*Un Consejo Supremo Electoral señalado de celebrar votaciones sin “transparencia” en 2021 con funcionarios sancionados acusados de socavar la democracia volverá a dirigir la elección municipal previstas para noviembre 2022.
**Alexa Zamora, integrante del Consejo Político de la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB) afirmó que otro proceso con los mismos actores electorales tampoco tendrán “legitimidad”.
***Elecciones municipales se celebrarán también bajo un clima de terror implantado en todo el país por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
Expediente Público
Con un Consejo Supremo Electoral (CSE) sancionado por la Unión Europea junto a tres de sus magistrados, Nicaragua nuevamente se encamina a unas elecciones donde se elegirán alcaldes y concejales en los 153 municipios, un proceso en el que la oposición visualiza que el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) premiará a sus operadores políticos, permitiendo la reelección de los mismos alcaldes que reprimieron las protestas cívicas de 2018 y han replicado el estado policial impuesto por el régimen desde 2018.
“El panorama es bastante complejo y si se llega a desarrollar (una elección municipal) sin ningún tipo de reformas y en las mismas condiciones en las que se llevó el proceso electoral 2021, lo que tendremos no es más que otro mecanismo de consolidación del poder del régimen a través de sus estructuras municipales y departamentales”, dijo a Expediente Público Alexa Zamora, integrante del Consejo Político de la Unidad Nacional Azul y Blanco (Unab).
Durante las elecciones municipales de 2017, que fueron celebradas en medio de denuncias de fraude que hizo la oposición, el FSLN se alzó con 135 de las alcaldías incluidas las principales plazas políticas como la de la capital Managua, Chinandega, León, Matagalpa y Masaya.
El Partido Liberal Constitucionalista (PLC, derecha) ganó 11 alcaldías; Ciudadanos por la Libertad (CxL, derecha y hoy anulado) obtuvo seis municipios y la Alianza Liberal Nicaragüense, aliada del FSLN, se quedó con una alcaldía.
A diferencia de 2017, este año se celebrarán unos comicios municipales que estarán marcados por una grave situación de violación de derechos humanos y con un tribunal electoral con tres funcionarios fueron sancionados por la Unión Europea, Estados Unidos y Reino Unido.
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Para el politólogo nicaragüense Pedro Fonseca las sanciones impuestas contra este Poder del Estado y sus funcionarios no marcará “ninguna diferencia” en el proceso electoral sujeto a desarrollarse a finales del 2022.
“No solo tenemos un Consejo Supremo Electoral sancionado, sino que también tenemos a un Poder Ejecutivo sancionado, Rosario Murillo y sus hijos están sancionados; tenemos una Asamblea legislativa sancionada, tenemos una Policía sancionada, un Ejército sancionado, o sea tenemos instituciones sancionadas (…) Se ajusta al modelo que está funcionado el régimen desde hace varios años, no va a marcar ninguna diferencia”, explicó Fonseca a Expediente Público.
Un tribunal electoral sancionado
El 10 de enero de 2022, el mismo día que Daniel Ortega fue investido como presidente de Nicaragua para los próximos cinco años, la Unión Europea emitió sanciones contra el CSE, como el órgano responsable de preparar, celebrar y certificar las elecciones generales del 7 de noviembre de 2021.
Los resultados electorales de 2021 fueron calificados como “ilegítimas” por gran parte de la comunidad internacional, incluso la Organización de Estados Americanos (OEA).
«Si tenés un CSE en el cual todos sus magistrados están indirectamente sancionados, porque la institución Per Se está sancionada, pero que además no cuenta con ningún tipo de credibilidad el resultado de ese proceso electoral con esos actores interviniendo de manera directa, pues tampoco puede tener ningún tipo de legalidad o de legitimidad”, manifestó Zamora.
La Unión Europea concluyó que las elecciones de noviembre pasado no gozaron de transparencia y no se permitió la participación de una “verdadera oposición”.
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“El CSE privó a la oposición de la oportunidad de presentarse a unas elecciones libres y se aseguró de que los comicios se organizasen en condiciones antidemocráticas (…) Es responsable de la represión de la oposición democrática y de socavar la democracia y el Estado de Derecho en Nicaragua”, señaló la Unión Europea.
Magistrados electorales sancionados
La Unión Europea también designó a la magistrada Brenda Rocha Chacón, presidenta del CSE desde mayo de 2021 cuando los legisladores del Parlamento nicaragüense realizaron unas reformas electorales a la medida del régimen y eligieron los cargos vacantes del tribunal electoral.
