*Observadores señalan que programas asistencialistas del gobierno estarían favoreciendo al partido oficialista, mientras la violencia política está en su punto máximo y advierten que un decreto de último minuto podría generar peligrosas reformas electorales previo a las elecciones.
Expediente Público
La observación electoral en Honduras ya está haciendo su trabajo y algunas de las conclusiones a las que ha llegado son interesantes: en un mes el gobierno adquirió préstamos por unos 285 millones de dólares, los que están disponibles con fines proselitistas; además, mientras la violencia se ha incrementado el doble en comparación a 2017, el Congreso Nacional podría hacer reformas electorales de último minuto porque la nueva ley electoral no se lo impide.
Honduras va a elecciones el 28 de noviembre próximo y a pocos días para el plazo fatal “hacen falta muchas cosas por hacer, en especial en materia organizativa”, señala Luis León, del Instituto Holandés para la Democracia Multipartidaria (NIMD).
León lamenta que la nueva Ley Electoral se aprobó de manera tardía, en mayo pasado; que el cronograma electoral no se esté respetando en algunos de sus plazos; que se tengan que hacer compras de emergencia y que hasta ahora se estén licitando las empresas que van a imprimir papeletas.
“Esto ya no puede seguir retrasándose. Se hace un esfuerzo, pero ese esfuerzo parece ser que se está haciendo a destiempo, sin la calidad que merece el pueblo hondureño de un proceso electoral y que al final puede pasar una factura”, apunta.
En los últimos dos años el NIMD brindó asistencia técnica, operativa y financiera al Consejo Nacional Electoral (CNE), al Tribunal de Justicia Electoral, a la Unidad de Política Limpia, pero en adelante ya no harán acompañamiento al proceso electoral, ni tampoco observación.
Observación abundante
Hasta el momento, el CNE ha firmado acuerdos de observación electoral con una decena de entidades nacionales e internacionales.
Por ejemplo: el Centro de Estudio para la Democracia (Cespad); la Red por la Equidad Democrática en Honduras (REDH); la plataforma juvenil Voto Informado; el Foro Nacional de Convergencia; y la Asociación para una Sociedad más Justa, entre otros.
En el plano internacional están: el Consejo de Expertos Electorales de Latinoamérica (CEELA); la Unión Europea y la Organización de Estados Americanos.
La REDH está conformada por una serie de instituciones de la sociedad civil: la Pastoral Social Cáritas de Honduras, el Centro de Documentación de Honduras (Cedoh), el Instituto Universitario en Democracia, Paz y Seguridad (IUDPAS) de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH).
Además: el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), la Asociación Nacional de Industriales (ANDI), el Foro Social de la Deuda Externa y Desarrollo de Honduras (Fosdeh) y SIEN Comunicaciones, que es un grupo de periodistas independientes. Para hacer un mejor trabajo se han vinculado con el Instituto Nacional Demócrata de los Estados Unidos y con el Centro Cárter.
Víctor Meza, director del Cedoh, explicó que la REDH hará una observación en tres “ciclos electorales”: etapa previa, durante el “Día D” (28 de noviembre) y lo que pase posteriormente a las elecciones. Es una metodología diseñada por la Unión Europea y ya puesta en práctica en diversos países con buen suceso.
A cada una de las organizaciones de la REDH le asignaron un tema a observar. En el caso del Cedoh fue “Estrategias clientelares de los partidos políticos y compra de votos”.
Clientelismo político con fondos públicos
Una de las conclusiones a las que han llegado “es que la estrategia clientelar del partido de gobierno ha sido hasta el momento la más estructurada, la mejor organizada y la más abundante en recursos económicos, porque han vinculado la estrategia electoral del Partido (Nacional, oficialista) con las políticas sociales del Estado y se produce una peligrosa fusión entre partido y Estado, utilizando la política pública de asistencia social como un enmascaramiento de la política de clientelismo electoral y proselitismo político del partido de gobierno”, apuntó Meza.
En otras palabras, están utilizando dinero del gobierno para hacer proselitismo político.
En esa misma línea, el Cespad, otro de los organismos observadores, emitió recientemente el documento “El peso de los préstamos internacionales en la campaña electoral 2021”, donde señaló que entre el 27 de agosto y el 29 de septiembre se aprobaron 5 préstamos por un monto total de 285 millones de dólares, provenientes del Banco Centroamericano de Integración Económica, Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo.
