*Especialistas en seguridad social y el FMI han sugerido diversas alternativas de rescate del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS) , pero ninguna ha sido tomada en cuenta por las autoridades del régimen de Daniel Ortega.
Expediente público
Una vez conocido el balance real, ha habido varios intentos de mejorar las condiciones de operaciones del seguro social nicaragüense. Hasta ahora ninguno ha tenido éxito, ni siquiera la reforma implementada por el gobierno de Daniel Ortega en 2019.
Al contrario, el decreto golpeó el cálculo de las pensiones de los asegurados que, incluso, ahora tendrían que trabajar más de 50 años para alcanzar un techo máximo de indemnización.
“Lo que hizo fue reducir las cuantías a unos extremos que te llevan a la extrema pobreza”, apunta Manuel Ruiz, especialista en seguro social a Expediente Público.
Estima que una pensión mensual de C$20,000 córdobas (unos U$560) antes de la reforma, se reduciría hoy a unos C$8,500 córdobas (U$240) a viudas, hijos, etc.
El especialista recuerda que entre 1990 y 2019, el Poder Ejecutivo ha realizado 18 modificaciones a los mismos artículos del reglamento de la seguridad social. Todas han sido reformas verticales, ninguna ha alcanzado sus objetivos propuestos.
“No es posible que los trabajadores del campo se les haya abandonado en la afiliación, es inaceptable”, critica Ruiz.
Uno de los buenos ejemplos de administración y cobertura de la seguridad social se da en el vecino país de Costa Rica, donde incluso la mano de obra nicaragüense que llega a los cortes de café, cuentan con un carnet de seguro y un mecanismo estable de afiliación en casos de emergencias.
Ruiz hace referencia al Convenio Multilateral Iberoamericano, firmado en Chile en 2007, donde se establece que el tiempo trabajado de un ciudadano en cualquier país firmante puede ser sumado a sus semanas cotizadas en sus sistema local, aunque no haya sido en su país de origen.
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“Si un nicaragüense se va a cualquier país de Iberoamérica y cotiza allí, y regresa a Nicaragua; lo que cotizó en España se transporta para acá. Y si me quedo en España, lo que cotice en Nicaragua lo traslado a España para que este ciudadano complete su derecho”, explica Ruiz, pero aclara que nuestro país no es firmante.
FMI ofrece ayuda
En 2017 una misión del Fondo Monetario Internacional (FMI) que visitó Nicaragua planteó 7 propuestas para estabilizar las finanzas del seguro social.
En ese entonces Fernando Delgado, jefe de misión del FMI para Nicaragua, argumentó que las alternativas propuestas al gobierno “eran todas factibles y de capaces de asegurar a largo plazo la sostenibilidad”.
Sin embargo, el gobierno de Ortega se rehusó a implementarlas.
A inicios del 2018 el organismo multilateral advirtió la insolvencia del Seguro Social en Nicaragua y previó lo que está ocurriendo ahora, el agotamiento de sus reservas financieras.
Todo esto ocurrió previo a la crisis sociopolítica de abril del 2018, que inició a raíz de las reformas que impuso el Consejo Directivo del INSS, bajo el mandato de Ortega, en las que se incrementó la cuota patronal, a los trabajadores, se cambió la fórmula para calcular la pensión y se les quitaba a los jubilados un cinco por ciento de sus pensiones para cubrir los servicios médicos que el sistema les brindaba. Esto fue derogado días después por Ortega para intentar calmar el descontento social, pero ya era irreversible.
El Consejo Directivo del Instituto, presidido por el sancionado Roberto López, aprobó nuevas reformas en febrero del 2019 aun más duras contra las empresas y los trabajadores que aportan al INSS, pero desistió de cobrarles a los jubilados para brindarles atención médica, aunque en la práctica se les ha reducido los servicios.
Tres años más tarde durante lo más álgido de la pandemia, el FMI facilitó al gobierno de Nicaragua U$ 186.8 millones para ayudar a amortizar el déficit de la institución, que empeoró por el cierre de empresas que causó el despido de trabajadores y que se combinó con el impacto de la crisis sanitaria del Covid-19.
