*La directora de Urnas Abiertas, Olga Valle, afirmó que las votaciones en las que se eligen a los alcaldes, vicealcaldes y concejales de los 153 municipios se realizarán en medio de una “escalada totalitaria” en el país centroamericano.
**Para la defensora de derechos humanos, Haydeé Castillo, los comicios del 6 de noviembre de 2022 son “ilegítimos y fallidos”.
***El profesor de Estudios Políticos y Resolución de Conflictos, Pedro Fonseca, estimó que el régimen busca ejercer “el control de todos los gobiernos locales” en el país centroamericano.
Expediente Público
La apatía de los nicaragüenses frente a la nueva farsa electoral que se realizará este 6 de noviembre en las fingidas elecciones municipales, es el resultado del sistema represivo ejercido por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo en los últimos cuatro años. Las condiciones no han cambiado o, incluso, de acuerdo a la información disponible, han empeorado a nivel de los municipios donde la población se siente “vigilada” y no existe la “competencia electoral”.
El 6 de noviembre, según la convocatoria del Consejo Supremo Electoral (CSE), se elegirán alcaldes, vicealcaldes y miembros concejales en 153 alcaldías, de las cuales, desde 2017, 135 están en manos del oficialista Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), partido que pretende ejercer un absoluto “control en los municipios”.
“Es otro paso más que da el régimen por limitar los derechos, por limitar las libertades. Están apuntando a un cierre total de los espacios, a la instalación del terrorismo en el sentido que las personas prefieren irse, bajar el perfil, dejar de denunciar porque se sienten que están totalmente vigilados. Estas elecciones están instalando el control municipio a municipio”, dijo Olga Valle, directora del observatorio Urnas Abiertas en entrevista con Expediente público.
Expediente Público te explica cómo realmente llega Nicaragua a estas elecciones a la que más de 3.7 millones de nicaragüenses están convocados a votar, según el tribunal electoral que es controlado absolutamente por magistrados totalmente leales a Ortega y que, en elecciones pasadas, también han respaldado fraudes y elecciones ilegales.
Agravamiento de la crisis de derechos humanos
El 13 de septiembre de 2022, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos señaló que el deterioro de la situación abarca «graves violaciones de los derechos civiles y políticos” en el país centroamericano.
Además de la ausencia de un diálogo nacional y el aislamiento de Nicaragua de la comunidad internacional, existen “serias preocupaciones” sobre estas elecciones por la “la ausencia de significativas reformas electorales” que permitan prácticas «compatibles con estándares internacionales de derechos humanos”, señaló la Oficina.
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“Se está llegando a una escalada totalitaria desde el inicio de año (…) Están usando todo el aparato del Estado para perseguir, ya no se trata solamente tener a policías afuera de tu casa, sino de una negación de un pasaporte, negación de salida o negación de ingreso al país. Aunque ya no tenemos esa presencia desproporcionada que hubo en los primeros años de la crisis de agentes armados, ahora lo que estamos viendo es un miedo absoluto por esta consolidación del terrorismo de Estado”, añadió Valle.
Este año, la Asamblea Nacional canceló la personalidad jurídica de organizaciones de derechos humanos, asociaciones profesionales, asociaciones médicas, entidades asociadas a la Iglesia católica y otras de asistencia al desarrollo, sumando más de 2,500 en los últimos cuatro años.
El Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas convocó al Estado nicaragüense el pasado 19 de octubre para la revisión del IV informe periódico sobre Nicaragua y su cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (CCPR, por sus siglas en inglés), pero como en ocasiones anteriores, estuvo ausente.
“Se asiste a un proceso electoral en medio de una crisis que cada día se profundiza más, se ahonda más, muy lejos de mejorar (…) los comisionados y comisionadas de la Comisión Interamericana reconocen que este es un régimen con un nivel de criminalidad que no respeta ningún marco jurídico internacional”, enfatizó la activista y defensora de derechos humanos Haydeé Castillo.
Incrementa lista de presos políticos
La cifra de personas presas políticas en Nicaragua aumentó a 219, según registros hasta septiembre.
Las violaciones a los derechos humanos contra personas presas políticas también afectan a sus hijos e hijas menores de edad a quienes se les impide ver a sus padres o madres, lo que motivó que el periodista Miguel Mendoza y el abogado Róger Reyes, por ejemplo, iniciaran una huelga de hambre para presionar al régimen y que se les permita un encuentro con su familia, hecho que hasta el día de hoy no se les ha permitido.
El profesor de Estudios Políticos y Resolución de Conflictos, Pedro Fonseca, dijo a Expediente Público que el escenario que antecede estos comicios es “el peor contexto político en el que Nicaragua se pueda encontrar”.
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“Se ha presenciado que en Nicaragua no existe el respeto absoluto por los derechos humanos ni por los derechos civiles o político que son fundamentales para cualquier tipo de proceso como el derecho de asociación, el derecho de expresión, continúan los abusos hacia la prensa y continúan los abusos reiterados a las personas presas políticas”, describió Fonseca.