Esos créditos han sido aprobados en el Congreso Nacional, controlado por el oficialismo, en sesiones virtuales, criticadas por la oposición porque aseguran que en algunas ni siquiera se alcanza el quórum necesario.
A criterio de Meza, las políticas asistencialistas financiadas con préstamos externos han permitido sustituir la compra directa de votos mediante programas estatales como “Vida mejor”, bonos estudiantiles, entrega de canastas familiares, de cemento y láminas, “en una serie de programas que involucran a casi 30 instituciones del Estado”.
Agregó que “es sorprendente la utilización indiscriminada de fondos de la deuda externa para financiar este tipo de campañas, que en el fondo son procedimientos electorales del Partido Nacional”.
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¿Reformas electorales a la vista?
El Cespad también está haciendo una observación de tres ciclos, y el “Día D” espera contar con el apoyo de unos 200 observadores nacionales e igual número de internacionales, mediante alianzas con una serie de organizaciones de la sociedad civil.
Gustavo Irías, director del Cespad, coincide en que una de las situaciones observadas es el “abuso desproporcionado en la utilización del gasto público a favor del partido que está en el poder”.
A criterio de Irías, probablemente esos 280 millones de dólares no se va a ejecutar en su totalidad, “pero son fondos frescos que inevitablemente el partido de gobierno utilizará en esta campaña electoral”.
Enfatizó que el papel jugado por esos préstamos internacionales en campañas electorales abre la posibilidad de una nueva generación de reformas a la Ley Electoral para evitar que puedan ser aprobados o utilizados en política, independientemente del partido en el poder.
“Un alto porcentaje de la deuda externa enorme que tenemos proviene del financiamiento de esos programas (asistencialistas). Son préstamos y por lo tanto recursos públicos que pagaremos todos nosotros con nuestros impuestos”, acotó Irías.
Según el informe de Cespad, la deuda pública del Gobierno de Honduras asciende a 15,179.2 millones de dólares, un 57.4% del Producto Interno Bruto (PIB). Anualmente, para el servicio de la deuda, el Estado dedica alrededor de 40 mil millones de lempiras, unos 1,650 millones de dólares.
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Incrementa la violencia política
Otro de los temas que ha marcado la observación en los meses previos a las elecciones ha sido el tema de violencia.
Según el Observatorio de la Violencia de la Universidad Autónoma, y que también forma parte de la REDH, hasta principios de octubre se habían registrado unos 53 actos de violencia electoral desde que comenzó el proceso el año pasado.
En esos actos están involucrados, como hechores o víctimas, a miembros de los principales partidos en contienda: Nacional, Liberal y Libre.
Gustavo Irías confirmó que el proceso ha sido marcado “por la violencia, por la infracción de derechos humanos, y decimos violencia política cuando ya tenemos 20 asesinatos, que es el doble de lo que se pudo observar previo a las elecciones del 2017”.
Desde el Cespad, como parte del monitoreo, han insistido que el Consejo Nacional Electoral comience a aplicar sanciones administrativas para quienes promueven la violencia política; pero también requieren la intervención del Ministerio Público, entidad que ha hecho poco para cumplir sus actuaciones de oficio.
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Peligrosa ventana a reformas
La anterior Ley Electoral, vigente hasta mayo de 2021, tenía en sus artículos regulaciones que bloqueaban cualquier modificación de las reglas del juego durante 18 meses previo a las elecciones generales.
En cambio, la nueva Ley Electoral puede ser modificada “en cualquier momento, incluso una semana antes de las elecciones”, apuntó Irías.
La preocupación se incrementa luego que en sesión virtual del Congreso Nacional celebrada el 7 de octubre se aprobaron una serie de decretos, uno de ellos es la extensión del periodo de sesiones desde el 1 de noviembre hasta el 20 de enero de 2022, cuando se acaban los cuatro años de este gobierno. Legalmente el periodo de sesiones debería terminar el 31 de octubre.
“Eso quiere decir que tendremos un Congreso con las condiciones de emitir cualquier normativa que pueda modificar esta Ley Electoral durante todo este tiempo”, refirió Irías.
