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Nicaragua, donde hasta votar se ha vuelto un lujo

* Para las elecciones municipales del año 2017 se superaron los US$30 por cada voto efectivo. En los comicios del 2021 podría costar hasta US$20.09.

***Un alto abstencionismo en las elecciones de noviembre próximo significará un aumento del costo del voto efectivo, de acuerdo a investigación de Expediente Público.


EXPEDIENTE PÚBLICO

El voto emitido de cada ciudadano nicaragüense para las elecciones del próximo 7 de noviembre de 2021, podría costar entre US$8.03 si todos votan y US$20.09 si solo participa el 40% de los ciudadanos cedulados, revela  la investigación “Financiamiento Electoral en Centroamérica. Caso Nicaragua”.  

En dependencia del grado de participación y el nivel de abstencionismo, el análisis ofrece cuatro posibles escenarios del costo efectivo que pudiera tener el voto en Nicaragua en los comicios generales en los que se elegirá presidente, vicepresidente y diputados a la Asamblea Nacional y el Parlamento Centroamericano (Parlacen). 

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Un primer escenario muestra que el voto emitido podría costar US$8.03 si este año participan los 3.8 millones de ciudadanos que conforman el padrón electoral que se tomó como referencia en las elecciones municipales de 2017.

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En otro contexto, si solo el 70% de los ciudadanos que integran el padrón de votantes salen a las urnas, es decir 2.7 millones de ciudadanos, el costo por voto rondaría los US$11.48.

Una tercera posibilidad muestra que cada boleta depositada podría incrementarse a los US$13.40 si el próximo 7 de noviembre solo el 60% de los ciudadanos activos en el padrón, es decir 2.3 millones de nicaragüenses, ejercen el derecho al sufragio.

Por último, el análisis ofrece una cuarta posibilidad, que sería la más cara. Con una abstención de hasta el 60% en los comicios próximo, el costo del voto emitido se elevaría a US$20.09.

En este último escenario se estima que solo participarían en las elecciones nacionales 1.5 millones de nicaragüenses que representan el 40% del padrón electoral, en base al que usó en las municipales de 2017 que fue de 3.8 millones de ciudadanos. 

El costo del voto, según el análisis, se deriva del presupuesto asignado al Consejo Supremo Electoral (CSE) para que organicen las elecciones y se divide entre la cantidad de votantes registrados en el padrón electoral. Junto a este valor, agrega el documento, se contrapone el costo real que refleja la cantidad efectiva de votos depositados en las urnas.  

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El mismo antecedente 

Para las elecciones municipales del año 2017, el costo del voto efectivo, fue de US$31.34, considerado uno de los más elevados si se toma en cuenta que en los comicios generales de 2016, fue de US$19.11 y en las municipales de 2012 cada voto emitido tuvo un valor de US$27.96, según los resultados de la investigación “Financiamiento Electoral en Centroamérica. Caso Nicaragua”. 

El nivel de abstención durante las elecciones municipales de 2017 alcanzó un 50.22%, porque solo 1.9 millones de ciudadanos salieron a las urnas, especificó el documento.

Ese grado de abstencionismo rozó el 54.90% registrado en iguales comicios de 2012 cuando se obtuvo poco más de 2 millones de votos emitidos, según hallazgos de Expediente Público.

En el padrón electoral en Nicaragua están las personas que han ejercido el voto en al menos una vez en las dos últimas elecciones. 

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La abstención de los votantes ha sido uno de los fenómenos que más ha favorecido a Daniel Ortega, quien ha logrado perpetuarse en el poder durante 14 años consecutivos implementando cambios en la Constitución y ejerciendo un férreo control en todas las instituciones, incluyendo el CSE.

Para las elecciones del 7 de noviembre de 2021, que se desarrollan bajo la sombra de la crisis sociopolítica que arrastra el país centroamericano desde hace más de tres años, se destinaron más de US$31.3 millones, según información del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

La nación centroamericana está sumida en una crisis iniciada por las reformas al sistema de Seguridad Social que impulsó el gobierno en abril de 2018 y que desataron una serie de manifestaciones pacíficas de la ciudadanía que fueron reprimidas por el aparato policial y parapolicial, dejando 328 personas asesinadas y más de dos mil heridos, según diversos organismos de derechos humanos.

El gobernante centroamericano, quien es acusado de crímenes de lesa humanidad por diferentes organismos internacionales de derechos humanos, sigue preparando el terreno para su reelección con leyes coercitivas en contra de la oposición que le permitirían alzarse por cuarta vez en el poder.

Otros países de Centroamérica

Todos estos datos presentados, indican que Nicaragua tiene el segundo voto más caro de Centroamérica, según hallazgos de la investigación de Expediente Público.

Los países centroamericanos en sus padrones electorales registran más de 25 millones de electores, mientras que los presupuestos electorales llegan a costar hasta US$250 millones. 

En Guatemala, con el padrón más grande de la región que supera los 8.1 de ciudadanos, el voto en las elecciones presidenciales y legislativas de 2019 costó US$22.11.

