* La Encuesta de Presupuesto Abierto 2021 (OBS por sus siglas en inglés) otorgó a Nicaragua 7 puntos, situándolo como el país de la región centroamericana con menor participación de la sociedad en el proceso presupuestario.
** Ana Quirós, representante de la sociedad civil, afirma que desde 2007 no existe un “diálogo con la ciudadanía” en Nicaragua.
***Laura Castillo Cabral, Oficial de Programas de la Iniciativa de Presupuesto Abierto, insiste que un presupuesto es “mucho más que una hoja de papel”: es clave en el desarrollo de políticas que benefician a la población.
Expediente Público
Nicaragua es el país peor evaluado de Centroamérica y el que menos le da participación al público durante la formulación del Presupuesto General de la República (PGR) y tampoco le brinda espacio a la ciudadanía para monitorear la implementación del mismo. La Encuesta de Presupuesto Abierto 2021 (OBS, por sus siglas en inglés) del International Budget Partnership (IBP) le otorgó un puntaje de 7 sobre 100 en la octava edición publicada el pasado 31 de mayo.
Laura Castillo Cabral, Oficial de Programas de la Iniciativa de Presupuesto Abierto del IBP, explicó a Expediente Público que la participación ciudadana en el proceso presupuestario es necesaria para lograr una mejor “capacidad de respuesta del gobierno” en beneficio de la población, pero en eso falla Nicaragua.
“La participación pública permite a los ciudadanos utilizar la información presupuestaria para contribuir sobre las deliberaciones, sobre las prioridades políticas y en última instancia las decisiones. Para que esto suceda, las instituciones gubernamentales, es decir, el Ejecutivo, el Legislativo y las instituciones de auditoría deben crear espacios abiertos para el diálogo y el intercambio donde todas las personas estén invitadas a compartir sus puntos de vista”, dijo Castillo Cabral.
El país centroamericano sufrió un deterioro si se compara con los resultados de 11 puntos obtenidos en la edición de 2017, evidenciando una reducción de la participación y acompañamiento de la sociedad en el proceso. En el 2019 la puntuación también fue de 7, lo que evidencia un estancamiento.
En Nicaragua el PGR es aprobado en la Asamblea Nacional y refleja de manera específica los presupuestos de ingresos y gastos de las diferentes instituciones públicas, que deben estar en sintonía con las prioridades del país.
Régimen de Nicaragua no responde
La Encuesta de Presupuesto Abierto es la culminación de un proceso de investigación que se desarrolló en 120 países. El IBP solicitó al Gobierno central de Nicaragua “comentarios sobre los resultados preliminares”, pero no obtuvo respuesta.
En la etapa de formulación, el órgano rector es el Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP), institución encargada de elaborar el anteproyecto que luego es presentado por el Ejecutivo ante la Asamblea Nacional el 15 de octubre de cada año.
Durante el ciclo presupuestario, los diputados de la Comisión de Producción, Economía y Presupuesto se toman un periodo de 20 días para consultas y la elaboración del dictamen. El plenario de la Asamblea Nacional debe aprobar la Ley de Presupuesto a más tardar el 15 de diciembre.
Ana Quirós, representante de la sociedad civil, en entrevista con Expediente Público explicó que ese periodo de consultas, donde las organizaciones de la sociedad civil tienen la oportunidad de establecer sus demandas presupuestarias, no es una práctica habitual en el país centroamericano.
“El énfasis de la participación ciudadana en la toma de decisiones y en la principal decisión de cómo se usan nuestros recursos es inexistente y es fundamental si estuviéramos hablando de una democracia (…) Las veces que personalmente acudí a la Asamblea fue por solicitud nuestra, algunas veces por solicitud de organizaciones y otras veces por solicitud del Conpes (Consejo Nacional de Planificación Económico y Social) que pedía a la Asamblea tener un encuentro para dialogar al respecto”, mencionó Quirós.
Castillo Cabral enfatizó en la importancia de desarrollar “oportunidades para la participación pública inclusiva”. Es decir, lograr a través de la iniciativa de Presupuesto Abierto una correcta supervisión del gasto público con ayuda de la ciudadanía.
“Junto con el acceso a la información, la participación pública es un componente esencial para la construcción de instituciones abiertas (…) Un presupuesto es mucho más que una hoja de papel, en él se determinan si existirán o no servicios para nuestras comunidades, escuelas para nuestros hijos, medicinas para los enfermos y recursos ante las emergencias o crisis”, dijo Castillo Cabral.
¿En qué falla Nicaragua?
El puntaje es producto de los resultados observados en las cuatro fases del ciclo presupuestario: formulación, aprobación, ejecución y auditoría.
De forma individual, en la formulación e implementación presupuestaria que le corresponde al Ejecutivo, el país obtuvo cero de 100 puntos que otorga la encuesta. Mientras que, en la aprobación que le corresponde a la legislatura el país alcanzó 11 puntos y un puntaje de 33 en la fase de auditoría.
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“En términos presupuestarios deja mucho que desear, porque no se ejerce ningún tipo de discusión ni previo, ni durante la ejecución, ni posterior para evaluar cuál ha sido el desempeño, sino que todo queda centralizado en el Ejecutivo y formalmente en la Asamblea Nacional, pero la Asamblea Nacional al responder al Ejecutivo cada vez ejerce menos un rol de primer poder del Estado”, enfatizó Quirós.
A la casi nula existencia de espacios de participación ciudadana en el presupuesto, se “suman el deterioro de las condiciones democráticas en el país, así como prácticas de persecución y criminalización que ha sufrido la sociedad civil, las ONG, la academia y los medios de comunicación en los últimos años”, señala el apartado de la encuesta sobre Centroamérica.
