*La Asamblea Nacional, oficialista, canceló personería jurídica de tres asociaciones de universidades a petición del mismo gobierno.
**Mientras destruyen tejido universitario en Nicaragua, en OEA el secretario general Luis Almagro denuncia sus intentos fallidos en lograr que el régimen permita el ingreso de una misión de alto nivel al país centroamericano.
***Régimen aniquila presupuesto de UCA y Ucatse como estrategia para tomar control de las universidades nacionales, semillero de las primeras protestas en la rebelión pacífica de 2018.
Expediente Público
El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo en Nicaragua arreció la represión estatal contras entidades de educación superior de carácter privadas, con la cancelación de tres asociaciones universitarias a petición del Ministerio de Gobernación (Migob) y aprobadas este 19 de enero por la Asamblea Nacional, que responde en su totalidad a los designios de la pareja presidencial, tras las votaciones del pasado 7 de noviembre, consideradas una farsa electoral por la mayoría de la comunidad internacional.
Tales acciones se puede considerar como estrategia para obtener el control total de las universidades públicas y privadas.
Con 86 votos a favor, ninguno en contra y cinco diputados sin votar, se logró la anulación de tres asociaciones civiles vinculadas a universidades ubicadas en los departamentos de Chontales, Jinotega (al norte) y Carazo (oriente).
El trío de entidades víctimas del Estado son: Asociación Pro-Universidad Agropecuaria de la Quinta Región, Asociación Pro-Universidad de Jinotega y la Fundación Universidad de Mobile Latinoamericana Campus (Fumlac), esta última supone estar inactiva desde el año 2000.
Según un comunicado de Keiser University, vinculada a Fumlac, la cancelación de la asociación no afecta a su institución educativa: “Es la entidad legal de Fumlac- no la Universidad Keiser- la que ha sido cancelada”, expuso esa alma mater.
El régimen de Nicaragua inició una guerra política en contra de Organizaciones No Gubernamentales (ONG) desde el 2007 que Ortega regresó al Gobierno, y aceleró su represión a partir de las protestas sociales de 2018, lo que ha derivado en la anulación arbitraria de al menos 61 organizaciones de la sociedad civil, entre la que figura la Universidad Hispanoamericana (Uhispam) en diciembre del 2021, que pertenecía a Leonardo Torres, un empresario sandinista caído en desgracia ante la pareja presidencial.
Lista de cancelaciones crece
Entre las primeras acciones que la bancada sandinista realiza en este 2022 figura aumentar la lista de cancelación de personería jurídica a organizaciones civiles a petición de Migob, incluyendo las tres entidades universitarias, argumentado que supuestamente han transgredido la Ley contra lavado de activos en el financiamiento al terrorismo y su reglamento e irrespetado deberes fijados en la Ley 147, Ley General sobre las personas jurídicas sin fines de lucro.
Según el Ministerio de Gobernación, la Asociación Pro Universidad Agropecuaria y la Asociación Pro Universidad de Jinotega llevan 28 años violentando el artículo 13 de la Ley 147 respecto a la “falta de registro e inscripción en el plazo de los 15 días a partir de la fecha de publicación del decreto de otorgamiento de la personalidad jurídica”.
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En el caso de Fumlac, el Migob atribuye violaciones al artículo 21 de la Ley 147 y argumenta que se encuentra “acéfala” desde noviembre de 2006, además de no presentar informes financieros a las autoridades correspondientes entre 2004 y 2020.
Universidades piezas importantes para dominio total
Las universidades de Nicaragua fueron el epicentro de las protestas sociales de 2018, que derivó en el asesinato, lesiones, secuestro, torturas, cárcel, exilio, juicios arbitrarios y expulsiones de estudiantes de todo el país centroamericano.
Es importante mencionar que el régimen ha implementado diferentes medidas de castigo tanto a universidades como a estudiantes que encendieron la chispa de la lucha cívica y tras la arremetida estatal, muchas entidades educativas privadas dieron cabida a los jóvenes que fueron expulsados de los centros públicos.
Como parte de esa guerra estatal contra las universidades, se destaca en este 2022 el arrebato del presupuesto anual asignado a la jesuita Universidad Centroamericana (UCA) y la Universidad Católica del Trópico Seco (Ucatse), dirigida por Monseñor Abelardo Mata, por iniciativa del Consejo Nacional de Universidades (CNU), órgano contaminado completamente por el sesgo político del partido en el poder, Frente Sandinista de Liberación Nacional.
A la UCA le han cercenado el 99.6 por ciento del presupuesto de ley desde 2018 al restarle 7.1 millones de dólares en los últimos cuatro años y aniquilarla casi totalmente al asignarle apenas 28 mil dólares (un millón de córdobas) en 2022.
De igual manera la Ucatse ha perdido durante este mismo lapso el 98.1% de presupuesto, que corresponde a U$1,477,142 dólares.
Las consecuencias para ambas universidades será la reducción de becas y servicios a los estudiantes de menos recursos económicos.
