* Asesinatos, allanamientos ilegales, detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas es el patrón que sigue el régimen en Venezuela.
** El informe «Crisis postelectoral y de Derechos Humanos 2024 en Venezuela», basado en datos de más de 25 organizaciones, denuncia crímenes de persecución política.
Expediente Público
La violencia del régimen de Nicolás Maduro utilizadas para sofocar las protestas en Venezuela, que estallaron en respuesta a las denuncias del fraude electoral, dejó al menos 24 asesinados y 1,590 detenidos en el país.
El informe «Crisis postelectoral y de Derechos Humanos 2024 en Venezuela» denuncia un preocupante patrón de abusos, represión violenta y acoso sistemático antes, durante y después de las elecciones del 28 de julio.
El reporte es respaldado por más de 25 organizaciones venezolanas agrupadas en “Derechos Humanos de Venezuela en Movimiento”.
Destaca que el régimen chavista coordina a diversas instituciones del poder público para instaurar “mecanismo de control y coerción”, que el informe califica como una forma de “terrorismo de Estado”.
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En un comunicado del 15 de agosto de 2024, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), denunció que el “régimen en el poder está sembrando terror como herramienta para silenciar a la ciudadanía”.
Estrategia de terror en Venezuela
Sólo durante el mes de julio habrían ocurrido 1,311 movilizaciones, de las cuales el 90% fue por la demanda de derechos civiles y políticos.
Después de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) proclamó a Nicolás Maduro como ganador de las elecciones presidenciales, se desataron protestas “autoconvocadas y espontáneas” en Caracas contra esos resultados.
La principal exigencia era rechazar la proclamación ilegal de Maduro y reivindicar el triunfo de Edmundo González Urrutia.
El régimen respondió “reprimiendo las protestas y neutralizándolas a cualquier costo”, mediante una estrategia que combinó métodos “duros” y “blandos”.
Según el informe, la “represión masiva y feroz” del régimen chavista en las movilizaciones de los días 29 y 30 de julio de 2024 dejó entre 24 y 26 personas asesinadas.
Las muertes fueron por heridas de bala particularmente en el ojo, pecho, espalda, cabeza, abdomen, cuello, tórax y frente.
Antes de los comicios se reportaron dos presuntas ejecuciones extrajudiciales con “presuntamente motivaciones políticas”: el asesinato de José Sánchez Acevedo en el estado de Táchira y Winder Molina en el estado Zulia.
Crímenes de lesa humanidad en Venezuela
El reporte de “Derechos Humanos de Venezuela en Movimiento” confirma la persistencia de la persecución política en el país, calificado como delito de lesa humanidad por el Estatuto de Roma.
“Al respecto, hay suficientes evidencias para determinar las responsabilidades de la cadena de mando. Nicolás Maduro ha sido el vocero oficial de la estrategia represiva implementada”, señala el documento.
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En noviembre de 2021, la Corte Penal Internacional abrió una investigación sobre los presuntos delitos de crímenes de lesa humanidad en Venezuela desde 2017, en el contexto de manifestaciones y disturbios políticos.
Un defensor de derechos humanos que participó en la elaboración de este informe explicó a Expediente Público, que prefiere hablar bajo anonimato debido a la persecución, expresó que buscan incidir para que la Corte Penal incluya en la investigación las graves violaciones a los derechos humanos cometidas tras las elecciones de julio del 2024.
El defensor afirma que la base de datos, con los nombres de las víctimas y los contactos, se la entregan de “manera confidencial” a esos organismos.
“Esto nos permite que el tema venezolano se mantenga en la atención de la comunidad internacional y que eso estimule a que los diferentes países signatarios del Estatuto de Roma continúen haciendo diligencias frente a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional”, señaló.
Clima de persecución en Venezuela
La fuente explica que la decisión de presentarse como el grupo “Derechos Humanos de Venezuela en Movimiento” evidencia la gravedad de lo que pasa en Venezuela, porque las organizaciones no lo quieren firmarlo, debido a las represalias.
