*En su informe «Libertad en el mundo 2022», Freedom House señaló que Nicaragua carece de elecciones libres y justas, su población no tiene derechos políticos ni las más esenciales
** La organización documentó que el país centroamericano muestra mayores retrocesos, donde el régimen de Daniel Ortega controla todas las instituciones del Estado y no se combate la corrupción.
Expediente Público
Nicaragua es uno de los países donde ha habido un declive más dramático de las libertades en la última década, con una caída de 28 puntos, el peor caso en América Latina, según informe Freedom in the World 2022: “Libertad en el mundo 2022: La expansión global del autoritarismo”, de la organización Freedom House.
En conclusión, el reporte señala que Nicaragua es un país que carece de los derechos fundamentales y libertades públicas e individuales, donde el Estado de Derecho se derrumbó y los partidos políticos de oposición tienen obstáculos de todo tipo.
El informe califica a Nicaragua como “No libre” y le da una calificación de 23 puntos sobre 100, un retroceso de siete puntos con respecto al año anterior. Es el tercer peor deterioro solo superado por Myanmar y Afganistán.
“La elección del líder sandinista Daniel Ortega en 2006 inició un período de deterioro democrático marcado por la consolidación de todos los poderes del Estado bajo el control de su partido, la limitación de las libertades fundamentales y la corrupción desenfrenada en el gobierno”, dice el informe divulgado la semana pasada.
Lea además: En Honduras acusados por corrupción se benefician de amnistía
El reporte recuerda como en 2018, las fuerzas estatales, con la ayuda de grupos armados informalmente aliados, respondieron a un movimiento antigubernamental masivo con violencia y represión.
“El estado de derecho se derrumbó cuando el gobierno tomó medidas para sofocar el movimiento, y los observadores de derechos humanos informaron de la muerte de al menos 325 personas, detenciones extrajudiciales, desapariciones y torturas. Desde entonces, los activistas antigubernamentales denuncian vigilancia y seguimiento, y Ortega ha consolidado su poder con arrestos masivos de sus opositores políticos”, dice el informe.
Freedom House también señala que a partir de mayo del 2021, el gobierno de Ortega arrestó a decenas de candidatos presidenciales y de la Asamblea Nacional de la oposición y críticos del gobierno, además el Consejo Supremo Electoral anuló la personería jurídica de los partidos que presentaban competencia legítima aloficialista Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) y puso fin a la candidatura de los rivales de Ortega, prohibiéndolos de postularse para un cargo público o de ocuparlo alguna vez.
Sin elecciones libres
Freedom House da cero de puntuación a elecciones libres y justas en Nicaragua. Recuerda el arresto de importantes aspirantes a presidente y vicepresidente, incluidos Cristiana Chamorro, Arturo Cruz, Félix Maradiaga, Juan Sebastián Chamorro, Miguel Mora, Medardo Mairena y Noel Vidaurre.
“En octubre, la Organización de los Estados Americanos (OEA) declaró que las elecciones de noviembre no podían cumplir con los criterios para elecciones libres y justas debido a la represión de los opositores de Ortega. A los observadores electorales y periodistas de la OEA y la Unión Europea (UE) se les prohibió monitorear las urnas”, cita el informe.
Además, el informe también señala que no hubo elecciones libres y justas para las elecciones de la Asamblea Nacional, en las que el gobierno se asignó 75 de los 90 escaños.
Para Freedom House, el Consejo Supremo Electoral y el poder judicial “generalmente sirven a los intereses del FSLN y han jugado un papel crucial en el fortalecimiento de Ortega y el poder del FSLN”.
Oposición sin oportunidad
Además, el informe señala que los partidos políticos enfrentan obstáculos legales y prácticos para su formación y funcionamiento.
“Los líderes de los partidos son fácilmente cooptados o descalificados por las instituciones alineadas con Ortega, incluido el CSE. A menudo se requiere la afiliación al FSLN para ocupar cargos en la función pública, lo que desalienta a las personas a registrarse como miembros de otros partidos”, señala.
