo, así como avanzó el proceso anticorrupción también lo hizo el blindaje de la corrupción. Considerada como un «éxito fugaz», la experiencia de la MACCIH evidenció los mecanismos que utilizan los sectores opuestos a la lucha anticorrupción. Los mismos que lograron la finalización de su mandato en 2019.
Perder 20 mil millones de dólares en ocho años a causa de la corrupción requiere de la instalación de un sistema complejo de impunidad. El blindaje de la corrupción ha tenido principalmente dos elementos, el control del sistema de Justicia y el uso del Congreso Nacional para fortalecer la impunidad.
Lea además: Propuestas anticorrupción de los presidenciables de Honduras rozan la demagogia
Junto a corrupción, gobierna la impunidad
Dentro de la justicia el poder político prevalece disminuyendo su presupuesto, aprobando leyes o normativas perjudiciales, así como reduciendo las competencias de los entes responsables de investigar la corrupción.
Para el caso, durante el primer gobierno de Hernández el Ministerio Público investigó apenas el 12% de las 7433 denuncias recibidas referentes a posibles casos de corrupción.
«El mandatario ubicó sus piezas claves dentro de las instituciones públicas para echar andar sus acciones, al fiscal general lo recompensó por haber votado a favor de la ZEDE y de aceptar la reelección presidencial, al igual que a los 15 magistrados que imparten justicia para los corruptos», comenta la directora del CNE.
A pesar del blindaje de la corrupción, Pino considera que es posible desmontar su estructura desde los tres poderes del Estado. Para este investigador la elección del próximo Congreso Nacional será un hecho muy significativo, «o se sigue la misma línea o se derogan las leyes que protegen la corrupción», comenta.
La MACCIH, un caso esperanzador
En 2015, la administración de Hernández enfrentó una de sus mayores crisis de gobernabilidad, cuando cientos de miles de hondureños, sobre todo provenientes de la clase media urbana del país, exigieron su renuncia debido a la vinculación de su partido en el saqueo del IHSS entre 2010 y 2014.
La intensificación de las protestas en Honduras coincidió con una serie de golpes de alto perfil contra la corrupción que propinó la CICIG en Guatemala, desencadenando en la renuncia del expresidente Otto Pérez en 2015, acusado de liderar una red de corrupción aduanera.
Para que no se repitiera la experiencia guatemalteca, el presidente Hernández logró el apoyo la Organización de Estados Americanos (OEA), acordando la formación de la MACCIH, una misión que a diferencia de la CICIG no podía investigar ni judicializar casos por su cuenta, sino que solamente en conjunto con el Ministerio Público, a través de la UFECIC.
«Observadores dentro y fuera de Honduras concluyeron que el gobierno buscó la participación de la OEA al mismo tiempo que de la ONU, asumiendo que la primera era una organización más débil y que tendría menos influencia que la ONU. Además, la OEA parecía ansiosa de mostrar que podría marcar una diferencia en los temas de seguridad y de gobernanza en una misión de campo», comentó a Expediente Público el investigador Charles Call, profesor del Centro para Estudios Latinoamericanos y Latinos (CLALS) de la American University.
Para Hugo Noé Pino, la creación de la MACCIH y de la UFECIC fue un hito que ayudó a entender las formas de operación de las redes de corrupción, provenientes de los más altos niveles de la administración pública.
En sus cuatro años (2016-2020), la MACCIH presentó 14 casos ante los tribunales de justicia, equivalentes a un perjuicio de 303 millones de lempiras en fondos públicos y donde se procesó a 113 personas presuntamente responsables y partícipes de la comisión de delitos, entre ellos parientes del expresidente Lobo y del actual presidente Hernández.
Lea: Honduras: Señalados de corrupción por Estados Unidos le restan importancia a “Lista Engel”
Misión de los corruptos: matar la transparencia
La judicialización de los casos fue suficiente para que los sectores acusados, en su mayoría políticos, funcionarios y empresarios, conformaran alianzas hasta lograr la finalización del mandato de la MACCIH en 2019.
«La Misión dejó claro que la corrupción en Honduras es tan cínica que los corruptos no tienen ni pulcritud para ocultarse», declaró Ismael Zepeda a Expediente Público.
«Este esfuerzo fue destruido a dos niveles: con la serie de decisiones del Poder Judicial en la falta de pruebas para encarcelar a los corruptos y finalmente con la expulsión de la Maccih y la conversión de la UFECIC en UFERCO, con menos cobertura, capacidad y apoyo para acusar a los corruptos», opina el Noé Pino.
Sin embargo, en sus cuatro años, la Misión mostró el camino para crear un modelo integral anticorrupción en Honduras. Sobre todo, es una experiencia que demostró el alcance que puede tener el reclamo ciudadano. Para el caso, sin las marchas de 2015, el trabajo del fiscal Luis Javier Santos desde el Ministerio Público no se habría llevado a cabo.
Como explica Telma Aldana, la exfiscal general de Guatemala, ahora exiliada en Estados Unidos como consecuencia de sus investigaciones anticorrupción, «hay algo que los corruptos nunca van a poder destruir, que es justamente la conciencia ciudadana».
