Desde 1990 el Ejército de Nicaragua se presentó como una institución respetuosa al control civil democrático. Durante ese periodo también se consolidó como uno de los grupos empresariales de mayor envergadura de este país, producto de sus alianzas con las élites políticas.

Dentro del Ejército de Nicaragua prevalece una lógica corporativa que coopta el liderazgo político y empresarial para mantener una autonomía funcional sin precedentes en la región centroamericana. Hoy en día es un grupo económico que ha logrado consolidar una alta cuota de poder y un patrimonio propio, imposible de alcanzar a través del respeto de sus funciones constitucionales.

En todos estos años, el Ejército de Nicaragua, con su autonomía funcional y amparado en su imagen social, se ha presentado y asumido bajo el papel del «gran solucionador» de los conflictos sociales y políticos.

Pero detrás habría evidencias que su imagen se ha construido sobre la base de vastas ejecuciones extrajudiciales de campesinos, quienes con un pasado en la guerra civil de los años 80, fueron aniquilados sumariamente por representar una amenaza a la paz social que demandaba el país luego de la finalización de la guerra.

Comandantes en Jefe del Ejército 1979 - 2010

Los rearmados

Los ajustes de cuentas entre los desmovilizados, el incumplimiento en la totalidad de los acuerdos, los residuos ideológicos de la guerra, así como la defensa militar de ciertos intereses políticos y corporativos, dieron paso al rearme de ciertos grupos desde ambos bandos.

Expediente Público se dio la tarea de entrevistar a excombatientes, tanto del ejército sandinista, como de los contras, para conocer su opinión sobre el papel de los militares y los políticos frente a los rearmados.

«La firma de la paz dejó otra guerra: el alzamiento permanente de los desmovilizados y su dificultad para reinsertarse a la vida civil. Fuimos buenos para la guerra, pero ineficaces para vivir en tiempos de paz», comentó un exmilitar originario de Matagalpa, a quien se le omite su nombre por razones de seguridad.

Desde 1991 hasta el 2003, algunos grupos provenientes de ambos bandos argumentaron que se alzaron en armas, debido al incumplimiento de los acuerdos para reintegrarlos a la vida civil, una reinserción empañada por actos de corrupción que salpicó a ambos frentes y al sector político, sobre todo en la entrega de bienes a los excombatientes.

La entrega de bienes y beneficios para la reinserción civil de los excombatientes se dio a medias. En el caso de los excontras, el gobierno les entregó unas 371 mil manzanas de tierras productivas, favoreciendo solo al 41% de los 25 mil desmovilizados de esta agrupación. En el caso del Ejército sandinista, también hay múltiples quejas del abandono del que fueron víctimas los combatientes, señalando a los diferentes gobiernos y al alto mando militar.

Entre 1990 y 2003 aparecieron los «Recontras», los «Recompas», los «Revueltos», las «Fuerzas Punitivas de Izquierda (FPI)», el «Frente Norte 3-80» y el «Frente Unido Andrés Castro (FUAC)»; todos ellos, grupos provenientes de ambos bandos que retomaron las armas durante los gobiernos de Violeta Chamorro (1990-1996), Arnoldo Alemán (1997-2000) y Enrique Bolaños (2001-2006).

«Los recontras y los recompas que se alzaron en ese momento, primero lo hicieron por ajuste de cuentas, como en Wiwilí y en Río Blanco, donde se dieron la mayoría de los casos. Excontras comenzaron a decapitar gente y a poner las cabezas en los postes; después se armó otro grupo de autodefensa y comenzaron a pedir sus indemnizaciones o a pedir más de las que les habían dado. Estos grupos incluso se unieron armados entre ambos bandos, siendo conocidos como los “revueltos”», explica un exmilitar. Sumado a estos crímenes, en 1991 se denunció que 65 excontras habrían sido asesinados.

La estrategia para combatir a estos rearmados en tiempos de paz, incluyó la negociación con el Ejecutivo para su desarme, pero diversos testimonios de excombatientes de ambos bandos, señalan también el aniquilamiento por parte del Ejército en contra de los supuestos cabecillas de estos grupos.

