*El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo enfrenta la derrota política en la Organización de Estados Americanos donde 25 Estados miembros desconocieron la validez de los resultados de los comicios en los que la pareja sandinista se reeligió.
Expediente Público
En el último día de sesiones, la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) aprobó con el voto de 25 estados la resolución que pone en riesgo la permanencia de Nicaragua en este foro hemisférico, al declarar los resultados de las elecciones del 7 de noviembre “sin legitimidad” y ponen plazo para tomar una decisión sobre si desconocen el nuevo período de gobierno que Daniel Ortega y Rosario Murillo.
Solo Nicaragua por medio de su representante votó en contra de la resolución que instruye al Consejo Permanente emitir sus consideraciones a más tardar el 30 de noviembre, sobre una «evaluación colectiva» que deben realizar para decidir si convocan o no a una sesión extraordinaria para aplicar el artículo 21 de la Carta Democrática Interamericana.
Estados Unidos, Grenada, Guatemala, Guyana, Haiti, Jamaica, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Surinam, Trinidad y Tobago, Venezuela, Antigua y Barbuda, Bahamas, Barbados, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Uruguay, Ecuador, Argentina y El Salvador apoyaron la resolución que rechaza la reelección de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
Siete países: Honduras, México, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía, Dominica, Belice y Bolivia se abstuvieron de votar la resolución, mientras que la delegación de San Cristóbal y Nieves pidió se le tuviera como ausente.
El secretario general de la OEA, Luis Almagro, explicó que la evaluación colectiva que hará el Consejo Permanente se hará al amparo del artículo 20 de la Carta Democrática Interamericana que refiere que se debe hacer una «apreciación colectiva de la situación». Según Almagro la resolución es una muestra de la voluntad que tiene la OEA de querer trabajar con Nicaragua.
«El Consejo Permanente al evaluar esta situación puede obviamente puede tomar diferentes decisiones como realización de gestiones diplomáticas necesarias, buenos oficios, negociaciones, así como convocar una Asamblea General extraordinaria para evaluar el tema. Estos son los instrumentos de los que dispone y los instrumentos que están al servicio de la organización», explicó Almagro.
El documento sobre “La situación de Nicaragua” instruyó al Consejo Permanente que realice una “evaluación colectiva inmediata” de lo que ocurre en el país centroamericano y debe ser completada a más tardar el 30 de noviembre para que se tomen las “acciones apropiadas”.
A lo largo de tres días los cancilleres de los Estados miembros de la OEA emitieron sus consideraciones sobre los comicios llevados a cabo el 7 de noviembre en Nicaragua, la mayoría criticando que no fueron realizados de forma transparente.
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El canciller de República Dominicana, Roberto Álvarez, durante su intervención en la Asamblea General confirmó la posición de su gobierno con respecto al proceso electoral de Nicaragua en las que Ortega fue reelegido con un 75% de la votación, según los datos del Tribunal Electoral que son considerados sin credibilidad debido al alto nivel de abstencionismo que hubo el pasado domingo.
“El gobierno dominicano considera que las elecciones del pasado 7 de noviembre no reunieron las condiciones para ser consideradas libres, justas y competitivas esto contraviene la Carta de la OEA y la Carta Democrática Interamericana y debe ser rechazada contundentemente”, afirmó el canciller Álvarez.
El diplomático dominicano instó al régimen orteguista a poner en libertad a las personas presas políticas y “tomar las acciones apropiadas para el retorno el sendero de la democracia”. Más de 150 opositores están encarcelados por motivos políticos, entre ellos siete precandidatos opositores.
Previo a la Asamblea General de la OEA, el gobierno dominicano a través de un comunicado señaló que “no puede callar ante situaciones que atenten contra los pilares básicos de la democracia”.
Estados preocupados por Nicaragua
El proyecto de resolución fue impulsado el miércoles 10 de noviembre por ocho países entre ellos Antigua y Barbuda, Estados Unidos, Canadá, Chile, Costa Rica, Ecuador, República Dominicana y Uruguay.
La delegación de Uruguay representada por el canciller Francisco Bustillo criticó que es imposible seguir trabajando entre países cuando existen situaciones de “debilitamientos al Estado de derecho y de los valores democráticos”.
