*Déficit administrativo se origina en 2013 con la decisión de Daniel Ortega de autorizar el pago de una pensión promedio de menos de U$150 a más de 56 mil jubilados que no habían cumplido las semanas de ley. Desde entonces el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS) enfrenta una crisis financiera a la que el régimen sigue postergando una solución.
Expediente Público
Doña Yadira García, de 64 años de edad, aportó durante más de 15 años de su vida laboral al Seguro Social para garantizarse una pensión digna en su vejez. Tras iniciar el proceso de retiro se enteró que la realidad de los jubilados en Nicaragua es terrible.
En 2018 acudió al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS) esperando una pensión de 7 mil córdobas mensuales (unos US$197) , pero no fue así. El cálculo de los funcionarios le precisaron un monto de 5 mil córdobas (unos U$140). “Me dijeron que eso es lo que estaba (reflejado) en el sistema y así me quedé”, relata García a Expediente Público.
Además de la paupérrima pensión que recibe, doña Yadira expone la pésima atención médica para los jubilados. Cuenta que las consultas con especialistas cada vez son menos y los medicamentos que les entregan en su mayoría son genéricos.
“No nos atienden como debería de ser. Dar atención especial para los ancianos, a los jubilados no es un regalo, es algo que uno se ganó”, reclama.
“Te dicen que no, que la situación (médica) no está para examen, que no lo cubre; un montón de cosas y el médico (…) te evade, es terrible la atención”, se queja.
Empeora atención a jubilados
Agrega que para atender sus enfermedades debe comprar de su dinero los medicamentos y hacerse exámenes médicos en laboratorios privados.
Sumado a lo anterior, la carestía de la vida en Nicaragua hace más inaccesible la canasta básica para estas personas.
Pero el caso de Yadira no es el único. “Alberto”, un ciudadano que nos solicitó proteger su identidad por temor a represalias también vive un calvario similar.
Trabajó más de 40 años de su vida, lleva más de 10 años siendo jubilado y asegura que la atención a los pensionados ha empeorado de forma paulatina.
“Padezco de azúcar, me dan una medicina, pero no me dan atención médica. (…) Ahora te están dando una orden para cuatro meses que llegues a retirar tu medicina y no te examinan”, denuncia.
Por otro lado, dice vivir limitado con su pensión, por lo cual tiene que buscar otros ingresos para sobrevivir. Recibe 14 mil 500 córdobas (unos U$408.4) para mantenerse con dos hijos y su esposa, a eso se le resta el pago de servicios básicos y la compra de ciertos medicamentos para atender sus padecimientos crónicos.
Para comprender un poco la situación de los pensionados en Nicaragua basta decir que, a septiembre de 2021, el precio de la canasta básica se situó en 15 mil 512 córdobas (alrededor de U$436), según el Instituto Nacional de Información de Desarrollo (Inide).
Y la mayoría de las pensiones está muy por debajo de la media de ese importante indicador, según una recopilación del Instituto Nicaragüense de Investigaciones y Estudios Tributarios (INIET).
Además, la institución tiene a cargo dos programas de pensiones no contributivas: víctimas de guerra y especiales.
Los relatos anteriores de los jubilados son una evidencia de la mala administración del Seguro Social en Nicaragua que parte del año 2013 cuando las finanzas de la institución pasaron a números rojos, atribuidos al incremento exponencial de gastos y la problemática estructural del empleo formal en Nicaragua.
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La principal fuente de ingresos del INSS provienen de las contribuciones sociales de los trabajadores y empleadores. Entre 2002 y 2014 representaron el 89% de los ingresos totales. A partir de entonces, y hasta el 2020 equivalen al 95%, según datos analizados por Expediente Público.
En cuanto a los egresos, datos del Banco Central de Nicaragua revelan que los gastos del INSS se concentran en su mayoría por el pago de las prestaciones sociales (alrededor del 60% del gasto total), seguido por gastos en compras de bienes y servicios (en promedio, el 30% del gasto total).
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El ABC del problema
Los problemas del INSS van mucho más allá de la poca cobertura y los bajos ingresos por aportes de los trabajadores, según Carmelo Mesa-Lago, Catedrático Emérito de Economía de la Universidad de Pittsburg.
Tres elementos que adquieren relevancia en este contexto son la implementación de reformas fallidas, e incluso algunas contradictorias, que se han aplicado al INSS; la ruptura del “diálogo y consenso” con el Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) y la poca información revelada en los anuarios estadísticos del Seguro Social.
“El último anuario estadístico que yo consulté tenía 312 cuadros, de esos solamente había tres cuadros sobre financiamiento, o sea 1% de toda la información que daba el INSS era sobre financiamiento, y eso es un problema”, explica el profesor Mesa-Lago.