El documento destaca que la persecución en Venezuela afecta a una amplia variedad de personas, entre ellas defensores de derechos humanos, políticos, estudiantes, periodistas, personal de salud y militares.
Venezuela, según el defensor de derechos humanos, se conduce por un camino similar a lo que ocurre en Nicaragua, donde el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo han clausurado y confiscado más de 5 mil organizaciones sin fines de lucro.
“Es la primera vez que hacemos esto, es decir un informe y no lo suscribimos con el nombre de nuestra organización (…) Creemos que lo que va a seguir para nuestro país es lo que ha ocurrido con Nicaragua con la ilegalización de organizaciones y con el exilio de muchos defensores y activistas”, alertó.
Detenciones arbitrarias
Este documento detalla que, tras las elecciones, el régimen de Maduro también recurrió a masivas detenciones arbitrarias, con más de 1,590 personas arrestadas hasta finales de agosto. De ese total, 221 son mujeres.
Posterior al 28 de julio, a través de sus cuentas en redes sociales o medios oficialistas, Maduro “crea y repite las narrativas para generar temor generalizado en la población”, anunciando públicamente una “cuota de personas a ser detenidas”.
El 30 de julio de 2024, Maduro amenazó que a los manifestantes detenidos “mínimo pasarán en la cárcel, mínimo por la medida bajita, 15 años por criminales”.
Los detenidos serían trasladados a cárceles de máxima seguridad, como Tocuyito y Tocorón.
Desapariciones forzadas en Venezuela
A muchas de estas personas las sometieron a desapariciones forzadas temporales y juicios sumarios, reflejando un patrón de abuso y violación de derechos humanos.
“Transcurridos 10 días de las detenciones todavía había familiares sin conocimiento donde se encontraban las personas detenidas”, destaca el informe.
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Las autoridades venezolanas han detenido a más de 2,400 personas en relación con las protestas.
Para las organizaciones de derechos humanos, el régimen justificó las detenciones por ser presuntos responsables de sabotajes al sistema eléctrico venezolano, por atentar contra centros electorales y/o grabar videos durante las protestas.
Entre los detenidos hay dirigentes políticos, periodistas y personas que participaron en las marchas.
Violencia en todo
En algunos casos, los funcionarios ingresaron a las viviendas utilizando la violencia, afectando no solo a la persona detenida, sino también a familiares.
Las principales denuncias de lo que sufren los detenidos en las cárceles están relacionadas a “muy mala alimentación incluyendo comida en mal estado entregada a los presos, escasez alarmante de agua”.
También, las personas encarceladas no tienen “ninguna privacidad para hacer necesidades fisiológicas ya que las celdas no tienen propiamente un baño, sino orificios en el suelo sin posibilidad de usar agua para la limpieza”.
El informe insta a la comunidad internacional a continuar la presión diplomática sobre el régimen chavista para “allanar el camino a una transición a la democracia”.
Orden de captura contra candidato opositor
En este contexto, la mayoría de los gobiernos latinoamericanos desconoció los resultados del Consejo Nacional Electoral, y demandaron un conteo transparente.
El candidato opositor Edmundo González Urrutia enfrenta una orden de detención por usurpación de funciones, falsificación de documentos, instigación a la desobediencia, conspiración, sabotaje y asociación ilícita.
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La Plataforma Unitaria Democrática a la que pertenece González Urrutia, y la líder opositora María Corina Machado, respaldan que su candidato ganó la elección con las copias de las actas electorales.
En un comunicado de Naciones Unidas, un grupo de personas expertas independientes expresó su “profunda preocupación” por las denuncias de graves violaciones de derechos humanos en el contexto de las elecciones presidenciales celebradas en Venezuela.
“Encontramos un alto grado de indefensión entre la población, personas defensoras de derechos humanos, personas involucradas en trabajo social y comunitario, periodistas y todas las personas percibidas como oposición”, señalaron.
