*El Departamento de Estado vuelve a colocar a Nicaragua en el último nivel en la escala global de lucha contra la trata de persona, por tercer año consecutivo.
**Mujeres, menores, migrantes nacionales y extranjeros son las principales víctimas de traficantes de humanos.
Expediente Público
A pesar del impacto de la covid-19, que restringió el movimiento de personas a través de las fronteras a nivel mundial, el Gobierno de Nicaragua no cumple por completo con los estándares mínimos para la eliminación de la trata de personas, y no hace esfuerzos significativos en esta materia, según el reporte anual de trata de personas del Departamento de Estado, publicado el 19 de julio.
Además, reportes de otros países mencionan a nicaragüenses entre las víctimas de trata. Por ejemplo, El Salvador, España, Costa Rica, Estados Unidos y Panamá.
El año pasado siete víctimas de explotación laboral fueron detectadas por los organismos de seguridad de Panamá, todos de nacionalidad nicaragüense. En Costa Rica, entre 21 víctimas de tráfico sexual había tres de Nicaragua, pero sobre todo había muchas víctimas de servidumbre y explotación en labores agrícolas. También en El Salvador se mencionan casos de nicaragüenses explotados en el campo, servicio doméstico y el sector informal.
Por tercer año consecutivo Nicaragua aparece en la categoría 3 del reporte sobre trata que emite anualmente el Departamento de Estado. En este nivel están otros 21 países del mundo. Del continente americano solo comparten esta posición con Cuba, Venezuela, Curazao y San Martín.
Retroceso con Ortega
Elvira Cuadra, experta en temas de Seguridad, explicó a Expediente Público que hace aproximadamente una década, Nicaragua tenía una política prioritaria de atención a la trata de personas, de tal manera que aparecía bien posicionada en los informes anuales del Departamento de Estado sobre el tema. Incluso, un par de funcionarios públicos recibieron reconocimientos por el trabajo que realizaban.
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Para Cuadra, no hay una explicación clara del porqué el cambio de políticas, pues se carece de información gubernamental. Enfatiza que, en el proceso de bajar la guardia, se desactivaron instancias importantes como la Comisión Nacional contra la Trata, donde participaban organizaciones sociales. “Esto contradice la supuesta frase de ‘muro de contención’ que se ha manejado en la narrativa oficial”.
Astrid Montealegre, abogada de migración y activista de la Alianza de Derechos Humanos Nicaragua-Estados Unidos (Nahra, por sus siglas en inglés), señala que el Gobierno de Nicaragua “se beneficia de los delitos de trata que resultan en el exilio, y de varias maneras: primero, percibe más en remesas; segundo, tiene menos ciudadanos a quienes proveerles servicios y quienes hagan valer sus derechos”.
Esclavitud moderna
El Reporte de Trata de Personas 2022 evidencia la situación de víctimas de explotación laboral y sexual, inclusive esclavitud moderna. El nivel 1 responde a países donde se hacen esfuerzos; el nivel 2, donde están los gobiernos que no cumplen con los estándares mínimos contra la trata, pero realizan esfuerzos significativos para combatirla. Le siguen países en observación, donde los casos de trata de personas aumentan o donde el gobierno no muestra evidencia de combatir este crimen. Finalmente, el nivel 3 coloca a países sin cumplimientos de los estándares mínimos.
En Nicaragua enjuiciaron el año pasado a ocho presuntos traficantes y cuatro traficantes sexuales. Sin embargo, “el gobierno continuó restando importancia a la gravedad del problema”, determina el Departamento de Estado de Estados Unidos.
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Por otra parte, al contrario de los que dice el Gobierno, la sociedad civil informa de un aumento de casos durante la pandemia, aunque el reporte del Departamento de Estado no menciona a las organizaciones sociales citadas. En todo caso, las víctimas no contaban con albergues ni había fondos para servicios especializados, señalan.
Llama la atención que el gobierno negó que los traficantes explotaran nicaragüenses en países extranjeros, a pesar de los reportes de los medios de comunicación. “No informa ninguna investigación, enjuiciamiento o condena de empleados cómplices de delitos de tráfico, a pesar de la corrupción endémica y complicidad oficial generalizada. El gobierno no cooperó con las ONG para brindar servicios de protección o incluir a la sociedad civil en la coalición nacional contra la trata”, señala el reporte del gobierno estadounidense.