Durante la sesión del 7 de octubre, en la que participaron solo diputados oficialistas, también modificaron leyes relativas al lavado de activos, poniendo más trabas en la investigación; y aumentaron las penas a quienes salgan a las calles a protestar.
Para el analista Víctor Meza, esta clase de acciones “es un indicio claro de que (los diputados del Partido Nacional) están dispuestos a jugarse el todo por el todo con tal de mantenerse en el ejercicio del gobierno”.
Apuntó que esas “reformas apresuradas” e “ilegales, por el procedimiento en que han sido dadas, en sesiones virtuales de dudosa credibilidad”, traen más confusión al proceso electoral y hace pensar que el gobernante Juan Orlando Hernández estaría dispuesto a hacer cualquier cosa para mantenerse en el poder.
“La adopción de estas normas, incrementando las sanciones y la rigurosidad de las penas para perseguir y criminalizar las protestas sociales, apunta en el sentido de que está dispuesto a jugársela todo por el todo para mantener la inmunidad que le concede la jefatura del Estado”, indicó Meza.
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Observación electoral internacional en deuda
La Organización de Estados Americanos (OEA) ha observado 11 procesos electorales en Honduras, pero el del 2017 dejó malas señales en muchos hondureños luego que en sus primeros informes sostuviera que había irregularidades y que lo mejor era repetir las elecciones, pero días después, en nuevos comunicados, procedió a reconocer al gobierno de Juan Orlando Hernández.
Para el director de Cespad, está claro que lo ocurrido con la OEA es que se impusieron los intereses geopolíticos de Estados Unidos, que a través de la diplomática Heidi Fulton avaló los resultados de unas elecciones que, a su criterio, fueron “abiertamente fraudulentas”.
En el caso de la Unión Europea, considera que “simplemente no quiso comprometerse. Sus resultados finales fueron bastante decepcionantes en cuanto a su valoración de los eventos fraudulentos que se generaron”.
Para Víctor Meza, “el problema” con los observadores internacionales es que llegan una semana antes de la votación, hacen visitas “casi turísticas” a las mesas electorales en la capital y en algunos centros rurales y dos días después presentan un comunicado donde felicitan al pueblo por su vocación cívica, y se van.
“Eso es una observación muy parcial, muy defectuosa, que desgraciadamente ha caído en desprestigio, sobre todo por el fracaso que tuvo la observación electoral de la OEA y en parte de la Unión Europea en las elecciones del 2017”, subraya.
Sin embargo, Luis León, del NIMD, tiene un criterio diferente. Asegura que las observaciones de la OEA y de la Unión Europea sirvieron de base para la reforma electoral “que se intentó hacer” y que se ve reflejada en la nueva Ley Electoral aprobada en mayo.
Sin embargo, reconoce que dicha “reforma electoral es incompleta, mal hecha, y de muy mala calidad”.
Lo que se puede esperar de una observación electoral internacional -indicó-, depende de lo que los hondureños estén dispuestos a hacer con las recomendaciones: “Si realmente se van a tomar en cuenta para mejorar nuestros procesos o simplemente las vamos a utilizar para decir que la comunidad internacional está apoyando y al final del camino no es así”.
Pero León está claro que en Honduras “las recomendaciones se toman a medias, a conveniencia de quien esté manejando los hilos políticos y no precisamente a favor del proceso electoral que urge de cambios estructurales serios, cambios reales y democráticos”.
Tanto Meza como León coinciden que la presencia del expresidente costarricense Luis Guillermo Solís como jefe de la Misión Observadora de la OEA para el próximo 28 de noviembre ayudará a mejorar el trabajo de esa entidad en favor de la democracia hondureña.
Sin embargo, para el analista Gustavo Irías, la postura de la OEA nuevamente estará condicionada por la política del Departamento de Estado de los Estados Unidos en una región donde ha perdido control sobre Guatemala, El Salvador y Nicaragua, teniendo en Juan Orlando Hernández a su único aliado.
“Y conociendo a la administración estadounidense a lo largo de la historia, que no tiene amigos sino intereses, pues hasta ahora no tenemos evidencia de que la administración estadounidense se esté moviendo en una dirección diferente a lo que ha hecho en momentos anteriores. Más concretamente, que se esté moviendo en la dirección de apostar porque en Honduras realmente los resultados electorales correspondan a un proceso efectivamente transparente y legítimo”, concluyó Irías.