La modificación del Presupuesto General de la República aprobada por la Asamblea Nacional en diciembre de 2020, señala que una de las instituciones principalmente afectada por los efectos del Covid-19 fue el aporte estatal al INSS “por caída del empleo nacional de afiliados y por ende de la facturación de los cotizantes”.
Lo anterior obligó a la administración de Daniel Ortega a aumentar su presupuesto a C$ 3,063.6 millones (unos U$ 87.5 millones) «que corresponde a adelantos de pagos de nueve cuotas anuales de la deuda histórica y con destino a financiar su déficit para el pago de pensiones a jubilados». Esa deuda histórica es del Gobierno Central con el Instituto originada por el primer gobierno sandinista en la década de los años 80 y que se fue aumentando en las siguientes administraciones.
El otro uso de los fondos
De ese monto, una parte provienen del préstamo otorgado por el FMI y 978.9 millones (U$2.8 millones) fueron dispuestos con recursos del Tesoro del Gobierno.
Los fondos destinados al INSS forman parte de los U$ 186.8 millones que desembolsó el FMI a Nicaragua para atender la emergencia de la pandemia.
El analista económico Marco Aurelio Peña, explica a Expediente Público que el Gobierno ha preferido desoír las propuestas de instituciones especializadas en materia de seguridad social y lo que ha hecho es adoptar “sus propias medidas”.
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“Se le vino insistiendo en la racionalización del gasto administrativo en el pago de sueldos y salarios, del mismo modo el abuso del rubro ‘otros gastos’ que no se sabe para qué se usan esos fondos. El tema de la utilidad de las inversiones y en que se está invirtiendo”, pero ninguno fue tomado en cuenta, expone Peña.
Esta rebeldía estatal además de alargar la agonía del INSS, se ha traducido en un pésimo servicio de atención a los asegurados y pensionados.
“Lo que ha sucedido es que se ha tomado medidas de ahorro y austeridad (…) y cuando llegan estas medidas la faja aprieta mucho más, y esto lo percibe el asegurado”, resalta Peña.
Lo anterior se vincula a una menor atención con especialistas médicos, utilización de medicamentos genéricos sustitutos, menos restauración de infraestructura hospitalaria y menor adquisición de equipos médicos como camillas y otras medidas que merman la calidad del servicio a los asegurados.
Escandalosa reforma
En abril 2018 el régimen de Ortega ordenó aumentar la tasa de contribución de los trabajadores y empleadores, reactivar una deducción de 5% en las pensiones, cambiar la fórmula de cálculo de las nuevas pensiones y eliminar el salario máximo de los cotizantes, como medidas para salvar de la quiebra al seguro.
Esta medida unilateral ordenó aumentar la tasa de cotización de los trabajadores a 7 por ciento en lugar de 6.25 por ciento y en el caso de los empleadores este se incrementaría de 19 por ciento a 22.50 por ciento.
El presidente ejecutivo del INSS, Roberto López en ese entonces aclaró que no se aumentaría la edad de jubilación, pero los jubilados tendrían que aportar el cinco por ciento de la pensión en concepto de cobertura de enfermedades.
La decisión del gobierno desató protestas en todo el territorio nacional. De allí justamente se inició la rebelión cívica nicaragüense, la cual fue respondida con turbas partidarias y represión policial que dejó más de 300 muertos, más de 2,000 heridos, más de 700 detenciones arbitrarias y decenas de miles de personas exiliadas según han documentado organismos como Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Posteriormente la medida fue derogada.
Sin embargo, en 2019 el régimen aprobó un nuevo decreto, igual o más duro que el del 2018, que aún se mantiene vigente.
Se reformaron ocho artículos del Reglamento de la Ley de Seguridad Social (11, 16, 26, 27, 29, 58, 85 y 96), se aumentó los porcentajes de cotización, redujo los porcentajes para calcular pensiones, amplió el promedio salarial de las pensiones a 7 años y 2 meses y disminuyó las asignaciones familiares.