El informe de Freedom House advierte que “la oposición de Nicaragua carece de la oportunidad de aumentar su apoyo o ganar poder a través de elecciones”.
“Pocas figuras de la oposición ocupan escaños legislativos u otros cargos gubernamentales.LEl gobierno ha continuado con su campaña de hostigamiento, detención arbitraria y violencia contra cualquiera que se oponga”, dice el informe.
Puede interesarle: Familia y políticos legales. El nepotismo en el nuevo gobierno de Honduras
Freedom House recuerda que el FSLN domina la mayoría de las instituciones públicas, y el gobierno de Ortega ha cooptado otros órganos gubernamentales que pueden haber servido para controlar su poder.
Sin salvaguardias contra la corrupción oficial
Sobre el tema de la corrupción Freedom House es contundente: “La corrupción en Nicaragua está muy extendida pero rara vez se investiga. Debido a que el sistema de justicia está dominado por Ortega, las denuncias de corrupción contra funcionarios del gobierno rara vez se investigan o procesan a fondo”.
Lo que sí es común, según el informe, es que las autoridades inician investigaciones anticorrupción dirigidas a miembros de la oposición, a menudo como parte de un esquema motivado políticamente para deslegitimarlos o arrestarlos.
“La mezcla de intereses de la familia Ortega, el FSLN y el gobierno ha sido criticada durante mucho tiempo por presentar importantes conflictos de intereses y oportunidades para la corrupción. Los hijos e hijas de Ortega han sido designados para cargos destacados como embajador y asesor presidencial”, explica el informe.
El informe destaca también que “las operaciones gubernamentales y la formulación de políticas son generalmente opacas” y asegura que la Ley de Acceso a la Información Pública generalmente es ignorada por todas las agencias gubernamentales.
Sin medios libres
“El régimen de Ortega ha tomado medidas enérgicas contra los medios y periodistas libres e independientes desde que Ortega volvió al poder en 2007. La administración se ha involucrado en esfuerzos sistémicos para obstruir y desacreditar a los críticos de los medios”, señala el informe.
Freedom House explica que el gobierno del FSLN ha intimidado y arrestado a periodistas, censurado medios de comunicación y tratado de privar a los medios impresos de suministros esenciales, incluidos tinta y papel.
Tales medidas obligaron a El Nuevo Diario y Metro a dejar de publicar en papel en 2019. Además, en 2020, la Asamblea Nacional controlada por el FSLN aprobó la Ley Especial de Delitos Cibernéticos, que facilita la criminalización de la disidencia en los medios de comunicación tradicionales y en las redes sociales.
“En 2021, el gobierno de Ortega intensificó sus esfuerzos para silenciar a los periodistas. El gobierno del FSLN supervisó el cierre o la apropiación de 20 medios de comunicación independientes en 12 departamentos regionales”, subraya el reporte.
Freedom House también recuerda que en agosto, el gobierno incautó el papel con el que se imprimían los diarios La Prensa y Hoy, lo que obligó a cesar su circulación. También en agosto, las fuerzas de seguridad allanaron las instalaciones de La Prensa y arrestaron a su gerente, Juan Lorenzo Holman. Carlos Fernando Chamorro, editor y fundador de El Confidencial, huyó del país a Costa Rica en junio tras el arresto de su hermana, Cristiana quien era candidata presidencial.
“La censura del gobierno también se extendió a los medios extranjeros en 2021. Las autoridades citaron a María Lily Delgado, periodista independiente de Univision, a declarar en un caso con carga política contra la candidata presidencial Cristiana Chamorro. El régimen también impidió que los reporteros del New York Times ingresaran al país en junio”, cita el informe.
Ataques a religiosos
Freedom House recuerda que antes de la crisis de 2018, en general se respetaba la libertad, aunque algunos líderes católicos y evangélicos habían denunciado represalias por parte del gobierno, incluida la confiscación o el retraso de bienes y donaciones importados, por criticar al régimen de Ortega y brindar refugio a los manifestantes.