En El Salvador con un padrón electoral conformado por 5.2 millones de ciudadanos, el valor de cada voto en las elecciones presidenciales que ganó Nayib Bukele, costó US$10.07. El Tribunal Supremo Electoral salvadoreño dispuso para esos comicios un presupuesto de US$72.8 millones, superior a los US$49.2 destinados en las elecciones presidenciales de Nicaragua en el 2016.

Por otro lado, en Costa Rica, donde el aporte financiero del Estado a los partidos políticos tiene orden constitucional, en las elecciones de 2018 en las que resultó electo presidente Carlos Alvarado, se contó con un presupuesto de US$41.2 millones. En este caso el voto emitido tuvo un valor de US$18.42, según análisis recopilados en esta investigación de Expediente Público.

En el 2021, Honduras también se encamina a celebrar elecciones generales el próximo 28 de noviembre, y se espera la participación de poco más de 5.1 millones de electores.

Para las elecciones de Honduras se ha destinado un presupuesto de US$76.3 y se estima que el voto emitido tendrá un costo de US$14.90, detalló la investigación.  

Del análisis se desprende que los costos por voto efectivo en todos los países son “muy superiores” al presupuestado en base al padrón electoral, debido a las grandes cuotas de abstencionismo.

En el caso nicaragüense, los distintos escenarios proyectados muestran que a mayor nivel de abstencionismo el voto tiende a encarecerse.

Instrumento internacional lo exige

La Carta Democrática Interamericana, un instrumento que aprueban los Estados que integran la Organización de Estados Americanos (OEA), establece en su artículo 5, que es de vital importancia lograr en cada uno de los países el fortalecimiento de los partidos y de organizaciones políticas para establecer la democracia.

Sin embargo, advierte que se deberá prestar atención especial a la problemática derivada de los altos costos de las campañas electorales y al establecimiento de un régimen equilibrado y transparente de financiación de sus actividades.

El abogado Yader Loza, del Grupo Pro Reforma Electoral (GPRE) insistió que en Nicaragua es limitado el acceso de la ciudadanía no solo a los informes presentados por las organizaciones políticas en el contexto electoral, sino también en otros temas de importancia que requieren el escrutinio público.

“Uno va a las instituciones a pedir información, por ejemplo, a la Contraloría sobre los fondos que se están ejecutando, auditorías a las instituciones del Estado, y esas informaciones se manejan con un sigilo, como si fuesen privadas, y realmente todo lo que proviene de los ingresos por parte de los impuestos que pagan los nicaragüenses, toda esa información pública no debería de estar manejada de manera sigilosa, debería estar abierta”, manifestó Loza.

Según el especialista, si se quiere gozar de procesos electorales transparentes en Nicaragua, se debe lograr transparentar los gastos de los partidos políticos y del mismo CSE. “Si queremos ser transparentes, debemos asumir el compromiso de cumplir con la transparencia, con la rendición de cuentas. En la Ley Electoral no queda esa ventana para que se dé la corrupción, eso está en la forma en que se aplica la ley electoral, por ejemplo, los partidos políticos tienen que rendir cuentas al Consejo Supremo Electoral de los gastos que hicieron en sus campañas”, señaló Loza.

Para el jurista y exdiputado, José Pallais, el tema del costo de las elecciones en Nicaragua es, sin duda, un tema que debe analizarse a profundidad en la búsqueda de disminuir ese precio que pagan los nicaragüenses tanto en los comicios municipales como presidenciales, pero en el país existe mucha desinformación.

“Todo el mundo se ha conformado con la explicación de la corrupción, que ha habido mucha corrupción con todas las informaciones que se han manejado en el pasado (…) No conozco ningún estudio, detallado, que vaya desmenuzando a dónde, por qué rendija, en qué hoyo se está mal gastando el dinero, no conozco ningún estudio, solo la presunción de una ineficacia”, lamentó Pallais.

El gasto de publicidad 

Según el análisis de Expediente Público, solamente en El Salvador, Guatemala y Nicaragua se establece por ley el acceso gratuito a los medios de comunicación estatales -de cobertura nacional, radios locales y canales de televisión- a los partidos políticos que participan en las elecciones.

En el caso salvadoreño, la Ley de Partidos Políticos otorga a todos los partidos espacios con acceso igualmente gratuito en los medios propiedad del Estado, es decir los partidos tendrán espacio gratuito para divulgar sus programas de gobierno y todo tipo de propuestas electorales.

En Guatemala existe un reglamento especial para “controlar y fiscalizar la publicidad electoral” que aplica solo para medios de comunicación estatales. 

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Bajo este reglamento se le otorgan treinta minutos semanales a cada partido para divulgar sus programas electorales. 

Mientras, en Nicaragua el artículo 79 de la Ley Electoral establece que el CSE garantizará a los partidos, treinta minutos diarios en cada canal de televisión estatal y cuarenta y cinco minutos en cada una de las radios estatales.

“Estos tiempos se distribuirán entre los partidos políticos o alianzas por partes iguales. Los partidos políticos o alianzas de partidos podrán usar el tiempo que les corresponde de una sola vez o distribuido durante la semana”, menciona la ley en su artículo 79.

Para las elecciones municipales se garantizan diez minutos diarios en radios de cobertura nacional y tres minutos en cada canal de televisión, únicamente al cierre de campaña, señala el numeral segundo del artículo 80 de la Ley Electoral.