Línea de Tiempo: armados de la postguerra

Acuerdos inconclusos

Los acuerdos de Toncontín, firmados en Honduras en abril de 1990, comprometían el desarme de la Contra, una reducción significativa del Ejército sandinista, así como la responsabilidad del Estado nicaragüense para garantizarles su seguridad e integración a la vida civil. Pero no todos los compromisos se cumplieron a cabalidad.

«No todos entregamos las armas. Personalmente estuve en las zonas de entrega de las mismas y lo que mucha gente entregó fueron fusiles en desuso. Por ello, posteriormente el gobierno tuvo que dar una comisión de 200 córdobas oro (doscientos dólares) a quien entregara su arma; también dieron insumos agrícolas a cambio de los fusiles», dijo un exmilitar entrevistado, uno de los más de 100 mil combatientes desmovilizados, entre contras y militares sandinistas.

Por su parte, el gobierno de Chamorro se comprometió a reducir el ejército en cuatro años hasta en un 86%. En 1990, las Fuerzas Armadas la integraban más de 86 mil personas, entre cumplidores del Servicio Militar, permanentes del Ejército, Policías y Seguridad del Estado; cuatro años después pasó a menos de 15 mil efectivos, reduciéndose en un 82%.

Utilización política de excontras

En 1992, entre 500 y 800 excontras se alzaron en armas y formaron el movimiento armado Frente Norte 3-80. Esta agrupación tenía como propósito apoyar militarmente una política de desestabilización dentro de la Asamblea Nacional, en contra del gobierno de Chamorro.

En aquellos años el legislativo estaba dirigido por Alfredo César, un excontra quien en complicidad con altos mandos del gobierno estadounidense, presionó al ejecutivo nicaragüense para que destituyera al jefe del Ejército, Humberto Ortega, hermano del actual presidente. La presión incluyó sanciones de parte de Estados Unidos al gobierno de Chamorro, al suspender el apoyo de unos 100 millones de dólares, dirigidos al Ejecutivo.

Según denuncias públicas de la época, el Frente Norte 3-80 habría sido financiado por anticastristas de Miami, quienes impulsaron la presión militar en el campo al considerar a Humberto Ortega, como el talón de Aquiles de la nueva administración, por representar al sandinismo.

El hermano de Daniel Ortega fue removido de su cargo en 1995, tres años después del alzamiento de estos excontras, quienes recibieron por parte del gobierno, dos millones de dólares para su desmovilización.

La confabulación del Ejército

Grupos como los recontras, recompas o los revueltos no representaron una amenaza para los gobiernos, como sí lo fueron el Frente Norte 3-80, las FPI y el FUAC (ambos integrados por exmilitares del entonces Ejército Popular Sandinista), este último con mayor presencia territorial y activo desde 1993 hasta el 2003.

El Frente Punitivo de Izquierda (FPI) surgió en 1991 con la integración de 300 antiguos miembros del ejército, considerados de alta confianza para el sandinismo. De acuerdo a las declaraciones que dio uno de sus exintegrantes a Expediente Público, ellos habrían recibido ayudas irregulares por parte del propio ejército para su funcionamiento.

«Nosotros recibíamos un salario fuerte, andábamos comida, raciones frías del ejército, estábamos bien abastecidos. La misión nuestra era intimidar a todos los finqueros para que desistieran en el reclamo de sus tierras confiscadas y que habrían sido dadas a campesinos cooperados durante la revolución. Según nosotros estábamos defendiendo a los beneficiados, pero el verdadero fin era que las tierras no fueran entregadas para que posteriormente los altos mandos del Ejército o líderes del Frente Sandinista se quedaran con esas tierras. La prueba de este fin fue el asesinato de Arges Sequeira como símbolo del reclamo», cuenta el exmiembro de esta agrupación.

Fue así como las FPI reivindicaron en noviembre de 1992 haber asesinado en el departamento de León a Arges Sequeira, un empresario que perdió propiedades durante la revolución sandinista y quien durante la posguerra, encabezó la Asociación Nacional de Confiscados y fue miembro directivo del Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP).

Según los relatos, luego de su asesinato, la Policía infiltró agentes en esas tropas y apresó a los asesinos, quienes posteriormente fueron puestos en libertad, a través de la aprobación de una Ley de Amnistía, emitida por el Ejecutivo en septiembre de 1993.