Desconfianza en el sistema electoral
La contienda municipal no contará con la participación de los tres partidos políticos que fueron cancelados arbitrariamente por el Consejo Supremo Electoral en 2021, es decir Ciudadanos por la Libertad (CxL), el Partido de Restauración Democrática (PRD) y el Partido Conservador (PC).
“El Consejo Supremo Electoral no goza de legitimidad porque quien lo nombra como tal (a los magistrados) es una Asamblea Nacional que también no goza de legitimidad”, dijo Castillo.
Tomando en cuenta que la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) concluyó que las elecciones de 2021 “no fueron libres, justas ni transparentes”, la expectativa de cambio con estas elecciones es ciertamente menos alta que la del año pasado.
“El ambiente que antecede al próximo proceso no es más que un ambiente de cero elecciones, es un ambiente político, de control policial y existe un enorme sentimiento social de no respeto al próximo proceso porque se entiende que el próximo proceso no es democrático”, aseguró Fonseca.
El 5 de mayo de 2022, la Asamblea Nacional publicó una reforma a la Ley Electoral (331) – que ya había sufrido modificaciones en 2021 previo a las elecciones generales – en la que recortó el periodo de campaña electoral, tanto para las elecciones nacionales como para las municipales, allanando el camino para el régimen.
Las cédulas de identidad vencidas estarán vigentes para votar este 6 de noviembre, pero la medida sirve para disimular el abstencionismo del 81.5% que marcaron las elecciones generales de 2021.
“Por más que para el régimen sea robarse otra vez las elecciones a nosotros, las y los nicaragüenses, nos está costando alrededor de 31 millones de dólares este proceso y no hay rendición de cuentas”, manifestó Valle.
Migración masiva de nicaragüenses
Al cierre de 26 medios de comunicación en Nicaragua en lo que va de este año, que significan restricciones de canales de comunicación de cara al proceso electoral, y la feroz persecución desatada contra la Iglesia católica, le siguió una ola masiva de migrantes nicaragüenses.
En las últimas semanas miles de nicaragüenses llegaron a las oficinas de Migración y Extranjería del país centroamericano y vivieron un calvario, que incluyó largas filas desde horas de la madrugada, para obtener su pasaporte con la intención de migrar debido a la falta de libertad y crisis económica.
El número de refugiados y solicitantes de asilo nicaragüenses ascendió a 200,000 personas, tres cuartas partes de ellos en Costa Rica, según la Oficina del Alto Comisionado de la ONU.
Mientras que, el número de nicaragüenses interceptados por las autoridades fronterizas de los Estados Unidos pasó de 3,164 en 2020 a 164,600 en 2022, según el servicio de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP por sus siglas en inglés).
A inicios de esta semana, la activista y defensora Haydeé Castillo visitó la frontera entre Estados Unidos y México, donde constató con organizaciones de derechos humanos que una cantidad de nicaragüenses han muerto en las aguas del río Bravo, en su intento por llegar a suelo estadounidense.
“Tenemos un éxodo, de manera que Nicaragua va una nueva farsa electoral municipal montados en una gran cantidad de crímenes de lesa humanidad, de violaciones a los presos políticos, de miles de nicaragüenses saliendo en este éxodo”, señaló Castillo.
Ortega, sin embargo, tiene su propia visión de lo que ocurre con la migración de nicaragüenses.
En el acto central en conmemoración del 43 aniversario del Ministerio de Gobernación (Migob) celebrado el pasado 27 de octubre, Ortega dijo que las sanciones impuestas por Estados Unidos son las que están provocando la masiva ola de inmigrantes en Nicaragua.
Ortega señaló que Estados Unidos ha impuesto más sanciones en todo el mundo que cualquier otro país, “causando el mayor daño” y “luego quejándose de los inmigrantes”.
“En los territorios ha prevalecido un fuerte movimiento migratorio que es precisamente como resultado de la precarización, la falta de oportunidades, el control político y social del régimen”, explicó Fonseca.
Panorama desalentador sin cambio social
Los elementos que configuran el escenario previo a las elecciones municipales del 6 de noviembre son bastante desalentadores, según Fonseca.
La elección convocada para este fin de semana no nos llevará a un “cambio social o a una elección legítima de autoridades municipales”, insistió.
“El poder local en Nicaragua a través de los territorios se desarrolla de la misma manera que se desarrolla a nivel general con un brazo coercitivo liderado por la Policía Nacional, por otro lado, con un control de los recursos de las redes de corrupción del régimen y la monopolización de los procesos políticos en las municipalidades”, puntualizó Fonseca.
La aniquilación de la oposición en 2021 y la persecución política generalizada, dejó únicamente a los partidos políticos colaboracionistas que se prestan a la farsa electoral del régimen en Nicaragua.
