*Diputado del Partido Liberal Constitucionalista (PLC), Álvaro Alfonso Rivera Herrera, confirmó a Expediente Público que se pretende aumentar de 15 a 20 años la pena por «menoscabo a la integridad nacional», delito que ha utilizado la justicia orteguista para condenar a presos políticos.
**Legisladores sandinistas plantean incorporar la figura jurídica de “extinción de dominio”, que establece la pérdida del derecho de propiedad. También pretenden imponer un bozal a quienes sean citados por el Ministerio Público en carácter de investigado.
***La Comisión de Justicia y Asuntos Jurídicos de la Asamblea Nacional realizó consultas a instituciones del sistema de justicia penal y recomendó a la junta directiva conformar una comisión interinstitucional que lleve a cabo dicho trabajo.
Expediente Público
El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo pretende ampliar a 20 años la pena para todas aquellas personas que sean condenadas por «menoscabo a la integridad nacional», el mismo delito que ha usado para criminalizar a la mayoría de presos políticos que fueron detenidos entre mayo y noviembre de 2021 en Nicaragua, confirmó a Expediente Público el diputado del Partido Liberal Constitucionalista (PLC), Álvaro Alfonso Rivera Herrera, vicepresidente de la Comisión de Justicia y Asuntos Jurídicos de la Asamblea Nacional.
El artículo 410 del Código Penal de Nicaragua, actualmente establece una pena de 10 a 15 años de prisión para el que “realice actos que tiendan a menoscabar o fraccionar la integridad territorial de Nicaragua”.
Los legisladores de la bancada del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), que integran la Comisión de Justicia y Asuntos Jurídicos, en un informe preparado posterior a las consultas realizadas a diversos sectores, todos afines al régimen de Ortega y Murillo, plantearon la necesidad de incrementar la pena ya establecida para esa figura penal.
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“Proponen que se incremente de 15 a 20 (…) Los diputados sandinistas aducen que el hecho de menoscabar la integridad nacional, ir a pedir sanciones, afectar al Estado, tiene una gran afectación para el país y se trata de enviarle un mensaje a todas esas personas que todavía tienen esa mentalidad o pensamiento, de continuar con esa política de que se va a castigar todavía más fuerte ese delito”, señaló Rivera.
Durante el periodo de consultas, que inició en febrero pasado, la Comisión de Justicia recibió aportes de representantes de la Corte Suprema de Justicia, la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDDH), incluso del mismo Ministerio Público que realizó “nuevos aportes” encaminados a incrementar la pena en este delito.
“Parece que para ellos no (era suficiente la pena), el Ministerio Público, inclusive, planteó esa propuesta y ellos (los diputados sandinistas) la acogen. Algunos llegaron, inclusive a pedir la pena de muerte, que se incorpore en la legislación nuestra la figura de la pena de muerte. El artículo 23 de la Constitución establece que en Nicaragua no hay pena de muerte”, dijo el legislador liberal.
Plantean expropiar bienes a sentenciados
El informe final preparado por la Comisión de Justicia recoge el “respaldo” de las personas que participaron en las 17 sesiones de trabajo para evaluar el marco jurídico vigente, incluidas aquellas que identifican como familiares de personas asesinadas durante el “fallido intento del golpe de Estado del 2018”.
El diputado Rivera Herrera señaló que los legisladores sandinistas, que son mayoría en la Comisión de Justicia y Asuntos Jurídicos, también proponen crear un “nuevo tipo penal” en el que se incorpore la figura jurídica de extinción de dominio, que busca apropiarse de los bienes de los acusados.
“Le explico cómo funciona, si yo Álvaro Rivera fuese acusado próximamente por el delito de menoscabo, traición a la patria, una vez que sea declarado culpable y haya sentencia firme, todos aquellos bienes que están a nombre mío, con la extinción de dominio pasarían a ser del Estado de Nicaragua, ese es un nuevo delito que incorporarían en el Código Penal”, explicó el diputado liberal.
