*En la última Encuesta de Presupuesto Abierto 2021 (OBS, por sus siglas en inglés), promovida por la organización International Budget Partnership (IBP), Nicaragua obtuvo una puntuación de 42 puntos sobre 100.
**El país centroamericano se sitúa en el lugar 73 de la clasificación de 120 países.
Expediente Público
Nicaragua sigue sin transparentar los datos sobre el Presupuesto General de la República (PGR) y aún tiene el desafío de transmitir información “más simple” y clave a la ciudadanía, según la más reciente Encuesta de Presupuesto Abierto 2021 (OBS, por sus siglas en inglés), promovida por la organización International Budget Partnership (IBP) en la que el país salió nuevamente aplazado.
Los resultados del Índice de Presupuesto Abierto 2021 de la OBS, que mide el acceso a la información por parte del público y la manera en que el Gobierno central recauda y gasta los recursos públicos, muestran que Nicaragua obtuvo un puntaje de 42 sobre 100 en el nivel de transparencia.
La Encuesta es la única evaluación comparativa, independiente y periódica del mundo que examina los tres pilares de la rendición de cuentas presupuestaria (transparencia, vigilancia y participación ciudadana) y que, en esta octava edición, dada a conocer este 31 de mayo, incluye una evaluación de 120 países.
Pese a que este año Nicaragua subió su puntuación con respecto a 2019, cuando el promedio de transparencia fue de 41 sobre 100, los resultados revelan que la información mostrada por el Gobierno central sobre transparencia presupuestaria sigue siendo “insuficiente”.
El economista, Leonardo Labarca, investigador del centro de pensamiento Expediente Abierto, estuvo a cargo de la encuesta en Nicaragua. El experto en temas presupuestarios afirma que el nivel de información que el Gobierno central de Nicaragua brinda es “limitado” y no permite hacer valoraciones sobre la asignación de los recursos públicos.
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“En un contexto de democracia la publicación de la información sobre los recursos públicos es una obligación porque el gasto público, todos los recursos que tiene el gobierno, es financiado a través del pago de los impuestos de las ciudadanas y ciudadanos”, explicó Labarca a Expediente Público.
El año 2006 fue la primera vez que se incluyó a Nicaragua en esta encuesta que se realiza cada dos años. Desde entonces, los datos ofrecidos por IBP muestran que el país centroamericano ha tenido pocos avances en esta materia.
La calificación más alta alcanzada fue de 46 puntos, en 2015. En 2017 se redujo a 43 puntos, y pasó de 41 en 2019 a 42 en la más reciente encuesta.
A nivel de la región, en la evaluación sobre transparencia, Nicaragua quedó en penúltimo lugar, por detrás de El Salvador que obtuvo 41 puntos. Los otros países como Guatemala (64 puntos), Costa Rica (63) y Honduras (61) ofrecen “suficiente” información y están por delante de Nicaragua en 2021.
Opacidad en los datos publicados
Una puntuación de transparencia de un mínimo de 61 indica que probablemente el país aporta “suficiente material” para respaldar un debate público informado sobre el presupuesto, pero Nicaragua quedó por debajo de esa puntuación.
Para verificar si existe buena práctica de transparencia se revisa y analiza la información que ofrece el Gobierno central en ocho diferentes documentos que se publican en todo el ciclo presupuestario.
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Con esos documentos se mide si la información está disponible al público; si fue publicado tardíamente, no publicado en línea o elaborado solo para uso interno del Gobierno y, en el peor de los escenarios, si no fue elaborado.
“La transparencia ayuda a que el gobierno sea más eficiente en la asignación de los recursos. La sociedad civil puede ayudar a identificar derroches de algún tipo de proyecto o una mala asignación en ciertas partidas, o si una política está mal enfocada, y con la transparencia se puede identificar para que el gasto sea eficiente”, señaló Labarca.
A la fecha, el Gobierno central mantiene sus viejas prácticas y solo presenta cinco de los ocho documentos, lo que hace que Nicaragua sea visto como un país que no publica “suficiente material” para respaldar un debate público informado sobre el presupuesto.
