* “En Nicaragua no existen condiciones para que la sociedad civil participe de la vida social y política libremente”, señala el informe de la CIDH.
**Según registros del Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (MESENI), 3,390 organizaciones de la sociedad civil han sido cerradas en Nicaragua.
***La comisión exige a Nicaragua dejar sin efecto todos los decretos y actos de autoridad relativos a la cancelación de la personalidad jurídica de organizaciones de la sociedad civil que han sido aprobados sin garantizar el debido proceso.
Sharon Ardon / Expediente Público
Un informe presentado el 9 de noviembre por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) titulado Cierre del Espacio Cívico en Nicaragua, muestra el profundo deterioro democrático, social y de libertades en una Nicaragua dirigida por Daniel Ortega y Rosario Murillo, señalados de delitos de lesa humanidad y de llevar al país a, literalmente, un abismo.
En un panorama tan sombrío en materia de espacios cívicos como es el caso de Nicaragua, que se aborde este tema a nivel internacional significa para los nicaragüenses una nueva esperanza de que el tema sea discutido nuevamente a nivel internacional.
El informe detalla que los últimos años, el país ha sido testigo de un creciente cierre de espacios cívicos, con la clausura de su personería jurídica de alrededor de 3,339 organizaciones de la sociedad civil.
“De acuerdo con la base de datos elaborada por el Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (MESENI), entre el 18 de abril de 2018 y el 31 de agosto de 2023, el Estado canceló la personería jurídica de 3.390 organizaciones de un total de 7.227 registradas legalmente en el país en 2018”.
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Para Ernesto Medina, exrector de la Universidad Americana (UAM) este informe “vuelve a poner a Nicaragua sobre el tapete, y lo importante de que el mundo no se olvide de la tragedia que se está viviendo en Nicaragua y de la dimensión que tiene esta tragedia”.
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Leyes para aniquilar a las ONG
Diego Barberena, activista político nicaragüense, dijo a Expediente Público, que el informe brindó un panorama sobre la grave crisis política y de derechos humanos que ha persistido en Nicaragua desde el 2018.
Detalló que desde hace más de cinco años, se han venido cometiendo crímenes de lesa humanidad, en los que se ha detenido a más de 1,500 personas y desterrado a más de 222, además del cierre del gran número de organizaciones de la sociedad civil.
En su informe, la CIDH menciona que la promulgación de leyes e iniciativas en Nicaragua desde el 2018, tiene como fin restringir el derecho de asociación y la libertad de expresión, de participación en asuntos públicos y de reunión pacífica.
Lo anterior, se refiere a la aprobación por parte de la Asamblea Nacional de la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros aprobada el 15 de octubre de 2018 y que califica a todas las organizaciones de la sociedad civil que reciben financiamiento del extranjero como una amenaza a la soberanía nacional.
Asimismo, la Ley general de Regulación y Control de Organismos sin Fines de Lucro aprobada el 31 de marzo de 2019, entre otras leyes del marco legal que restringen y con disposiciones que resultarían contrarias a estándares internacionales de derechos humanos
Durante la presentación del informe de la CIDH, Claudia Paz y Paz, directora del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) refiriéndose a la implementación de leyes, expresó que “en un entorno autoritario, cualquier excusa es buena para cancelar a una organización”.
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Proyecto maligno tras cierre de espacios
“Yo llegué a sentir que el cierre de estos espacios era una herramienta que el Gobierno ha estado utilizando para matarnos civilmente a las personas que opinábamos diferentes y que teníamos una posición crítica”, expresó Medina.
El exrector de la UAM, en entrevista con Expediente Público relató cómo la represión gubernamental lo obligó a renunciar a sus cargos y clausurar organizaciones que se dedicaban a ayudar a jóvenes en riesgo, víctimas de violación, y proyectos destinados a mejorar la educación y el medio ambiente.
Medina considera que este patrón de cierre de espacios es parte de un proyecto más amplio del régimen para consolidar una dictadura totalitaria que no tolera la participación independiente ni la libre expresión.
Y como consecuencia de “este empecinamiento de cerrar estos espacios es que muchas personas que dependían del apoyo que se le daba a través de estas organizaciones, ahora han quedado en el total desamparo”, lamentó.
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Cancelación de personalidades jurídicas
Por su parte, la CIDH advierte que una de las formas más severas de restricción a la libertad de asociación empleadas por el Estado de Nicaragua ha sido la cancelación de la personería jurídica de organizaciones de la sociedad civil.
Este obscuro escenario llegó a su punto culminante en agosto de 2023, cuando el Ortega derogó la personalidad jurídica de una institución emblemática, la Universidad Centroamericana (UCA), dirigida por la orden católica jesuita, y procedió al decomiso de sus instalaciones.
Además, en el mismo año, dos universidades cristianas evangélicas y una asociada con la Iglesia Católica también sufrieron la anulación de su personalidad jurídica.
La Comisión señaló que “la verdadera intención detrás de la cancelación de la personalidad jurídica de estas organizaciones fue coartar la capacidad de las personas defensoras de derechos humanos de cumplir con su legítima labor de defender derechos humanos en Nicaragua”.
En este contexto, resaltaron que las autoridades están socavando gravemente derechos fundamentales, como la libertad de religión o creencias, la libertad de asociación, y la libertad de expresión y opinión.
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Exigencias de la CIDH
La CIDH insta a Nicaragua a anular todos los decretos y acciones oficiales relacionados con la revocación de la personalidad jurídica de organizaciones de la sociedad civil que se han llevado a cabo sin respetar un proceso legal justo.
Asimismo, se hace un llamado a devolver a los miembros de estas organizaciones tanto las instalaciones como todos los bienes que les fueron confiscados, en las mismas condiciones en las que se encontraban antes del allanamiento de las instalaciones de dichas organizaciones.
“Cesar la persecución contra la Iglesia católica, las detenciones arbitrarias, confiscaciones y aquellos actos que limitan la libertad de religión de la población”, enlista también la CIDH.
Igualmente, hace un llamado también al Estado nicaragüense a adoptar las medidas necesarias para la superación de la crisis de derechos humanos mediante el restablecimiento de la institucionalidad democrática, la plena vigencia del Estado de Derecho y las libertades fundamentales.