Migrantes, los más vulnerables
Los traficantes buscan particularmente a mujeres y menores de edad con finalidad de explotación sexual, aprovechando las necesidades económicas, un fenómeno que se da no solo con los nacionales, sino también con los migrantes de paso por Nicaragua, advierte el informe.
Los delincuentes ofrecen empleos bien pagados en países de Centroamérica, México, España y Estados Unidos, en hoteles, restaurantes, servicio doméstico, construcción y seguridad.
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Más de la mitad de migrantes nicaragüenses en Europa o Centroamérica reporta ser vulnerable o haber sido víctima de explotación sexual o laboral, tanto en tránsito como en su lugar de destino.
Los traficantes usan cada vez más las redes sociales, prometiendo altos salarios. Un segmento objetivo para estas personas son aquellos menores que quedaron solos porque sus padres emigraron.
Dentro de Nicaragua se reporta el reclutamiento de niños trabajando en minas artesanales o en la producción y tráfico de drogas. Los menores y las personas con discapacidad, son obligadas en ocasiones a mendigar, particularmente en Managua.
Centroamericanos del Triángulo Norte también transitan hacia Costa Rica y Panamá para realizar trabajos en condiciones de explotación, pero en el caso de los cubanos, estos son obligados a trabajar para financiar al régimen de La Habana. “Nicaragua es un destino para el turismo sexual de Estados Unidos, Canadá y Europa Occidental”, advierte el documento.
Solo en el primer semestre de 2022 más de 80 mil nicaragüenses fueron reportados cruzando irregularmente la frontera de México con Estados Unidos, y casi 40 mil pidieron refugio en Costa Rica, las cuales se consideran cifras históricas.
Recomiendan trabajar con ONG, pero estas fueron cerradas
El reporte recomendó al Estado trabajar con la sociedad civil y menciona específicamente a la Coordinadora de la Niñez Nicaragüense (Codeni), pero esta organización fue cancelada en abril de 2022. Otra con igual destino fue el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani), cuya personería jurídica fue anulada por el parlamento en agosto de 2021.
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Por su parte, el Gobierno de Nicaragua presentó el 24 de marzo su plan estratégico contra la trata 2023-2027, que se elabora desde la Coalición Nacional y en el cual participan 25 instituciones estatales, regionales, municipales y no gubernamentales y es presidida por la Corte Suprema.
Dicha Coalición se estableció en 2015, cuando se aprobó la Ley 896 contra la trata de personas, dejando dos puestos para la sociedad civil, uno de estos corresponde a Codeni, pero el régimen la excluyó, señala el informe.
Montealegre considera que “la trata y el incremento de la migración irregular están ambos directamente relacionados con la falta de oportunidades dentro del país, la falta de servicios básicos para niños y personas con discapacidades, que son más vulnerables y que ha empeorado con la cancelación jurídica de ONG nacionales e internacionales que apoyaban a los más necesitados”.
Corrupción e impunidad
Además, no solo falta un esfuerzo por investigar a los traficantes de personas, sino también, a los funcionarios cómplices. El reporte agrega que el Estado en Nicaragua no tiene ningún interés en perseguir casos de explotación laboral.
Cuadra expresa que la consecuencia política de esta falta de seguimiento al tema de trata “es que el gobierno pasa a formar parte de una lista de países de riesgo por parte de Estados Unidos y otros organismos internacionales. En términos sociales, deja en la desprotección a las víctimas del delito que, en la mayoría de los casos, son menores de edad y adolescentes, y que sufren diversas formas de la trata que van desde la explotación sexual comercial hasta la explotación laboral y la servidumbre forzada”.
En 2021 solo hubo cuatro investigaciones de trata de personas con fines sexuales, una en 2020 y seis en 2019. El año pasado fueron enjuiciadas ocho personas por este delito, mientras que fueron cuatro en 2020 y una en 2019.
Además, existen reportes contradictorios sobre las víctimas que, de hecho, carecen de programas de protección. El año pasado se habló de dos niñas víctimas de trata con fines sexuales; en 2020 fue una sola, mientras en 2019 seis, pero las organizaciones como las canceladas, Codeni y Conani, reportaban y atendían muchos más casos, siendo una de las zonas más vulnerables para estos delitos el Caribe.
Ante este panorama, Cuadra sugiere más acciones de información y prevención a través de campañas masivas dirigidas especialmente hacia los grupos de población más vulnerables; pero esto no significa que deben olvidarse las acciones importantes que son responsabilidad del Estado.
