*El régimen de Nicaragua confiscó y borró los registros civiles de 316 nicaragüenses desterrados y desnacionalizados, de facto, les quitó el nombre a ellos y los apellidos a sus hijos. Estas son varias historias del impacto en las familias de los desterrados por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
**La apatridia no solo significa no tener pasaporte, sino, quedar en el limbo jurídico en cualquier lugar del mundo.
Expediente Público
Los 222 nicaragüenses desterrados y los 94 desnacionalizados en 2023 viven entre la esperanza, el miedo y la incertidumbre. La mayoría, en público intentan ocultar lo que sufren en silencio por las consecuencias que arrastran por la crueldad con la que ha actuado en su contra el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
“Yo creo que lo primero es terminar de asimilar el proceso de extracción al que fuimos sometidos (…) Lógicamente, yo tenía proyectado quedarme en Nicaragua cuando llegase a salir, aunque fuera bajo una figura de casa por cárcel, pero lo que quería era tener cercanía con mi familia”, dijo a Expediente Público Alex Hernández quien recuperó su libertad después de pasar 535 días en una cárcel de Nicaragua.
Hernández es uno de los 222 expresos políticos liberados y desterrados. El 9 de febrero de 2023 llegó a Estados Unidos despojado de su ciudadanía nicaragüense y con una mochila en la que cargaba la ansiedad por su futuro en un país extraño y la nostalgia por su familia.
“El proceso de sacarnos de El Chipote y traernos a Estados Unidos y entrar a esta dinámica de vida que es muy diferente a la que nosotros tenemos en Nicaragua, la situación de estar a la distancia de un pantallazo y no poder abrazar a la familia sin saber cuándo realmente los voy a volver a ver y, sobre todo, que siguen con este tipo de acciones punitivas contra nosotros, porque simplemente somos opositores, quitar la nacionalidad es una barbarie”, afirma Hernández.
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“Aberración jurídica” del régimen
Para Aníbal Toruño, periodista y director de Radio Darío, emisora confiscada en León, ciudad ubicada a unos 95 kilómetros al occidente de Managua, la apatridia a la que fue sometido por el régimen nicaragüense es una de las más “grandes aberraciones jurídicas”.
Desde 2018, Toruño vive en carne propia la saña con la que actúa el régimen y fue incluido en la lista de 94 nicaragüenses declarados apátridas el 15 de febrero de 2023.
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“No fue una sorpresa. Asumía por la persecución del régimen en contra de mi persona, que era muy seguro cuando leía la lista, que estuviese formando parte de los 94. Es una de las grandes aberraciones jurídicas y un arrebato”, reconoce Toruño en entrevista con Expediente Público.
Toruño, quien vive la “imposición de un exilio”, entre 2018 y 2021 vivió la quema de las instalaciones de la radio, la detención de sus trabajadores y los allanamientos en sus propiedades.
En marzo de 2023, un mes después de conocer que fue declarado apátrida, denunció el congelamiento de sus cuentas bancarias.
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“El exilio siempre es duro, pisa el alma, el espíritu, porque yo soy nicaragüense y llevo en la sangre el hecho que nací en León, crecí y estudié en mi nación y que se pretendiera arrancar los cimientos de algo que está impregnado en mi ADN me parece inmensamente monstruoso y parte de algo demencial, terrible”, describe Toruño.
Daño emocional colectivo
El periodista nicaragüense desnacionalizado explicó que, en la casa solariega, propiedad de sus hijos en Nicaragua, el régimen enterró todos los recuerdos de la familia. La casa, de la que sus hijos eran propietarios, está ligada a la “historia” de su familia.
“La casa está ligada a nuestra historia, nuestros sentimientos, al crecimiento de mis hijos (…) No dejaron sacar absolutamente nada de la vivienda, ahí quedaron enterrados, esparcidos, fotos, juguetes, ropa de mis hijos y es indudable que genera un efecto emocional que no es fácil asimilar”, menciona Toruño quien ha denunciado la situación de Nicaragua en las audiencias públicas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Para la dirigente política Tamara Dávila, quien estando en prisión y en aislamiento realizó una huelga de hambre como último recurso para que le permitieran ver a su menor hija, considera que ningún otro régimen del mundo ha actuado con tanta saña como lo han hecho Ortega y Murillo.
“Eso no ha sucedido en ninguna dictadura más que con Hitler en la segunda guerra mundial. Es decir, no hay ningún precedente de algo así, es realmente grotesco”, señaló Dávila.
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Dávila se reencontró con su hija en el destierro el pasado 7 de abril. Desnacionalizada y sin poder volver a Nicaragua, la expresa política explica que los Ortega y Murillo tienen la capacidad de “ejercer el poder para el mal”.
«Es realmente el odio del régimen y el afán de mostrar todo el poder que ellos creen que tienen, porque al final yo sigo siendo nicaragüense (…) Ortega y Murillo han demostrado precisamente esa capacidad de ejercer el poder para el mal contra quien sea que ponga en duda o que cuestione su poder y su afán dictatorial dinástico familiar”, mencionó la activista.
Daño colateral: las familias
Félix Maradiaga, excandidato presidencial y parte de los 222 desterrados, explicó que la apatridia para él no es solo un daño económico, sino emocional, espiritual y mental. Aunque explica que no se siente derrumbado.
“No ha hecho absolutamente ningún impacto. Yo soy nicaragüense, considero arbitraria e ilegítima esa decisión, creo que no tiene ninguna validez (…) Obviamente tiene implicaciones prácticas, por ejemplo, para viajar. Se ha requerido toda una logística, gestión de apoyo de los gobiernos amigos que saben que esta decisión del régimen de la dictadura es ilegítima y, por tanto, implica una serie de trabas en todo”, manifestó Maradiaga.