La Misión de Acompañamiento Electoral de la Organización de Estados Americanos (MAE/OEA), que desplegó en Nicaragua un equipo de 60 observadores al mando del político uruguayo Wilfredo Penco para las elecciones municipales de 2017, concluyó entonces en un informe que el sistema electoral nicaragüense se “beneficiaría de una reforma electoral”.
El CSE, según la Unión Europea, se “aseguró de que los comicios se organizasen en condiciones antidemocráticas”.
El vicepresidente del CSE, Cairo Amador Arrieta, también fue incluido en la lista de la Unión Europea al igual que el también magistrado Lumberto Ignacio Campbell Hooker, quien quedó en la presidencia de ese Poder del Estado tras la salida por sanciones del ex magistrado Roberto Rivas Reyes en 2017.
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El magistrado Campbell Hooker es hasta ahora el funcionario electoral con más sanciones, pues tiene designaciones por parte de Estados Unidos, Canadá y Reino Unido.
“Para la gente afín al régimen ser sancionado es como una especie de premio, porque eso te legítima como fiel y leal al régimen”, señaló Fonseca.
¿Premiará el régimen a alcaldes represores?
Durante el proceso electoral de 2021 el régimen encarceló a siete precandidatos presidenciales de la oposición Cristiana Chamorro, Félix Maradiaga, Juan Sebastián Chamorro, Arturo Cruz, Miguel Mora, Noel Vidaurre y Medardo Mairena.
Zamora no descarta que para el proceso electoral municipal de 2022 los operadores del régimen también quieran desarticular a cualquier figura que en los municipios goce de simpatía popular.
“Hay líderes territoriales que tienen muy buenos perfiles en sus municipios y así tal cual el Frente (Sandinista) echó preso a las personas que pensó que podían hacer contrapeso a Ortega en las elecciones, así que no descarto que puedan perseguir y encarcelar a estas personas que ejercen una posición beligerante desde sus territorios”, agregó la líder opositora de la Unab.
La integrante del Consejo Político de la Unab tampoco descarta que el régimen quiera premiar con una reelección a los mismos alcaldes acusados de graves violaciones de derechos humanos por Estados Unidos.
El 15 de noviembre de 2021 el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a Sadrach Zeledón Rocha, alcalde de Matagalpa, acusado de contribuir con la violencia que se ejerció contra las manifestaciones cívicas de 2018.
El edil matagalpino “estuvo vinculado con las acciones de fuerzas paramilitares, la Policía orteguista y de choque que estuvieron implicados en graves abusos contra manifestantes”, señala la nota del Departamento del Tesoro.
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Los ataques con armas pesadas que llevaron a cabo paramilitares en la ciudad de Jinotega y que provocaron la muerte de cuatro personas estuvieron dirigidos por el edil Leónidas Centeno, también designado por Estados Unidos.
El alcalde de Estelí, Francisco Valenzuela fue incluido en la lista de sancionados, porque desde la institución que dirige recibió instrucciones de “ubicar francotiradores que apuntaran a los manifestantes durante las protestas de 2018”.
“Además de que son operadores territoriales necesarios para que el régimen pueda seguir manteniendo control y hegemonía no solamente política, sino en términos de control territorial por la fuerza, es lo que este tipo de alcaldes que están sancionados es lo que le han facilitado al régimen. Estos operadores están ahí y se les ha premiado en términos políticos para mantenerse en los cargos indefinidamente”, dijo Zamora.
Las protestas de abril de 2018 fueron reprimidas por el régimen y dejaron como saldo 355 personas asesinadas, más de 2 mil heridos y 110 mil exiliados, según datos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Las elecciones municipales de 2017, según el observatorio electoral Ética y Transparencia, fueron el resultado de una “política de Estado que sistemáticamente impide la expresión libre de la voluntad popular”.
Fonseca no descarta que el índice de violencia política pueda incrementarse como ocurrió en el proceso de 2021.
“Básicamente vamos a tener, de nuevo, una pantomima de proceso electoral, una pantomima de candidaturas y de partidos zancudos, no vamos a tener un proceso electoral de ningún tipo, no vamos a elegir a nadie, ni las municipalidades van a generar ninguna transformación (…) Vamos a seguir teniendo alcaldes eternos que le sirvan al régimen”, insistió Fonseca.
El Observatorio Nicaragüense de la Violencia, una iniciativa ciudadana que monitorea los hechos de violencia en el país centroamericano, registró 1,352 incidentes de violencia el año pasado y el hostigamiento hacia personas opositoras fue el tipo más recurrente.