El caso de Sequeira fue llevado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), quien en su informe 52/97, relata que según la denuncia, en enero de 1993, la Policía identificó a los presuntos autores del crimen, entre los que figuraron Frank Ibarra Silva, Germán Lacayo Guerrero y Diego Javier Espinoza, todos ellos, exmiembros del Ejército Popular Sandinista.

Las informaciones proporcionadas también señalaban que el asesinato fue reivindicado por las FPI, del cual Frank Ibarra Silva se autoproclamó como jefe máximo. En su momento, la Policía tardó en acatar las órdenes de la Procuraduría General de la República para arrestarlo, hasta que posteriormente su caso fue sobreseído, aplicándose una Ley de Amnistía.

Para el exsoldado entrevistado por Expediente Público, la evidencia de la complicidad del Ejército, la Corte Suprema de Justicia y la Policía en manos del sandinismo, forman parte de las pruebas de su participación en este asesinato. Además, relató que el Ejército inició un período de persecución a todo aquel que hablara sobre su participación en misiones de este tipo, llevadas a cabo por las FPI.

«Después de que nos desmovilizan por medio de la amnistía, nos damos cuenta que poco a poco vienen fusilando a todo el que hable sobre su participación en el grupo. Benjamín, quien era uno de nuestros jefes y miembro activo de la Seguridad del Estado, contó sobre su participación y los de la Sexta Región Militar lo llegaron a traer una noche a su casa, lo sacaron en ropa interior y lo amarraron por haber abierto la boca, luego fue desaparecido, ese era un mensaje para que todos nos calláramos», comentó a Expediente Público el entrevistado.

Antes compañeros, después enemigos

El surgimiento del Frente Norte 3-80, provocó la aparición del Frente Unido Andrés Castro (FUAC) en 1997, una agrupación con más de 400 integrantes, donde destacaban altos exmilitares, quienes habían sido guerrilleros connotados del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) antes de la toma del poder en 1979.

Supuestamente el FUAC fue creado como un cuerpo de apoyo de un sector del Ejército, para combatir a las distintas bandas de desmovilizados que desestabilizaban las convulsionadas zonas montañosas del norte y caribe del país durante la posguerra. Pero se estima que esa alianza duró poco y los rearmados empezaron a actuar de forma autónoma.

Probablemente este sea el movimiento de rearmados que más discordancias provoca entre sus defensores y detractores. Sus críticos los acusan de haber traficado ilegalmente madera y otro ilícitos, de haber sido un cuerpo armado del sandinismo -financiado por el Ejército, y hasta el entonces presidente Arnoldo Alemán les atribuyó públicamente el asesinato de 53 activistas liberales durante su administración.

Ciertas o no estas aseveraciones, lo que sí es evidente fue la forma en la cual el ejército desarticuló a sus antiguos compañeros. Luego de su rendición, los líderes del FUAC se enfrentaron a una persecución sistemática de parte del ejército, la cual terminó con la vida de ocho de sus principales cabecillas.

«Creo que ahí se impuso un modus operandi que ya venía siendo practicado desde el Ejército, adquirido fundamentalmente durante los años ochenta, donde ese era el tratamiento fundamental hacia los enemigos. En el caso del FUAC, estamos hablando de gente que ya se había desarmado, estaban haciendo vida civil. A uno de sus lideres incluso lo asesinaron cuando iba en su bicicleta donde circulaba todos los días, es decir, el miedo era que se realzara, el objetivo era eliminar todos los posibles futuros brotes de un grupo que podía ser contestatario», expresó a Expediente Público un analista en temas de seguridad.

Este fue el grupo que más negociaciones llevó a cabo para su desmovilización. Según la estudiosa de esta agrupación, Angelica Fauné, hubo hasta 53 intentos de desarme con el FUAC, hasta que sus ocho líderes fueron aniquilados entre el 2001 y el 2002, de acuerdo a los medios de comunicación en ese entonces.

«Se nota una afinidad en el tratamiento de erradicar los peligros en embrión o de ver incluso más peligros de los que hay, ese es el tratamiento que se le ha dado actualmente a la oposición, que se levantó en contra del actual gobierno en abril de este año”, enfatizó uno de los expertos entrevistados.