El Gobierno de Daniel Ortega concreta su política de ataque contra las medios de comunicación independientes y ONG defensoras de los derechos humanos, al convertir en Casas Maternas los edificios confiscados a esas organizaciones.
Expediente Público
Nicaragua figura en la Lista de Vigilancia de derechos humanos de la plataforma internacional Civicus Monitor, publicada desde el 18 febrero y la cual resalta a los países en los que la libertad de expresión y asociación están amenazadas. Mientras tanto, el presidente Daniel Ortega continúa aprobando leyes represivas, asediando a opositores y confiscando instalaciones de medios de comunicación y organismos de derechos humanos para convertirlos en edificios públicos.
“Lo que han hecho es un robo, y el que realiza un robo y despojo, tiene su nombre: es delincuente. Así que, esas acciones no se pueden ver como un exabrupto, ni como un exceso de una dictadura, sino simple y sencillamente como un acto delictivo perverso”, dijo a Expediente Público, Vilma Núñez, presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), ante la confiscación.
La abogada Núñez, quien fue cofundadora del Cenidh en 1990, cuyas oficinas fueron asaltadas por la Policía y su edificio confiscado desde hace dos años, resalta que la violación a los derechos humanos en el país se ha incrementado con nuevas formas de represión, desde las protestas del 2018 y eso representa un desafío terrible para las instancias de protección nacional en pleno año electoral.
“Lo que se busca con esta lista de vigilancia es llamar la atención de la comunidad internacional, llevar las voces de estos países a estos foros internacionales de toma de decisiones, y advocar para que las libertades cívicas y el espacio cívico, sea garantizado en estos países”, aseguró Natalia Gómez, encargada de incidencia para América Latina con Civicus Monitor.
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Nicaragua se ha convertido en un caso de prioridad, según Gómez, “primero, por la ola de leyes represivas que se han ido adoptando en los últimos meses, incluyendo la Ley de Ciberdelitos y la reforma al Código Penal y que creemos amenazan a la sociedad civil, la libre expresión y la participación política. En segundo lugar, el acoso y persecución, así como la criminalización a defensores y activistas opositores al gobierno”.
El Civicus Monitor, con sede en Sudráfrica, opera con cinco categorías amplias sobre el nivel de respeto de los derechos humanos: abierto, reducido, obstruido, represivo y cerrado, que corresponden a grados y formas diversas de restricciones sobre el espacio cívico.
Cada categoría incluye a un grupo de países que presenta una amplia diversidad de violaciones a las libertades, modos de organización de la sociedad civil, fenómenos y actores estatales y no estatales que impulsan dichas violaciones.
Así, por ejemplo, el hecho de que el espacio cívico sea calificado como ‘cerrado’ tanto en Corea del Norte como en Etiopía no significa que los y las activistas enfrenten las mismas condiciones y restricciones en ambos países, explica el organismo.
Si los dos países son colocados en la misma categoría es porque los datos indican que las violaciones del espacio cívico son en uno y otro de similar gravedad. Sin embargo, eso no supone desconocer que las experiencias de las personas y las organizaciones de la sociedad civil son muy diferentes en uno y otro caso, y que existen cantidades de matices.
Nicaragua en espacio cívico represivo
El informe incluye otros países como Birmania del sudeste asiático, donde ocurrió este mes un golpe de Estado; Rusia, bajo administración represiva de Vladimir Putin; Togo, ubicado en la costa occidental de África y Polonia de Europa Central, que es el único que está en categoría de “espacio reducido”.
Nicaragua, como los tres países mencionados, está significativamente en “un espacio límitado” o más bien, la cuarta peor categoría, explica Gómez.
Y este es el estado actual de Nicaragua desde 2018. “La situación se ha recrudecido de manera más rápida en los últimos meses y por eso creemos importante incluirlos en esta lista de vigilancia”, enfatizó Gómez a Expediente Público.