¿A dónde van esos fondos? Según la Ley de Autonomía de las instituciones de educación superior, el aporte ordinario del Estado a las universidades del CNU «no podrá ser menor del 6% del Presupuesto General de Ingresos de la República”. El fondo asignado a las entidades este 2022 fue de U$ 1,927.8 millones (5,508 millones de córdobas). De estos, solo se asignaron U$771, 428 dólares entre la UCA y a Ucatse, según la Ley Anual del presupuesto general de la República 2022.
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La justificación estatal es que se redireccionó el presupuesto cercenado a UCA y Ucatse a un Fondo Especial Patriótico, Fondo Semilla de Reconstrucción y Fondo de Transformación Digital, según fuentes extraoficiales. Las autoridades de la UCA y de la Ucatse no se han pronunciado sobre el fuerte recorte a sus presupuestos.
Demolición de tejido universitario
El pasado 10 de enero la pareja presidencial de Daniel Ortega y Rosario Murillo consolidó otro periodo de cinco años más en el poder y la comunidad internacional siguió ejerciendo presión con nuevas sanciones que afectan a los allegados del régimen.
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Las sanciones alcanzan a rectores, directores y personal administrativo de universidades del CNU.
En relación a esto Ramona Rodríguez, rectora de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN), notificó a los rectores de las otras universidades públicas que no tenían autorizado salir del país, según publicaciones de medios locales.
Antes de cercenar el presupuesto, anular las personalidades jurídicas e implementar estrictas medidas de seguridad interna en las entidades de enseñanza públicas, el régimen ya había aplicado otras medidas destinadas a afectar la monetización de las universidades privadas.
La Ley de Reconocimiento de Título que entró en vigencia en octubre del 2021, imposibilitó la monetización en las gestiones de titulación al imponer una tasa que ronda los U$ 42 dólares y adicional a esto U$6 dólares.
El régimen también aprobó que fuera el CNU la entidad que a partir de ese momento se haría cargo de ese registro académico, mientras que determinó la imposición de la UNAN como la única institución que puede certificar titulaciones internacionales en Nicaragua.
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Almagro: Ortega no atiende comunicaciones
Mientras la Asamblea Nacional descabezaba en Nicaragua a tres asociaciones universitarias, en la Organización de Estados Americanos (OEA) el secretario general Luis Almagro, informó este miércoles al Consejo Permanente que fracasó en el intento por lograr que Ortega permita el ingreso al país de una misión de buenos oficios del más alto nivel.
Según Almagro, como parte de sus gestiones diplomáticas, envió al menos dos comunicaciones de forma directa a Ortega, pero nunca fueron contestadas.
Almagro gestionó el ingreso de la misión ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de Nicaragua.
“Nuestras expectativas recibidas no constituyen progresos específicos que abrieran procesos de trabajo, tampoco es pertinente decir que ha habido hasta ahora, hasta este Consejo Permanente un rechazo formal o definitivo a los contactos y trabajos iniciados”, informó Almagro.
El informe dado por Almagro forma parte de lo establecido en la resolución aprobado el 8 de diciembre de 2021 por el Consejo Permanente de la OEA.
En el documento se estableció que el secretario general debía solicitar con “urgencia” una reunión con el Gobierno de Nicaragua.
El objetivo de los embajadores que votaron a favor de la resolución era acordar “la realización de reformas electorales integrales, de acuerdo con lo solicitado en resoluciones anteriores de la OEA y de conformidad con las obligaciones de Nicaragua en el marco del derecho internacional”.
Gestiones infructuosas
Inicialmente el plazo para la entrega de este informe era el viernes 17 de diciembre, pero en una comunicación anterior el secretario general informó que extendía el plazo a mediados de enero de 2022, debido a las vacaciones de fin de año.
“Definitivamente de las gestiones emprendidas no se ha recibido el beneplácito para el envío de una misión de buenos oficios de alto nivel, tal como lo ha solicitado por el Consejo Permanente en su resolución de diciembre pasado, es decir, no se ha recibido respuesta formal”, señaló Almagro.
El secretario general dijo a los embajadores del Consejo Permanente que seguirán extremando los esfuerzos para lograr facilitar como en el pasado “mecanismos de diálogo con las autoridades de Nicaragua que llevaron a trabajar aspectos relevantes para el país”.
Almagro destacó los esfuerzos de observación realizados durante las elecciones municipales de 2017 y la definición conjunta de los contenidos de las reformas electorales institucionales necesarias, así como la firma de acuerdo para el ingreso de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a Nicaragua.
El secretario general insistió que los organismos internacionales de derechos humanos deben volver a Nicaragua, debido a la grave situación que se vive en el país centroamericano.
Sobre esa grave situación de derechos humanos, Almagro lamentó que los esfuerzos que se hicieron en Navidad 2021 o antes de la “asunción presidencial” del pasado 10 de enero, para lograr la liberación de las personas presas políticas en el país, han sido en vano.
Nicaragua inició oficialmente el 19 de noviembre de 2021 un proceso para salir de este organismo hemisférico, denunciando la Carta de la OEA, aduciendo que este foro democrático “era un instrumento del imperialismo de los Estados Unidos”.
