Según los datos oficiales, existen 14 casos positivos y 4 muertes, hasta el 1 de mayo. Sin embargo, hay informes del Observatorio Ciudadano COVID-19, donde expresan que en Nicaragua hay 370 presuntos casos de coronavirus. El Observatorio también denunció 17 irregularidades reportadas en torno a la pandemia en los trabajadores de la salud, como amenazas, hostigamiento, arbitrariedades del Estado, entre otras.
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El Comité Científico Interdisciplinario, la Unidad Médica Nicaragüenses y la Asociación Médica Nicaragüense han expresado críticas por la forma en que el régimen de Ortega ha manejado la pandemia del coronavirus. Eso debido a que ha ignorado las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS), y aun no realiza pruebas a la población para determinar el grado de personas posiblemente infectadas por el virus.
ORTEGA APARECE POR SEGUNDA VEZ
Después de varios días de ausencia, el presidente Ortega apareció el 30 de abril nuevamente hablando desde su casa, donde guarda cuarentena junto a su familia, de forma incoherente y solicitando el cese de las sanciones individuales y a empresas de su familia o personas de su confianza.
Ortega minimizo nuevamente el número de muertes por el COVID-19, indicando que han “fallecido 2,892 y nadie está haciendo la cuenta por los fallecidos por otras enfermedades.” No hizo referencia a algún tipo de medida gubernamental o plan en temas de salud, la situación económica o el cierre de fronteras para evitar mayores contagios.
Asimismo, hizo referencia a la campaña “quédate en casa”, indicando que eso no se puede hacer en Nicaragua, según él “si nosotros le decimos a la gente quédense en casa, ¿quién va a fumigar?, si decimos quédate en casa, ¿qué enfermera va a trabajar? Ideay, tiene derecho también, y si te quedas vos, me quedo yo también. ¿Qué médico va a trabajar? ¿Qué policía va a trabajar? ¿Qué soldado va a trabajar?
RÉGIMEN EMPIEZA A TOMAR MEDIDAS PREVENTIVAS
La segunda del régimen Rosario Murillo anunció la última semana de abril que el gobierno no solo va a fortalecer toda la información del lavado de manos, como lo había venido anunciando, sino también, llamó al “distancia personal de precaución, también el uso de mascarillas”.
Las acciones estarán acompañadas de la desinfección en medios de transporte, parada de buses, mercados, centros de estudios, de trabajo, en las casas y barrios.
Es la primera vez que el régimen nicaragüense accede a tomar medidas prácticas en contra de la propagación del COVID-19, a pesar de haber confirmado el primer caso el 18 de marzo. Nicaragua, sin embargo, sigue siendo el único país de Centroamérica que no ha establecido cuarentena, no ha cerrado las fronteras, aunque el aeropuerto está inhabilitado por la cancelación de todos los vuelos de parte de las líneas aéreas, y tampoco ha suspendido las clases presenciales en escuelas y universidades públicas.
“NEUMONÍA ATÍPICA”
El gobierno está manejando algunos casos y muertes ocurridas en el país y que tienen mucho parecido a los padecimientos del COVID-19 como “neumonía atípica”. De esa forma fue llamado el deceso de un trabajador del Aeropuerto Internacional Augusto C. Sandino, que había tenido contacto con el tercer fallecido por el nuevo coronavirus reportado por el Ministerio de Salud.
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Otro caso de neumonía atípica es el de una trabajadora de zona franca, el principal parque industrial del país. Además, se reportan muchos otros casos a los cuales el gobierno no reconoce, complicando las posibles recuperaciones de esas personas y ocultando información que deberían transparentarse para que la población nicaragüense tome las medidas necesarias.
VIOLACIÓN DE DERECHOS HUMANOS AL PERSONAL DE SALUD
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a través de la red social Twitter, mostró su “preocupación por los despidos arbitrarios de personal médico y de salud por brindar información y/o criticar la respuesta del Gobierno ante la pandemia COVID-19”.
También “advirtió sobre despidos injustificados que enfrentan quienes denuncian irregularidades, consideró que esas situaciones ponen en peligro o vulneran derechos de las personas denunciantes y sus familias, y dañan intereses de la comunidad”.
FALTA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN
La OPS ha expresado que el gobierno nicaragüense restringe la información sobre la pandemia del COVID-19, la cual “se limita al intercambio de información establecido en el Reglamento Sanitario Internacional.
Con anterioridad el subdirector de la OPS, Jarbas Barbosa da Silva, afirmó durante un encuentro virtual del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA), que esa organización no obtiene de parte del gobierno los “datos necesarios para hacer una evaluación” sobre la evolución del virus en Nicaragua.
COSEP RECOMIENDA AL GOBIERNO QUE TOME MEDIDAS
El Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), urgió al régimen poner en práctica «políticas públicas para enfrentar la crisis» del COVID-19, lo que debe incluir «medidas inmediatas, de respuestas oportunas, en una sola dirección, por parte del gobierno y todos los sectores de la sociedad para abordar la pandemia y sus impactos en la vida, la salud, el empleo y la economía».
Es “impostergable» que el gobierno adopte inmediatamente las recomendaciones de la OMS/OPS y que la sociedad tiene «derecho a ser informados de manera transparente de la evolución de la pandemia, de indicadores estadísticos correctos y verificables».
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El Cosep agrega que «el país requiere de la implementación inmediata de políticas públicas tanto en materia de salud como a nivel social y económico, para mitigar así los impactos derivados de la pandemia en la salud, el empleo en general, con especial énfasis en los trabajadores por cuenta propia y los micro y pequeños empresarios, y en el nivel de vida de todos los nicaragüenses».
Asimismo, que la empresa privada necesita “medidas que den alivio tanto al sector formal como informal para evitar así un mayor desempleo y el deterioro en la calidad de vida de las familias, entre estas, la reducción de los precios del combustible y la energía eléctrica; cambios en las normativas financieras que permitan la reestructuración y acceso a la financiación de nuevos créditos; la flexibilización en materia laboral; la no suspensión de los servicios básicos por mora durante el período de crisis; y cambios en las políticas tributarias para promover la producción y el acceso a la población a productos más baratos».
