*La selección de magistrados y las reformas electorales a la medida de Daniel Ortega y el FSLN dejan a la oposición en el dilema de participar o no en un proceso desigual y viciado por la cooptación de poderes, el Estado policial y la represión.
Expediente Público
Durante las protestas sociales de 2018 se exigió la renuncia del presidente Daniel Ortega o el adelanto de elecciones, pero pese a los crímenes de lesa humanidad comprobados por la comunidad internacional y organismos de derechos humanos, el mandatario se ancló en el poder basado en el periodo constitucional de cinco años.
Ahora su partido, el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), está en la obligación de ir a elecciones el 7 de noviembre de 2021, pero ha instalado un sistema represivo y suspendido derechos, garantías políticas y ciudadanas, es decir, en las condiciones actuales, las elecciones no serán justas ni libres ni transparentes, según analistas y opositores.
Este lunes 26 de abril será el último día en que la Comisión Especial para Asuntos Electorales del parlamento nicaragüense escuche las contrapropuestas de reformas y que reciba candidatos a magistrados del Consejo Supremo Electoral (CSE). Hoy está previsto que la opositora Coalición Nacional, presente a sus candidatos entre los que se mencionan al jurista José Pallais Arana, el defensor de derechos humanos Julio Montenegro, Xiomara Paguaga, María Antonieta Fiallos quien es experta en temas electorales, Azahálea Solis, Yader Loza, Gerardo González Rivera, Iris Rojas y Marianela Martínez.
La Coalición oficiará a sus aspirantes a través del partido Yatama, que es el único partido del bloque que tiene diputados.
Según la Comisión Especial existen cinco propuestas a magistrados, aunque solo se conocen los nombres de Martín Ernesto Alonso Alvarenga, candidato del Partido Conservador, y Fanor Avendaño, por la Alianza por la República (APRE), ambos partidos considerados aliados del gobierno de Daniel Ortega. El FSLN aun no revela a sus candidatos.
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Por otra parte, “la iniciativa de reforma a la Ley Electoral presentada por la bancada del oficialismo (el 12 de abril de 2021) no responde a la demanda nacional e internacional de elecciones con atributos democráticos porque no incorpora las reformas legales necesarias para que en los próximos comicios nacionales se respete el voto ciudadano”, describe un comunicado conjunto de 49 organizaciones políticas, civiles, migrantes, exiliados, víctimas de la represión, gremios y empresa privada.
El pronunciamiento emitido el 22 de abril denuncia que casi la totalidad de las propuestas de la bancada sandinista “profundizan la actual crisis de transparencia y credibilidad de las instituciones electorales”.
Entre los aspectos lesivos contenido en esta iniciativa están: nuevas restricciones a las libertades políticas, la continuidad del bipartidismo de los órganos electorales, el Estado Policial integrado en la justa electoral, falta de auditoría, depuración y publicidad del padrón electoral, eliminación de la publicidad del padrón y el proceso de verificación ciudadana, la división inconstitucional entre padrón activo y pasivo, así como nuevos obstáculos y restricciones a los partidos políticos.
Además, las organizaciones indican que “la pretendida reforma no contempla la posibilidad de recursos legales que brinde seguridad jurídica, sino que aumenta las facultades discrecionales del Poder Electoral, no establece la normativa legal para la observación electoral nacional e internacional, no regula el voto de los nicaragüenses residentes en el exterior, y vulnera la voluntad popular al permitirle al Poder Electoral sustituir, incluso de oficio, a funcionarios electos”.
Otra de las críticas de la reforma es la incorporación de las inconstitucionales causas de inhibición a candidatos opositores contenidas en la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros y Ley de Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo, a la Independencia, la Soberanía y Autodeterminación para la Paz.
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La Comisión Especial para Asuntos Electorales, integrada por siete diputados de los que cinco son del FSLN, uno del Partido Liberal Constitucionalista (PLC) y uno del Partido Liberal Independiente (PLI), está a cargo de seleccionar a los diez nuevos magistrados y de la discusión de las reformas electorales.