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El 21 de diciembre de 2020, la Asamblea Nacional aprobó la Ley 1055, conocida como la “Ley de Soberanía”, una iniciativa que asegura defender «los derechos del pueblo a la independencia, la soberanía y la autodeterminación para la paz».
La ley llama «traidores a la patria» a quienes encabecen o financien un golpe de Estado, que alteren el orden constitucional o que “inciten a la injerencia extranjera o aplaudir la imposición de sanciones contra Nicaragua».
La mayoría de opositores detenidos entre mayo y noviembre de 2021, previo a las elecciones en las que se alzaron nuevamente como ganadores Ortega y Murillo, fueron procesados y condenados por el delito de menoscabo a la integridad nacional, entre ellos los exaspirantes presidenciales Juan Sebastián Chamorro, Arturo Cruz, Miguel Mora, Noel Vidaurre, Medardo Mairena y Félix Maradiaga, quienes fueron condenados a penas que oscilan entre los nueve y 13 años de prisión.
Todos fueron inhabilitados para optar a cargos públicos, según sentencia que les fue leída en la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ), conocido como “El Chipote”.
“Existe la figura de la no retroactividad de la ley, excepto en materia penal cuando favorezca al reo. En este caso sería para los que acusen a partir de la entrada en vigencia de la reforma. Los que ya están cumplen con el tiempo a través del cual se les estableció sentencia”, dijo el legislador liberal.
Régimen pretende imponer “bozal”
La crisis sociopolítica de abril de 2018 dejó un saldo de 355 personas asesinadas, más de 2 mil heridos y más de 144,000 personas en el exilio, según datos de organismos de derechos humanos. El régimen además mantiene a la fecha a 181 presos políticas.
En ese contexto, también pretenden realizar una reforma al artículo 147 del Código Procesal Penal, que impone prácticamente un bozal a todas las personas que sean citadas ante el Ministerio Público, quienes tienen el derecho de “guardar reserva”, informó el diputado liberal.
“Si Álvaro Rivera es citado a la Fiscalía, cuando yo salga no debo dar ninguna declaración a ningún medio de comunicación. Si sucediera estoy cometiendo un delito de transgresión al proceso, entonces ese es otro nuevo tipo penal que también se va a incorporar”, dijo Rivera Herrera.
El artículo que será reformado, actualmente hace referencia a la “citación” de imputados o acusados, víctimas, testigos, peritos e intérpretes que pudieran ser citados por el Ministerio Público o los tribunales cuando sea necesaria su presencia para llevar a cabo un acto de investigación o procesal.
“Ahorita, las personas asisten y no hay ninguna penalidad por el hecho de dar declaraciones. Entonces, esa parte es la que quieren penalizar, que yo debo llegar, entrar y salir sin dar declaraciones a nadie”, mencionó el legislador.
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Según Rivera Herrera, la bancada liberal no apoyará las reformas planteadas en el informe y que fueron sugeridas por la mayoría de sandinistas en la Comisión de Justicia y Asuntos Jurídicos.
“Siempre hemos sido un partido opositor, contrario al Frente Sandinista, es nuestro adversario natural (…) Todo aquello que vaya a afectar al pueblo de Nicaragua, la bancada del PLC no lo va a respaldar”, acotó.
Otro aspecto abordado por la Comisión fue la norma jurídica aplicable a las personas que cometen crímenes de odio, en cuya normativa se hará una “aclaración” para definir exactamente cuáles hechos constituyen este delito.
“Se establecerán los criterios y parámetros de cuándo se comete un delito con odio, que ahorita es muy discrecional”, puntualizó el diputado liberal.
En enero de 2021, en segunda legislatura, el Parlamento nicaragüense aprobó una enmienda constitucional que permitió la cadena perpetua por «delitos de odio» definidos en términos generales. La Constitución Política fijaba en 30 años la pena máxima en Nicaragua.
