**La iniciativa ciudadana Urnas Abiertas revela más de 300 hechos de violencia política que desde hace seis meses se han reportado en Nicaragua durante el período preelectoral, tales como: hostigamiento, amenazas, agresiones, lesiones, y detenciones.
Expediente Público
En los últimos 6 meses de período preelectoral al menos 323 hechos de violencia política han sido registrados en Nicaragua, según el Observatorio Ciudadano «Urnas Abiertas», grupo multidisciplinario de ciudadanos que documentan el contexto en que se desarrollan las elecciones de presidente, vicepresidenta y diputados el próximo 7 de noviembre en el país centroamericano.
El seguimiento lo realizarán junto con el Monitoreo Azul y Blanco, plataforma conformada por defensores de derechos humanos y juristas. Según lo documentado, entre octubre de 2020 y marzo de 2021, los principales hechos de violencia fueron impedir la libertad y acceso de prensa, la libertad de opinión y expresión, reunión y asociación pacífica y movilización a través del hostigamiento de la Policía Nacional, sufrido en su mayoría por los integrantes de organizaciones y partidos políticos opositores al gobierno de Daniel Ortega.
El 73.4% de los hechos, es decir, 237 de estos, fueron realizados principalmente por fuerzas de choque o grupos paraestatales y miembros de la Policía.
El vocero de la organización Urnas Abiertas, Julio Martínez, dijo a Expediente Público que, en medio de un año de contexto electoral en la nación centroamericana, es importante visibilizar estos actos de violencia porque “este es el primer proceso (electoral) que se da después de las protestas antigubernamentales de 2018, el primero que se da bajo un estado policial de facto”.
Sin embargo, no es el primer proceso electoral en que la ciudadanía denuncia fraude o irregularidades como se ha documentado en ocasiones anteriores por organizaciones de observación electoral y de derechos humanos tanto nacionales como internacionales.
Además, Martínez resalta que en este proceso “hay mucha esperanza de la ciudadanía para empezar la transición que garantice la reconstrucción de la institucionalidad del estado de derecho y especialmente para alcanzar justicia”.
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Nicaragua realizará elecciones nacionales en noviembre del 2021 arrastrando tres años de crisis social, política y de recesión económica, causada por la represión y abusos a los derechos humanos de parte del gobierno de Daniel Ortega y su vicepresidenta y esposa Rosario Murillo. Más de 300 asesinatos ocurridos en el contexto de la represión a las protestas sociales en 2018 siguen en la impunidad así como otros crímenes considerados de lesa humanidad, y que están documentados por organismos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y Naciones Unidas.
Violencia en todos los departamentos
Las formas de hostigamiento se han dado en los 15 departamentos y las 2 regiones autónomas en Nicaragua. Entre las más frecuentes que recopila el informe, es la presencia de patrullas o motos policiales afuera de las viviendas de personas pertenecientes a organizaciones y partidos políticos, así como pintas en paredes, confiscación y destrucción de elementos de protesta azul y blanco (banderas, camisetas o afiches).
Durante los últimos seis meses se registró persecución en vehículos policiales, requisas afuera de hoteles, en retenes policiales, detención por horas en estaciones policiales.
Según el informe, los grupos opositores han expresado “preocupación por la manipulación injustificada de cédulas en el contexto electoral”, ya que esta, además de ser solicitada injustificadamente por los policías en lugares donde se desarrollan actividades políticas, también le toman fotos.
De los más de 300 hechos de violencia política, el 73.4% de los casos, fueron de hostigamiento, incluyendo a precandidatos a la presidencia como el líder campesino Medardo Mairena, el periodista Miguel Mora, el politólogo Félix Maradiaga, Juan Sebastián Chamorro (empresario) y George Henríquez, dirigente caribeño.
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Además, entre otras agresiones registradas como golpes, exposiciones públicas, pedradas y allanamientos violentos, fueron en contra de integrantes de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, Coordinadora Universitaria por la Democracia y la Justicia, Partido Ciudadanos por la Libertad, Movimiento Campesino, Unidad Nacional Azul y Blanco, y Unidad Médica Nicaragüense, todas conformadas por sectores sociales, políticos, gremios y empresarios opositores al gobierno.
Martínez, vocero de Urnas Abiertas, explica que un proceso electoral, creíble justo y legítimo de acuerdo a estándares internaciones tiene que ver con el respeto de los derechos humanos y la no intimidación a las personas que compiten por cargos de elección popular, además de los medios de comunicación y la sociedad en general.
Por ello, entre las apuestas de Urnas Abiertas está “poder documentar, visibilizar y denunciar todas las violaciones de derechos humanos, y todas las situaciones de violencia política para que se pueda evidenciar bajo qué condiciones se está desarrollando este proceso”.
Urnas Abiertas, durante los próximos meses trabajará en alianza con el Monitoreo Azul y Blanco y el Observatorio Ciudadano de COVID-19 para lograr documentar más ampliamente hechos de agresiones relacionados al proceso electoral en el territorio nicaragüense.
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Una reforma que atenta contra la libertad
En este contexto de violencia política, el observatorio ciudadano, que nace con el objetivo de monitorear las elecciones en Nicaragua previstas para noviembre de este año a través de un equipo multidisciplinario, advierte que el cese de la represión y las violaciones de los derechos humanos debe ser una “condición inexorable” para el desarrollo del proceso electoral 2021.
Sin embargo, hasta ahora, la mayor de las irregularidades a juicio de la diáspora internacional ha sido la aprobación de una reforma electoral en la que Nicaragua “se encamina a la peor elección posible”.
El gobierno sandinista a través de la mayoría de diputados (70 de los 91), logró que se aprobara la reforma a la Ley número 1070 de reforma y adición a la Ley Electoral número 331 en la Asamblea Nacional (parlamento), la cual tiene amplio rechazo por los partidos opositores, así como por la comunidad internacional ya que se incorporó mecanismos para impedir por la vía de la inhibición a candidatos a la Presidencia que tengan posibilidad de ganar la elección a Ortega. Además, el gobernante partido Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) reforzó su control en el Consejo Supremo Electoral (CSE), ya que seis de los diez recién nombrados magistrados son afines al FSLN, y los otros tres funcionarios son de partidos aliados al gobierno.
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Sin embargo, este escenario ya ha sido condenado a nivel internacional por Estados Unidos, la Unión Europea, el Reino Unido, así como la mayoría de Estados miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA).
La presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Antonia Urrejola, durante la Sesión Ordinaria del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA), el pasado 12 de mayo, en la que se discutió la situación de Nicaragua, expresó su preocupación respecto a la aprobación de la reforma electoral que “mantiene e intensifica el cierre de los espacios democráticos en el país”.
Urrejola, relatora especial para Nicaragua, reiteró que dicha reforma, “lejos de ampliar la participación democrática y de asegurar la realización de elecciones libres, justas, competitivas, observadas y legítimas, produce, por un lado, cambios meramente formales en el actual sistema, así como la incorporación sustancial de reglas que restringen la competencia electoral y el ejercicio de los derechos políticos”.