Precandidatos opinan
Expediente Público consultó a los 10 precandidatos presidenciales sobre su posición ante las reformas del oficialismo, pero solo dos respondieron.
Miguel Mora, precandidato presidencial por el PRD, miembro de la Coalición Nacional, indicó que si Ortega realiza elecciones libres las perderá, sabe por las encuestas que tiene al pueblo en su contra, por otra parte, si comete fraude terminará con el desconocimiento internacional del nuevo gobierno en Nicaragua.
“La dictadura está empecinado en ejecutar el plan de legalizar el estado policial y el fraude”, dijo Mora. La Organización de Estados Americanos (OEA) estableció hasta el 30 de mayo del 2021 para realizar reformas electorales que conlleven a elecciones transparentes, recordó.
“Si se empecinan en aprobar una ley inconstitucional y violatoria de los derechos políticos y humanos de los nicaragüenses, este gobierno que salga va a ser difícil que aterrice con toda la legalidad y será cuestión de tiempo su sobrevivencia.”, sostiene.
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Para Mora las elecciones en Nicaragua tienen tres alternativas como un semáforo. Una luz verde con reformas que garanticen un proceso justo, libre y transparente, amarillo con condiciones mínimas o rojo donde no hay garantías, pero donde se puede competir para denunciar el fraude.
En Nicaragua, un sector de la oposición se ha planteado no ir a elecciones como lo ha hecho la oposición venezolana. En este sentido, Mora expresa que “el mejor escenario para Ortega es que nadie le diga que hubo fraude, inhibir a toda la oposición y candidatos y no tener competencia, pero no se puede decir fraude desde afuera, solo como participante tenés la misión de mostrar el fraude y pedir el desconocimiento a la comunidad internacional”, dijo el precandidato del PRD.
Por el contrario, Luis Fley, precandidato presidencial por el partido Fuerza Democrática Nicaragüense (FDN), también miembro de la Coalición, considera que “si no se realizan las reformas que la OEA pidió, la oposición no debería participar en un proceso electoral que no reúne las garantías y esté de acuerdo a los parámetros internacionales”.
“Si no hay reformas (justas) es ir al matadero, legitima un gobierno cinco años más, pero es demasiado prematuro (decidir), hay que ver los acontecimientos y esto está en la cancha de Ortega”, agrega.
“La dictadura no va a ceder, se van a quedar con la mayoría de (magistrados), supongo que le van a dar uno al PLC (Partido Liberal Constitucionalista) y los otros a los grupos `zancudos´, el control siempre lo va a tener el FSLN sobre el CSE porque para ellos es central para decidir quiénes van a ser los electos”, dice Fley.
Además, para que un candidato de la oposición sea electo debe tener el permiso de Daniel Ortega y no creo que quiera ceder. “no hay posibilidades de tener tres o cuatro magistrados de la oposición”, dijo Fley.
Los otros siete precandidatos a la Presidencia de la oposición son Cristiana Chamorro Barrios, hija de la expresidenta Violeta Barrios y del Pedro Joaquín Chamorro Cardenal, Mártir de las Libertades Públicas. También la doctora María Eugenia Alonso Flores, quien fue torturada por la Policía de León, en noviembre del 2019, cuando entraron a su vivienda.
El empresario y miembro de la Alianza Cívica, Juan Sebastián Chamorro, el politólogo Félix Maradiaga de la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB), el exembajador sandinista Arturo Cruz, el líder campesino y excarcelado político Medardo Mairena, George Enríquez del partido Yatama y el político conservador Noel Vidaurre completan la lista de quiénes compiten por ser el candidato de la oposición para las elecciones del 7 de noviembre del 2021.