Lo anterior se conecta con los señalamientos que ha hecho Estados Unidos contra la institución nicaragüense dirigida por el militar en retiro y sancionado Roberto López, por escándalos de corrupción y millonarias “inversiones” fantasmas.
En 2019 el Departamento de Estado de los Estados Unidos sancionó a López y lo vinculó en una o varias transacciones en las que “se recurrió a prácticas engañosas o corrupción del gobierno de Nicaragua”.
Además, la resolución detalla que el INSS está siendo manejada como una caja negra del gobierno sandinista de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
“El INSS otorga préstamos por montos muy superiores al valor real y luego permite que los prestatarios incumplan los pagos y se liberen de la deuda entregando activos por un valor muy inferior al del préstamo”, reza la sanción norteamericana.
El especialista en seguridad social, Manuel Israel Ruiz expone a Expediente Público que además hay otros elementos que inciden en la situación actual, una de ellas es la pérdida de la autonomía.
Esto significa que la institución debería asumir sus responsabilidades sin necesidad de inyección de recursos del Estado de Nicaragua, vía presupuesto de la República, para no convertirse en un ente vinculado.
Por otro lado, precisa Ruiz que el desequilibrio de las finanzas del Seguro Social nicaragüense ha sido un proceso que ha venido de forma progresiva a lo largo del tiempo. El mal manejo actuarial no ha permitido una óptima administración patrimonial de las cuentas del INSS, es decir, manejar por separado los ingresos por salud, pensión, riesgo profesional y víctimas de guerra.
“Al comienzo el problema no se siente. Dicen los actuarios que cuando realmente se está tomando dinero independientemente de cualquier rama no se observan las crisis financieras”, subraya.
Ruiz apunta que el déficit de 2013 se produjo en la rama de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) cuya tasa de cotización no es suficiente para otorgar este tipo de prestación.
A partir de allí se estima el pago de 56 mil pensiones reducidas y el desembolso de 250 millones de dólares en este rubro.
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Cobertura no soluciona
En cuanto al ingreso por cobertura, el especialista Ruiz detalla dos tipos: las verticales, referidas a las prestaciones para mejorar a las personas cotizantes y las horizontales vinculadas a la ampliación de nuevos segmentos de población.
“El asunto está que, tras 64 años de vida institucional, tenemos una cobertura menor del 20%. La cobertura de Costa Rica de cotizantes es arriba del 85%”, compara.
Lo anterior refleja que de la población económicamente activa (PEA) que ronda los 3 millones 500 mil personas, solamente el 20% está cotizando a la seguridad social de Nicaragua.
“Ampliar la cobertura no va a resolver el problema del seguro social, lo que se hace es que ingresa dinero fresco a la institución, pero el INSS asume responsabilidades con esos nuevos segmentos que comienzan a demandar una prestación”, explica.
Sin embargo, no resta la importancia de las nuevas afiliaciones a la seguridad social como una alternativa de bienestar en medio de situaciones de emergencias, pero no para resolver el déficit sino para acelerar el proceso de recuperación del nivel de asegurados a la institución.
Por otro lado, sugiere trabajar en la permanencia de los nuevos cotizantes al INSS puesto que de cada 100 ciudadanos que ingresan al seguro, solo el 60% se queda en el sistema. Al otro 40% no le parece el sistema y sale de la cobertura.
Según el último anuario estadístico del INSS publicado, que se refiere al año 2019, solamente el 20.72% de la PEA fueron cotizantes activos, el 27.45% de la población del país está cubierta por el seguro de enfermedad-maternidad; y por cada pensionado hay 3 cotizantes activos.
Según la investigación ”La Seguridad Social en Nicaragua: Diagnóstico y Recomendaciones para su Reforma”, del Instituto Nicaragüense de Investigaciones y Estudios Tributarios (INIET) publicado en 2020, las causas de la baja cobertura en Nicaragua se dividen en dos: las externas, vinculadas a que la economía crea empleos precarios e informales de bajos ingresos, productividad y desempleo.
Y la interna, descrita por la limitada capacidad del sistema para adaptarse a la transformación del mercado laboral y afiliar a los grupos difíciles de incorporar, así como el incumplimiento por los empleadores del pago de las cotizaciones.
Un dato muy interesante encontrado por Expediente Público es que, según cifras del Anuario estadístico 2019 del INSS, el 83% de los asegurados activos a diciembre de ese año tenían salarios menores a 15 mil córdobas mensuales (alrededor de U$440).
Mañana: En la siguiente entrega conozca el impacto que han tenido las múltiples reformas al seguro social, incluyendo la de 2019, y las posibles soluciones que podrían ajustar las finanzas del INSS.
