*El régimen de Caracas pone atención excesiva e injustificada en las actividades de las organizaciones no gubernamentales, que no se compagina con un riesgo real de blanqueo de capitales o financiamiento al terrorismo, señala un informe presentado por el Grupo de Acción Financiera del Caribe.
**Venezuela y Nicaragua usan las mismas tácticas represivas para cerrar, confiscar o controlar a las ONG’s.
Expediente Público
El régimen de Nicolás Maduro utiliza un creciente cúmulo de normas relacionadas con el lavado de dinero para constreñir y perseguir a las organizaciones de la sociedad civil de Venezuela.
Esta conclusión se desprende del informe con los resultados de la última “evaluación mutua” del Grupo de Acción Financiera del Caribe (Gafic), una entidad que aglutina a las representaciones de 24 estados de la región, que supervisa la puesta en marcha de medidas para la prevención del lavado de activos, el financiamiento al terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva.
Venezuela fue evaluada por cuarta vez por miembros de esa institución, con el objetivo de verificar si se habían aplicado las recomendaciones emitidas en la ronda anterior. A tal efecto, se conformó un equipo con representantes de España, El Salvador, Turcos & Caicos, la Federación Rusa y Nicaragua.
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Se dictaminó que ninguna de las principales recomendaciones formuladas durante la evaluación anterior había sido cumplida a cabalidad.
Maduro, por ejemplo, no coopera en las averiguaciones internacionales sobre lavado de dinero en las que están involucrados funcionarios o exfuncionarios de la administración pública.
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El Gafic, además, encontró que no se llevaron a cabo esfuerzos por recuperar los activos congelados en otras jurisdicciones, que pertenecen al Estado venezolano.
Organizaciones perseguidas
Paradójicamente, el equipo evaluador detectó que para las autoridades venezolanas “todas las organizaciones sin fines de lucro tienen un alto riesgo de financiamiento al terrorismo”.
En Nicaragua Daniel Ortega usa el mismo sistema para perseguir, cerrar o confiscar a organizaciones de la sociedad civil. Desde 2018 se han cerrado más de tres mil ONG’s en Nicaragua señaladas de delitos como lavado de dinero o fraude, sin que se presenten pruebas o se haga una investigación justa y transparente.
“Pero esta conclusión no está suficientemente fundamentada ni es compartida por todas las autoridades competentes”, se indicó en el reporte. De hecho, el criterio de la Unidad de Inteligencia Financiera (Unif) es que solo 128 de las 9960 organizaciones no gubernamentales escrutadas entrarían en la calificación de riesgo alto o moderado en cuanto al financiamiento al terrorismo.
Pero en el régimen de Miraflores prevalece una noción de que las organizaciones de la sociedad civil representan una amenaza.
En enero, el Parlamento dominado por el oficialismo aprobó en primera discusión un el proyecto de Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones No Gubernamentales y Afines, que establece un estricto régimen de control y registro de estas entidades, así como de sus fuentes de financiamiento.
En esa oportunidad, el segundo vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, afirmó que estas organizaciones “conspiran contra el país”, al facilitar la recopilación de datos sobre crímenes de lesa humanidad, por parte de la fiscalía ante la Corte Penal Internacional, en lo que se conoce como el expediente Venezuela I. Esta norma aún no ha sido sancionada.
Medidas injustificadas
En Venezuela, las organizaciones sin fines de lucro deben estar inscritas ante un Registro Público para contar con personería jurídica.
Desde 2021, además, deben ser presentadas ante el Registro Único de Sujetos Obligados (RUSO), que maneja la Oficina Nacional contra Drogas y el Financiamiento al Terrorismo.
Si son extranjeras, también debe estar en el Registro de ONG’s no domiciliadas (Regong). Actualmente, hay 28 Regong en el país. Sin embargo, el director de Acceso a la Justicia, Alí Daniels, observó que ninguna de ellas finalmente recibió acreditación o certificado.
“Eso demuestra que el interés (del régimen) no es llevar un récord sino ejercer control político”, afirmó.