Bustillo mostró preocupación por la situación de Nicaragua y las elecciones realizadas el pasado 7 de noviembre y señaló que su gobierno da seguimiento a los resultados.
“A Uruguay también la preocupa la situación en Nicaragua y ha seguido con suma atención las elecciones generales celebradas el pasado 7 de noviembre, señalamos que el mismo no se enmarcó en estándares internacionalmente reconocidos ni respetó los criterios mínimos para elecciones libres y justas tal cual lo establece la Carta Democrática Interamericana”, señaló el diplomático uruguayo.
El proceso electoral nicaragüense se desarrolló en un contexto de grave crisis política, social y de derechos humanos, donde se observa un contexto de completo debilitamiento del Estado de derecho, denunció la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Previo al 7 de noviembre el régimen intensificó la represión a través de la detención arbitraria y criminalización de 39 personas opositoras bajo cargos infundados y sin las debidas garantías judiciales, incluyendo siete precandidatos a la presidencia.
Cristiana Chamorro, Arturo Cruz, Félix Maradiaga, Juan Sebastián Chamorro, Miguel Mora, Medardo Mairena y Noel Vidaurre fueron eliminados de la contienda electoral tras ser encarcelados, algunos de las cuales cuentan con medidas provisionales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).
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“Es inaceptable para un país democrático celebrar elecciones habiendo encarcelado a la mayor parte de los candidatos de la oposición y conculcando los derechos elementales de expresión y reunión”, dijo Bustillo.
La resolución también reiteró los llamamientos anteriores para la “liberación de todos los candidatos y presos políticos, la restitución de sus derechos democráticos, y el fin inmediato de la detención y hostigamiento de los medios de comunicación independientes y miembros de la sociedad civil”.
El ministro de Relaciones Exteriores de Paraguay, Euclides Roberto Acevedo Candia, manifestó que la región de la América vive una “crisis democrática” y añadió que es importante que los países que tienen sus “crisis institucionales lo resuelvan entre ellos, pero con el abrazo fraterno de todos”.
“Ojalá Nicaragua y Venezuela recuperen la institucionalidad que está bajo sospecha (…) Ojalá Nicaragua abra sus puertas para que a través del diálogo se renueven las instituciones que hoy está bajo duda, que están bajo el manto de la sospecha”, afirmó Acevedo Candia.
Ortega y su esposa Rosario Murillo se reeligieron para ocupar un nuevo periodo de cinco años que inicia en el 2022 y concluye en 2026.
Los ocho Estados que presentaron el proyecto de resolución que fue aprobado insistieron en que el “Gobierno de Nicaragua ha ignorado todas las recomendaciones de la OEA”.
A lo largo de estos días otros países de la región acusaron a la OEA de interferir en los asuntos internos de Nicaragua.
“Todo Estado tiene derecho a elegir sin injerencia externa sus sistema político, económico y social y a organizarse en la forma que más le convenga y tiene el deber de no intervenir en los asuntos de otro Estado”, manifestó Santiago Cafiero, ministro de Relaciones Exteriores de Argentina en el segundo día de la Asamblea General.
La delegación de Argentina, sin embargo, finalmente apoyó la resolución que desconoce el gobierno de Ortega y Murillo.
El representante del régimen nicaragüense, Michael René Campbell Hooker rechazó el documento que desconoce a Ortega y Murillo aduciendo que las votaciones contaron con el apoyo de casi tres millones de personas en el país centroamericano, datos que no son verificables debido a que el Consejo Supremo Electoral no ha publicado las actas que permitan validar los votos.
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Durante la cuarta sesión plenaria de la Asamblea General, la comisionada Antonia Urrejola, presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), recordó a los Estados de la OEA que “Nicaragua requiere una atención especial” al igual que Cuba y Venezuela.
“No puedo dejar de llamar la atención sobre la grave situación sobre Nicaragua, cuyo pueblo he acompañado en los últimos años, y decirles que seguiré acompañándolos desde donde sea que el futuro me depare”, señaló Urrejola, quien no logró ser reelegida en la CIDH durante la renovación de cargos de los órganos integrantes de la OEA.