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Para comprender mejor la medida basta decir que, por ejemplo, en el régimen integral el aporte de los empleadores pasó de 19% hasta 22.5%. En el caso de los trabajadores el aporte pasó de 6.25% a 7%.
En el régimen obligatorio la contribución de los empleadores pasó de 13% hasta 21.5% y los trabajadores pasaron de aportar 4.25% a 5%.
Por su parte en el seguro facultativo las contribuciones se aumentaron de la siguiente manera: Integral 22.25%, IVM 14%; en el caso de los religiosos se aumentó a 17.60% integral e IVM 11.60%.
“El INSS estaba a punto de colapsar financieramente y simplemente para posponer ese colapso, que hubiera creado un problema muy serio político y social porque la institución no hubiera tenido recursos para pagar las pensiones, entonces decidieron pasar esta ley que subía más las cotizaciones”, explica a Expediente Público Carmelo Mesa-Lago, Catedrático Emérito de Economía de la Universidad de Pittsburg.
En noviembre del 2019, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, sancionó al presidente ejecutivo del INSS, Roberto López, por dirigir “una entidad que ha realizado o cuyos miembros han participado en una transacción o serie de transacciones que involucran prácticas engañosas o corrupción por o en nombre de, o relacionado con el Gobierno de Nicaragua, o un funcionario actual o anterior, como la apropiación indebida de activos públicos o la expropiación de activos privados para beneficio personal o con fines políticos, corrupción relacionada con contratos gubernamentales o soborno”.
López, de acuerdo al Departamento del Tesoro, dirige “uno de los principales vehículos que facilitan la corrupción, y se ha utilizado como fondo para sobornos del Gobierno”.
Situación actual de las finanzas del INSS
En su más reciente informe el Banco Central de Nicaragua asegura que hay una recuperación en el empleo formal y por ende la afiliación al Seguro Social en septiembre 2021 alcanzó un total de 756 mil 152 trabajadores, lo cual representa un 8.5% de incremento de asegurados respecto al mismo período del año 2020.
Precisan que los mayores incrementos interanuales en la afiliación INSS se registra en el sector económico Minas y Canteras con 18.7%, seguido de la industria manufacturera con 16.6% y transporte y comunicaciones con 15.5%.
Pero la situación no es del todo alentadora puesto que la misma institución bancaria reconoce que el mercado laboral nicaragüense aún no ha finalizado su ajuste postpandemia y la crisis sanitaria continúa incidiendo tanto en la oferta como en la demanda laboral.
El punto más alto, previo a la crisis de 2018, se dio en el mes de enero cuando los afiliados al INSS eran 911,104. Esos niveles aún no se han recuperado ya que el punto más alto posterior a la crisis se dio en mayo de 2021 con 760,499 afiliados.
También la situación del coronavirus ha frenado las contrataciones de personal en las empresas puesto que las compañías están apostando a la eficiencia y productividad de los colaboradores que se mantuvieron activos durante la temporada más dura de la pandemia.
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¿Cuáles son las opciones?
Para lograr avances positivos en las finanzas del INSS, los expertos proponen diversas alternativas que ayudarían a salir del atolladero en el que se encuentra la institución.
Diálogo social urgente
En la investigación ”La Seguridad Social en Nicaragua: Diagnóstico y Recomendaciones para su Reforma”, elaborado para Instituto Nicaragüense de Investigaciones y Estudios Tributarios (INIET), el experto Mesa-Lago plantea que para lograr el orden financiero debe revisarse toda la estructura del INSS, incluidas sus inversiones, para darle sostenibilidad.
El profesor Mesa-Lago explica que de no lograrse al corto plazo la institución entraría en total insolvencia, desaparecerían las reservas y no habría dinero para pagar las pensiones.
“Por eso es que se hizo la reforma de 2018 porque ya estaban viendo que tenían déficit y que se les iban a acabar las reservas. Aumentaron la cotización convirtiéndola en una de las más alta en América Latina, pese a que no se corresponde con el nivel de cobertura ni de prestaciones”.
Y advierte Mesa-Lago que cuando el INSS entre en esa profunda crisis habría una nueva explosión social y política, peor que en 2018. Por ello, plantea que el primer paso para encontrar una salida es el diálogo que incluya a todos los sectores, empresarios, empleados, expertos, organismos internacionales, Gobierno y oposición.