Según este abogado, el ambiente de persecución a las organizaciones de la sociedad civil ha ocasionado que los bancos se abstengan de abrir o manejar cuentas de estas entidades.
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El informe del Gafic indica que la “atención excesiva” del régimen venezolano a las ONG’s no se compagina con las recomendaciones formuladas por esta organización.
“El excesivo foco en esta cuestión por parte de las autoridades no tiene justificación en el riesgo, y se realiza en detrimento de otras actividades”, señaló el informe.
El espejo nicaragüense
En enero de 2021, seis integrantes de la organización Azul Positivo fueron detenidos por agentes del régimen madurista e imputados posteriormente por legitimación de capitales.
En esa oportunidad, se inició desde el exterior una campaña de presión para lograr la liberación de estas personas. Azul Positivo se dedica a aliviar el impacto del síndrome de inmunodeficiencia adquirida en sectores de la población que carecen de recursos para financiar los tratamientos.
Luego de pronunciamientos de Amnistía Internacional y de la Organización de Naciones Unidas, los trabajadores fueron liberados. Sin embargo, todavía pesan sobre ellos medidas cautelares que restringen la posibilidad de movilizarse y hablar en público.
Mientras tanto, de acuerdo con el expresidente de la Comisión Nacional contra el Uso Ilícito de las Drogas (Conacuid) Carlos Tablante, en el país proliferan casinos y salas de juego sobre las que el Gobierno prácticamente no ejerce supervisión alguna.
“En cambio a las ONG’s las persiguen, las vigilan y las controlan de manera excesiva no solamente en la Superintendencia de Bancos. Es que al registrar una asociación sin fines de lucro ligada a temas de Derechos Humanos eso está bajo sospecha. Como si fueran organizaciones del crimen organizado”, afirmó en conversación con Expediente Abierto.
Tablante observó una similitud en el tratamiento dado a las ONG’s por los regímenes de Daniel Ortega y Nicolás Maduro.
“Es un libreto. Daniel Ortega también está dando una persecución a la iglesia e incluso a la Cruz Roja. A todas estas organizaciones de la sociedad civil les hacen expedientes por lavado de dinero y por financiamiento del terrorismo, e incluso les confiscan bienes y cuentas”, dijo.
Además, “ahora, estos regímenes usan la normativa internacional, elaborada para perseguir precisamente a la corrupción a la delincuencia organizada, al narcotráfico a todas estas grandes asociaciones criminales. Entonces ellos agarran esa normativa, y en vez de perseguir a los delincuentes, persiguen a la sociedad civil”, explicó el exfuncionario, quien actualmente dirige la publicación Cuentas Claras Digital, dedicada a analizar el tema del lavado de dinero.
El informe de Expediente Abierto, “El doble rasero de la política antilavado del dictador Daniel Ortega”, publicado en mayo de 2023, advierte que el gobierno de Daniel Ortega “ha instrumentalizado el sistema antilavado de dinero y financiamiento al terrorismo para incrementar sus capacidades de represión política”.
Como en el caso venezolano, Ortega ha ordenado la detención de activistas y representantes de organizaciones sin fines de lucro. Mientras tanto, se hace de la vista gorda ante los recursos ilícitos generados por los miembros de su entorno.
El informe del Gafic surge en momentos en que se discute el destino de los recursos del llamado Fondo Social. Son 3,2 millardos de dólares que permanecían confiscados en bancos estadounidenses, y que serían entregados a través de la Organización de Naciones Unidas.
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De acuerdo con el expresidente de la Conacuid, las ONG’s deben involucrarse en la supervisión del uso de los recursos asignados a este fondo.
“Sería muy útil que todas las organizaciones no gubernamentales relacionadas con los temas incluidos en ese convenio pudieran por lo menos vigilar y garantizar que esos programas se cumplan, y que los recursos lleguen a la gente que realmente lo necesitan. Y que no se desvíen por los atajos de la corrupción”, dijo.