Solo 4 días para importante decisión
El parlamento dominado por el Frente Sandinista mantiene a puertas cerradas el proceso de consultas sobre la elección de magistrados y reformas electorales. Los únicos que pueden participar son los partidos políticos con personería jurídica, que en total son 19, tres son parte de los bloques opositores el caribeño Yatama, Ciudadanos por la Libertad (CxL) y el Partido de Restauración Democrática (PRD).
La consulta para cambiar la Ley Electoral inicio el 21 de abril y concluye el lunes 26, anunció la presidenta de la Comisión Especial para Asuntos Electorales, la sandinista María Auxiliadora Martínez. Aunque por ley el plazo de debate de las propuestas con los partidos es de 15 días, en la práctica serán solo cuatro días hábiles (el fin de semana se suspendió la consulta) de revisión al documento presentado por los 70 diputados del FSLN, siendo un corto tiempo para la discusión de las nuevas reglas de las elecciones.
Hasta el viernes han sido 16 los representantes de partidos en la consulta en la Asamblea Nacional, de los que 12 son parte de la Unida Nicaragua Triunfa, la alianza que encabeza el FSLN; tres son considerados “colaboracionistas” del gobierno y solo uno opositor, Yatama que es parte de la Coalición Nacional.
El proceso inició con el Partido Liberal Independiente (PLI), Partido Movimiento de Unidad Costeña (PMUC), el Partido Alianza por la República (APRE) y el Partido Conservador (PC), informó a través del portal parlamentario la diputada sandinista Martínez, presidenta de la Comisión Especial.
Martínez dijo el 22 de abril que en las reuniones sostenidas la mayoría de los partidos políticos han demostrado su respaldo a las reformas, según el portal parlamentario. “Muchos de ellos nos han dicho que las mismas recoge sus inquietudes, que ellos han venido planteando alrededor de las reformas electorales”, sostuvo.
Indicó que una de las observaciones que hizo el partido APRE “fue sobre la prohibición del financiamiento externo, ‘nos dijeron que están totalmente de acuerdo y que la Ley Electoral de Costa Rica es mucho más duras y que la mayoría de ellos (de los partidos políticos) no recibe’”.
APRE es considerado aliado del FSLN, y su único diputado es Byron Jerez, exdirector de Ingresos en el gobierno del liberal Arnoldo Alemán (1997-2002). Jerez y Alemán enfrentaron sendos juicios por corrupción de los que fueron absueltos cuando Ortega retornó al gobierno en 2007.
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A la consulta también fueron invitados la Alianza Liberal Nicaragüense (ALN), Partido Resistencia Nicaragüense (PRN), Alternativa por el Cambio (AC), Yatama, Unidad Cristiana, Partido Indígena Multiétnico y Partido Autónomo Liberal Myatamaran y el Frente Sandinista de Liberación Nacional.
Bloques opositores unánimes
Irónicamente, las reformas propuestas por la bancada sandinista en el parlamento y la convocatoria a las magistraturas del CSE, lograron unificar a los bloques opositores en Nicaragua, al menos, en su rechazo a los cambios al sistema como se han propuesto, algo que no había ocurrido antes del 12 de abril, cuando se oficializo el documento presentado por los 70 diputados del FSLN.
El partido Ciudadanos por la Libertad (CxL), integrante de la Alianza Ciudadana, uno de los dos bloques opositores más importantes, invitó el 20 de abril al Movimiento Campesino, el Partido Restauración Democrática (PRD) y Yatama a emitir un comunicado conjunto en rechazo a las reformas planteadas.
“Entre los múltiples aspectos lesivos contenido en esta iniciativa, observamos que establece nuevas restricciones a las libertades políticas, mantiene intacta la conformación bipartidista de los órganos electorales, traslada al ámbito electoral el Estado Policial imperante”, dice el comunicado.
El otro bloque opositor, la Coalición Nacional, al que está integrados los partidos mencionados, aceptó la invitación argumentando que “es crucial el rechazo unánime y de común acuerdo de toda la oposición al adefesio jurídico de reformas electorales que pretende imponer el régimen para evitar este nuevo golpe a nuestros derechos democráticos”.