El documento preliminar del presupuesto, que contiene las políticas fiscales y describe el pronóstico económico y los niveles de ingresos, gastos y deuda es uno de los documentos que el Gobierno central no publica en el país. El mismo no está “disponible al público” y se elabora solamente para uso interno.
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El Gobierno central no elabora el presupuesto ciudadano, que es un documento que ofrece una versión “más simple y menos técnica” del presupuesto, es decir está diseñado para transmitir detalles claves al público.
Por último, el informe de revisión de medio año, que ofrece una actualización completa de los primeros seis meses de la implementación del presupuesto, es el tercer documento que el Gobierno central no elabora.
“Hay estudios que indican que en los países donde hay más transparencia presupuestaria, los préstamos de organismos multilaterales para financiar proyectos públicos son más baratos, es decir se les da tasas de interés más baja”, señaló Labarca.
Participación pública en el presupuesto
La OBS también evalúa las oportunidades de participación pública de “forma significativa” durante el proceso presupuestario y en Nicaragua esa posibilidad es “limitada”.
Nicaragua tiene una puntuación de participación pública de 7 sobre 100 – el mismo puntaje alcanzado en 2019 – debido a los bajos resultados obtenidos en los mecanismos de formulación, aprobación, ejecución y auditoría, que son fases del ciclo presupuestario.
Nicaragua había tenido una mejor calificación de 11 puntos en la encuesta 2017.
El Gobierno, según los resultados, no pone en práctica mecanismos para involucrar al público en la fase de formulación del presupuesto y el monitoreo de su implementación, fases en las que obtuvo cero puntos.
Las únicas fases en las que Nicaragua alcanzó una nota de 11 y 33 puntos fue en la aprobación y el área de auditoría, respectivamente.
Pese a que la Asamblea Nacional ha establecido un proceso de audiencias públicas concernientes a la aprobación del presupuesto anual, la OBS recomienda que se permita la participación de “cualquier miembro del público u organización de la sociedad civil” para que intervenga en las audiencias sobre el proyecto de presupuesto antes de su aprobación.
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Los otros países centroamericanos también tienen “insuficiente” participación pública: El Salvador tiene 20 puntos, seguido de Guatemala con 19, Honduras con 17 y Costa Rica con 9.
“Tiene que haber formas y mecanismos para que la población pueda participar en todo ese proceso, ese pilar es el que peor evaluado sale en la encuesta a nivel general”, confirmó Labarca.
En el caso específico nicaragüense se recomienda a la Contraloría General de la República (CGR) establecer mecanismos formales para que el público contribuya en las “investigaciones de auditoría relevantes”.
Por su parte, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público debe involucrar al público en la “formulación del presupuesto y el monitoreo de su implementación”.
Capacidad de vigilancia disminuida
La capacidad de vigilancia de las instituciones fiscales independientes, las legislaturas y de las instituciones superiores de auditoría es otro de los componentes evaluados en la encuesta.
La encuesta califica a cada país según una escala de 0 a 100 en base a 18 indicadores a los que se da el mismo peso.
Se evalúa la vigilancia de la Contraloría General de la República, que se califica como “limitada” ya que obtuvo una puntuación de 50 puntos y se observa el papel de la Asamblea Nacional que es “adecuado”, ya que se le otorga un puntaje de 64.
En conjunto, la encuesta determina que la vigilancia de las instituciones formales sobre el presupuesto es “limitada”, pues se le otorgó a Nicaragua un puntaje de 59 sobre 100.
“Si Nicaragua no obtiene mayores puntajes es porque en realidad la Contraloría y la Asamblea no están haciendo el trabajo que tienen que hacer”, puntualizó Labarca.
La Asamblea Nacional debe debatir la política presupuestaria antes de que se presente el proyecto de presupuesto del Ejecutivo y aprobar recomendaciones para el siguiente presupuesto, recomienda la OBS.
La CGR debe garantizar que un organismo independiente revise los procesos de auditoría, señala.