Una nueva ley integral del INSS
En este sentido el profesor Mesa-Lagos añade que se debe partir de un estudio actuarial que permita combinar las variables del déficit, los ajustes, proyecciones y tiempo con las cifras reales del INSS. “La reforma se basaría en un consenso”, apunta.
Aquí es clave la publicación de estadísticas faltantes en aras de la transparencia y la educación pública.
Superintendencia de Seguridad Social
Tanto Ruiz como Mesa-Lagos resaltan la importancia de independizar al INSS en todos los sentidos: políticos, administrativos y financieros. Actualmente la entidad depende del Estado, con quien el diálogo social es nulo. Únicamente participan sindicatos afines al Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) que avalan todas las medidas ordenadas por Ortega.
Por otro lado, en países de América Latina se ha implementado una Superintendencia de Seguridad Social que regula todo el sistema, algo similar es recomendado por los expertos para el país centroamericano. Sin embargo, ese modelo privado para el manejo de las pensiones ya se intentó en Nicaragua. En el año 2000, durante el gobierno de Arnoldo Alemán, se aprobó la Ley del Sistema de Ahorro de Pensiones, que, entre otros mecanismos, creaba la Superintendencia de Pensiones que se encargaría de administrar los fondos privados de los cotizantes.
Sin embargo, esa Ley y la Superintendencia de Pensiones nunca entraron a operar siendo derogadas en 2005 por el Congreso, bajo acuerdo de la administración del entonces presidente Enrique Bolaños (2002-2007) con el FSLN, entonces en la oposición. El argumento fue que ese modelo ponía «en peligro la estabilidad macroeconómica del país, al causar un déficit insostenible para el Estado».
Los expertos en seguridad social, Carmelo Mesa-Lago y Manuel Ruiz proponen que para en el ordenamiento del sistema de seguridad social en Nicaragua, también se debe incluir al Instituto de Previsión Social Militar (IPSM) del Ejército y el Instituto de Seguridad Social y Desarrollo Humano (ISSDHU) de la Policía, en un mismo paraguas para que realmente el sistema sea equitativo.
Los subsidios fiscales concedidos a los esquemas privilegiados de pensiones para el Ejército y la Policía, que son regresivos, deberían reducirse o eliminarse y los recursos así ahorrados, asignarse a la extensión de la cobertura INSS a los grupos excluidos.
Administración de recursos
Aquí se propone que el Estado asuma el compromiso de pagar las pensiones reducidas y las pensiones especiales que están sobre los hombros del Seguro Social Nicaragüense.
Según Ruiz, con esta medida se estaría logrando reducir el 50% del déficit de Seguro Social.
La reducción de los egresos de la institución también adquiere suma relevancia en este acápite. El gasto administrativo actual de 12% debe ser reducido a 6.25% legal.
También se debe eliminar el segundo aguinaldo y reducir los salarios de los trabajadores del INSS.
El FMI ha estimado que si se reducen los salarios INSS a 1.9 veces el promedio salarial del gobierno central, sería una alternativa superior a la de reducir la pensión promedio en 5% para equilibrar al sistema (Seguridad Social en Nicaragua: Recomendaciones para la reforma del sistema, pág. 83).
En cuanto a la deuda del Estado para con el INSS, debe acortarse de 50 años a 10 o 15 máximo y pagar el interés de mercado anual. Para evitar deuda futura el gobierno deberá incluir el pago del 0.25% en los presupuestos anuales.
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Mientras no se tome en serio la situación del Seguro Social no podrá resolverse el déficit de la institución ni se enrumbará hacia números positivos. Y los especialistas advierten que a corto plazo el INSS se enrumba al caos.
En tanto el gobierno de Daniel Ortega ha mantenido un total hermetismo en cuanto a las cifras actualizadas y los balances del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social, como parte de su política de secretismo y encubrimiento de actos de corrupción en el Estado, que solo ha generado afectaciones a las atenciones de asegurados y pensionados.
