06 ABR 2020
Por Elvira Cuadra Lira
Como en una de esas historias absurdas o un filme de comedia donde todo transcurre a la inversa, Nicaragua es uno de los pocos y extraños casos en el mundo donde el gobierno ha decidido hacer lo contrario de lo que recomiendan organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud (OMS) para enfrentar la pandemia del Coronavirus. Uno podría imaginar que es porque el país cuenta con un sistema de salud y una situación general robusta. Sin embargo, no es así.
Desde hace muchos años, Nicaragua es considerado el segundo país más pobre de América Latina, con grandes grupos de población viviendo en la marginalidad y condiciones precarias. Más de un 70 % de la población subsiste de actividades económicas informales, el envío de remesas familiares desde el exterior o empleos precarios. Además, desde 2018 enfrenta una severa crisis política y económica que ha agravado la situación.
Cuando se anunciaron los primeros casos de Coronavirus en Centroamérica, los nicaragüenses comenzaron a preocuparse por los efectos que podría tener en el país porque, además del temor al contagio, sabían que estaban doblemente expuestos por la falta de transparencia con la que el gobierno presidido por Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo acostumbra manejar los asuntos públicos. En efecto, mientras en el mundo todos los gobiernos han dispuesto medidas preventivas y de contención para la pandemia, en Nicaragua el gobierno ha optado por hacer lo contrario organizando carnavales, marchas, ferias, visitas casa a casa y otras actividades públicas. Además, se niega a cerrar las escuelas públicas, mantiene una política de fronteras abiertas, se niega a adoptar medidas de distanciamiento social y ha construido un discurso que omite la gravedad de la pandemia y sus posibles efectos tanto humanos como económicos y sociales.
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El 18 de marzo, la vicepresidenta y vocera del gobierno, Rosario Murillo, informó oficialmente el primer caso de COVID-19, al siguiente día anunció un segundo caso y para finales del mes las estadísticas gubernamentales reportan solamente cinco casos confirmados, de los cuales tres están activos, un paciente se ha recuperado y uno, falleció. Mientras en el resto de Centroamérica la curva de contagio crece rápidamente, Nicaragua es el único país donde la estadística permanece constante. El gobierno se niega a informar cuántas pruebas de COVID-19 se han realizado y el detalle de sus resultados, así como la cantidad de ventiladores disponibles.
La vicepresidenta Murillo y sus funcionarios afirman que el sistema de salud está preparado para atender la pandemia, lo cierto es que los pocos datos disponibles muestran la precariedad de los recursos no sólo para atender los casos de Coronavirus que se presenten, sino también las incidencias ordinarias de la población. El país cuenta apenas con 5,700 camas y cerca de 16 mil trabajadores de la salud, entre médicos y personal de enfermería, para atender un estimado de 6.5 millones de habitantes.
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Frente a la falta de información de parte del gobierno, un grupo de reconocidos médicos han advertido públicamente sobre las consecuencias del negligente comportamiento gubernamental, han presentado estimaciones sobre la evolución de la pandemia, los niveles de contagio, requerimientos hospitalarios y posibles decesos. Además, han alertado sobre las medidas básicas que se deben adoptar para prevenir y contener el virus. Los economistas por su parte han advertido de los efectos en el ámbito laboral, los ingresos y el consumo de los sectores más vulnerables de la población, urgiendo la adopción de medidas de apoyo sobre todo para los sectores más vulnerables del país. Por su lado, las organizaciones de ciudadanos creadas a partir de la crisis de 2018 se han hecho cargo de realizar campañas informativas y de prevención; mientras los ciudadanos a título individual han optado por tomar sus propias precauciones y hasta la jerarquía de la iglesia católica suspendió las actividades religiosas para prevenir el contagio.
En un escenario global donde el Estado vuelve a adquirir relevancia por la importancia de sus acciones para contener la pandemia, al presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, no se le ve públicamente desde el 12 de marzo cuando participó en una cumbre virtual con sus homólogos centroamericanos. Después de esa fecha tampoco ha dirigido mensajes a la nación y su ausencia se ha prolongado por más de 20 días. La vicepresidenta Rosario Murillo, su esposa, es la única voz visible y autorizada del gobierno, pero solamente se dirige a la nación a través de llamadas telefónicas. Así las cosas, en Nicaragua nadie duda que la curva de contagio va creciendo de manera acelerada y que sus efectos serán devastadores sin que ninguna autoridad gubernamental tome acciones al respecto. En los hechos, el país está acéfalo y los ciudadanos han optado por autogobernarse.
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Publicado originalmente en agendapublica.elpais.com