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Otro nicaragüense que integra la lista de los 94 es el catedrático Ernesto Medina, quien se exilió el 7 de julio de 2021 previo al proceso electoral de ese año que fue antecedido por una ola de arrestos a opositores. “Un encarcelamiento para mí era muy grave”, reconoce a Expediente Público.
El día que el régimen le declaró “muerte civil” fue un momento muy “triste”. “Sentí una profunda tristeza (…) Yo sabía que se estaba cometiendo una injusticia enorme”, dijo Medina.
Un mes antes, al catedrático le habían enviado de Nicaragua un “certificado de buena conducta” de la Policía para continuar unas gestiones personales en el exilio y que evidenciaba que no existía registro de “ninguna acusación” en su contra.
“De repente aparece un juez quitándome mi nacionalidad y quitándome todos mis derechos con una acusación que yo desconocía (…) Que me digan que me quitan todos mis derechos y de que mis hijos pueden quedar en el peligro de ya no tener padre, porque su padre no existe en los registros (…) En lo personal para mí fue un momento muy triste, muy duro”, añadió Medina.
¿Cómo daña a los nicaragüenses desterrados?
El exdiputado Eliseo Núñez Morales, exiliado en Costa Rica, afirma que la persecución contra su persona trastocó todo su círculo familiar. “Afecta a toda la familia, mi hijo no tiene pasaporte, se lo negaron y pasó un año sin verme”, señala.
A partir de su inclusión en la lista de los 94 desnacionalizados su esposa e hijo también se trasladaron a Costa Rica.
“Cambiaron su vida solo por seguirme, mi esposa y mi hijo tenían sus amigos, su escuela, su trabajo, y ahora volver a empezar aquí y no es algo que sea grato”, dijo el opositor originario de Masaya.
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El cambio brusco de un país a otro afectó la salud de su hijo de 11 años, reconoce el opositor. “Cuando vino aquí se enfermaba bastante y el estrés se estaba reflejando en su parte física (…) Lo otro es que meterte a un colegio público no es fácil y yo no tenía ni cómo identificarlo claramente”.
Familia forzada al exilio
Antes de exiliarse en Costa Rica, sus dos hijos mayores vivían sumamente preocupados.
“Cuando empezó la persecución me llamaban cuatro o cinco veces al día desesperados, porque no sabían si iba a amanecer libre”, confirma Núñez Morales.
Al opositor no solo le declararon muerte civil, sino que le arrebataron su título de abogado y notario.
“Si yo fui borrado, mi hijo también (…) A mí me decretaron una muerte civil desde mucho antes de 2018. A mí en los juzgados me perdían expedientes completos y es algo que muy poca gente sabe”, señaló.
En Costa Rica, Núñez Morales trabaja como consultor haciendo análisis jurídicos y políticos. “No considero que esté en una situación precaria, pero mi vida dio vuelta, yo tenía mi casa y no tenía que estar preocupado para pagar una renta al mes”.
Daños en valores intangibles
A Hernández le anularon su título profesional, que es privarte de tu esfuerzo, pero “cuando te privan de tu familia, tratan de hacer menos que un gusano. Ya todo estaba perdido de antes, pero también todo está ganado también en el futuro. A todos nosotros, los que hemos sido despojado en lo que teníamos allá vamos a recuperarlo”.
Hernández explica que con el destierro y desnacionalización ya no tenía más que perder, pues ya era su segunda liberación como preso político. Califica sus pérdidas más allá de lo material. “Perdí a buena parte de mi familia que para mí importa más que cualquier escritura de propiedad, mi carrera”.
La Corte Suprema anuló los títulos de 26 abogados desnacionalizados, pero también unos 5,000 títulos emitidos por la Universidad de América Latina (Unival) cancelada el 14 de diciembre de 2022.
316, la punta del iceberg
Maradiaga señaló también que “la dictadura, así como se está adueñando de propiedades, así como ha robado la libertad y los derechos, también ahora se siente con el derecho de robarnos hasta la nacionalidad”.
Además, se han ha anulado pasaportes a más nicaragüenses, se les ha impedido entrar o salir del país y el número de personas que de facto han sido tratadas como apátridas por el régimen es superior.
El excandidato presidencial aseguró que desde marzo del 2020 le quitaron el pasaporte, “se nos restringió la posibilidad de registrar propiedades de poder tener una relación bancaria normal como cualquier nicaragüense buscar un crédito, incluso dificultades hasta por poder pagar los créditos normales que tiene una familia”.
Rupturas familiares
Del mismo modo, un empresario desnacionalizado, quien prefirió omitir su nombre, expresó que desde antes del 2018 está bajo el acoso del régimen, pero ahora la modalidad es continuar amenazando a su madre y hermanos.
Lamentablemente la familia necesita seguir sobreviviendo o subsistiendo bajo el régimen y no entienden la posición propia. “A veces hasta nos echan la culpa de meternos en política, reclaman porque consideran que estarían tranquilos o nade les hubiera pasado de no meterse en política”, dijo el entrevistado.
Por otra parte, para el empresario, aparecer en la lista de desnacionalizados “fue un sentimiento agridulce”, porque finalmente demostraba que era un preso político, pero algunas personas lo dudaban.
La desnacionalización “es un premio para los que estamos haciendo la lucha y lo que tenemos conciencia, es un reconocimiento a la labor que hacemos”.
La parte triste es la implicación que pueden tener con la familia, particularmente con la anulación de los registros civiles, y no saber si sus hijos conservan su apellido.