Por otra parte, la presidenta del Cenidh recalca que una de las acciones más graves que un gobierno puede cometer en contra de los derechos humanos, es precisamente la destrucción de las instancias de protección nacional. “Ese ha sido un instrumento más de represión hacia las organizaciones ante una Procuraduría de Derechos Humanos inexistente”, refirió.
Policía Nacional confisca instalaciones
Desde diciembre de 2018, Canal 100% Noticias y Confidencial, medios de comunicación independientes, más nueve Organizaciones No Gubernamentales (ONG) han sido allanadas y confiscadas por la Policía Nacional, sin ningún argumento jurídico, sin resolución emitida por la Corte Suprema de Justicia y ninguna expropiación legalmente.
El pasado martes 23 de febrero el Ministerio de Salud inauguró una “Casa Materna” en el edificio confiscado a Confidencial, en cuyo frontispicio colocó una fotografía de Ortega y Murillo, así como banderas roja y negro del partido sandinista.
“Volvemos a reiterar que en Nicaragua no hay normalidad, existe un régimen que reprime, persigue y excarcela a ciudadanos, defensores de derechos humanos y periodistas. Hay un Estado que ha institucionalizado el robo y confiscaciones de bienes y propiedades privadas, solo porque nuestra línea editorial es independiente a la línea oficial de Daniel Ortega y Rosario Murillo”, expresó Lucía Pineda Ubau, periodista y jefa de Prensa del Canal 100% Noticias.
Pineda Ubau, excarcelada política, señala que esto acción del Gobierno es un mensaje de que no dan un paso atrás, hasta que no les sean quitadas las sanciones impuestas a 26 funcionarios y empresas vinculadas a la pareja presidencial, y que Nicaragua está en alerta roja, “porque cada día que pasa y ellos están en el poder, la vida, bienes y casas de los nicaragüenses están en riesgo. Roban, encarcelan y en el peor de los casos asesinan”, afirma.
La periodista Pineda Ubau argumenta que las redes sociales han sido una herramienta para mostrar su resistencia y no aceptación a la censura.
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Resistencia a denuncias públicas
“Los problemas empiezan para nosotros, sobre todo, desde que Daniel Ortega ursurpa el poder de Nicaragua por fraude electoral, él empieza a cerrar espacios para el ejercicio de los derechos humanos, el primero fue al querer ejercer nuestro trabajo en el Sistema Penitenciario Nacional, nos comenzaron a negar la entrada”, expresó Núñez.
Núnez explica que el Cenidh es una institución que ha pasado por cuatro períodos de gobierno, y nunca antes se había visto el allanamiento y confiscación tanto de personalidades jurídicas como de medios de comunicación.
Sin embargo, considera que esto se debe al papel que han desarrollado particularmente desde 2018, con el acompañamiento a las víctimas, presentación de informes que dejaban al descubierto los niveles de represión y el involucramiento de los perpetradores, del Ejército, Policía Nacional, y creación de grupos paramilitares y fuerzas partidarias a las protestas antigubernamentales.
Para la 46 sesión del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) sobre la situación de Nicaragua, a realizarse este 25 de febrero en Ginebra, la encargada de incidencia para América Latina con Civicus Monitor, Natalia Gómez, explica se ha hecho una campaña previa denominada #convierteenmitestigo, que incluye la denuncia pública de varios casos impunes que necesitan ser visibilizados, así como la publicación de la lista de personas presas políticas, que alcanza los 111.
Todo esto con la intención de “volver a poner a Nicaragua en el radar, en levantar el perfil de la situación del país y hacer un llamado fuerte a la comunidad internacional para que nos movilicemos entorno a la situación en el país”, dijo Gómez.
“Nosotros no hemos dejado ni un solo día de atender las demandas de la gente, quienes han buscado al Cenidh, lo han encontrado, no nos van a callar y vamos a seguir luchando”, finalizó la abogada Vilma Núñez.
