*Uno de los propósitos es perseguir a religiosos católicos y activistas de derechos humanos.
**Las modificaciones a la Ley Electoral allanan el camino del régimen de cara a las elecciones municipales de este año. Además, se prepara el cierre de 25 organizaciones de la sociedad civil.
Expediente Público
La Asamblea Nacional, controlada por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, prepara una serie de reformas penales y electorales a través de las cuales busca incrementar las condenas a ciudadanos que denuncien las violaciones de derechos humanos y preparar el camino de cara a las elecciones municipales de 2022. Además, sigue en una intensa cacería contra las oenegés en el país centroamericano, por lo que se prepara para cancelar otras 25 organizaciones sin fines de lucro, según iniciativas e informes divulgados en el sitio oficial del Parlamento.
Después del periodo de consultas que realizó la Comisión de Justicia y Asuntos Jurídicos de la Asamblea Nacional sobre las normas jurídicas penales que se aplican a personas acusadas por ciberdelitos y por menoscabo a la integridad nacional, el régimen apunta a perseguir a los “religiosos y directores de organizaciones de derechos humanos”, según el mismo informe presentado por los diputados a la Junta Directiva del Parlamento.
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El informe de la Comisión señala que, durante el periodo de consultas que inició el 11 de febrero y terminó el 6 de abril de 2022, comparecieron “víctimas y familiares de crímenes de odio”, quienes expresaron que “las penas deberían ser más severas y demandaron justicia para con los religiosos y directores de organizaciones de derechos humanos que se involucraron en las aventuras golpistas como dirigentes”.
Los diputados sandinistas Násser Silwany Báez y Amada Pineda, comparecieron ante la Comisión como víctimas de lo que el régimen denomina el “golpe fallido”, junto a otras tres personas identificadas como Camilo Rosales, Cinthya Vado Ruiz y Víctor Quiroz Fletes, quienes consideraron que los religiosos y activistas de derechos humanos “deberían también ser juzgados”.
“El carácter en que cometieron los delitos no fue como pastores representantes de Cristo, tampoco buscando cómo proteger y defender los derechos humanos”, resume el informe de apenas seis páginas.
Desde 2018, el régimen de Ortega y Murillo ha mantenido un discurso virulento en contra de los representantes de la iglesia católica en Nicaragua. El pasado 21 de abril, Ortega reapareció luego de casi un mes de estar ausente de eventos públicos, celebrando políticamente el fallo de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de Nicaragua sobre Colombia y aprovechó para lanzar críticas a los sacerdotes católicos a quienes llamó “sepulcros blanqueados”.
“Son los mismos, son los mismos que siempre están buscando cómo hacer daño y son los judas, y son los caínes, son los que al final celebraron el martirio de Cristo”, dijo Ortega.
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Confirman incremento de pena
Tal y como reveló Expediente Público en una publicación del pasado 1 de mayo, los legisladores pretenden reformar el artículo 410 del Código Penal para incrementar de 15 a 20 años la pena en el delito de menoscabo a la integridad nacional.
Los legisladores, además, sugieren incorporar en el artículo 409 la figura jurídica denominada “extinción de dominio”, misma que persigue aplicar como “pena accesoria para aquellos condenados que utilizaron o adquirieron bienes” en la comisión de delitos de traición a la patria.
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Por último, pretenden reformar el artículo 147 del Código Procesal Penal (CPP) para obligar a toda persona a “guardar reserva” en una investigación en curso, cuando fuese citado por el Ministerio Público y/o la Policía Nacional.
La Comisión recomendó la conformación de un “equipo técnico interinstitucional” para analizar los resultados de la consulta, que no fue apoyada por la bancada del Partido Liberal Constitucionalista (PLC).
Nueva reforma a Ley Electoral
El régimen también instruyó a la Asamblea Nacional realizar una reforma a la Ley Electoral (Ley número 331), misma que sufrió cambios hace un año, durante las elecciones presidenciales.
La iniciativa, que apunta a reformar los artículos 16, 21, 22, 70, 74, 85, 105, 148 y 158 de la actual Ley Electoral, se promueve cuando faltan seis meses para los comicios municipales en los que se eligen alcaldes, vicealcaldes y concejales.
La reforma, que propone recortar el periodo de campaña electoral, tanto para las elecciones nacionales como para las municipales, allana el camino para el régimen, que actualmente tiene el control de 135 alcaldías.
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El texto, dado a conocer este 3 de mayo, sugiere reformar el artículo 74 para «simplificar el período de duración de la campaña electoral y hacerlo acorde a la estrategia que sigue cada partido político que participa en los procesos electorales”.
De tal manera que la campaña electoral tendrá una duración de 30 días para las elecciones presidenciales y 20 las municipales. En la ley actual, la campaña para las elecciones presidenciales tiene una duración de 75 días y 42 en el caso de las municipales.
Además, con la reforma del artículo 85 se garantiza que el 2 de noviembre del año en que correspondan elecciones, los partidos políticos deberán de “abstenerse de realizar campaña electoral”, para respetar la tradición del Día de los Fieles Difuntos en el país.
Otro artículo que será reformado es el 22 a través del cual se pretende incrementar de 400 a 600 el número de electores en las Juntas Receptoras de Votos (JRV).
Asimismo, los legisladores pretenden acortar el tiempo para que los partidos políticos presenten sus propuestas para la conformación de los Consejos Electorales Departamentales o Regionales. La ley, tal y como está, establece un plazo de 15 días, mientras que la iniciativa del artículo 16, propone un plazo de cinco días a partir de la notificación para presentar sus propuestas y si no lo hicieren el Consejo Supremo Electoral procederá a su “nombramiento de oficio”.
En el caso de los Consejos Electorales Municipales el plazo pasará de 10 días a cinco días. Aunque la ley actual manda a que tomen posesión de sus cargos con cinco meses antes de la elección y cesarán en sus funciones cinco días después de la toma de posesión de las autoridades electas, la iniciativa de reforma manda a que tomen posesión de su cargo al menos dos meses antes del día de la elección y que cesen en sus funciones 20 días después de la elección de las nuevas autoridades.
El artículo 70 se refiere al plazo para impugnar la lista de candidatos y candidatas una vez publicada por el Consejo Supremo Electoral.
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Crece lista de oenegés cerradas
La aplanadora de diputados sandinistas también se prepara para cancelar otras 25 organizaciones sin fines de lucro, entre ellas, la Asociación Civil Instituto Histórico Centroamericano (IHCA), un centro creado en 1981 por la Compañía de Jesús, ubicado en el campus de la Universidad Centroamericana (UCA), un alma máter recientemente expulsada del Consejo Nacional de Universidades (CNU).
Desde 2018, cuando el régimen empezó la persecución y cancelación de organizaciones sin fines de lucro, a la fecha, han sido canceladas 187.
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En la nueva lista presentada por el diputado sandinista Filiberto Rodríguez, también sobresale la Asociación Movimiento Fuerza Democrática Nicaragüense Resistencia Nicaragüense, a quien se le otorgó personería en 2010.
La lista la completan fundaciones y organizaciones que trabajan y dirigen programas de educación, derechos humanos, además de clubes sociales y de profesionales.
El discurso del régimen sigue siendo el mismo y las acusan de no reportar estados financieros, tener juntas directivas vencidas y de incumplir el reporte de donaciones provenientes del exterior.