Nicaragua, según Quirós, tiene una deuda pendiente con la población, porque en el país los temas presupuestarios son un secreto. “Funciona casi como un secreto de Estado cómo se utilizan los recursos (…) Este régimen, desde 2007 ha cerrado todas las puertas para la participación ciudadana formal”, puntualizó la representante de la sociedad civil.
Una vez aprobado el presupuesto, el MHCP sigue siendo el órgano que vela por la ejecución y ejerce control presentando informes trimestrales.
Limitado acceso a la información
La OBS detalla que, en Nicaragua, la ausencia de espacios de participación es acompañada con limitaciones del acceso a la información.
“Hasta 2018, teníamos algunas formas, aunque fueran callejeras de participación ciudadana, sin embargo, a partir de 2018 no solo no es posible hacerla, sino que es perseguida”, señaló la directora de Cisas.
En el caso nicaragüense, la información presupuestaria se mantiene en “condiciones de mucha restricción” hasta que es presentada a la Asamblea Legislativa para su aprobación. Luego de ello, nuevamente se mantiene en secreto hasta que se aprueba y se publica en el Diario Oficial La Gaceta, señala la encuesta.
“Es limitada y no permite hacer valoraciones sobre la asignación de los recursos públicos que se asignan para las diversas políticas públicas que el Gobierno central aplica en el país (…) Debería de haber una manera en cómo las diferentes instituciones públicas; los ministerios, que son los que se llevan la mayor parte del gasto público, tienen algún tipo de comunicación con la sociedad civil”, explicó el economista Leonardo Labarca, investigador del centro de pensamiento Expediente Abierto.
El economista sostiene que los presupuestos siguen siendo una conversación principalmente de élite, con pocas vías para que la gente común se involucre y tenga voz.
“El pilar de la participación pública es la más débil. Es una situación que a nivel mundial es una problemática que no se ha podido resolver, a pesar que hay países que han tratado que en la discusión sobre el presupuesto se pueda introducir la voz de la ciudadanía”, señaló Labarca.
La política presupuestaria establece las directrices para la elaboración del PGR. Por otro lado, permite conocer los ingresos que posee el Gobierno central para ser ejecutados al año siguiente y el techo de gastos de las instituciones públicas. Por lo tanto, es necesaria la fiscalización ciudadana para saber el uso que se le dará al dinero recaudado.
Ninguno de los países de la región logró obtener un puntaje suficiente que demuestre que están dando voz a la ciudadanía en las fases del ciclo presupuestario. El puntaje más alto en Centroamérica fue obtenido por El Salvador, que alcanzó 20 puntos, pero de igual forma salió aplazado.
Dar voz a la ciudadanía
El Ministerio de Hacienda, que es la autoridad principal en el ámbito presupuestario en Nicaragua, debe poner en práctica un mecanismo para involucrar al público en la formulación del presupuesto y el monitoreo de su implementación, recomienda la encuesta.
Esos mecanismos, según Castillo Cabral, pueden ser “consultas públicas, presentaciones presupuestarias, consultas electrónicas, consejos de asesores, auditorías sociales y presupuestos participativos”, entre otros.
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Un aspecto que ha mejorado el Ministerio de Hacienda es en la presentación mensual y trimestral de los resultados de la ejecución presupuestaria, que se pueden conseguir en su portal web, pero lo hacen con varios meses de retraso.
Esas publicaciones, según la encuesta, carecen de un “formato de datos abiertos, lo que limita su utilidad para la evaluación y auditoría social”, por tanto, sigue siendo limitada la información.
En el país centroamericano, tampoco existen avances en la presentación de informes presupuestarios comprensibles para la ciudadanía, lo que es paradójico tomando en cuenta el eslogan “El pueblo presidente” que utiliza el Gobierno central, se lee en el documento.
La Nicaragua de Ortega aniquila la participación
La OBS demanda a Nicaragua involucrar activamente a las comunidades vulnerables y poco representadas, ya sea directamente o a través de las organizaciones de la sociedad civil que las representan.
En Nicaragua, sin embargo, el régimen de Ortega y Murillo, a través de la Asamblea Nacional, está aniquilando a las oenegés. Desde diciembre de 2018 a junio de 2022, el Legislativo, que es dominado por diputados sandinistas, ha despojado de su personería jurídica a más de 600 oenegés que se desempeñaban en áreas de desarrollo social, educación, salud, democracia y derechos humanos.
“Los centros de pensamiento que trabajaban con presupuestos, todos han sido cerrados, todos han perdido su personería jurídica y muchos de sus directivos están en las cárceles. Entonces, el control sobre el presupuesto o el seguimiento se hace sumamente difícil”, señaló Quirós.
La Asamblea Nacional y la Contraloría General de la República (CGR) también tienen la obligación de permitir la participación del público o de las organizaciones de la sociedad civil.
Diputados de Nicaragua incumplen procesos
En la etapa de discusión y aprobación, el PGR «lastimosamente no se discute ampliamente», agrega la encuesta.
La Asamblea Nacional de Nicaragua ha establecido audiencias públicas relacionadas con la aprobación del presupuesto anual, pero también debe priorizar y permitir que cualquier miembro del público o cualquier organización de la sociedad civil testifique durante sus audiencias sobre la propuesta de presupuesto antes de su aprobación.
Adicionalmente, el Gobierno central debe permitir que miembros del público u organizaciones de la sociedad civil testifiquen durante sus audiencias sobre el Informe de Auditoría.
La CGR ha establecido mecanismos para que el público ayude en el desarrollo de su programa de auditoría, pero para mejorar la participación pública debe priorizar que en el proceso presupuestario se establezcan mecanismos formales para que el público contribuya a las investigaciones de auditoría pertinentes.