“Sin embargo, desde que estalló la crisis política, las autoridades han denunciado y difamado a funcionarios eclesiásticos por acompañar o defender a manifestantes antigubernamentales; turbas progubernamentales han atacado iglesias donde se refugiaban los manifestantes; y miembros del clero han recibido amenazas y han sido objeto de vigilancia”, dice Freedom House.
El informe señala que partidarios de Ortega se han infiltrado en las parroquias y hostigaron o intimidaron a los feligreses durante los servicios religiosos.
“Estos ataques continuaron en 2021. En 2020, Ortega acusó a los obispos locales de participar en un complot para derrocarlo”, dice el reporte.
Lea además: Estos serán los obstáculos que tendrá el trabajo de la CICIH en Honduras
Sin libertades académicas
Freedom House también señala la falta de libertad de cátedra. Desde 2018, los maestros han informado que se les exige que asistan a capacitaciones que promueven las opiniones del gobierno y reafirman la versión del gobierno sobre la crisis política de ese año.
“Han sufrido hostigamiento por parte de autoridades y grupos progubernamentales y deben seguir pautas estrictas ordenadas por el Ministerio de Educación. En el sistema de escuelas primarias y secundarias públicas, ha habido informes de que los estudiantes han sido obligados a asistir a mítines progubernamentales y de materiales pro-FSLN exhibidos en los edificios escolares”, señala el reporte.
Clima de terror
Freedom House señala que “una campaña de represión e intimidación por parte de las fuerzas estatales y progubernamentales continuó inspirando un clima general de miedo y terror que restringe la libertad de expresión en Nicaragua”.
“Las fuerzas estatales y progubernamentales monitorean rutinariamente las actividades de las personas que se oponen al régimen. Las familias de las víctimas de la violencia del régimen y las personas que regresan del exterior también son monitoreadas y vigiladas”, dice el reporte.
Además, la libertad de reunión se ha deteriorado gravemente desde las protestas de 2018.
“Los derechos de reunión continuaron severamente restringidos durante 2020 y 2021. Los intentos de reunirse en 2020 enfrentaron obstrucciones violentas, y la policía habitualmente niega permisos para manifestaciones públicas y ocupa espacios públicos para evitar protestas”, dice el informe.
La organización también señala que los grupos críticos con el gobierno o que se enfocan en temas como la corrupción han operado dentro de un entorno cada vez más restrictivo bajo la administración de Ortega, que, entre otras medidas, ha utilizado las leyes de registro para ahogar las fuentes de financiamiento.
“Las autoridades han atacado a organizaciones no gubernamentales (ONG), acusándolas de socavar el régimen o actuar como agentes extranjeros. Los grupos de derechos humanos han informado de un seguimiento y vigilancia continuos”, dice el reporte que recuerda la ola de cancelación de
personerías jurídicas a organizaciones de la soceidad civil.
“Desde 2018, el gobierno ha cerrado 55 organizaciones nacionales e internacionales”, dice el informe.
Ley de Agentes Extranjeros
“La Ley de Agentes Extranjeros promulgada en 2020 impide aún más las operaciones de grupos independientes”, dice Freedom House.
“Los beneficiarios de financiamiento extranjero que se registren como agentes extranjeros también deben proporcionar informes mensuales que detallen sus ingresos, junto con los gastos reales y planificados”, dice el informe.
Sin poder judicial independiente
Freedom House también señala que “Nicaragua carece de un poder judicial independiente”.
“El poder ejecutivo influye fuertemente en la nominación de los jueces, y la lealtad al partido gobernante determina sus nombramientos. Analistas locales estiman que más del 70 por ciento de los jueces del país tienen vínculos con el FSLN”, dice el reporte.
En el período previo a las elecciones de 2021, el poder judicial desempeñó un papel fundamental al ordenar el arresto de miembros de la oposición y defender la cancelación de la personería jurídica de los partidos de oposición, según lo dictado por el CSE.
Múltiples gobiernos extranjeros sancionaron a miembros del poder judicial, incluida la Corte Suprema, por socavar la democracia y cometer graves abusos contra los derechos humanos.
